Número de Expediente 1953/04

Listado de Autores
Curletti , Mirian Belén
Lescano , Marcela Fabiana
Mastandrea , Alicia Ester

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-1953/04)

PROYECTO DE RESOLUCION

El Senado de la Nación,

Adhiere al documento final emitido por la Novena Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, a realizada en México
D.F., los días 10 al 12 de junio de 2004, organizada por la Comisión
Económica para la América Latina y el Caribe -CEPAL-, y denominada
"Consenso de México", cuyo texto forma parte del presente como Anexo
I.

Mirian Curletti.- Marcela F. Lescano.- Alicia E. Mastandrea.-

ANEXO 1

Documento de Sala de Conferencia
DSC/1
12 de junio de 2004
ORIGINAL: ESPAÑOL
C E P A L
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Novena Conferencia Regional sobre la Mujer
de América Latina y el Caribe
México D.F, 10 al 12 de junio de 2004

"Consenso de México"

Los gobiernos de los países participantes en la novena Conferencia
Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe,

Reunidos en Ciudad de México del 10 al 12 de junio de 2004,

Recordando que el próximo año se cumplen tres décadas desde la
Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (primera
Conferencia Mundial), celebrada en México en 1975, una década de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y cinco años del período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado "La mujer en
el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo
XXI", de la Cumbre del Milenio y de la octava Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,

Teniendo en cuenta que durante la octava Conferencia Regional sobre la
Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en Lima, Perú, en
febrero de 2000, se acordó extender más allá del año 2001 la vigencia
del Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el
Caribe,

Teniendo presente que la Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe es un órgano subsidiario de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe, y que su Mesa Directiva en su
trigésima quinta reunión acordó que la novena Conferencia se
concentraría en el examen de la implementación y el cumplimiento de los
acuerdos internacionales y regionales y que en dicha reunión se
analizarían dos temas de importancia estratégica para la región: i)
pobreza, autonomía económica y equidad de género y ii) empoderamiento,
participación política y desarrollo institucional,

Reconociendo la contribución del movimiento de mujeres, en todas sus
expresiones, al desarrollo de políticas públicas con perspectiva de
género en la región, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y
generacional, y en particular al desarrollo de mecanismos para el
adelanto de las mujeres a nivel internacional, regional y nacional,
Destacando la significativa contribución de las mujeres a la
disminución de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, la
igualdad de género, la justicia social y el desarrollo en los países de
la región,

Expresando su inquietud por los efectos sociales negativos de las
políticas de ajuste estructural y, bajo ciertas circunstancias, la
apertura comercial, uno de cuyos aspectos es la fragmentación de las
políticas sociales, y por la pesada carga del servicio de la deuda
externa,

Reconociendo que la globalización tiene beneficios y costos que no se
distribuyen de forma equitativa, tanto entre los países como a su
interior, y que a los países en desarrollo les resulta particularmente
difícil responder a este reto,

Reconociendo los avances logrados en los ámbitos legislativo,
educativo, de la salud, del trabajo, de la lucha contra la violencia,
del desarrollo sostenible y del diseño de políticas públicas con
equidad de género,

Reconociendo también que esos avances son insuficientes y que aún se
enfrentan múltiples obstáculos, por lo que se requiere redoblar los
esfuerzos y los recursos disponibles, a fin de alcanzar las metas y los
objetivos compartidos,

Reconociendo asimismo la importancia de promover y fortalecer medidas
de acción afirmativa que favorezcan el acceso a recursos y el
empoderamiento de las habitantes de las áreas rurales, las indígenas,
las afrodescendientes, las jóvenes y las mujeres de la tercera edad,

Deplorando las diversas formas de violencia y sus manifestaciones que
afectan a las mujeres y a las niñas, los niños y los adolescentes de la
región,

Reconociendo la magnitud del fenómeno migratorio en la región y la
necesidad de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las y los migrantes, junto con reconocer las remesas
como una fuente importante de divisas para sus países de origen, así
como su aportación positiva a las sociedades que los reciben,

1. Acogemos con beneplácito el documento elaborado por la Secretaría,
titulado "Caminos hacia la equidad de género en América Latina y el
Caribe", y reconocemos que refleja un enfoque compartido por los
gobiernos de América Latina y el Caribe luego del correspondiente
proceso de consultas con representantes de los Estados miembros
participantes en la Conferencia, que incluyó cinco reuniones
subregionales, dos de ellas a través del uso de tecnologías de
comunicación;

2. Reafirmamos los acuerdos de las tres reuniones subregionales
preparatorias de la novena Conferencia para el Caribe, Centroamérica y
México y América del Sur, celebradas respectivamente en San Vicente y
las Granadinas, Honduras y Brasil como contribución a esta Conferencia;

3. Reafirmamos también nuestro compromiso con los objetivos de la
Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
(Beijing, 1995), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), el Programa de
Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995),
el Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de
Intolerancia (Durban, 2001) y la Declaración del Milenio (Nueva York,
2000) adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas; y con
todos los acuerdos posteriores en los que se reafirma la adhesión de
los gobiernos a esta agenda internacional;

4. Reiteramos que la plena y eficaz implementación de la Plataforma de
Acción de Beijing, el Programa de Acción Regional para las Mujeres de
América Latina y el Caribe, el Plan de Acción de la CARICOM y los
compromisos enunciados en el párrafo anterior es una contribución
esencial para el logro de los objetivos de desarrollo que figuran en la
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas;

5. Tomamos nota con satisfacción que la mayoría de las delegaciones
nacionales acreditadas ante esta novena Conferencia cuentan con
representantes de la sociedad civil y parlamentaria, de conformidad con
lo acordado en la trigésima quinta reunión de la Mesa Directiva;

6. Los gobiernos de los países participantes en la novena Conferencia
Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe reafirmamos nuestra
decisión de hacer lo siguiente:

i) Adoptar medidas, en todas las esferas y en particular las de los
ámbitos político, social, económico y cultural, incluidas medidas
legislativas y reformas institucionales, para asegurar el pleno
desarrollo y adelanto de las mujeres de todas las edades, con el
objetivo de garantizarles el acceso a la justicia y el ejercicio y goce
de todos los derechos humanos, incluidos los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres;

ii) Realizar esfuerzos por incorporar la perspectiva de género, tomando
en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional, en la
elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas mediante
la aplicación de instrumentos de seguimiento y evaluación, garantizando
la transparencia en la gestión pública, con el fin de institucionalizar
la rendición de cuentas y la difusión de información sobre el progreso
en el cumplimiento de las metas y la real participación ciudadana de
las mujeres;

iii) Asegurar la plena inclusión de la perspectiva de género, tomando
en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional, en el diseño y la
ejecución de los planes nacionales de desarrollo, y de las políticas y
los programas públicos en todos los ámbitos de la acción del Estado,
así como en los presupuestos destinados a financiarlos;
iv) Diseñar e implementar políticas públicas que ayuden a superar las
condiciones de pobreza que afectan a las mujeres de la región, en
especial de los países menos desarrollados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo, en las que se reconozca el impacto
diferenciado que tiene en hombres y mujeres la desigual distribución de
beneficios y costos de la globalización;

v) Adoptar políticas proactivas que promuevan la creación de empleos,
incluyendo acciones afirmativas que aseguren igualdad de condiciones en
el mercado laboral entre mujeres y hombres, y fortalezcan la capacidad
emprendedora de las mujeres y se asegure el pleno respeto de sus
derechos laborales a individuales, así como también su acceso
equitativo a los beneficios de la protección social;

vi) Reconocer el valor económico del trabajo doméstico y productivo no
remunerado, procurar protección y apoyo para las mujeres que trabajan
en el sector informal, particularmente en relación con los servicios de
cuidado de niños y niñas y personas adultas mayores, e implementar
políticas que permitan conciliar la vida familiar y laboral,
involucrando a hombres y mujeres en este proceso;

vii) Alentar a los Estados a integrar consideraciones sobre el impacto
de género, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional
en el desarrollo de políticas nacionales y la formulación de posiciones
relacionadas con las negociaciones de acuerdos comerciales bilaterales
y regionales, así como a incluir la equidad e igualdad de género, como
tema prioritario en las estrategias de desarrollo de la capacidad
comercial en los planos nacional y regional;

viii) Revisar y examinar las políticas y la legislación, a fin de
fortalecer la obligatoriedad del pago de la asistencia económica de
niños, niñas, adolescentes y otros dependientes, así como instar a los
Estados a convenir tratados para la persecución y/o el cobro de las
obligaciones a los evasores;

ix) Impulsar políticas educativas que respondan a las necesidades del
desarrollo de los países, favoreciendo la educación de todas las
mujeres y su acceso a las actividades económicas, tecnológicas y
científicas que contribuyen a su inserción equitativa en un mundo
globalizado;

x) Fomentar una cultura de respeto de los derechos humanos de las
mujeres e impulsar amplios programas de concientización en todos los
niveles de la enseñanza. También incorporar la educación en derechos
humanos con perspectiva de género, raza y etnia en todos los niveles de
la enseñanza;

xi) Revisar e implementar la legislación que garantice el ejercicio
responsable de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso sin
discriminación a los servicios de salud, incluida la salud sexual y
reproductiva de conformidad con el Consenso de Lima;

xii) Fortalecer los esfuerzos de prevención, diagnóstico y tratamiento
de las infecciones de transmisión sexual, en particular el VIH/SIDA,
salvaguardando los derechos de todas las mujeres y las niñas que viven
con el virus, y garantizar el acceso, sin discriminación, a
información, atención, educación y servicios de prevención del
VIH/SIDA;

xiii) Reforzar la plena participación de las mujeres en la preservación
y el manejo del medio ambiente para lograr el desarrollo sostenible;

xiv) Adoptar medidas para promover y proteger los derechos humanos de
los y las migrantes, de conformidad con los preceptos constitucionales
y los instrumentos internacionales vigentes;

xv) Adoptar las medidas integrales que sean necesarias para eliminar
todas las formas de violencia y sus manifestaciones contra todas las
mujeres, incluidas la violencia familiar, el abuso y acoso sexual, el
incesto, la explotación sexual y el tráfico y trata de mujeres y niñas,
la prostitución forzada, los asesinatos y las violaciones sistemáticas,
y la violencia en situaciones de conflicto armado, entre otras, así
como eliminar las medidas unilaterales contrarias al derecho
internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.

xvi) Promover el acceso de todas las mujeres a las tecnologías de la
información y la comunicación con miras tanto a erradicar la pobreza
como a promover el desarrollo;

xvii) Profundizar el desarrollo de un sistema de información basado en
estadísticas desagregadas por sexo para incorporar efectivamente la
perspectiva de género, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y
generacional, en todos los programas y políticas de gobierno, otorgando
particular atención a la pobreza, el trabajo no remunerado, el uso del
tiempo, la violencia de género y la migración internacional;

xviii) Diseñar y revisar las leyes, a fin de asegurar que, allí donde
exista el derecho a la posesión privada de tierras y de propiedades, se
reconozca a las mujeres plenos e iguales derechos a poseer tierras y
otras propiedades, incluso en virtud del derecho a heredar, y mediante
la realización de las reformas administrativas y la adopción de las
demás medidas necesarias para otorgar a las mujeres los mismos derechos
que los hombres al crédito, el capital, la tecnología apropiada y el
acceso a los mercados y la información;

xix) Garantizar a los mecanismos nacionales para el adelanto de la
mujer los recursos financieros y humanos, y reforzar su capacidad
política y la consolidación de su rango institucional al más alto
nivel, a fin de que puedan cumplir sus mandatos con eficacia y
eficiencia;

xx) Estrechar la colaboración entre los mecanismos nacionales para la
mujer, los organismos regionales e internacionales;
xxi) Promover la participación plena e igualitaria de hombres y mujeres
en todos los niveles de toma de decisiones en el Estado, la sociedad y
el mercado y fomentar la participación de la sociedad civil, incluidas
las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de mujeres
en los procesos de adopción de decisiones en los ámbitos local,
nacional, regional y global a fin de avanzar en la construcción y
ejercicio de la ciudadanía plena de todas las mujeres de la región;

xxii) Desarrollar instrumentos de seguimiento y evaluación de las
políticas públicas con el fin de incorporar una perspectiva de género,
tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional, en todas
las acciones del Estado;

xxiii) Invitar a los parlamentos de la región a que revisen sus
legislaciones, a fin de armonizarlas con los instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos y de no discriminación
de las mujeres, niños, niñas y adolescentes;

xxiv) Exhortar a los gobiernos que aún no lo han hecho a considerar la
ratificación y aplicación efectiva de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su
Protocolo facultativo, así como de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la
adopción de un mecanismo efectivo para la aplicación y seguimiento de
esta última por los Estados parte;

xxv) Promover la cooperación internacional en apoyo a las actividades
de los
mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres destinadas a la
implementación de la Plataforma de Acción de Beijing e instar a los
organismos y las organizaciones especializadas de las Naciones Unidas a
que, de conformidad con sus mandatos, sigan apoyando los esfuerzos
nacionales en pro de la igualdad de derechos y la creación de
oportunidades para las mujeres en la región, a través de programas de
cooperación, estudios y análisis, entre otros;

7. Acogemos con beneplácito la agenda de investigación que figura en el
documento "Caminos hacia la equidad de género en América Latina y el
Caribe" y solicitamos a la Secretaría de la CEPAL que, en colaboración
con gobiernos de la región y otros organismos internacionales, realice
las tareas que fueren necesarias para su cumplimiento;

8. Declaramos que el Consenso de México constituye la contribución
regional a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en
su cuadragésimo noveno período de sesiones, previsto para marzo del
2005;

9. Solicitamos a la Presidencia que someta a la consideración de la
CEPAL, en su trigésimo período de sesiones, previsto para junio-julio
del 2004 el presente Consenso;

10. Agradecemos al pueblo y al Gobierno de México las facilidades
otorgadas para la realización de esta Conferencia y su calurosa
hospitalidad.


FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La Conferencia Regional es un órgano subsidiario de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-, que es convocado
regularmente para identificar las necesidades regionales y
subregionales de las mujeres, formular recomendaciones, realizar
evaluaciones periódicas de las actividades llevadas a cabo en
cumplimiento de los acuerdos y planes regionales e internacionales
sobre la mujer, proporcionando un foro debates para los gobiernos, que
es generalmente acompañado por un foro alternativo de las
organizaciones no gubernamentales, que se realiza previamente.

Este año se realizó la Novena Conferencia Regional de sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe, en la Ciudad de México D.F., que en su
asamblea del día de cierre el 12 de junio ppdo. aprobó el documento
denominado "Consenso de México", en el que los países participantes se
comprometen a adoptar medidas en todos los ámbitos tendientes a
asegurar el pleno desarrollo de las mujeres de todas las edades,
garantizándoles el acceso a la justicia y al pleno ejercicio de sus
derechos humanos en plena igualdad con los varones; asimismo incorporar
la perspectiva de género y la diversidad en la elaboración de políticas
públicas, especialmente en la superación de la pobreza y su impacto
diferencial de género; favorecer la creación de empleos,
emprendimientos productivos en pos de alcanzar la autonomía económica,
entre otros relevantes puntos que abordan la cuestión educativa, la
salud, incluída la salud sexual y reproductiva, el cuidado del habitat
y el ambiente, en el marco de una cultura de tolerancia y respeto por
la diversidad y por los derechos humanos.

El documento hace especial hincapié en el empoderamiento femenino,
particularmente en la participación en ámbitos públicos y políticos, en
el marco de acciones afirmativas como el Cupo Femenino, legislación de
avanzada en el mundo, que ha marcado caminos en muchos países que han
incorporado a su plexo normativo medidas semejantes, que garanticen la
plena participación de la mujer en lugares de decisión y representación
pública.

En el punto xxiv. de los compromisos nacionales, se insta a los países
que aún no lo han hecho a ratificar el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia
la Mujer -CEDAW-. En tal sentido, destacamos que este parlamento se
encuentra en deuda con la ratificación, que ya fue aprobada por la
mayoría de los países del bloque regional Mercosur, y de América
Latina.

En virtud de la relevancia de este compromiso internacional, y de sus
contenidos democratizadores y progresistas, instamos a este Cuerpo al
pronto tratamiento y aprobación del presente Proyecto.

Mirian Curletti.- Marcela F. Lescano.- Alicia E. Mastandrea.-