Número de Expediente 1962/04

Listado de Autores
Saadi , Ramón Eduardo

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Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-1962/04)

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

El Senado de la Nación

Vería con agrado que Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo
que corresponda, arbitre las medidas necesarias para procurar en forma
gratuita las fotografías de rigor para completar el tramite de
confección de los Documentos Nacionales de Identidad que se encuentran
pendientes en las reparticiones de los Registros de las Personas en
todo el país.

Asimismo, se procure la entrega gratuita de los mismos en los
domicilios consignados a través del Correo Público.

Ramón Saadi.-

FUNDAMENTOS.

Sr. Presidente:

Si bien este tema no es una novedad en nuestro país recientemente nos
hemos enterado que continua sin solución. El pasado miércoles 2 de
junio de 2004 medios periodísticos informaron que se han duplicado la
cantidad de DNI listos que sus dueños no retiran.

Son más de 270.000 documentos. Pertenecen a personas que iniciaron el
trámite y no lo terminaron. Causas: no pueden pagar la foto o no tienen
plata para viajar.

Según cifras oficiales, el año pasado las 428 delegaciones acumulaban
135.369 documentos. Ahora, la cifra trepa a 271.814. El 70% de los DNI
terminados se encuentra en el Gran Buenos Aires y la mayor cantidad se
concentra en la zona sur.

Algunos de estos DNI llevan más de un año sin que nadie los reclame.
Muchos -no se sabe el porcentaje- fueron iniciados en operativos
gratuitos de la Provincia. Especialistas en problemáticas sociales
sostienen que el desinterés creciente por poseer el DNI (sobre todo en
los sectores mas carenciados) es un indicador más de la exclusión
social.

Para Carlos March, de la Fundación Poder Ciudadano, "es uno de los
síntomas de la crisis que atraviesa la identidad cívica en nuestro
país. Los que no tienen DNI son ciudadanos que no votan. Si
consideraran imprescindible su voto, irían a buscar su documento".

Para las autoridades, la demora se remite básicamente a cuestiones
económicas: para retirar este documento único hay que gastar en
transporte y pagar las clásicas fotos 4x4 que en el mercado cuestan
entre 5 y 8 pesos el juego de tres.

El DNI es el instrumento que permite identificar a la persona como
ciudadano y su herramienta necesaria para el ejercicio de los derechos
y el cumplimiento de todas sus obligaciones cívicas.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también
incorporado expresamente en la Constitucional Nacional (art. 75 inc.22)
en el art. 24 inc. 2 afirma: Todo niño será inscripto inmediatamente
después de su nacimiento y deberá tener un nombre.

Por lo tanto, no es honesto, ni ética ni jurídicamente esquivar las
obligaciones que desde la Constitución, la cabecera jurídica, se nos
impone. Así, la ley nacional 17671/68 de identificación, registro y
clasificación del potencial humano nacional es violatoria de la norma
superior, no garantiza en la práctica, el derecho consagrado
constitucionalmente que posee todo niño de ser inscripto inmediatamente
después de su nacimiento, al imponer tasas para expedir el primer
documento de identidad, impidiendo, de esta forma, la efectividad de
este derecho sustancial.

La obligatoriedad de exigir el pago de tasas para acceder al documento
de identidad, implica que una cantidad cada vez más importante de
argentinos, queden discriminados y con sus derechos violados.

El tecnicismo previsto en el art. 30 de ley citada, cuando declara que
quedan exentos del pago de tasas las personas que presenten certificado
de pobreza, no es garantía para el acceso de toda persona a su
documentación. La acreditación de pobreza es un trámite engorroso y
humillante. Se debe disponer de tiempo, paciencia, dinero para el
traslado y estar dentro del cupo de pobres que "graciosamente" el
Registro Nacional de las Personas suele establecer en las provincias
argentinas. Es humillante, porque se "debe acreditar" la pobreza,
demostrarla ante un funcionario público, que por intermedio de esta
disposición vergonzosa, deben avalar la exclusión económica y social;
y, en algunas oportunidades recurrir a testigos, familiares, vecinos
que respalden la expresión de pobreza del indocumentado.

Los resultados concretos de esta normativa son los índices alarmantes
de falta de inscripción de niños porque sus padres no pueden pagar el
trámite. (Es digno mencionar, que la Provincia de Santa Fe, con la
vigencia de la ley provincial 11132 de identificación del recién
nacido, a implementado en la mayoría de los hospitales públicos
provinciales, un sistema de documentación, que si bien es eficiente en
el control y el trámite tiende a ser ágil, tiene la dificultad, en
"cumplimiento de la normativa nacional" de tener que acreditar la
pobreza).

Esta burocracia de funcionarios, certificados, firmas contribuyen a
cargar las oficinas de carpetas y papeles. Nadie, por supuesto, se
molestó en calcular qué era más eficiente y económico para el Estado,
si pagar la burocracia afectada a tareas no específicas o facilitar los
documentos a los ciudadanos en forma gratuita.

El documento de identidad, además de nuestro derecho a la identidad,
significa el derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su cultura, al
conocimiento de quienes son sus padres, a la preservación de las
relaciones familiares. El no poseerlo, además de las sanciones
pecuniarias por inscripción fuera de término, implica en una sociedad
con las grandes dificultades económicas y sociales, la imposibilidad de
acceder a las instituciones que garantizan derechos básicos de las
personas (salud, educación, trabajo, asistencia social, etc.).

En la historia reciente sobre esta temática, es importante remarcar,
que mediante el Decreto 262 del año 2003, se declara la gratuidad en el
otorgamiento del primer DNI a todos los niños de cero a seis meses de
edad nacidos en el territorio nacional.

El sistema democrático implica la inclusión y participación de todos.
No hay democracia cuando para acceder al derecho de identidad,
consagrado constitucionalmente, se imponen tasas para la expedición del
documento nacional de identidad, o se recurre a artilugios jurídicos
del certificado de pobreza, que como lo expresara, queda sujeto a la
bondad de los funcionarios de turno conocer qué "cupo" de pobres se
autoriza para acceder al "beneficio" de tramite gratuito, si
previamente se dispone de tiempo necesario, dinero suficiente para los
traslados o testigos solidarios que lo acrediten.

Ramón Saadi.-