Número de Expediente 1565/05

Listado de Autores
Giusti , Silvia Ester

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-1565/05)

PROYECTO DE RESOLUCION

El Senado de la Nación

RESUELVE:

1)Expresar su profunda preocupación frente a la crisis institucional que vive la República de
Bolivia.
2)Exhortar a todos los sectores sociales de la población boliviana para la preservación y el
fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Bolivia. En el actual contexto, que confronta a
varios sectores de la sociedad, es necesario promover acciones que permitan defender la democracia en el
marco de lo dispuesto por la Constitución boliviana y la Carta Democrática Interamericana.
3)Formular un llamado a la Organización de Estados Americanos (OEA), para que participe
proactivamente frente a la situación de Bolivia. Asimismo, considera que la Comunidad Andina de Naciones
(CAN) podría contribuir decisivamente a superar esta crisis. La participación de la OEA, se puede
concretar a través de la asistencia técnica para el fortalecimiento y preservación del diálogo político y
la institucionalidad democrática y la disposición de visitas y otras gestiones, conforme a lo previsto en
los artículos 17 o 18 de la Carta Democrática Interamericana.
4)Ponerse a entera disposición del H. Congreso de la República de Bolivia para transmitirle su
experiencia al respecto y para colaborar en todo lo que coadyuve a sobrellevar y solucionar esta crisis
institucional.

Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
La historia, el territorio y las pautas demográficas actúan como presiones o fuerzas que explican gran
parte de los desafíos que enfrenta Bolivia en la actualidad.

La integración de los mercados, la explotación de los recursos naturales y la exclusión social de las
comunidades originarias derivan de procesos históricamente formados y de condiciones territoriales
iniciales cuyas consecuencias son visibles hoy en día. Así pues, el acceso al mar, la explotación del gas,
la articulación de las demandas indígenas, el problema con el cultivo de la coca, pero también el
sostenido crecimiento de la población, son cuestiones de hoy cuyas raíces se encuentran en las
especificidades históricas, territoriales y demográficas del país.

La colonización española en Bolivia dejó como herencia no sólo una serie de mecanismos institucionales de
exclusión estructural de los pueblos originarios o indígenas que los han desplazado de las esferas de
poder, sino también la prolongación de ideas y valores que han propiciado una forma de pensar y un tejido
social que perdura aún en nuestros días y que consolida esa exclusión.

En particular, conviene subrayar cómo han predominado a lo largo de la historia mecanismos oligárquicos de
exclusión, clientelismo y corporativismo en detrimento de la gran mayoría de la población que, con el paso
del tiempo, ha ido tomado conciencia progresivamente de su precaria situación de vida. Esto, a su vez, ha
conducido a posiciones antisistémicas y a episodios de desestabilización política y social imposibles de
ignorar. Existen, pues, desafíos para la gobernabilidad del país que hay que buscarlos en procesos
históricos que han influido e influyen en las posibilidades de desarrollo actual.

El movimiento indígena se ha erigido en un actor ineludible en el escenario político de Bolivia, pero esta
inclusión en la vida pública no significa que hayan dejado atrás su atraso económico y social. Sin
embargo, el peso de estas poblaciones indígenas es importantísimo.

Asimismo, debe ponerse de relieve la incipiente construcción e institucionalización, al menos en el plano
formal a través de la Constitución Política del Estado y de la Ley de Participación Popular, de un Estado
plural en su vertiente étnica, cultural y lingüística. Con estas medidas se pretende dejar atrás la
concepción de Estado-nación excluyente y de homogeneización -en todas sus manifestaciones- que ha
prevalecido hasta la fecha. El objetivo reside en construir un Estado inclusivo que reconozca su
diversidad interna y, también, que sea capaz de asegurar la convivencia pacífica entre las distintas
etnias, culturas y, en general, de las múltiples identidades sociales.

En otro orden, la localización geográfica y los rasgos constitutivos del territorio boliviano han
determinado su desarrollo de forma concluyente. Dentro de los condicionantes que impone el territorio
boliviano a su desarrollo existen dos ejes o cuestiones principales: las limitaciones comerciales
impuestas por la orografía interior y la ausencia de salida al mar; y los condicionantes derivados del
tipo de activos específicos o recursos naturales en que se ha basado el desarrollo.

El confinamiento de este país en el corazón de América del Sur es consecuencia directa de la guerra que
-junto a Perú- tuvo con Chile por el departamento del Litoral, un enclave rico en salitre, en guano y en
yacimientos de plata. Así pues, Bolivia dejó de ingresar cuantiosas sumas de dinero derivadas de la
exportación de estos recursos naturales. La Guerra del Pacífico, que sentenció a la nación boliviana a su
enclaustramiento terrestre, dejó una huella de rencor en el imaginario colectivo boliviano que dificulta
las negociaciones actuales para la salida al mar de los productos bolivianos a través de Chile.

Si bien se llevaron a cabo intentos, aunque tardíos en comparación con el resto de países vecinos, para
resolver la incomunicación territorial durante la naciente República de Bolivia, no fue hasta 1952 que se
empezó a destinar importantes recursos para atenuar los problemas de integración territorial. A la vez que
se desconcentraban las poblaciones asentadas en el Altiplano, se generó un polo de desarrollo agrícola en
el oriente y se mantuvo un mayor control de fronteras. No obstante, estas medidas no fueron suficientes
para lograr una mayor integración y especialización de los mercados ya que nunca pudieron desarrollarse
las redes de comunicación necesarias.

Por otro lado, Bolivia dispone de una abundante dotación de recursos naturales, especialmente de depósitos
mineralógicos, de combustibles fósiles y, en concreto, de importantes reservas de gas. La tradicional
minería de la plata fue desplazada a finales del siglo XIX por la creciente demanda de estaño. Bolivia,
que disponía de importantes yacimientos de este metal, supo responder a esta demanda y el estaño se
convirtió en el sostén económico del país hasta mediados de los 80 del siglo pasado, momento en que se
produjo el colapso de su cotización internacional. Ahora bien, a partir de la década de los cincuenta, el
gas ha ido sustituyendo progresivamente al estaño como generador de divisas para el país. En términos
generales, la contribución del sector de hidrocarburos al Producto Interno Bruto se sitúa en el 6,5% en el
2002 (UDAPE 2003). La actividad hidrocarburífera gira, en la actualidad, alrededor de la venta del gas a
Argentina y Brasil representando, sin lugar a dudas, una importante fuente de ingresos.

Las reservas bolivianas de gas natural -probadas y probables-ascienden a 54,9 trillones de pies cúbicos
(TCF, como se abrevia en inglés) según datos de 2003. No obstante, este activo fijo es de candente
actualidad, por un lado, por las denuncias de pérdida de soberanía de Bolivia sobre este recurso a favor
de distintas empresas transnacionales y, por otro, por el desacuerdo de importantes sectores sociales y
populares sobre los distintos proyectos para su canalización y posterior comercialización a los mercados
estadounidense y mexicano.

Otro recurso natural importante que marca la agenda política actual en Bolivia se deriva de la evolución
de los cultivos de coca en la subregión de los Yungas (Dpto. La Paz) o del Chapare (Dpto. Cochabamba),
principalmente. A parte de su simbolismo ancestral, el desarrollo del cultivo de la hoja de coca para el
autoconsumo tiene raíces históricas que se encuentran, por un lado, en la utilización de este producto
para aliviar las necesidades de la población en caso de escasez de alimentos; y, por otro, para combatir
la fatiga de los trabajadores de las minas y hacer frente a las duras condiciones en las que estaban
sometidos.

Hoy en día la cuestión cobra también matices de carácter geoestratégico que superan la estricta
reivindicación de los usos y costumbres originarias. Si bien se permite la plantación de hojas de coca
para finalidades estrictamente farmacéuticas, los sucesivos gobiernos bolivianos han erradicado miles de
hectáreas que han considerado ilegales por destinarse a la fabricación de cocaína y al narcotráfico y han
destinado cuantiosos recursos en programas de desarrollo alternativos. Sin lugar a dudas, la cuestión es
de una relevancia vital en la actualidad para superar ejes de conflicto tanto internos como externos. En
este sentido, la embajada de Estados Unidos está ejerciendo una fuerte presión para que los campesinos
dejen el cultivo de coca y se dediquen al cultivo de otros productos.

El desarrollo en Bolivia también se ha visto constreñido por aspectos demográficos. Según datos del
Instituto Nacional de Estadística, la población boliviana pasó de casi 3 millones de habitantes en 1950 a
más de 8 para el año 2001, es decir, la población se triplicó en tan sólo medio siglo. Aunque el Producto
Interior Bruto (PIB) de Bolivia crezca en unas tasas nada despreciables, el crecimiento demográfico
condiciona negativamente el desarrollo económico del país.

Al no obtenerse unos incrementos del PIB per cápita anuales altos, las presiones sobre el empleo
multiplican los bajos salarios. Esto obliga a las capas sociales más desfavorecidas a recurrir a circuitos
de informalidad económica dónde estas actividades, aunque de bajo valor añadido, contribuyen a la
subsistencia del hogar y a reforzar la lógica de que tener más hijos es necesario para ensanchar la renta
familiar.

Las demandas sociales en Bolivia exigen de un nuevo modelo de desarrollo que resuelva los acuciantes
problemas de pobreza y desigualdad. A pesar del crecimiento económico y el notable avance en algunos
indicadores sociales durante los últimos años, la proporción de bolivianos sin los recursos económicos
necesarios para satisfacer sus necesidades básicas sigue siendo muy alta. Asimismo, y a pesar de los
avances en materia social, los niveles alcanzados aún restan por debajo de los logrados por el resto de
países de la región andina. Esta situación obliga a replantearse las bases del crecimiento boliviano, así
como su influencia sobre la mejora de las capacidades de la población y, muy especialmente, sobre sus
niveles de pobreza y desigualdad.

El fracaso en la adopción de un modelo adecuado de articulación territorial, que tiene una clara expresión
en las demandas procedentes de los colectivos indígenas con reivindicaciones comunitaristas y también en
las crecientes presiones regionalistas que abogan por una redefinición del Estado. Entre las demandas
regionalistas más importantes destacan las procedentes de los comités cívicos de Santa Cruz y Tarija y el
nacionalismo camba. Ambos problemas de fondo han alimentado el mapa de conflictos, articulado
fundamentalmente en torno a tres ejes: el problema de la coca, el problema de la tierra y el problema del
gas, todos ellos permeados por un fuerte componente indigenista

La acción de protesta por parte de grupos que se sienten social y políticamente excluidos se inserta en
una tradición fuertemente arraigada en la cultura política boliviana. Las acciones de movilización que
tienen lugar a partir del año 2000, no obstante, tienen la particularidad de ir de la mano de nuevas
fórmulas de acción colectiva, al margen de los partidos tradicionales. Es el caso del MAS, liderado por
Evo Morales, y el Movimiento Indio Pachakuti (MIP), liderado por Felipe Quispe. Los sectores indígenas
cuentan, por primera vez en la historia del país, con organizaciones y partidos propios, con liderazgos
indígenas y con recursos independientes de los partidos tradicionales.

El MAS de Evo Morales aglutina el malestar del movimiento cocalero y del movimiento campesino pero también
se alza como principal estandarte de aquellos sectores de la población que expresan fuertes resistencias
frente a los efectos de la globalización, el modelo de crecimiento implantado desde 1985 y la estrategia
de explotación del gas vía Chile.

El caso del MIP es substantivamente distinto. El Movimiento Indio Pachakuti nació estrechamente vinculado
al conflicto por la tenencia de la tierra y por ello no es casual que su líder, Felipe Quispe, sea a la
vez el máximo dirigente de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB). El ideario del MIP
se fundamenta en la recuperación de un modelo societario basado en las comunidades agropecuarias
originarias, los ayllus, lo que le lleva a reivindicar la desmembración del Estado en su concepción
actual.

El otro frente, el oficialista hasta hace bien poco, está constituido por los actores políticos
tradicionales, representados por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) con más de 60 años de
historia, la Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR),
ambos con cerca de 30 años de vida desde su fundación; todos ellos con una presencia ininterrumpida en los
poderes del Estado desde el inicio del proceso de democratización. Junto a este bloque, ha ganado
protagonismo el partido Nueva Fuerza Republicana (NFR), que tiene su principal feudo electoral en la
región de Cochabamba.

El modelo de gobernabilidad instaurado a mediados de los ochenta posibilitaba, gracias al pacto y gobierno
de coalición establecidos entre los partidos, estabilidad política y unas relaciones de cooperación entre
el poder ejecutivo y el legislativo. Este modelo de "democracia pactada", como ha sido llamado, ha sido en
gran parte incentivado por una particularidad institucional de la forma de gobierno boliviana: la elección
congresal del presidente, en el caso de que ningún candidato haya obtenido mayoría absoluta en las
elecciones. En la práctica, éste ha sido el mecanismo de elección que se ha aplicado desde la transición a
la democracia, de manera que todos los gobiernos constituidos desde entonces han resultado de pactos
interpartidarios.

En conclusión, Bolivia tiene por delante un importante conjunto de retos que afectan a su arquitectura
institucional y cuya superación resulta indispensable para avanzar hacia un desarrollo más igualitario e
inclusivo. Hacer frente a estos retos requiere dosis considerables de reflexión, diálogo y compromiso
entre todos los actores nacionales, lo que a día de hoy resulta una ardua tarea, pero en absoluto
imposible. Así, la coyuntura actual del país ofrece destacadas oportunidades para avanzar hacia la
superación de tales retos. Ojalá que estas oportunidades sean finalmente aprovechadas.

Nuestro país ya conoce, lamentablemente, situaciones como esta. Nuestra experiencia ha sido, es este
aspecto parcial, positiva, porque pudimos demostrar que la vigencia de las Instituciones y los mecanismos
establecidos por nuestra Carta Magna permitió arribar a soluciones mucho menos traumáticas que facilitaron
una recuperación posterior más rápida y eficiente.

Por ello creo importante que, como Cuerpo que participó activamente en la crisis que nos tocó vivir,
manifestemos nuestra opinión y nos pongamos a disposición del H. Congreso de la República hermana para
ofrecerles nuestra ayuda y experiencia referida a que los errores y las violencias no pueden ser
corregidos con otros errores y con otras violencias.

El rol de los organismos internacionales y de integración de América no puede ser desestimado y por el
contrario debe solicitarse y arbitrarse su participación en la solución de los graves conflictos que
afectan a la hermana República de Bolivia.

Por lo antes expuesto, solicito a los miembros de este H. Cuerpo que me acompañen, con su voto afirmativo,
en este Proyecto.

Silvia E. Giusti.