Número de Expediente 167/03

Listado de Autores
Falco , Luis

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-0167/03)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
El Senado de la Nación,

RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del "Día Internacional de los Derechos del
Consumidor", a celebrarse el 15 de marzo de 2003, en homenaje a la
enunciación y el reconocimiento institucionalizado, por primera vez en la
historia, de los derechos universales de los consumidores.

Luis A. Falcó

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:


Estados Unidos era ya una Nación opulenta, la libertad de mercado reinaba
allí sin discusión y los negocios multiplicaban ganancias elevando los
indicadores de la economía: ¿Y los consumidores? ¿Quién se ocupaba de ellos?
¿Qué organismo público se encargaba de apelar a la responsabilidad de los
productores de bienes y servicios en defensa de la comunidad? ¿Quién debía
ser el responsable de fiscalizar que los efectos de la libre-competencia no
resultaran nocivos para los individuos?

John F. Kennedy fue el primero que proclamó, el 15 de marzo de 1962, los
cuatro derechos básicos sobre los que se diseñaron las instituciones que,
desde entonces, se encargarían de tutelar la calidad del consumo y las
condiciones de las transacciones y de los servicios prestados. Los pilares
de esta incipiente defensa del consumidor fueron: el derecho a ser
escuchado, el derecho a estar informado, el derecho a la seguridad y el
derecho a elegir.

Hoy, a 41 años de aquella fecha y como integrantes de un mundo que marcha
hacia la economía globalizada, no podemos menos que observar con profunda
preocupación el estado de indefensión que padecen los usuarios y
consumidores argentinos.

La fragilidad de nuestra gente no pasa sólo porque aquí no se respetan buena
parte de los principios que impulsaron un fuerte desarrollo institucional en
las economías más avanzadas del mundo, sino porque la escasez de empleo y
los magros salarios atentan contra el propio ingreso al mercado de bienes y
servicios. Un mercado que, por otra parte, no es todo lo transparente que
debiera, ni todo lo competitivo que desearíamos.

Sin ir más lejos, durante el último año, hemos tenido el caso del desmedido
aumento de los combustibles líquidos. Estos fluidos son vitales para la
economía y el normal desarrollo de la vida cotidiana. En nuestro país sólo
un puñado de empresas han venido fijando su precio (¿casualmente? siempre en
alza) con total independencia de los vaivenes reflejados en el mercado
mundial. En este marco no es difícil deducir que, en realidad, estas
compañías compiten para ponerse de acuerdo y no para brindarle mayores
opciones o ventajas a las ciudadanía.

Por esta razón es imperioso que el Estado intervenga, como ahora intenta
hacerlo, arbitrando los medios que sean necesarios para desbaratar este
accionar concertado desde una posición cuasi monopólica de dominio. Posición
dominante que deja a los consumidores a merced de decisiones políticas de
las empresas y no de fluctuaciones económicas normales típicas de los
mercados genuinamente competitivos.

En la Argentina falla la competencia porque falla la aplicación de la Ley. Y
la aplicación de la Ley es atribución del Estado y de los Entes Reguladores
que fueron creados para hacerle cumplir a las empresas sus obligaciones
contractuales y normas mínimas de calidad.

Pero mejorar la actividad de los Entes Reguladores o que Ministerios como
los de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y de Economía tomen
cartas en el asunto, no son las únicas asignaturas pendientes que el Estado
tiene para con los usuarios y consumidores. Hace falta también una enérgica
campaña para la difusión de sus derechos y la consagración de leyes nuevas.
La dinámica de un mercado desbocado hace imprescindible, además de la
fiscalizadora intervención estatal, la creación acelerada de nuevas normas y
tribunales que proyecten a los usuarios a la cresta de la ola y no al fondo
del mar.

Las diversas Legislaturas Provinciales deberían generar leyes que, a la
sombra de la Ley 24.240, le brinden a usuarios y consumidores un marco de
defensa más preciso y abarcativo. Este es el tipo de aporte que, como
legisladores puede hacerse para contribuir a que vayamos gestando una
economía más humana. Pero con las leyes -siempre perfectibles- no alcanza.
Hace falta el concurso decidido de las empresas y de los consumidores. Unos
abriéndose a un diálogo que escape a las estadísticas de ingresos y
erogaciones, y otros ejerciendo la presión necesaria, agremiándose de manera
espontánea.

Los hogares son los grandes consumidores de bienes y servicios que pueden o
no movilizar la economía. Un buen consumidor debería reflexionar no solo
sobre sus gastos sino también sobre su rol civil como regulador de precios y
generador de decisiones políticas por parte de sus representantes. Todos
somos usuarios y consumidores: juntos podremos irle poniendo límites a las
iniquidades de la economía reforzando los contralores del Estado y
conseguir, por parte de las empresas, bienes y servicios mejores con un
trato más justo, considerado e igualitario.

Por estas razones, presentamos este Proyecto de Resolución solicitándole a
nuestros pares que lo acompañen con su voto afirmativo.

Luis A. Falcó