Número de Expediente 2511/06

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Giri , Haide Delia

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-2511/06)

PROYECTO DE DECLARACION

El Senado de la Nación

DECLARA:

Repudio al mantenimiento de prisioneros en el Centro de Detención de la base militar de los Estados Unidos de América en la Basa Naval de Guantánamo, Cuba, y suma su voz para exigir su cierre inmediato, en consonancia con los pedidos que viene realizando la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Organización no Gubernamental Amnistía Internacional, y el Parlamento Europeo.

Haide Giri.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

La Base Naval que los Estados Unidos de América posee en la Bahía de Guantánamo (Cuba), se estableció en 1898 siendo la más antigua que este país posee fuera de su territorio y la única en un país con el cual EE.UU. no mantiene relaciones diplomáticas. Gracias a su estratégica ubicación es la piedra angular de las operaciones militares norteamericanas en el Caribe, proveyendo apoyo logístico a la Marina.

Después de los ataques contra Nueva York y Washington el 11 de Septiembre de 2001, la Base sumó entre sus funciones la coordinación de la Joint Task Force (Fuerza de Acción Conjunta), establecida para fiscalizar el funcionamiento de un Centro de Detención creado para albergar a los prisioneros reclutados en la Guerra contra el Terrorismo.

A partir de enero de 2002, una pequeña porción de la base fue usada para albergar dentro de los campos X-Ray (Rayos X), Delta y Echo (Eco), a "combatientes enemigos ilegales", es decir, prisioneros sospechosos de nexos con la organización terrorista Al-Qaeda y el ejército talibán, que fueron capturados en Afganistán e Irak.

El estatus legal tan peculiar de la Bahía fue un factor para elegirla como centro de detención. Debido a que la soberanía de Guantánamo reside con Cuba, el gobierno de Estados Unidos argumenta que la gente allí detenida se encuentra legalmente fuera de Estados Unidos y no goza de los derechos constitucionales norteamericanos. Tampoco se ha concedido a ninguno de los detenidos la condición de prisionero de guerra, ni han comparecido ante un tribunal independiente, como exigen el Tercer y Cuarto Convenio de Ginebra.

En agosto de 2005, un número desconocido de detenidos reanudaron la huelga de hambre que habían comenzado en junio en protesta contra la imposibilidad de acceder a los tribunales y contra el penoso trato, incluidas palizas, que recibían a manos de los guardias. Varios detenidos denunciaron el haber sido agredidos verbal y físicamente mientras los alimentaban por la fuerza, y haber sufrido lesiones cuando los guardias les insertaron con brusquedad las sondas de alimentación por la nariz.

En noviembre, tres especialistas en derechos humanos de la ONU rechazaron un ofrecimiento del gobierno estadounidense de visitar Guantánamo, porque venía acompañado de restricciones incompatibles con el mandato habitual establecido para ese tipo de visitas.

Hasta la fecha el gobierno norteamericano no ha hecho público de modo oficial ni el número exacto de detenidos, ni su identidad, ni su nacionalidad. Al concluir 2005, de acuerdo al ¿Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en el Mundo¿, publicado por la organización no gubernamental Amnistía Internacional, cerca de 558 detenidos de unas 41 nacionalidades seguían recluidos sin cargos ni juicio en la base naval de Guantánamo, siendo sometidos a técnicas de interrogatorio violentas, torturas y malos tratos inhumanos y degradantes.

En febrero de 2006, un informe de cinco expertos de las Naciones Unidas, -el austríaco Mandfred Novak, relator sobre la tortura; el paquistaní Asma Jahangir, relator sobre libertad de religión; la argelina Leila Zerrogui, especialista en detención arbitraria; el argentino Leandro Despouy, investigador especial sobre la independencia de jueces y abogados; y el neozelandés Paul Hunt, relator especial sobre derechos de la salud-, exigió a las autoridades norteamericanos el cierre inmediato del Centro de Detención de Guantánamo, ante las claras violaciones a los derechos humanos que allí se comenten en forma diaria.

A dicho pedido se sumó el del Comité de la ONU contra la Tortura, que argumentó que allí se viola la legislación internacional; el del Parlamento Europeo, que insistió en que se ponga fin al vacío jurídico en el que se encuentran los detenidos, se les trate de acuerdo con el derecho internacional humanitario y sean juzgados sin demora en un juicio justo y público por un tribunal imparcial, independiente y competente.

El 30 de junio de 2006, en su último día de sesión, la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. declaró ilegales las Cortes Militares Especiales creadas por el Presidente George W. Bush , en calidad Comandante en Jefe de las FF.AA. para juzgar a los detenidos de Guantánamo, al considerar que las mismas violan tanto las Convenciones de Ginebra para el tratamiento de prisioneros de guerra, como el Código de Justicia Militar de los EE.UU.

A pesar de ello, el Presidente Bush declaró ante los medios periodísticos que solicitará al Congreso el aval para convalidar el funcionamiento de estas Cortes y darles la potestad para juzgar a los sospechosos de terrorismo.

Ante esta clara postura de intransigencia y de manifiesta voluntad de continuar perpetrando violaciones a los derechos humanos más elementales, a espaldas de los reclamos locales y de la comunidad internacional, este Honorable Senado exige nuevamente al gobierno de los Estados Unidos el cierre inmediato del Centro de Detenciones de Guantánamo, e insta a que dicho país respete el derecho internacional humanitario, haciendo prevalecer la legalidad por sobre la unilateralidad con la que está encarando su lucha contra el terrorismo.

Por estos argumentos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Haide Giri.