Número de Expediente 1871/04

Listado de Autores
Falco , Luis

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-1871/04)

PROYECTO DE DECLARACIÓN

El Senado de la Nación,

DECLARA:

Su plena adhesión a lo dispuesto por la Declaración de Quito sobre
desarrollo social y democracia frente a la incidencia de la corrupción,
aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos el 8 de junio de 2004, en Quito, Ecuador.

Luis A. Falcó.-

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó en
el marco de su trigésimo cuarto período de sesiones, la "Declaración de
Quito", documento llamado a tener enorme trascendencia hemisférica por
su claridad meridiana y apego a los valores democráticos para la lucha
contra la corrupción en la órbita estatal de cada uno de los países
miembros.

Según este documento, democracia y corrupción implican nociones y
valores antagónicos. La corrupción en todas sus formas constituye un
grave obstáculo para el desarrollo social de los pueblos porque "atenta
contra la democracia y la gobernabilidad democrática, debilita las
instituciones, compromete el desarrollo económico y social y la lucha
contra la pobreza, mina la confianza ciudadana y afecta la estabilidad
política".

La aplicación plena de los preceptos de esta Declaración y la sujeción
a sus lineamientos convertidos en objetivos permanentes y
programáticos, será de gran utilidad para el fortalecimiento de las
instituciones y la limitación de los resquicios por donde la corrupción
prospera.

Sostiene el documento que los países miembros deberán esforzarse por
mejorar sustancialmente sus respectivas legislaciones penales para
favorecer los procesos de extradición de funcionarios que, habiendo
delinquido en sus países de origen por abuso de sus competencias,
deberían ser detenidos y puestos rápidamente a disposición de la
Justicia reclamante junto a la posibilidad cierta de que sean
reintegrados los bienes mal habidos.

Reconociendo que la Convención Interamericana contra la Corrupción es
el marco para la acción colectiva y la cooperación hemisférica en este
campo, adherimos mediante este Proyecto a esta nueva Declaración de
Quito cuyo texto original que en el anexo siguiente reproducimos.

Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen esta
iniciativa con su voto afirmativo para su aprobación.

Luis A. Falcó.-

ANEXO

DECLARACIÓN DE QUITO SOBRE DESARROLLO SOCIAL Y DEMOCRACIA FRENTE A LA
INCIDENCIA DE LA CORRUPCIÓN
(Aprobado por la Comisión General en su tercera reunión celebrada el
día 8 de junio de 2004)


Los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de los
Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, reunidos
en Quito, Ecuador, con ocasión del trigésimo cuarto período ordinario
de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos,

REITERANDO que el desarrollo social y la democracia son objetivos
esenciales de la OEA y de sus Estados miembros;

RECORDANDO que la Carta Democrática Interamericana declara que los
pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la
obligación de promoverla y defenderla y al mismo tiempo establece que
son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia: la
transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la
responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública;

TENIENDO PRESENTE que, desde su inicio, el proceso de Cumbres de las
Américas se ha preocupado de la lucha contra la corrupción y que este
tema ha merecido la atención de nuestros Jefes de Estado y de Gobierno;

TENIENDO EN CUENTA la "Declaración de Santiago sobre Democracia y
Confianza Ciudadana: Un nuevo compromiso de Gobernabilidad para las
Américas" (AG/DEC.31 XXXIII-O/03 y la resolución AG/RES 1960
(XXXIII-O/03) "Programa de Gobernabilidad Democrática en las Américas";

DESTACANDO la Declaración sobre Seguridad en las Américas en que,
dentro de un enfoque multidimensional, se reconoce a la corrupción como
una nueva amenaza a la seguridad de los Estados que socava las
instituciones públicas y privadas y la confianza de la sociedad, genera
grandes daños económicos, compromete la estabilidad, erosiona el estado
de derecho y vulnera la capacidad gubernamental para responder a otras
amenazas a la seguridad;

RECORDANDO el mandato de la Declaración de Nuevo León, adoptada por la
Cumbre Extraordinaria de las Américas, que establece el compromiso de
aunar esfuerzos en el marco de la Convención Interamericana contra la
Corrupción, particularmente a través del fortalecimiento del Mecanismo
de Seguimiento de la Implementación de este instrumento;

REAFIRMANDO nuestra voluntad de continuar instrumentando los Planes de
Acción de las Cumbres de las Américas, así como los compromisos
asumidos en la Declaración de la Cumbre del Milenio;

RECORDANDO que la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción (Convención de Mérida) señala que la corrupción ha dejado de
ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que
afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la
cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella;

RECORDANDO ASIMISMO que la Convención de Mérida afirma que los casos de
corrupción entrañan vastas cantidades de activos, los cuales pueden
constituir una proporción importante de los recursos de los Estados, y
que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de esos
Estados;

CONVENCIDOS que el multilateralismo y la cooperación entre estados
soberanos juegan un papel importante en el apoyo a los esfuerzos
nacionales para consolidar la democracia, promover el desarrollo
social, y luchar contra la corrupción;

RECONOCIENDO que el alivio de la deuda externa puede ser un factor
crítico para liberar recursos que pueden encauzarse hacia actividades
que promuevan la inversión social de los Estados y el fortalecimiento
de la democracia;

RECONOCIENDO: Que la Convención Interamericana contra la Corrupción es
el instrumento jurídico más importante a nivel interamericano para el
combate a la corrupción, en la medida que establece medios de
cooperación indispensables en la lucha contra este flagelo y promueve
así acciones internacionales para prevenirlo, detectarlo y sancionarlo;

Los esfuerzos desarrollados por los Estados miembros para implementar
los compromisos contraídos en la Convención Interamericana a contra la
Corrupción, así como su participación en el Mecanismo de Seguimiento de
la misma; y La importancia de las "Conclusiones y recomendaciones de
medidas concretas para fortalecer el Mecanismo de Seguimiento de la
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción
(MESICIC) adoptadas por la Primera Conferencia de Estados Parte del
Mecanismo, realizada en la sede de la OEA el 1 y 2 de abril de 2004; y

DESTACANDO la reciente adopción de la Convención de Mérida como un
eficaz y moderno instrumento en el combate a la corrupción, toda vez
que establece, entre otros: la obligación de los Estados Parte de
adoptar medidas preventivas y de penalizar una amplia gama de actos de
corrupción; de prestarse la más amplia cooperación para la extradición,
la asistencia jurídica recíproca, de conformidad con la legislación
nacional y las normas internacionales aplicables, y el decomiso del
producto del delito; de proporcionar asistencia técnica y crear un
mecanismo para la restitución de los activos producto de la corrupción
a sus legítimos propietarios anteriores; y haciendo un llamado a su
pronta ratificación con objeto de asegurar su entrada en vigor y la
puesta en marcha de sus mecanismos,

DECLARAN:

1. Que el desarrollo, la democracia y la lucha contra la corrupción son
temas que guardan profunda relación entre sí y que, por lo tanto, deben
ser tratados en forma balanceada e integral, por nuestros países.

2. Que el fenómeno mundial de la corrupción representa un grave
obstáculo para el desarrollo social de nuestros pueblos y ha merecido
la atención de nuestros Jefes de Estado y de Gobierno a través del
proceso de Cumbres de las Américas. En ese sentido, reafirmamos nuestro
compromiso en la lucha contra la corrupción, que atenta contra la
democracia y la gobernabilidad democrática, debilita las instituciones,
compromete el desarrollo económico y social y la lucha contra la
pobreza, mina la confianza ciudadana y afecta la estabilidad política.

3. Que en el marco de la legislación nacional y las normas
internacionales aplicables, nos comprometemos a negar acogida a
funcionarios corruptos, a quienes los corrompen y a los bienes
productos de la corrupción así como a cooperar en su extradición y en
la recuperación y restitución de los activos originados en la
corrupción a sus legítimos propietarios, para lo cual debemos
perfeccionar los mecanismos regionales de asistencia judicial mutua en
materia penal.

4. Su preocupación por las prácticas corruptas, ilegales y fraudulentas
en la administración de algunas empresas nacionales y transnacionales,
que afectan negativamente las economías, en particular las de los
países en desarrollo, a sus productores y consumidores.

5. Que reafirman su compromiso de intensificar nuestros esfuerzos para
combatir la corrupción y otras prácticas no éticas en los sectores
público o privado, fortaleciendo una cultura de transparencia y una
gestión pública más eficiente.

6. Su disposición a promover la adopción, conforme a los principios
fundamentales de la legislación interna, las medidas legislativos y de
otro género que sean necesarias para que las autoridades competentes
del estado requerido puedan devolver los bienes decomisados o
confiscados al Estado requirente, en caso de apropiación fraudulenta de
fondos públicos o de lavado de fondos públicos que hayan sido objeto de
apropiación fraudulenta.

7. La trascendencia de que la comunidad internacional realice un
esfuerzo concertado con los Estados del Hemisferio en la lucha contra
la corrupción y la impunidad, brindándoles la más amplia cooperación en
el marco de los tratados y leyes aplicables, para permitir que quienes
han cometido actos de corrupción desde el poder político en contra de
esos Estados, sean juzgados por sus tribunales nacionales y respondan
ante ellos.

8. Que el pluralismo político y los partidos políticos sólidos son
elementos esenciales de la democracia. Destacamos la importancia de
normas que aseguren la transparencia de sus finanzas, eviten la
corrupción y el riesgo de influencias indebidas y alienten un alto
nivel de participación electoral.

9. Que la prevención y la erradicación de la corrupción son
responsabilidad compartida de todos los Estados y que éstos deben
cooperar entre sí, con el apoyo y la participación de la sociedad
civil, las organizaciones no gubernamentales y las de base comunitaria,
así como con el sector privado, entre otros, para que sus esfuerzos en
este ámbito sean eficaces.

10. Que la lucha contra la corrupción debe realizarse con apego a los
principios de transparencia y rendición de cuentas de la gestión
gubernamental, de equidad, de responsabilidad e igualdad ante la ley,
de las normas del debido proceso en los procesos penales y en los
procedimientos civiles o administrativos sobre derechos de propiedad,
así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una
cultura de rechazo de la corrupción.

11. Que la cooperación internacional contra la corrupción debe ser
respetuosa de la soberanía y de la integridad territorial de los
Estados y del principio de no intervención en los asuntos internos.

12. Que la Convención Interamericana contra la Corrupción es el marco
para la acción colectiva y la cooperación hemisférica en este campo.
Destacamos nuestro compromiso de fortalecer el Mecanismo de Seguimiento
de la Implementación de la Convención, y en este sentido, hacemos
nuestras las conclusiones y recomendaciones de medidas concretas para
fortalecer el MESICIC, adoptadas por la Primera Conferencia de los
Estados Parte del mismo.

13. Que destacan igualmente, la importancia de que en la Conferencia de
los Estados Parte de la Convención, a reunirse en Managua, Nicaragua
del 8 al 9 de julio próximo, en cumplimiento del mandato de la Cumbre
Extraordinaria de las Américas, se adopten medidas concretas
adicionales para aumentar la transparencia y combatir la corrupción en
el Hemisferio.

14. Su decidido respaldo a la ejecución del "Programa Interamericano
para Combatir la Corrupción" y a la "Red Interamericana de Cooperación
contra la Corrupción" de la OEA.

15. Que los medios de comunicación y los distintos actores de la
sociedad civil deben jugar un rol fundamental en la prevención y lucha
contra la corrupción, de acuerdo con la legislación nacional y las
normas internacionales aplicables. Su actuación responsable contribuye
a la cultura de la transparencia, buen gobierno y valores democráticos.

16. Que el acceso a la información pública sustenta la transparencia
gubernamental y contribuye a impedir la impunidad al permitir la
detección de actos de corrupción. Nos comprometemos a promover medidas
adicionales para incrementar la transparencia gubernamental.

17. Que el fortalecimiento y respeto del estado de derecho, la defensa
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el progreso
económico, el bienestar y la justicia social, la transparencia y la
rendición de cuentas en los asuntos públicos, la promoción de diversas
formas de participación ciudadana y la generación de oportunidades para
todos, son fundamentales para promover y consolidar la democracia
representativa.

18. Su compromiso en avanzar para superar la pobreza, el hambre y la
desigualdad social, y el desarrollo del Programa Interamericano contra
la Pobreza a través de la recientemente fortalecida Comisión
Interamericana de Desarrollo Social.

19. La importancia de intensificar las acciones, en particular a través
de la cooperación internacional y el intercambio de información,
mejores prácticas y visiones comunes sobre los compromisos
anticorrupción existentes, adoptados por nuestros gobiernos, incluyendo
aquellos establecidos en la Convención Interamericana contra la
Corrupción, la Declaración de Nuevo León, y la Convención de Mérida,
según sea apropiado.

Luis A. Falcó.-