Número de Expediente 1330/05

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Falco , Luis

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Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-1330/05)

PROYECTO DE LEY

EL Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1.º - Los valores monetarios de los bienes y servicios en todo el territorio de la República
Argentina se expresarán, publicarán o exhibirán exclusivamente en moneda nacional de curso legal y
forzoso.

Art., 2.º - El Ministerio de Economía y Producción de la Nación será la autoridad de aplicación de la
presente ley y en virtud de ello, a través de los organismos de su dependencia con competencia en la
materia, dictará las normas reglamentarias y complementarias que sean menester a los efectos de su
cumplimiento, establecerá el régimen de sanciones para el caso de su violación y lo aplicará a sus
infractores.

Art. 3.º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Luis A. Falcó.-

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El objetivo primordial de este proyecto de ley es el de afianzar o consolidar el cambio cultural que para
los argentinos significó la salida de un sistema económico dolarizado y la incorporación a un sistema
pesificado. El propósito es evitar la permanente incertidumbre que impera en las relaciones comerciales y
que tiene como origen la costumbre de ofrecer bienes y servicios en moneda extranjera, con precios en
pesos que fluctúan con su cotización. Esa incertidumbre no le permite saber con certeza al usuario o
consumidor final -nacional o extranjero- cuál es el precio del bien o del servicio ofrecido.

Una aberrante actitud -típica de la picaresca de muchos comerciantes argentinos que nada saben sobre las
normas de lealtad comercial y de la ética profesional al servicio de su negocio- ha cundido
lamentablemente a partir de la devaluación del peso argentino: valiéndose de la confusión inicial operada
por la devaluación, gran cantidad de operadores turísticos ligados a la hotelería y al comercio decidieron
cobrarle a los turistas extranjeros la misma cifra en dólares que cobraban a los turistas nacionales en
pesos. Tan es así que, por ejemplo, una habitación doble, que en tiempos de la convertibilidad costaba
cien pesos en un hotel de cuatro estrellas, hoy se sigue cobrando en muchos casos a ese precio para los
ciudadanos argentinos y a cien dólares para los extranjeros.

Transcurrido cierto tiempo desde que se operaron los cambios que dieron lugar a tales actitudes, si bien
buena parte de los argentinos ya se encuentran alertados, aún prosperan con incautos del país y del
extranjero.

Se trata -lisa y llanamente- de una estafa inaceptable, que no sólo atenta contra la moral y contra toda
la legislación vigente en materia de lealtad comercial y de defensa del consumidor, sino además contra la
propia y formidable perspectiva de desarrollo turístico que tanto ansiamos los argentinos de bien.

Esta lamentable y típica "avivada" es pan para hoy y hambre para mañana. Es una de las peores formas de
tratar al turista, la más efectiva manera de conseguir que no vuelva y el modo seguro de impedir que el
que llega del exterior recomiende en su lugar de origen a la Argentina como destino turístico apreciable.

Debemos terminar con esa nefasta especulación discriminatoria que condiciona seriamente la posibilidad
futura de constituirnos en un destino turístico serio, deseable y respetable. Pero esto no pasa solamente
por una cuestión cultural, ligada al cultivo y a la promoción de hábitos de buenos modales, o de una
adecuada conducta ética. En efecto, lo que está en juego, además, son los cientos de millones de dólares
de ingresos anuales potenciales que la Argentina atrae hoy como un imán. Y no sólo eso, también dependen
de ello miles de potenciales puestos de trabajo ligados a la industria turística, más de todo el dinamismo
que la actividad puede volcarle a la economía a partir de la reactivación de la construcción y de la
mejora de las condiciones de infraestructura de los diversos circuitos y centros turísticos nacionales.

Tanto la Secretaría de Turismo y Deportes de la Nación como la autoridad de aplicación de las leyes de
defensa de los usuarios y consumidores y de lealtad comercial deben entablar esta lucha de manera
asociada.

Sabemos que la secretaría mencionada ha implementado una serie de medidas para combatir el flagelo, pero
nos parece que la magnitud del desafío amerita el lanzamiento de campañas activas más enérgicas,
concentradas y de alcance mayor, como así también la sanción de la presente ley.

Así como en todos los locales comerciales se exige que figure a la vista la documentación de la AFIP y el
cartel que le recuerda a los clientes que deben reclamar sus tiques o facturas, en todo comercio o
actividad ligada al turismo debería emplazarse un aviso semejante, en distintos idiomas, anunciando que
los precios son únicos y que se expresan en moneda nacional.

Asimismo, podría habilitarse una línea telefónica gratuita (de las comúnmente denominadas "0800"),
permanente, con personal que maneje diversos idiomas, destinada a que los turistas, usuarios y
consumidores -nacionales o extranjeros- puedan realizar consultas o efectuar denuncias.

Estas son sólo algunas iniciativas sencillas, expuestas a modo de ejemplo, acerca del tipo de medidas que
se podrían tomar para ponerle fin a los abusos reseñados. Medidas que deberían ser potenciadas por la
necesaria y mucho más enérgica intervención de la Secretaría de Comercio para sancionar a los estafadores,
ya que abrir comisarías para turistas en pleno centro de las grandes urbes, sancionar a los infractores
sólo en las comunidades con grandes recursos turísticos o habilitar líneas telefónicas estacionales y de
alcance territorial acotado para recibir denuncias son medidas loables, pero de bajo impacto en virtud del
tenor del desafío a superar. Hay que atreverse a constituir una política de estado, enérgica y
consecuente, destinada proteger a la incipiente industria turística de quienes pretenden hacer su
"veranito" a costa de ella.

Sabemos que ésta es una preocupación genuina del señor ex Secretario de Turismo y Deporte de la Nación y
actual Vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, quien oportunamente llamó la atención sobre el fenómeno
al sostener en un artículo periodístico de su autoría (La Nación, 01/12/02) que "el boom del turismo
receptivo ha sido un poderoso generador de divisas y bienestar en el conjunto de los destinos turísticos.
Pero también dio lugar a una serie de conductas abusivas que debemos combatir. Los dobles precios, que
fijan arbitrariamente las tarifas según el acento del cliente; la exhibición de cifras sin especificar la
moneda, apuntando por ejemplo a cobrar, 4 dólares por una consumición de 4 pesos".

A esta preocupación, que debe ser compartida por cámaras de comerciantes, agencias turísticas y hoteleros
honestos, le falta el acompañamiento decidido que esta iniciativa impulsa. Es menester que se coordinen
políticas dirigidas a erradicar estas conductas desleales, en pro del desarrollo turístico nacional de
mediano y largo plazo y de la defensa de los derechos de todos los consumidores.

Cabe recordar, por último, que el presente proyecto tiene como antecedente inmediato uno anterior
registrado como expediente S-2192/03 que, si bien caducó el 28 de febrero de 2005, tuvo dictamen favorable
de las comisiones de Industria y Comercio y de Legislación General, se publicó en el Orden del Día bajo el
número 1235/04 el 06/10/04 y no se llegó a considerar en el recinto de este Honorable Senado antes de su
caducidad.

La vigencia de la problemática que aborda el proyecto torna necesario que insistamos con su presentación,
que incluye en esta oportunidad pequeñas modificaciones tendientes a perfeccionar su redacción.

Por estas razones solicitamos su tratamiento, con la seguridad de que nuestros pares le otorgarán su
aprobación.

Luis A. Falcó.-