Número de Expediente 1345/05

Listado de Autores
Negre de Alonso , Liliana Teresita

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S1345/05)

PROYECTO DE LEY

EL Senado y Cámara de Diputados,...

Articulo 1º - Modificase el texto de la Ley 23.592, la cual quedará redactada de la siguiente forma:

ARTICULO 1°.- Quien arbitrariamente anule, impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno
ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos humanos, libertades y garantías fundamentales
reconocidos en la Constitución Nacional, en las esferas políticas, económica, social, cultural de la vida
pública y la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; será obligado a dejar sin
efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización.

A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios
determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial,
sexo, posición económica, condición social, caracteres e impedimentos físicos.

ARTICULO 2º - La promoción de la acción administrativa y/o amparo judicial, respecto de los actos lesivos
enunciados en el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional y del artículo anterior,
podrá ser interpuesta por el damnificado, por el Sr. Defensor del Pueblo y por las asociaciones cuyo
objeto sea la defensa de los derechos humanos y cualquier forma de discriminación.

La intervención procesal directa de la víctima hará cesar la legitimación procesal activa conferida al Sr.
Defensor del Pueblo y a dichas asociaciones.

El "Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo" -INADI-, deberá recopilar y
entregar a los sujetos legitimados en el párrafo anterior o a simple requerimiento judicial, las
comprobaciones que demostraran el/los actos discriminatorios, a efectos de posibilitar la inmediata
promoción de la acción administrativa, la que no importará cuestión prejudicial y el amparo judicial.

ARTICULO 3º - Las asociaciones de defensa contra cualquier forma de discriminación deberán acreditar que
están constituidas como fundaciones o asociaciones civiles sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la
defensa de los derechos de incidencia colectiva establecidos en el segundo párrafo del artículo 43 de la
Constitución Nacional y deberán acompañar copia certificada de:

1. Del instrumento de constitución respectivo, debidamente inscriptos ante el organismo administrativo de
aplicación y contralor.
2. Del acta de designación de autoridades,.
3. De la resolución de sus órganos directivos que autorice la promoción de cada acción.

ARTICULO 4°.- Dentro de las veinticuatro horas de la presentación de la demanda, el juez, previo a
cualquier otra actuación y por auto fundado, deberá expedirse acerca de la admisibilidad de la acción,
bajo pena de nulidad de todo lo actuado.

En caso de declarar la inadmisibilidad, podrá, a solicitud del actor, imprimir al proceso el trámite que
estime adecuado, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida.

ARTICULO 5º En la acción de amparo, deberá cumplimentarse con lo siguiente:

1. Cuando fuere promovida por el Defensor del Pueblo, o por las asociaciones a que se refiere esta ley,
deberán señalarse fundadamente los efectos concretos que podrían tener la sentencia que hace lugar al
amparo respecto de los beneficiarios del derecho de incidencia colectiva cuya tutela se persigue.
2. Cuando la acción se inicie contra un acto, hecho u omisión de autoridad pública, ésta además deberá
producir, en el mismo plazo que el fijado para contestar, un informe circunstanciado de los antecedentes y
fundamentos del acto, hecho, u omisión que motive el amparo, con la expresa e inmediata intervención del
"Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo" INADI.

ARTICULO 6º - Cuando los efectos del acto, hecho u omisión lesivos tengan la actitud de renovarse
periódicamente, la acción de amparo podrá ser interpuesta mientras subsista la afectación.

En caso de acreditarse una grave violación de los derechos humanos y si el juez interviniente considera
que el plazo máximo para interponer la acción de amparo obstan a la protección de esos derechos, queda
facultado a prescindir de dicho plazo.

ARTICULO 7º - En el marco del proceso de amparo se podrán requerir al señor magistrado judicial, con
jurisdicción y competencia suficiente, las medidas precautorias necesarias y urgentes tendientes a dejar
sin efecto o cese de tal acto discriminatorio y la reposición al estado anterior.

ARTICULO 8º - También podrá demandarse la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u
omisión lesiva y la nulidad del proceder discriminatorio.

Los efectos de la sentencia que haga lugar al amparo podrán declararse oponibles al vencido por quienes, a
pesar de no haber sido parte en el juicio, compartan la situación jurídica o de hecho con los que
representaron al sector interesado, en la jurisdicción del juez o tribunal interviniente. En tales casos
la sentencia deberá establecer las condiciones de tal efecto.

ARTICULO 9º - El reclamo jurisdiccional de reparación del daño moral y material ocasionados. quedará al
arbitrio de la victima. Salvo temeridad o malicia, el accionante estará exento de costas.

ARTICULO 10°.- Elévase en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito
reprimido por el Código Penal o Leyes complementarias cuando sea cometido por persecución u odio a una
raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso. En ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se
trate.

ARTICULO 11 - Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una
organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo
de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o
promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma.

En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o iniciaren a la persecución o el odio
contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

Artículo 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Liliana T. Negre de Alonso.-

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Coincidimos todos que la discriminación, resulta ser un factor desencadenante de la desigualdad, la
marginación, el dolor, la incapacidad de progresar y de crecer en forma más saludable, situaciones estas
que ameritan efectuar un cambio rotundo sobre la Ley 23.592, dotándola de mecanismos de procedimiento que
se encuentren en consonancia con lo establecido en nuestra Constitución Nacional y los distintos Pactos y
Convenciones Internacionales de raigambre constitucional, haciendo efectivo aquel concepto que "la
verdadera igualdad, sin discriminación, implica el reconocimiento de la identidad del sujeto; que pueda
ser titular de idénticos derechos que los otros manteniendo su diferencia" - Claudio Marcelo Kiper
"Derechos De Las Minorías Ante La Discriminación" - Ed. Hammurabi - 1998 - página 134 -.

La citada ley denominada "Actos Discriminatorios", sancionada y promulgada el 03 y 23 de agosto de 1988
-que como bien se podrá advertir es anterior a nuestra reforma constitucional producida en el año 1994-;
solamente ha otorgado la facultad de reclamar al damnificado para requerir el cese o que se deje sin
efecto el acto discriminatorio que lo lesiona, contrariamente a lo que ahora dispone el apartado segundo
del artículo 43 de la Constitución Nacional.

Señor Presidente esta situación amerita la reformulación de este ordenamiento legal para que se encuentre
en consonancia con las garantías individuales que tutela nuestra Carta Magna como así respecto de las
distintas convenciones internacionales que nuestra República adhirió a través del artículo 75, inciso 22,
evitándose así interpretaciones y dilaciones que perjudiquen a la persona que sufra la discriminación o la
desalientan en el resguardo de sus derechos y facultades; contrariándose, en forma indirecta e
involuntaria, el carácter tuitivo de la ley 23.592 en la garantía formal de uniformidad de trato para
todas las personas, a las cuales debe garantizársele el goce de los mismos derechos

Así esta reforma cumple en otorgar legitimación activa, no tan sólo al damnificado, que muchas veces puede
sentirse con el fundado temor de realizar la denuncia pertinente y recibir una represalia mayor, sino
también al Sr. Defensor del Pueblo y a las asociaciones cuyo objeto sea justamente el de tutelar los
derechos humanos, estableciendo, con respecto a estos últimos, los requisitos previos para ejercer el
amparo judicial, sentando que la posterior y directa intervención judicial del damnificado, hará cesar la
de los anteriores.

Ampliando la legitimación activa procesal se brega a la protección de la persona afectada en forma
directa, quién muchas veces por prejuicios de sufrir un mal mayor por denunciar el proceder
discriminatorio deja que el mismo continúe produciendo sus efectos lesivos y lo deja al amparo de una
ilícita impunidad.

Se incorpora la actuación del INADI organismo creado por la ley 24.515, cuyo objeto es justamente la de
elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el
racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal fin, las que ejerce a través de las facultades
otorgadas a través del articulo 4 de este cuerpo normativo; organismo administrativo de esencial
intervención por la colaboración que pueda brindar a través de la recopilación de las denuncias y
documentación, vitales para la definitiva comprobación de tales actos lesivos.

Mediante la inserción del proceso de amparo judicial, se articula un recurso técnico procesal simple,
sencillo, expedito, que sea una respuesta proporcionada al fin que se propone proteger, en forma
inmediata, los derechos reconocidos por la Constitución.

Se contempla también que la acción administrativa no posea carácter prejudicial, evitándose mayores
dilaciones en el resguardo de elementales garantías contra actos de discriminación, en este caso
estatales.

Señor Presidente, de esta forma efectiva, estaremos logrando el debido respeto a que la protección
judicial de los derechos, se vea traslucido a través del ejercicio de un procedimiento rápido y eficaz,
como pauta debidamente establecida a través el art. 8° de la "Declaración Universal de los Derechos
Humanos", que indica que "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales¿".

En ese mismo rumbo también el Artículo XVIII de la "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre", señala que "Toda persona ¿ debe disponer de un medio sencillo y breve por el cual la justicia lo
ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales
consagrados constitucionalmente."

De igual manera la "Convención Americana sobre Derechos Humanos" el artículo 25 consagra el derecho a "un
recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces ¿ que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales¿".

Por otra parte, el art. 26 del "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" dispone que "todas
las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A
este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y
efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social" -el subrayado me pertenece-.

También la "Corte Interamericana de Derechos Humanos", ha precisado el alcance del artículo 1° de la
"Convención Americana sobre Derechos Humanos", en cuanto los Estados parte deben no solamente "respetar
los derechos y libertades reconocidos en ella", sino además "garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona sujeta a su jurisdicción", para la cual, también "garantizar" implica el deber del Estado de tomar
todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan
disfrutar de los derechos que la Convención reconoce, entrañando "garantizar", asimismo, "el deber de los
estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de
las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos" (Cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva N°
11/90 del 10 de agosto de 1990, "Excepciones al agotamiento de los recursos internos", párrafos 33 y 34).

Se sienta la obligación, por lo expresamente dispuesto en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución
Nacional, que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos tengan la expresa
obligación de garantizar al hombre y la mujer la igualdad en el goce de todos los derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y políticos, no pudiendo olvidarse que todos estos tratados son los que de
conformidad con lo que dispone el nuevo inc. 23 del citado artículo, obligan a la promoción y a la
adopción de medidas positivas para el pleno goce y ejercicio de los derechos.

Señor Presidente con la modificación de la ley 23.592 estaremos también respetando y tutelando los
elementales principios que dimanan del artículo 16 de la Constitución Nacional cuando expresamente dispone
que: "...Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que
la idoneidad..."

En este último sentido "...admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad..." es que en el
proyecto de modificación de la ley 23.592 se ha incorporado al artículo primero, como modo de
discriminación, el irrespeto a "...la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación..",
en ese sentido se destaca que la discriminación se define en el Convenio -número 111 de la Organización
del Trabajo- como toda forma de distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color,
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social -entre otras características- "que
tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación".

Es que la discriminación, en el ámbito laboral, que puede bien fundarse en cualquiera de las acciones
típicas discriminatorias ya contenidas en la Ley 23.592, puede perpetuar la pobreza, impedir el
desarrollo, la productividad y la competitividad, y provocar inestabilidad política, según se señala en el
informe, preparado con arreglo a la Declaración de la OIT de 1998 relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo.

Para ello obsérvese el Convenio sobre la discriminación -empleo y ocupación-, 1958 -número 111- y la
Recomendación que lo acompaña (núm. 111), artículo 1(1a). Convenio, al mes de mayo de 2003, había sido
ratificado por 158 de los 175 Estados miembros de la OIT, y el Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) ha sido ratificado por 160 Estados miembros.

En un mundo dinámico, en donde la convergencia social se da a nivel global, es necesario poder ver que las
diferencias individuales, grupales y sociales son una oportunidad para fomentar el desmedro y exclusión de
la persona que no solamente de ningún modo podemos aceptar sino que debemos instrumentar un procedimiento
judicial sumarísimo y adecuado que implique no quedarnos en meras declamaciones, dotando al Poder Judicial
de una clara intervención que evite la proliferación de conductas, que por carecer de este procedimiento,
terminen por dotarlas de impunidad impidiendo el ejercicio de derechos fundamentales del ser humano,
enunciados por la Constitución Nacional, las Constituciones Provinciales, los Pactos Internacionales o las
leyes, a sectores determinados de la sociedad, sobre la base de factores arbitrarios y/o irrazonables, y
es que el derecho a no sufrir discriminaciones arbitrarias es una consecuencia del derecho más general
que tienen las personas de ser tratadas como iguales, tal como bien preceptúa el art. 16 de la
Constitución Nacional.

A través del artículo octavo de este proyecto de ley se posibilita la declaración de inconstitucionalidad
de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva y la nulidad del proceder discriminatorio,
posibilitándose que el juez vele por el cumplimiento de nuestra Constitución Nacional y de lo previsto en
los tratados y convenciones internacionales dictadas contra cualquier acto discriminatorio, precaviéndose,
de ese modo y no tan sólo en beneficio de la víctima en particular, continúen en vigencia aquellas normas
u actos que constituyen verdaderas discriminaciones.

Se ha previsto también el supuesto en que los efectos del acto, hecho u omisión lesivos puedan renovarse
periódicamente, que la acción de amparo pueda ser interpuesta mientras subsista la afectación y que en
caso de acreditarse una grave violación de los derechos humanos y si el juez interviniente considerara que
el plazo máximo para interponer la acción de amparo obstan a la protección de esos derechos, se encuentre
facultado a prescindir de dicho término temporal.

Así también la posibilidad de solicitar medidas precautorias urgentes, fijando el procedimiento del texto
legal que a través del artículo primero preceptúa: "será obligado a dejar sin efecto el acto
discriminatorio o cesar en su realización" y que los efectos de la sentencia que haga lugar al amparo
puedan declararse oponibles al vencido por quienes, a pesar de no haber sido parte en el juicio, compartan
la situación jurídica o de hecho con los que representaron al sector interesado, en la jurisdicción del
juez o tribunal interviniente; debiendo, en tales casos, la sentencia establecer las condiciones de tal
efecto.

Queda en claro, a través de este proyecto, que más allá que el marco legal existe a través de la Ley
23.592 -cuya modificación se requiere- para evitar la discriminación, debemos buscar procedimientos
efectivos para cristalizar la condigna tutela, poniendo énfasis en el respeto y en el trato de todos los
días de los hombres en general, cada uno entre quienes lo rodean, cuidando el propio comportamiento y
evitando los actos propios que causan daño al espíritu ajeno, permitiéndose una convivencia en armonía,
poniéndose en el lugar del otro y sentir lo que él siente; lamentando que esta no sea una práctica
constante.

Ha sido nuestro querido y recordado Juan Pablo II, quién a lo largo de su ministerio papal ha luchado en
forma férrea contra toda forma de trato desigual. En la exhortación apostólica "Familiaris Consortio", del
15 de diciembre de 1981, el Papa escribió: "La Iglesia, con el debido respeto por la diversa vocación del
hombre y de la mujer, debe promover en la medida de lo posible la igualdad de derechos y de dignidad, y
eso por el bien de todos, de la familia, de la sociedad y de la Iglesia". O en el documento titulado
"Christifideles laici", del 30 de enero de 1989, en el que dijo que "la Iglesia debe oponerse con firmeza
a todas las formas de discriminación de la mujer".

Señor Presidente, en conclusión, la igualdad por sobre todas las cosas suele pregonarse, pero no se ve así
en la práctica, en el trato a la mujer, a los discapacitados, enfermos, ancianos, a las personas de
diferentes razas, de religiones diversas, de personas de condiciones sociales diferentes. Recuerdo
entonces las palabras de Martín Luther King "No es la represión de los malos lo que duele; es el silencio
de los buenos".

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación de éste proyecto de Ley

Liliana T. Negre de Alonso.-