Número de Expediente 166/03

Listado de Autores
Raso , Marta Ethel
Maestro , Carlos
Prades , Carlos Alfonso
Colazo , Mario Jorge

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-0166/03)

PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del
Ministerio de la Producción -Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación- (SAGPyA) informe sobre los siguientes puntos:

1°) Cantidad de sumarios administrativos substanciados por presuntas
infracciones cometidas a las leyes, decretos o resoluciones que regulan el
ejercicio de la pesca marítima en el período comprendido entre el año 1998
hasta la fecha.

2°) Estado en que se encuentran los referidos sumarios, indicando la
cantidad ingresada, cuántos de ellos se encuentran en trámite y cuántos han
sido resueltos.

3°) Plazos en que han sido tramitados y resueltos los expedientes.

4°) Cantidad de personal administrativo, técnico y profesional asignado
al área "Sumarios" de la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura (DNPyA).

5°) Cantidad de sumarios instruidos y elevados a la SAGPyA por la
Prefectura Naval Argentina, indicando el tipo de ilícito por el se inició el
sumario, identidad del presunto infractor y si correspondió sanción, cuál
fue la efectivamente aplicada.

6°) Cantidad de sumarios que han concluido mediante el allanamiento del
imputado de la comisión del hecho ilícito, indicando los datos del buque,
nombre de la persona física o jurídica responsable y nacionalidad del
infractor.

7°) Cantidad de actuaciones remitidas por la SAGPyA a la Prefectura
Naval Argentina a efectos de la investigación y eventual responsabilidad del
capitán o patrón del buque derivada del hecho ilícito.

8°) Remita copia de la información asentada en el Registro de
Reincidentes a efectos de administrar y controlar la aplicación gradual de
las sanciones, según lo dispuesto por el artículo 58 de la ley 24.922.


Marta E. Raso.- Carlos Maestro.- Carlos A. Prades.- Mario J. Colazo.-

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Casi a diario se reiteran las denuncias respecto de acciones que seriamente
comprometen tanto la conservación de los recursos de nuestro mar como las
responsabilidades emergentes de la Ley Federal de Pesca N° 24.922.

Empresas que pescan en zonas de veda, avistajes de buques que ingresan
ilegalmente dentro de nuestra Zona Económica Exclusiva, ampliaciones
arbitrarias del número de buques autorizados a pescar calamar, captura
incidental de especies comerciales que son arrojadas al mar, captura de
ejemplares juveniles de langostino que ponen en riesgo el concepto de pesca
responsable, permisos de pesca "mellizos", especies al borde del colapso,
buques que pescan sin permiso, son algunas de las irregularidades que nos
alertan sobre la falta de controles eficientes que protejan nuestro mar.

Esta suma de denuncias se agrava si aún se desconocen las medidas adoptadas
para subsanar "la existencia de posibles incumplimientos de plazos legales
en los procedimientos sumariales, irregularidades en las tareas de
fiscalización y control asignadas a la Dirección de Pesca y Acuicultura,
dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos",
tal como lo advirtió el 18 de julio de 2002 la Auditoría General de la
Nación en su informe referido al "Examen de acciones tendientes a la
regulación de la actividad pesquera y conservación de las pesquerías, en
especial de los recursos merluza y calamar".

A su vez, a través de la prensa, particularmente de las provincias
patagónicas, se hacen públicas situaciones que exigen ser debidamente
esclarecidas por parte de las autoridades nacionales pues ante el silencio o
la inacción podría legítimamente sospecharse complicidad.

En dicho contexto, por ejemplo, el diario chubutense "El Patagónico", en su
edición del día 10 de marzo de 2003 informa que "los buques Gove Pisces,
Sarvo, Gove Acuarius y Challenger violaron zonas de veda el 12 de julio
pasado en la zona de Camarones. Tres días después lo hizo el Arbumasa VIII,
de la empresa homónima. Todos fueron descubiertos por Prefectura Naval
Argentina dentro de la zona de veda dispuesta en jurisdicción chubutense".

Estas infracciones a la normativa vigente no serían una conducta aislada por
parte de la citada empresa ya que, según la misma fuente, " puede
mencionarse que sólo entre los años 1991 y1995 el accionar de la
langostinera española Arbumasa motivó la apertura de 40 expedientes en la
órbita nacional de gobierno y que la auditoría realizada en el año 2000 por
parte de la UBA también concluye en varias observaciones sobre la legalidad
de la operatoria de esa firma."

El 16 de julio pasado, desde la jefatura de la División Reglamentación y
Estadística de la Prefectura se habría informado a la Dirección Nacional de
Pesca sobre las violaciones que habrían cometido esos buques a la ley
Federal de Pesca y a la normativa complementaria. El titular de la
dependencia Oscar Osvaldo Mainetti, al elevar las actuaciones, también
habría requerido que "en caso de iniciar sumario la Dirección de Pesca
informara a la fuerza el respectivo número de expediente, Mainetti había
denunciado que esos congeladores de Argenova, los primeros cuatro buques
citados- fueron descubiertos el 12 de julio navegando a una velocidad mucho
menor a la estipulada por la Resolución 1/02 del Consejo Federal Pesquero."

Con relación a la responsabilidad que le cabe a los capitanes que comandaban
esos buques el informe de la fuerza de seguridad sostiene que " ninguno de
ellos había informado a la Prefectura sobre su ingreso a la zona de veda ni
la carga que transportaban en ese momento, sin dar cumplimiento a lo que
establece la Ley 24.922."

Señor presidente, han transcurrido ocho meses de los sucesos descriptos, que
sirven sólo de ejemplo, pues nada hace suponer que son un hecho singular
sino más bien una práctica común de algunas empresas.

En julio del año pasado el informe de la Auditoria General de la Nación
señalaba entre sus conclusiones que "la complejidad y lentitud de los
procedimientos sancionatorios a las violaciones de la Ley Federal de Pesca,
la falta de recursos humanos en el área Sumarios de la DNPyA, la reducida
cantidad de inspectores a bordo de los buques asignados a la tarea de
fiscalización y la ausencia de controles sistemáticos sobre los buques
pesqueros, ponen de manifiesto una falta de eficiencia y eficacia en la
función de contralor del organismo".

Del año 2000 data el informe de auditoria que las autoridades pesqueras de
entonces encargaron a la Universidad de Buenos Aires para que se investigara
la legalidad de los permisos de pesca, paso previo para poder avanzar en el
otorgamiento de cuotas individuales de captura, tal como lo dispone el
artículo 27 de la Ley Federal que, no está de mas decirlo, lleva cinco años
de sancionado y aún no se ha podido implementar.

De aquel informe surgían muy serias denuncias, cuya investigación
administrativa y judicial se reclamó reiteradas veces desde el ámbito
legislativo, sin que hasta el momento se conociera el trámite dado y mucho
menos sus resultados.

La seguridad jurídica es un reclamo permanente del sector empresario
pesquero comprometido con el desarrollo del país. Porque queremos atender
ese reclamo, pero sobretodo, porque para nosotros la seguridad jurídica es
un valor que nos protege a todos y que debe incluir, entre otros resguardos,
procedimientos transparentes y rápidos para sancionar a quienes violan
sistemáticamente las normas vigentes, es que solicito la pronta aprobación
del presente proyecto.

Marta E. Raso.- Carlos Maestro.- Carlos A. Prades.- Mario J. Colazo.-