Número de Expediente 1333/04

Listado de Autores
Marín , Rubén Hugo
Giri , Haide Delia
Gallego , Silvia Ester
Urquía , Roberto Daniel

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-1333/04)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,¿

Artículo 1º.- Queda exenta de todo derecho, tasa o gravamen, la
importación, y del impuesto al valor agregado, la venta, de vehículos
(equipados para traslado de detenidos, ambulancias, camionetas doble
cabina, taller móvil para comunicaciones, automotores patrulleros,
motocicletas, casillas equipadas con equipo electrógeno, grúas para
traslado de vehículos, auto-bombas y otros), equipamiento para
investigación científica criminalista (espectro fotómetro infrarrojo,
cromatógrafo de gases con detectores de masas, espectro fotómetro de
absorción atómica, sistemas AFIS para identificación de huellas
digitales y otros), chalecos anti-bala y demás recursos para el
equipamiento y protección individual, armamento (pistolas 9 milímetros,
escopetas calibre 12/70 y otros), equipos manuales de comunicación
(handy-talking, sistemas VHF banda alta y otros) y otros bienes que
requiera el equipamiento operativo de las fuerzas de seguridad,
incluidas sus partes y componentes, cuando el adquirente sea el Estado
Nacional, las Provincias, Municipalidades o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y se destinen al funcionamiento de las fuerzas de sus
respectivas dependencias.

Art. 2º.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Rubén H. Marín. - Haide Giri. - Roberto D. Urquía. - Silvia E. Gallego.

FUNDAMENTOS.

Señor Presidente:

La presente iniciativa tiene por objeto desgravar respecto del
impuesto al valor agregado y de los gravámenes aduaneros que se
impongan a su importación, las adquisiciones de los insumos que sean
necesarios para el equipamiento de las fuerzas de seguridad por parte
del Estado Nacional, las Provincias, Municipalidades y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

En principio, cabe advertir que, conforme al criterio sostenido por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, al pretender la normativa
propiciada la eximición de una carga impositiva, sin crear para otros
sujetos un nuevo tributo, escapa de los alcances de los preceptos
constitucionales que establecen que las normas que crean contribuciones
deben tener inicio exclusivo en la Cámara de Diputados.

Adentrándonos ya en los argumentos que sostienen al Proyecto
presentado, adelantamos que la exención impulsada debe ser analizada a
la luz del Plan Nacional de Seguridad y Justicia diseñado recientemente
por el Poder Ejecutivo Nacional.

Ello así, porque los ansiados resultados de dicho programa estarán
indudable y directamente condicionados a la asignación de un mayor
presupuesto a las fuerzas de seguridad de las diferentes jurisdicciones
que las dote de los recursos que le permitan cumplir con su función con
eficacia.

En ese sentido, estimamos que no sólo debemos esperar ese mayor
esfuerzo, sino también fomentarlo con medidas que morigeren su impacto
en el gasto público nacional y en el de las provincias, los municipios
y la Ciudad de Buenos Aires.

Al margen de creer que sería un contrasentido que los propios Estados
recauden, en los rubros explicitados, para después recibir en sus arcas
el producido de dicha tributación, entendemos también que una razón de
equidad sustenta la iniciativa, toda vez que, de percibir las
diferentes jurisdicciones estatales los impuestos que pretendemos
desgravar, el monto recaudado volverá a integrar sus recursos después
de atravesar el sistema de distribución de la coparticipación, lo que
significará que, tanto las jurisdicciones que se adecuen a las
exigencias del plan como las que no lo hagan, recibirán un trato que no
contemplará los esfuerzos asumidos por las gestiones diligentes. Por el
contrario, la normativa pretendida beneficiará directamente con la
desgravación a aquellas que inviertan en seguridad.

También nos motiva la convicción de que, a través del menor costo que
irrogará la inversión en las diferentes jurisdicciones, el plan
comenzará a atender con un mayor federalismo la problemática, ya que
advertimos, en reiteradas oportunidades, posiciones en las que
pareciera que la seguridad requiriera atención sólo en los centros más
poblados.

Dicho abordaje incurre en un grosero error de apreciación, no sólo
porque la problemática se manifiesta en todas las regiones con sus
propias particularidades, sino también porque no sería descabellado
presagiar que el éxito del plan en los centros de mayor población tenga
por inesperado efecto trasladar algunas de las formas delictuales que
se dan hoy en ellos, hacia las zonas con menor densidad poblacional,
las que deberán prepararse para recibir las eventuales consecuencias de
ese fenómeno.

Tampoco podemos dejar de señalar que, si bien las mayores
concentraciones de población ofrecen innumerables dificultades a la
actuación eficaz de las fuerzas de seguridad, no es menos cierto que
las grandes extensiones territoriales asociadas a la baja densidad
demográfica le oponen otras tantas.

A esta altura, pareciera innecesario subrayar que, lejos de disentir
con el plan de seguridad diagramado por el Ejecutivo, creemos que él no
se suma al catálogo de ensayos simplistas y erráticos con los que se
intentó atender la problemática de seguridad hasta hoy y que acaso nos
sumieran en esta crisis inédita.

No obstante ello, estamos convencidos de que buena parte del cambio
necesitará que asumamos nuestro rol institucional señalando y aportando
allí donde advirtamos que se requiera, abandonando la inercia de los
que esperan recetas mágicas para problemas de la complejidad del que
nos ocupa.

Por las razones expuestas, solicitamos a los Señores Legisladores
acompañen con su voto afirmativo la presente iniciativa.

Rubén H. Marín. - Haide Giri. - Roberto D. Urquía. - Silvia E. Gallego