Número de Expediente 2012/06

Listado de Autores
Viudes , Isabel Josefa

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-2012/06)

PROYECTO DE DECLARACION

El Senado de la Nación

DECLARA:

Al celebrarse el próximo 26 de Junio el día Internacional de la lucha contra la droga, su adhesión y compromiso a fin de erradicar este flagelo.

Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

La República Argentina presenta hoy una delicada situación desde el punto de vista sociocultural y económico que repercute en preocupación, angustia e inseguridad frente al común porvenir como sociedad.

La adicción a las drogas es uno de esos caminos equivocados que operan en los individuos, jóvenes en su mayoría, como ¿puertas de escape¿ o ¿evasiones¿ de una realidad, muchas veces cruel, que no es asumida debidamente evitando a los agentes imprescindibles para la supervivencia psíquica y física en situaciones límite, casos en los que lo esencial es asumir y enfrentar el problema.

La prevención, la asistencia al adicto y la lucha contra el narcotráfico son el trípode sobre el que debe basarse la política a implementar con el fin de erradicar uno de los problemas más graves y acuciantes que enfrentan nuestro país y el mundo. La prevención es el primer escalón de la escalera que significa la lucha contra el infierno del submundo de las drogas y su dependencia. Esto implica inculcar valores, dotar de herramientas de defensa y autovaloración ante la tentación de las drogas, tanto de las lícitas, o de venta legal como lo son el tabaco y el alcohol, como de las ilegales o estupefacientes tales como la marihuana, cocaína, LSD, heroína, etc.

La lucha contra el narcotráfico y contra la inconmensurable propaganda publicitaria de los productores de alcohol y tabaco es sin duda donde más se dejan ver las diferencias entre el poder económico del Estado y el de los traficantes y productores de drogas, tanto ilegales como legales. He aquí el gran desafío, asumir como sociedad que el problema es demasiado importante, demasiado complejo como para no responder con responsabilidad a la amenaza de semejante flagelo. Aún así, esta lucha desigual debemos asumirla con la madurez, la racionabilidad y la templanza que socialmente corresponde.

De acuerdo a la Declaración Política aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en junio de 1988, el problema de las drogas debe ser enfocado de modo multidimensional incluyendo el cultivo ilícito, la producción, la manufactura, la venta, la demanda, el tráfico y la distribución de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y estimulantes de tipo anfetamínico, como así también el desvío de precursores químicos y todas aquellas actividades delictivas relacionadas.

En virtud de los compromisos asumidos internacionalmente por nuestro país, en especial en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, y de la normativa nacional frente al problema de las drogas, existen una serie de principios rectores que deben orientar las estrategias, objetivos y acciones.

En esta especial materia, Argentina ha ratificado Convención Única de la ONU sobre Estupefacientes, 1961, modificada por el Protocolo de 1972; la Convención de la ONU sobre Sustancias Psicotrópicas, 1971; y la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 1988.

Por otra parte, en el ámbito hemisférico, nuestro país ha adoptado, mediante Decreto 1339 del año 1996, la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio aprobada por la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas en su Vigésimo Período Ordinario de Sesiones que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires en el mes de octubre de 1996. De acuerdo a los considerandos del mencionado decreto, la Estrategia propone una serie de acciones programáticas ¿concordantes con las postuladas por el Gobierno Nacional, en especial en materia de la no libre disponibilidad de las drogas; reducción de la demanda; reducción de la oferta y medidas de control¿.

El Decreto 1339/96 establece que ¿en la formulación del Plan Federal de Prevención Integral de la Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas, y en la ejecución de los programas establecidos en los artículos 2º y 9º, respectivamente, del Decreto 623/96¿.

Tal como ha sido establecido en la Declaración Política de Naciones Unidas de 1988 y en la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, la respuesta frente al problema de las drogas requiere una aproximación integral que aborde todas y cada una de sus diferentes manifestaciones.

El principio de integralidad implica desarrollar acciones en todas las instancias en las que se manifiesta la problemática de las drogas, es decir, el control de la oferta, la reducción de la demanda, y todas aquellas acciones que de algún modo contribuyan a enfrentar de modo adecuado este fenómeno complejo.

En virtud de tratarse de un problema que afecta a todos los Estados, las acciones contra las drogas deben enfocarse como una responsabilidad común y compartida. Si bien en cada Estado las múltiples manifestaciones del problema se presentan de modo diferenciado, las acciones domésticas deben acompañar los esfuerzos internacionales fomentando su abordaje multilateral.

Tal como ha sido afirmado en la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, ante la complejidad y globalidad del problema, surge la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en la materia. De este modo, el principio de responsabilidad compartida no sólo exige una adaptación a los estándares y lineamientos internacionales consensuados en materia de drogas, sino también la activa participación de nuestro país en la construcción de esos estándares y lineamientos de modo de asegurar no solo una debida contribución a la mejora de la estrategia vigente sino también que esa estrategia refleje y responda de manera adecuada a la realidad local.

Recordemos el Marco Legal e Institucional en Materia de Estupefacientes. En nuestro país se encuentra vigente la ley 23.737, sancionada el 21 de septiembre de 1989 y promulgada el 10 de octubre de ese mismo año, que establece el régimen legal sobre estupefacientes. Además, Argentina ha ratificado una serie de tratados internacionales vinculados a esta especial materia, a saber, la Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes (1961), modificada por el Protocolo de 1972; la Convención de Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas (1971); y la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988). Por otra parte, en el ámbito hemisférico, Argentina ha adoptado mediante el decreto 1339/96, la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio aprobada por la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas en su Vigésimo Período Ordinario de Sesiones que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires en el mes de octubre de 1996.

La comprensión del fenómeno del uso indebido de drogas, ha llevado insistir en la importancia de dar prioridad a la prevención como estrategia fundamental. Es en este contexto que La Estrategia Antidroga en el Hemisferio contempla el problema de las drogas desde una perspectiva global y multidisciplinaria. Todos los países del Hemisferio reconocen que comparten la responsabilidad de asegurar que se aborden todos los aspectos de manera integral y equilibrada, teniendo en cuenta sus capacidades y recursos nacionales disponibles.

La Estrategia Antidrogas manifiesta que los países del Hemisferio reconocen que el uso indebido de drogas constituye una grave amenaza a la vida y la salud, no solo de quien las consuma, sino también para la comunidad en general. La forma en que ha evolucionado este problema demuestra que la reducción de la demanda debe ser un componente clave de las políticas para hacer frente al problema, destacando la importancia de la Prevención en dicha estrategia.

Es a partir de ello, que se entiende a la prevención como el conjunto de estrategias que una comunidad particular ensaya para anticiparse a la aparición de fenómenos no deseados, a fin de evitarlos o reducir su presencia. La prevención plantea, como objetivo general, promover estilos de vida que hagan a los individuos y grupos que conforman la comunidad, menos proclives a involucrarse en relaciones problemáticas con las drogas.

La intervención debe estar dirigida hacia la integración y reparación a nivel societario, que tenga en cuenta las características reales y simbólicas del problema, promoviendo la participación de la sociedad a través de sus instituciones.

En Argentina los estudios epidemiológicos sobre la problemática del uso, abuso y dependencia de drogas, legales o ilegales, no han tenido la continuidad y cobertura necesarias, obstaculizando la construcción de una línea de mediciones que permita el análisis de tendencias.

El fenómeno del uso indebido de drogas se presenta cada vez con mayor elocuencia en diferentes espacios sociales: en las calles, escuelas, barrios, lugares de diversión, lugares de detención, zonas marginales, hospitales, líneas telefónicas de ayuda, etc., y la gama de sustancias que forman parte de las conductas de abuso y dependencia también se van renovando, aunque siempre tengan como base niveles de alcoholización.

En nuestro país el principal problema del uso indebido de sustancias psicoactivas era y es la magnitud e intensidad de la alcoholización. El 75% de los argentinos comienza a tomar alcohol antes de cumplir los 18 años y de éstos, 1 de cada 10 consume por primera vez antes de los 13 años.

Hacia 1998, el 6.6% de la población total tenía problemas de uso abusivo de alcohol y este porcentaje representa a casi 280 mil personas. El problema de la alcoholización está manifestándose a edades tempranas, casi 3 de cada 10 jóvenes (26%), un millón de personas, dicen haber tenido problemas en sus actividades habituales al día siguiente de haber consumido alcohol. Otro dato que refuerza el problema de la alcoholización en la juventud, indica que del total de la población que intentó dejar de beber y no pudo hacerlo, el 40% tiene entre 16 y 24 años.

También se desprende que casi 1.700.000 personas fumaban en 1998, más de 120.000 consumían alguna droga ilegal, principalmente marihuana, y 50.000 tomaban psicofármacos (sedantes o estimulantes) sin prescripción médica.

El consumo de drogas ilegales ocurre en alrededor de 7 cada 100 personas. En el país dentro del conjunto de las sustancias ilegales, la marihuana, clorhidrato de cocaína y sedantes son las de mayor consumo. Hacia el año 2004, hoy, se observa un incremento relativo del consumo en la población de 35 a 49 años, de tabaco, clorhidrato de cocaína, sedantes y marihuana. Es el grupo etareo quizás con mayor tiempo de exposición a situaciones de estrés y angustias (precariedad laboral, inestabilidad de empleos, reducción del poder adquisitivo del salario, inadecuada cobertura social presente y a futuro, etc.).

Otro dato relevante son los valores de prevalencia indirecta de consumo de drogas ilegales: 26 de cada 100 personas están en relación con personas que consumen Marihuana, 14 de cada 100 con personas que consumen Clorhidrato de Cocaína, 12 de cada 100 Sedantes, 9 de cada 100 Inhalantes y Solventes, 5 de cada 100 Estimulantes, 3 de cada 100 conocen personas que consumen Éxtasis o Pasta Base o Alucinógenos y 2 de cada 100 Opiáceos.

En materia de incautaciones de sales de cocaína, se han verificado incrementos en las cantidades incautadas en el año 2003, aunque estas no superan los valores más altos del quinquenio correspondiente a los años 2000 y 2001. Por otra parte, en el período enero-septiembre de 2004 se han incautado 2.155,914 kilogramos.

En el total del continente ha habido una tendencia creciente (con excepción del año 2001) aunque no tan marcada como la correspondiente a América del Sur (con excepción de ese mismo año).

La mayoría de las personas detenidas en el período 1999-2003 pertenecían al grupo etario de 20 a 24 años (29%). Esta tendencia se repitió en cada uno de los años considerados individualmente y es la que viene registrándose en el período enero-septiembre de 2004. En todo el período 1999-2003, hubo 7 detenidos menores de 10 años, 1.492 detenidos de 10 a 14 años, 31.839 detenidos de 15 a 19 años, 41.274 detenidos de 20 a 24 años, 30.456 detenidos de 25 a 29 años, 17.605 detenidos de 30 a 34 años, y 22.303 detenidos mayores de 35 años.

El 70% del total de detenidos en todo el período era menor de 30 años. Esta tendencia consistente en que la mayoría de los detenidos pertenece a edades inferiores a los 30 años se ha mantenido constante en cada uno de los años considerados con las siguientes variaciones: 76% en 1999, 74% en 2000, 71% en 2002 y 70% en 2002 y 2003. En el período enero-septiembre de 2004, el 70% de los detenidos era menor de 30 años.

En el período 1999-2003, la cantidad de armas de fuego incautadas ha disminuido de modo significativo año tras año, contrarrestando la tendencia creciente que se venía verificando desde 1991 con excepción de los años 1994, 1996 y 1998. En el período enero-septiembre de 2004 se incautaron 463 armas de fuego.

Con relación a las sustancias químicas controladas, cabe destacar que dada la importancia de la industria química en el país, Argentina es uno de los principales productores de los químicos necesarios para el procesamiento de sales de cocaína y heroína de la región. Las sustancias químicas que más frecuentemente han sido objeto de incautaciones en nuestro país desde el año 1989 son alcohol etílico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, amoníaco anhidro, éter etílico y acetona. No obstante, en los últimos cinco años se han agregado hidróxido de sodio, permanganato de potasio y metil-etil-acetona.

Estas incautaciones son producto de procedimientos realizados en casos de contrabando (principalmente de tipo vecinal transfronterizo) y en pequeños laboratorios (cocinas) que han sido descubiertos. No obstante, con relación a la región y al continente, las cantidades incautadas dentro del territorio nacional, son relativamente bajas.

Es nuestra tarea entonces, inculcar valores preventivos, dar los elementos y conocimientos necesarios para que los ciudadanos se sientan contenidos por el Estado. Eliminar el caldo de cultivo de la desigualdad social y la pobreza que la sustenta, atender con asistencia a quienes asuman su esclavitud y quieran liberarse realmente de ella, combatir a quienes trafican y por ende comprometen la vida y el futuro de generaciones de argentinos que se suman año tras año al circuito de la violencia y el delito por las adicciones. Legislar en consecuencia y responsablemente para sustentar nuestro accionar.

Es por los fundamentos expuestos que solicito de mis pares me acompañen en el presente Proyecto.

Isabel J. Viudes.