Número de Expediente 2264/03

Listado de Autores
Ochoa , Raúl Ernesto

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

S-2264/03)

PROYECTO DE DECLARACION

El Senado de la Nación

Repudiar y condenar la actividad de presión económica y financiera que
está ejerciendo el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, sobre
distintos países del mundo, para obligarlos a suscribir acuerdos
bilaterales de inmunidad para sus tropas militares, respecto a la
jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Raúl E. Ochoa.-
































FUNDAMENTOS.

Señor Presidente:

Con total beneplácito fue recibido en el contexto internacional, la
efectiva entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional a partir
del pasado 1º de Julio de 2002, al lograrse la ratificación por más de
60 países, del Acuerdo de Roma de 1998 que contemplaba su creación.
Ello, que sin lugar a dudas marca un claro avance histórico en la
protección de los derechos humanos y la aplicación del derecho
internacional, servirá para juzgar individualmente a todos y cada uno
de los responsables de gravísimos crímenes humanitarios, dando un gran
paso en contra de la impunidad instalada actualmente. No hace falta
destacar entonces que ahora se podrá juzgar a todos aquéllos que son
acusados de crímenes de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de
guerra, etc., es decir todos aquéllos que sienten desprecio por la vida
humana.

Semejante objetivo, necesita contar con el apoyo, reconocimiento y
aceptación de toda la comunidad internacional, porque va más allá de la
competencia de otros organismos internacionales que se expiden de
manera excluyente sobre la responsabilidad de los estados. Estamos
frente a un organismo que debe resolver sobre la responsabilidad de
individuos, de ciudadanos.

Es necesario entonces un compromiso internacional de respaldo al
organismo, para la acabada consecución de los fines para el que fue
creado.

Pero es necesario destacar también el papel protagónico y de compromiso
que siempre tuvo y debe seguir teniendo la República Argentina en esta
materia, en un todo coherente con el mensaje de nuestro Ministro de
Relaciones Exteriores, que en oportunidad de depositar ante el
Secretario General de las Naciones Unidas la ratificación argentina al
Tratado de Roma en febrero de 2001, lo definió como un "hecho
histórico", y consideró que de esta forma se ". muestra el compromiso
en materia de derechos humanos del país". Y este compromiso y
protagonismo, fué reafirmado con la designación oficial del primer
fiscal de la Corte Penal Internacional que recayó en un compatriota, el
Dr. Luis Moreno Ocampo.

En contrario a esta definida y reconocida posición, existe la de otros
países que desconocen la necesidad de contar con una Corte Penal
Internacional, cual es por ejemplo Estados Unidos de Norteamérica que
mandó incluso a retirar la ratificación que su país le había dado al
Acuerdo de Roma. Pero si esta posición que recibió la condena de muchos
países, totalmente reñida con el Derecho Humanitario, mucho más merece
denunciarse, la actividad que actualmente está desarrollando, a través
de imposiciones económicas o financieras, presiona para que países más
pobres suscriban acuerdos bilaterales otorgando inmunidades a los
soldados norteamericanos.

Si tomamos propósitos y principios elementales de la sociedad
internacional, y remitiéndonos específicamente a lo preceptuado en la
Carta Orgánica de Naciones Unidas, veremos que allí se habla de "libre
determinación de los pueblos", "igualdad soberana", "relaciones de
amistad", "respeto al principio de la igualdad de derechos", etc., como
síntesis del respeto en un plano de igualdad que debe existir entre
todos los estados del mundo. Pero ello no siempre es así, porque en
incontables oportunidades se ha dado la injerencia de países poderosos
en las cuestiones internas de otros. Y lo que es más repudiable, se han
hecho imposiciones sostenidas por beneficios económicos y financieros,
que a menudo son reñidas no solo con el pensamiento e idiosincrasia de
los pueblos, sino con elementales valores éticos asimilados y
respetados por la comunidad internacional. Y esto sí merece denunciarse
y condenarse.

Justamente en este sentido, encontramos los requerimientos cursados por
Estados Unidos a distintos países del mundo, solicitando inmunidad
judicial para sus fuerzas militares que eventualmente deban ser
juzgadas por la Corte Penal Internacional con asiento en Roma (Italia).
También debemos considerar que Estados Unidos tiene un protagonismo
excluyente en la sociedad internacional, y su posición por lo tanto,
reviste importancia. Y en este tema, que se está tratando quizá uno de
las conquistas más trascendentes en materia de derechos humanos.

Por todo ello, es que la actitud reñida con los principios y propósitos
contenidos en la Carta Orgánica de Naciones Unidas, merece denunciarse
y obliga a los distintos países a tomar una posición al respecto.

Raúl E. Ochoa.-