Número de Expediente 2295/03

Listado de Autores
Escudero , Sonia Margarita

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-2295/03)

Proyecto de Comunicación

El Senado de la Nación¿

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación a través del
Ministerio de Economía - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC) incluya en la Encuesta Permanente de Hogares y en los Censos
Nacionales de Población, que realiza periódicamente, preguntas que
permitan obtener datos e información sobre crimen y violencia,
conocidas como encuestas de victimización o encuestas a los ofensores.

Sonia Escudero.-
FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Hace ya casi una década que ciertas iniciativas y estudios que
nacieron en el seno del Banco Mundial, confirmaron que los problemas
del crimen y la violencia son los principales obstáculos al desarrollo
económico y social de los países de la región en conjunto y de cada uno
de ellos en particular. Y que se comprobó, fehacientemente, que el
estudio de estos fenómenos estuvo rezagado de los avances que sobre el
particular se hicieron desde la óptica del análisis estadístico y
científico, que por otro lado arrojó resultados óptimos en otras
materias, caso la económica.

Los índices de criminalidad contra las personas y la propiedad
en América Latina se encuentran entre los más altos del mundo, y
tampoco es un secreto que en promedio un tercio de su población vive en
condiciones de pobreza extrema y que hay una enorme brecha entre pobres
y ricos que se profundiza y se agrava con el paso del tiempo. Que
debido a ello se pueden contabilizar graves situaciones de
descomposición social, conflictos políticos, terrorismo, desempleo,
droga, delincuencia, alcoholismo y violencia familiar. Y que no se
puede ignorar, a pesar de la información parcial y deficiente, de que
Argentina no es una excepción a esta regla, una percepción intuitiva
permite asegurar que existen signos evidentes de que durante las
décadas pasadas el crimen y la violencia se han incrementado en forma
persistente, y que cualitativamente son muy heterogéneos.

En este contexto, los encargados de formular políticas
correctivas, los funcionarios que aplican la ley, los asistentes
sociales y los dirigentes locales, se ven continuamente obstaculizados
en sus esfuerzos por elaborar estrategias efectivas que reduzcan el
crimen y la violencia, de tal forma que esta disminución pueda ser
utilizada para aumentar la sensación de seguridad que debe caracterizar
a una sociedad sana desde el punto de vista jurídico.

Para revertir esta circunstancia de base, la doctrina indica
que hay cuatro fuentes que permiten una aproximación a los
determinantes sociales y económicos de las tasas indicativas y
pertinentes.

Las que provienen del sistema de justicia criminal, cuya
limitación es que expresan sólo una fracción de los inconvenientes, los
reportados, debiéndose considerar que hay acontecimientos que no se
reportan (violaciones, casos de violencia familiar) por la falta de
confianza de la gente en las autoridades locales, o porque se trata de
eventos que son asuntos privados.
Las que provienen de hospitales y morgues, que tienen la misma
características de ser parciales, y de adolecer de los inconvenientes
conocidos de las estadísticas oficiales.
Las encuestas de victimización en los Censos de Población.
Las encuestas a los ofensores en los Censos de Población o en
los Censos de Población Penal.

Como se puede apreciar de esta enumeración, sólo los dos
últimos orígenes pueden asegurar, por las características de autonomía
y objetividad en las mediciones del Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos, la superación de la insuficiente o deficitaria información
actual, la corrección de las falencias de los sistemas judiciales y
policiales, y los inconvenientes de los niveles educativos de la
población para superar los casos de subreporte y optimizar la
determinación de las variables endógenas y exógenas que permitirán
revertir las situaciones no deseadas. Con datos certeros e información
objetiva se conseguirán y se consolidarán los instrumentos que
permitirán ampliar la frontera actual de conocimiento, diagnóstico y
formación de políticas de prevención de los delitos, en particular de
aquellos que vulneran los derechos de la persona y de la propiedad.

Orientamos esta solicitud en el sentido de que la misma
permitirá desde esta perspectiva, mejorar la calidad de vida de la
población, permitiendo la participación de los sectores involucrados en
todos los niveles (nacional, provincial, municipal) en una acción
interjurisdiccional, multidisciplinaria e interagencial, destinada a la
resolución efectiva, ampliada e integral de los flagelos del crimen y
la violencia.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su
voto para la aprobación de ésta propuesta que pongo a su consideración.

Sonia Escudero.-