Número de Expediente 1581/03
N° | Origen | Tipo | Extracto |
---|---|---|---|
1581/03 | Senado De La Nación | Proyecto De Comunicación | FALCO : PROYECTO DE COMUNICACION SOLICITANDO INFORMES ACERCA DE LA POSIBLE CREACION DE UNA BASE UNICA DE DATOS DEL ESTADO. |
Listado de Autores |
---|
Falco
, Luis
|
Fechas en Dir. Mesa de Entradas
MESA DE ENTRADAS | DADO CUENTA | Nº DE D.A.E. |
---|---|---|
29-07-2003 | 06-08-2003 | 97/2003 Tipo: NORMAL |
Fecha de Ingreso a Dir. Gral. de Comisiones
DIR. GRAL. de COMISIONES | INGRESO DEL DICTAMEN A LA MESA DE ENTRADAS |
---|---|
30-07-2003 | 19-04-2004 |
Giros del Expediente a Comisiones
COMISIÓN | FECHA DE INGRESO | FECHA DE EGRESO |
---|---|---|
DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES
ORDEN DE GIRO: 1 |
30-07-2003 | 19-04-2004 |
DE DERECHOS Y GARANTÍAS
ORDEN DE GIRO: 2 |
30-07-2003 | 19-04-2004 |
ENVIADO AL ARCHIVO : 20-05-2004
Resoluciones
SENADO |
---|
FECHA DE SANCION: 05-05-2004 |
SANCION: APROBO |
COMENTARIO: |
NOTA: |
Órdenes del Día
NÚMERO | DE FECHA | ESTADO | ANEXO |
---|---|---|---|
221/04 | 26-04-2004 | APROBADA | Sin Anexo |
En proceso de carga
Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones
(S-1581/03)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación,
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por medio de las
autoridades del Ministerio del Interior, brinde un informe detallado
acerca del anunciado proyecto de crear una Base Unica de Datos del
Estado.
Luis A. Falcó.-
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministro del Interior hizo conocer a la prensa que se encuentra
"avanzada" la redacción de un decreto por el cual se llamará licitación
para la conformación de una mega-base de datos que contendrá
información detallada de todos y cada uno de los argentinos.
Este proyecto, cuya valuación se estima en 1500 millones de pesos,
importará el involucramiento de una serie de organismos que elevarán al
Poder Ejecutivo sus respectivas demandas informativas. Entre las
dependencias que conformarán una comisión especial para transmitir sus
necesidades informativas figuran: el Registro Nacional de las Personas
(ReNaPer), la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la
Nación (SIGEN), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), la Dirección de
Migraciones y la Dirección Nacional Electoral.
La conformación de esta proyecto, que hasta el momento se denomina
"Base Unica de Datos del Estado", implicará, además, la caducidad de
todos los documentos de identidad en poder de los ciudadanos y la
necesidad de volver a tramitarlos en un plazo no mayor a los cinco
años.
Según ha trascendido, quienes puedan pagar por la documentación,
deberán hacerlo, y quienes no, lo obtendrán gratuitamente por cuenta y
orden del Estado. Desde nuestra perspectiva, consideramos negativa esta
discriminación ya que los documentos que revisten el derecho a la
identidad deberían ser provistos de manera gratuita y universal.
Se ha dicho, además, que esta base de datos será homologada por el FBI.
Nos preguntamos si existe otra nación en el mundo que haya realizado
una base de datos semejante y accedido a tal homologación. ¿No
significa esto una clara resignación de soberanía? ¿Debe el gobierno
argentino poner a disposición de una potencia extranjera la información
detallada que obtenga sobre cada uno de sus ciudadanos? Creemos que no;
que este designio es absolutamente antiético e inconstitucional,
violatorio del derecho a la intimidad consagrado por la Ley 25326 y
atentatorio contra las potestades soberanas de la República.
Mucho nos preocupa también el cómo se llevarán adelante los procesos de
redacción de pliegos y el concurso de precios ya que, según se informó,
existen dos empresas candidatas que -a nuestro entender- deberían verse
impedidas de acceder a esta instancia. La primera de ellas, Ciccone
Calcográfica, se encuentra en concurso preventivo desde el 19 de junio,
fecha en que pidió el amparo judicial por deudas cercanas a los 190
millones de pesos; la segunda es SAGEM -compañía francesa, proveedora y
acreedora de la primera- que fue la que le acercó la idea de crear la
mega-base al señor Ministro del Interior.
También se ha dicho que el Estado pondría la información de esta base
de datos a disposición de empresas privadas que para ello pagarían un
derecho. Y dudamos seriamente de que tal actividad sea conveniente e,
incluso, habría que revisar si será legal.
Creemos que toda esta información fragmentaria debe ser despejada o
aclarada de forma profunda, urgente e integral por las autoridades que
pretenden llevar a cabo semejante iniciativa.
No sólo están en juego cientos de millones de pesos sino también el
supremo derecho a la intimidad que asiste a los argentinos.
Por estas razones, elevamos este proyecto de comunicación a
consideración de nuestros pares solicitándoles su voto afirmativo para
su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.-
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones
(S-1581/03)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación,
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por medio de las
autoridades del Ministerio del Interior, brinde un informe detallado
acerca del anunciado proyecto de crear una Base Unica de Datos del
Estado.
Luis A. Falcó.-
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministro del Interior hizo conocer a la prensa que se encuentra
"avanzada" la redacción de un decreto por el cual se llamará licitación
para la conformación de una mega-base de datos que contendrá
información detallada de todos y cada uno de los argentinos.
Este proyecto, cuya valuación se estima en 1500 millones de pesos,
importará el involucramiento de una serie de organismos que elevarán al
Poder Ejecutivo sus respectivas demandas informativas. Entre las
dependencias que conformarán una comisión especial para transmitir sus
necesidades informativas figuran: el Registro Nacional de las Personas
(ReNaPer), la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la
Nación (SIGEN), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), la Dirección de
Migraciones y la Dirección Nacional Electoral.
La conformación de esta proyecto, que hasta el momento se denomina
"Base Unica de Datos del Estado", implicará, además, la caducidad de
todos los documentos de identidad en poder de los ciudadanos y la
necesidad de volver a tramitarlos en un plazo no mayor a los cinco
años.
Según ha trascendido, quienes puedan pagar por la documentación,
deberán hacerlo, y quienes no, lo obtendrán gratuitamente por cuenta y
orden del Estado. Desde nuestra perspectiva, consideramos negativa esta
discriminación ya que los documentos que revisten el derecho a la
identidad deberían ser provistos de manera gratuita y universal.
Se ha dicho, además, que esta base de datos será homologada por el FBI.
Nos preguntamos si existe otra nación en el mundo que haya realizado
una base de datos semejante y accedido a tal homologación. ¿No
significa esto una clara resignación de soberanía? ¿Debe el gobierno
argentino poner a disposición de una potencia extranjera la información
detallada que obtenga sobre cada uno de sus ciudadanos? Creemos que no;
que este designio es absolutamente antiético e inconstitucional,
violatorio del derecho a la intimidad consagrado por la Ley 25326 y
atentatorio contra las potestades soberanas de la República.
Mucho nos preocupa también el cómo se llevarán adelante los procesos de
redacción de pliegos y el concurso de precios ya que, según se informó,
existen dos empresas candidatas que -a nuestro entender- deberían verse
impedidas de acceder a esta instancia. La primera de ellas, Ciccone
Calcográfica, se encuentra en concurso preventivo desde el 19 de junio,
fecha en que pidió el amparo judicial por deudas cercanas a los 190
millones de pesos; la segunda es SAGEM -compañía francesa, proveedora y
acreedora de la primera- que fue la que le acercó la idea de crear la
mega-base al señor Ministro del Interior.
También se ha dicho que el Estado pondría la información de esta base
de datos a disposición de empresas privadas que para ello pagarían un
derecho. Y dudamos seriamente de que tal actividad sea conveniente e,
incluso, habría que revisar si será legal.
Creemos que toda esta información fragmentaria debe ser despejada o
aclarada de forma profunda, urgente e integral por las autoridades que
pretenden llevar a cabo semejante iniciativa.
No sólo están en juego cientos de millones de pesos sino también el
supremo derecho a la intimidad que asiste a los argentinos.
Por estas razones, elevamos este proyecto de comunicación a
consideración de nuestros pares solicitándoles su voto afirmativo para
su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.-