Número de Expediente 1644/05

Listado de Autores
Salvatori , Pedro

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-1644/05)

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable
Cámara, en función de lo estipulado en el Programa Nacional de Prevención del Delito (PNPD), acerca de las
siguientes cuestiones:

1) Cuales son las medidas, acuerdos o programas de cooperación que se han establecido entre el Gobierno
nacional y las autoridades provinciales adheridas al Plan Nacional de Prevención del Delito, con la
finalidad de poner fin a la actividad delictiva en nuestro país.
2) Precise si se han establecido los mecanismos preventivos, establecidos en el mencionado Plan, cuyo
objetivo es el de reducir la criminalidad y la inseguridad; detallando el grado de implementación y
resultados obtenidos de la implementación de dichos mecanismos.
3) Qué medidas concretas se han adoptado para reducir los delitos callejeros, la inseguridad y
delincuencia en nuestro país.
4) Cómo se ha materializado el financiamiento, previsto en dicho plan, para el desarrollo de las
intervenciones preventivas en los territorios provinciales urbanos seleccionados.
5) Detalle si el Equipo de Implementación Nacional ha realizado o realiza actualmente el informe de
monitoreo a la Coordinación Nacional; de ser así, remita copia del mismo.
6) Cuáles son las estadísticas de criminalidad (policiales y judiciales) a partir de la puesta en vigencia
del PNPD, y precise si los delitos callejeros, como así también la inseguridad han disminuido a partir de
la creación del presente programa.
7) Informe si las Autoridades Nacionales han adoptado medidas a los efectos de que las demás provincias
que aun no lo han hecho, adhieran al mencionado Plan. Caso contrario, arbitre las acciones pertinentes a
los efectos de que las provincias no adheridas lo hagan a la brevedad.

Pedro Salvatori.-

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La seguridad pública es la situación política y social en la que las personas tienen efectivamente
garantizado el goce pleno de sus derechos a defender y a ser protegidos en su vida, su libertad, su
integridad y bienestar personal, su honor, su propiedad, su igualdad de oportunidades y su efectiva
participación en la organización política, económica y social, así como en su igualdad ante la ley y su
independencia ante los poderes del Estado.

A esos efectos, los pilares legales e institucionales del sistema de seguridad pública, así como las
políticas que al respecto formule e implemente el gobierno, deberán crear y mantener las condiciones
adecuadas para resguardar los derechos y libertades ciudadanas, erradicar la violencia y prevenir y
conjurar de la comisión de delitos y faltas o situaciones de peligros que entrañen daños contra las
personas, ajustándose, en todos los casos, a los límites del estado de derecho y a las garantías
constitucionales.

Las organizaciones policiales deben constituirse como instrumentos burocráticos en manos del Estado para
poder hacer efectiva la seguridad pública dentro de la democracia. El ejercicio de la función policial
debe ver a los marcos legales tanto como un medio y fin y no como un obstáculo.

La problemática de la seguridad está íntimamente vinculada a las condiciones sociales existentes en
nuestro país y, específicamente en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense que la circunda.
Estas condiciones dan cuenta del desarrollo de un profundo proceso de desintegración social signado por el
creciente deterioro de las condiciones de vida de los sectores medios y bajos, la desagregación de los
grupos familiares y vecinales básicos, la ruptura de los lazos de solidaridad comunitaria tradicional y la
conformación de vastos sectores sumergidos en una situación de vulnerabilidad y marginación social.

Durante los últimos años hubo un notable aumento de la criminalidad en nuestra sociedad, particularmente
de los robos y hurtos con violencia o de la criminalidad cometida por marginales, cuyas modalidades
típicas suponen el accionar tanto de ladrones ocasionales y no organizados como de grupos de asaltantes
organizados y que actúan regularmente sobre residencias, vehículos y empresas.

Entretanto, cabe señalar que la mayor parte de las víctimas de los delitos callejeros provienen de los
sectores sociales más carenciados. Además, el delito callejero tiende a concentrarse geográficamente en
las áreas y regiones socialmente más carenciadas y degradadas del espacio urbano. Es decir, son los
sectores más pobres de la población quienes sufren con mayor virulencia los problemas sociales, económicos
y políticos derivados del aumento delictivo y, específicamente, de la criminalidad que se desarrolla a
través de medios violentos y que es perpetrada por sectores marginales provenientes de la clase media
pauperizada o de los propios sectores bajos desestructurados.

En suma, el incremento de la marginalidad y de la criminalidad no significa que exista una relación causal
-directa o indirecta- entre pobreza y crimen o, más precisamente, entre aumento de la pobreza y aumento
del crimen. Las conductas violentas, el delito y las actividades criminales existen y se desenvuelven en
cualquier estrato, clase o sector social y la enorme diversidad de los actos violentos y de los delitos en
cuanto a su tipo, modalidad de desarrollo, causas personales y grupales, efectos y consecuencias no está
directamente vinculada a la pertenencia social a un sector, clase o estrato determinado.

No obstante, es el aumento de los delitos violentos cometidos por marginales urbanos lo que en la
actualidad genera la mayor preocupación de la ciudadanía en general, puesto que configura un tipo
específico de criminalidad "espectacular", notablemente visible, de efectos tangibles e inmediatos sobre
las víctimas y que es objeto del más contundente rechazo moral y social.

Ahora bien, en la Ciudad de Buenos Aires se asiste en esta última década a un aumento también sostenido
de la sensación de inseguridad. Ésta no se vincula automáticamente con el nivel de criminalidad. Las
relaciones entre el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo de la seguridad urbana son complejas y se
hallan recíprocamente condicionadas. En la sensación de inseguridad inciden diversos factores que impactan
significativamente sobre la construcción del temor frente a la criminalidad.

Dichos factores pueden derivar del riesgo efectivo de ser víctima de un delito producido o inminente o
bien pueden resultar de otras situaciones que, más bien, tienen que ver con diferencias de género,
educativas, económicas, de edad, de lugar de residencia, etc. En contextos de crisis social como los
experimentados por nuestra sociedad, las personas viven en una situación de inseguridad recurrente y de
incertidumbre permanente. Para esas personas y, en particular, para aquellas más carenciadas o para
aquellas en proceso de empobrecimiento, se hace imperioso crear un clima de estabilidad y protección. En
un contexto así, el crecimiento de la criminalidad y, más aún, de los delitos violentos es vivido como una
cuestión ciertamente vulneratoria de aquel deseo y de la consecuente demanda de estabilidad y protección.

A estas formas de violencia "delictivas" hay que agregarle otro tipo de violencia no condenada por los
códigos penales que lleva a gran parte de la población a situaciones de extrema pobreza, exclusión y
marginalidad. Si bien la Constitución de la Nación Argentina claramente incluye todos los derechos humanos
en igualdad de obligatoriedad y la interdependencia entre los mismos, nadie reclama el cumplimiento de
estos principios o la violación por omisión de estos derechos fundamentales por parte del Estado.

Un análisis integral de la situación de inseguridad debe contemplar las condiciones sociales, económicas y
culturales sobre las cuales se articulan las relaciones sociales, sin caer en la estigmatización de
aquellos sectores excluidos, los cuales, paradójicamente reciben la mayor cuota de violencia en ambos
sentidos.

A su vez, las políticas de seguridad pública al ser implementadas deben partir de un análisis no
reduccionista de la compleja realidad social y de una concepción de la seguridad pública acorde a los
principios democráticos y teniendo a los derechos humanos y a la realización del hombre como un fin y no
como un obstáculo al ejercicio de la aplicación del accionar policial.

Señor Presidente, es por todo lo expuesto que considero necesario la aprobación del presente proyecto de
comunicación para poder hacer frente a los problemas de seguridad que afectan a la mayoría de la población
argentina.

Pedro Salvatori.-