Número de Expediente 1439/06

Listado de Autores
Negre de Alonso , Liliana Teresita
Rodríguez Saá , Adolfo
Basualdo , Roberto Gustavo

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-1439/06)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

ARTÍCULO 1°.- Modifícase el artículo 4° de la Ley 18.248 del Nombre de las Personas Naturales, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 4°: Los hijos matrimoniales llevarán el primer apellido del padre. A pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto del padre o agregarse el de la madre. En este último caso, si la madre tiene dos apellidos puede elegir cual de los dos dará a la totalidad de sus hijos. Si el interesado deseara llevar el apellido compuesto del padre o uno de los que tiene su madre, podrá solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde los dieciocho años.
Una vez adicionado, el apellido no podrá suprimirse."

ARTÍCULO 2°.- Modifícase el artículo 5° de la Ley 18.248 del Nombre de las Personas Naturales, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 5°: El hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus progenitores adquiere su apellido.
Si es reconocido por ambos, sea simultánea o sucesivamente, adquiere el apellido del padre. Podrá agregarse el de la madre, en la forma dispuesta en el artículo anterior. Sin embargo, si el reconocimiento del padre fuese posterior al de la madre, podrá, con autorización judicial, mantenerse el apellido materno cuando el hijo fuese públicamente conocido por éste. El hijo estará facultado también, con autorización judicial, para hacer la opción dentro de los dos años de haber cumplido los dieciocho años, de su emancipación o del reconocimiento paterno, si fuese posterior.

Si la madre fuese viuda, el hijo llevará su apellido de soltera. En
este caso, si la madre tiene dos apellidos, el hijo podrá llevar ambos
o uno cualquiera de ellos."

ARTÍCULO 3°.- Modifícase el artículo 12 de la Ley 18.248 del Nombre de las Personas Naturales, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 12°: Los hijos adoptivos llevarán el apellido del adoptante, pudiendo, a pedido de éste, agregarse el de origen. El adoptado podrá solicitar su adición ante el Registro del Estado Civil desde los
dieciocho años.
Si mediare reconocimiento posterior de los padres de sangre, se aplicará la misma regla.

Cuando los adoptantes fueren cónyuges, regirá lo dispuesto en el
artículo 4°.

Si se tratare de una mujer cuyo marido no adoptare al menor, llevará el apellido de soltera de la adoptante, a menos que el cónyuge autorizare expresamente a imponerle su apellido. En este caso, si la mujer tiene dos apellidos puede optar entre dar al menor sus dos apellidos o uno cualquiera de ellos.
Cuando la adoptante fuere viuda, el adoptado llevará su apellido de
soltera, salvo que existieren causas justificadas para imponerle el de
casada. La adoptante viuda que tuviera dos apellidos podrá dar al adoptado ambos o uno cualquiera de ellos.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Liliana T. Negre de Alonso.- Adolfo Rodríguez Saa.- Roberto Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Introducir una reforma a la ley del "Nombre de las Personas Naturales", que, sin modificar su espíritu, dé los mismos derechos a los hombres y a las mujeres, es algo que se impone teniendo en cuenta la Reforma de la Constitución Nacional del año 1994.

Con la aludida Reforma se han introducido dentro de nuestro Derecho Constitucional distintos tratados internacionales que establecen para la mujer el mismo tratamiento que se le da al hombre dentro del ámbito de la realidad legislativa.

Con el fin de que las mujeres tengan mejores oportunidades de transmitir su apellido a su descendencia que las que poseen actualmente, debe implementarse una modificación a la Ley del "Nombre de las Personas Naturales" en la forma que nosotros proponemos.

En la actualidad, las mujeres se encuentran en una situación en la cual no pueden por vía femenina dar a sus hijos, libremente, sus apellidos.

Tal situación desventajosa para la mujer debe ser corregida si queremos cumplir con lo dispuesto en el inciso 22 del artículo 75 de nuestra Norma Fundamental, donde esta cuestión recibe en nuestro país un reconocimiento explícito a través de la última parte del segundo párrafo de dicho artículo, el cual dispone que distintos tratados internacionales "tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella conocidos ...."

Es, fundamentalmente, a través del encumbramiento en la pirámide normativa de la "Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer", realizado en el aludido artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que dicho reconocimiento explícito se realiza.

Dicha Convención en su conjunto nos impone eliminar diferencias que discriminen a la mujer. Así, su artículo 3 establece que: "Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derecho humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre."

Del mismo modo, en otro tratado que tiene jerarquía constitucional, como la "Convención Americana sobre Derechos Humanos", capítulo correspondiente a "El Derecho al Nombre", artículo 18°, se establece que: "Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario."

También, con idéntica jerarquía constitucional, encontramos que el "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", capítulo correspondiente a "La Igualdad", artículo 2°, sostiene que: "Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social." Así, vemos como un pacto internacional con jerarquía constitucional pone el acento en no hacer ninguna distinción de sexo para el reconocimiento de los derechos.

Sin embargo, en la República Argentina, las mujeres no cuentan con las mismas oportunidades reales que los varones en relación a los apellidos a colocar a sus hijos y que los mismos puedan, también, ser puestos a sus nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera. Es decir, de que su apellido tenga posibilidades de pasar a la totalidad de su descendencia, si ésta lo desea.

Es por lo dicho hasta acá, que es necesario remover esta barrera que discrimina, dejando a las mujeres de un lado con menos derechos y a los hombres del otro con una mayor cantidad de los mismos.

Consideramos que ya han pasado muchos años durante los cuales el sistema por el que se imponen los apellidos de los seres humanos fue injusto con las mujeres, las cuales, hasta la actualidad, en nuestro país, no gozan del mismo derecho del hombre que sí puede hacer que su apellido perdure en su descendencia.

Lo que aquí se propone es completar una labor legislativa en el sentido de darle a la mujer iguales posibilidades que al hombre de desarrollar su vida plenamente conforme a la dignidad que como ser humano se merece. Esa labor legislativa en el plano nacional tiene varios antecedentes, pudiéndose mencionar, como simples ejemplos, a la Ley N°: 13.010 del año 1947 de "Derechos Políticos de la Mujer", que ha permitido votar a la mujer, o a la más reciente "Ley de Cupos" N°: 24.012 del año 1991, mediante la cual se establece que deben ser mujeres por lo menos el 30% de los integrantes de las listas de candidatos para cargos públicos electivos en el orden nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La finalidad de estas leyes es la de promover la participación política de las mujeres argentinas, finalidad que compartimos por considerarla positiva para el sistema político democrático. Sin embargo, la participación de la mujer no debe quedarse solamente en la esfera de lo político sino que tiene que ir avanzando en distintas direcciones hasta completar toda su realidad existencial para, así, convertirse en un ser humano con la misma dignidad que el varón.

Una de esas direcciones es la familiar. Si la familia es la célula fundamental de una sociedad y ya estamos votando leyes para que la mujer pueda participar políticamente dentro de esa sociedad; entonces, también debemos crear leyes que permitan su participación dentro de la familia. Tener la posibilidad de poder aportar su apellido, con la esperanza de que perdure en su descendencia, es una forma buena y positiva de participación en el núcleo familiar que la equipara, en este aspecto, a su esposo que siempre gozo de este sencillo derecho.

Adquirir el derecho que acá se propone da a la mujer una dimensión distinta en el plano familiar.

Por todas estas razones, pedimos a nuestros pares la sanción del presente proyecto de ley.

Liliana T. Negre de Alonso.- Adolfo Rodríguez Saa.- Roberto Basualdo.