Número de Expediente 1504/05

Listado de Autores
Saadi , Ramón Eduardo

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-1504/05)

PROYECTO DE COMUNICACION

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación y de los organismos que corresponda arbitre los medios necesarios a los efectos de
otorgar a los empleados del Senasa privilegiada capacitación profesional y calidad de los servicios.

Asimismo, analice si es viable un sistema en el que el controlado paga el servicio al controlador
(Senasa), evaluando modelos que combinen la gestión de controladores privados auditados por certificadoras
reconocidas, bajo la tutela del Estado, último responsable de la calidad y sanidad de los alimentos.

Ramón Saadi.-

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El desarrollo del sector productivo nacional de alimentos, depende- entre otras cosas- del aporte
administrativo de quienes, desde el Estado prestan sus servicios a la producción de alimentos, mediante la
transferencia al productor de los avances tecnológicos y las oportunidades de mercado, en relación a la
aptitud sanitaria de los alimentos que se demandan y se disponen, y proveyendo las herramientas básicas
para la implementación de sistemas de trazabilidad, estandar y calidad, que faciliten la competencia del
alimento argentino.

SENASA, en éste sentido, debe recuperar la confianza de las empresas a las que presta servicios y de los
consumidores a quienes les asegura la aptitud de los alimentos, siendo una Institución organizada,
eficiente.

El conflicto ocurrido los días pasados en el Senasa, tiene como base que el Estado ha desertado. Hoy es un
organismo que cumple una función pública fundamental, como es el control sanitario de los alimentos, pero
que de hecho está privatizado. El cien por ciento de su presupuesto es sufragado por medio de tasas de
servicio que se aplican al sector privado. Una situación única en el mundo. Por esta razón es que los que
más temen las consecuencias de una acordada salarial en el Senasa son los propios operadores industriales
y comerciales, que temen que el costo adicional por un aumento salarial recaiga en las tarifas por los
servicios.

Sobre esta cuestión, días pasados lo alertaron la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de
Exportadores de Cereales, frente a una propuesta del Senasa de aumentar sustancialmente estas tarifas.
Esto nos demuestra hasta qué punto se ignoran las necesidades del sector agroalimentario, sometido a
crecientes exigencias sanitarias a nivel internacional.

En las negociaciones comerciales internaciones, como la Ronda Uruguay y ahora la Ronda de Doha, se plantea la necesidad de seguir desregulando la operatoria comercial, eliminando el rol del Estado. Es lo que se le cuestiona todavía a Canadá y Australia, países que se muestran como liberales en materia agrícola, pero
que cuentan con organismos estatales de comercio que implican, finalmente, subsidios encubiertos al
sector. Pero a nadie se le ocurre exigir disminuir el rol del Estado en el control sanitario. Todo lo
contrario. Se exige más y más.

En la Argentina, cuyo destino agroindustrial está subrayado por un grueso trazo de evidencias, los
decisores miran hacia otro lugar. Australia gasta el 1.2% del valor de sus exportaciones en el control
sanitario. Y los recursos no vienen del sector, sino de la recaudación global. Canadá invierte el 1.9%. La
Argentina el 0.33%, y lo pone el sector privado, que además paga retenciones del 20% por sus
exportaciones.

Este año la cosecha de cereales y oleaginosas aumentó nada menos que 10 millones de toneladas con respecto a la del año anterior. En valor, implican 2000 millones de dólares. En derechos de exportación, el Estado recaudará 400 millones de dólares adicionales. El presupuesto del Senasa hoy no alcanza a los 50 millones de dólares. Es decir, sólo con el aumento de la producción agrícola de una campaña, se financian diez años del Senasa.

El conflicto que hoy existe en el Senasa, no pasa por el aumento salarial, sino por refundar al Senasa
sobre una base diferente, donde se privilegie la capacitación profesional, la calidad de los servicios y
la honestidad. Es imprescindible y fundamental discutir si es viable un sistema en el que el controlado
paga el servicio del controlador. Hay que evaluar modelos que combinen la gestión de controladores
privados auditados por certificadoras reconocidas, bajo la tutela del Estado, último responsable de la
calidad y sanidad de los alimentos.

Por todo lo expuesto, solicito a los Señores Senadores la aprobación del presente proyecto.

Ramón Saadi.-