Número de Expediente 1224/05

Listado de Autores
Pinchetti de Sierra Morales , Delia Norma
Bussi , Ricardo Argentino

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones


(S-1224/05)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º: Crease el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3, con asiento en la ciudad
de San Miguel de Tucumán, capital de la Provincia de Tucumán, el cuál mantendrá idéntica
jurisdicción territorial a la de los dos ya radicados. Será Tribunal de Alzada la Cámara
Federal de Apelaciones de Tucumán.

Art. 2º: El nuevo juzgado que se crea mediante la presente ley, tendrá competencia
material, exclusivamente, en:

a) Lo penal y correccional,
b) Todo lo concerniente a causas relacionadas con la ley de estupefacientes (ley 23.737)

Art. 3º: Con respecto a las causas radicadas y en tramite por ante los juzgados Federales
Nº 1 y 2 cuyo objeto esté comprendido dentro de las competencias establecidas en el
articulo 2, por disposición del tribunal de alzada atendiendo razones de mérito,
oportunidad y conveniencia procesal podrán ser reasignadas al juzgado Federal Nº3.
A tales efectos los juzgados Federales Nº 1 y Nº 2 deberán remitir al Juzgado creado por el
Art. 1º de la presente ley, las causas que se encuentren en trámite, y que le
correspondieren conforme a la competencia asignada.

Art. 4º: El nuevo Juzgado funcionará con dos secretarías, una relativa a lo penal y
correccional, y otra específica para todo lo concerniente a las causas relacionadas con la
ley de estupefacientes(Nº23.737).

Art. 5º: Modificase la competencia material de los juzgados Federales Nº 1 y 2, los cuales
a partir de la puesta en marcha en funcionamiento del juzgado Federal Nº3, no atenderán mas
causas referidas a lo penal y correccional y referidas a la ley de estupefacientes.

Art. 6º: Créanse los cargos e juez, secretario de juzgado, fiscal de primera instancia,
defensor público oficial y de los funcionarios y empleados que se detallan en los Anexos I,
y II que forman parte de la presente ley.

Art.7º: El consejo de la Magistratura remitirá las ternas de candidatos al poder ejecutivo
nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dentro de los
Ciento veinte (120) días de la publicación de la presente.

Dentro del mismo plazo y en la forma establecida en la ley Nº 24.496 deberán ser
designados los magistrados del ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la
Defensa a que se refiere el artículo 6.

Art. 8º: Autorizase al Ministerio de Economía de la Nación a realizar las compensaciones
presupuestarias necesarias a los efectos de incrementar el presupuesto del Poder Judicial
de la Nación vigente para el corriente año, hasta la suma necesaria para cumplir con el
objetivo de la presente ley.

Art. 9º: El Juzgado Federal a crearse por ésta ley, comenzará a funcionar dentro del
término de 90 días, contados desde la habilitación de la partida presupuestaria necesaria,
conforme lo establecido en el art. 8º.

Oportunamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptará las medidas necesarias
para la puesta en funcionamiento del nuevo Juzgado.

Art. 10º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.- Ricardo A. Bussi.


ANEXO I

Creación de cargos de magistrado, funcionarios y personal
Administrativo, técnico y de servicio del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3 de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán.

Magistrado y Funcionarios:

Juez 1(uno)
Secretario del Juzgado 2(dos)


Personal Administrativo y Técnico:


Prosecretario Administrativo 2(dos)
Auxiliar Superior (habilitado) 1(uno)
Auxiliar Superior de Tercera (notificador) 1(uno)
Auxiliar Superior de Sexta (archivo) 2(dos)
Auxiliar Principal de Quinta 2(dos)
Auxiliar Principal de Sexta 1(uno)

Personal de Servicio:

Auxiliar Principal de Séptima 2(dos)

ANEXO II

Creación de cargos de magistrados, funcionarios y personal
administrativo, técnico y de servicios en el Ministerio Público.

Ministerio Público Fiscal:

Fiscal de Primera Instancia 1(uno)
Prosecretario Administrativo 1(uno)
Auxiliar Superior de Sexta 1(uno)
Auxiliar Principal de Séptima (servicios) 1(uno)


Ministerio Público de la Defensa:

Defensor Público Oficial de Primera Instancia 1(uno)
Prosecretario Administrativo
1(uno)
Auxiliar Superior de Sexta
1(uno)
Auxiliar Principal de Séptima
1(uno)


Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.- Ricardo A. Bussi.


FUNDAMENTOS

Sr. Presidente,

El presente proyecto de ley que pongo a vuestra consideración, persigue la finalidad de
efectuar un reordenamiento y ampliación de la justicia federal en la provincia de Tucumán,
por cuanto las áreas correspondientes a lo correccional, criminal, y todo lo atinente a las
drogas, han sufrido un altísimo incremento de causas que impiden su adecuado tratamiento en
un tiempo razonable.
Los dos juzgados existentes se encuentran desbordados debido al incesante número de
procesos que se inician diariamente aumentando en progresión geométrica, lo cuál atenta
obviamente con un eficaz servicio de justicia.
Cabe advertir que -y a título referencial- en una publicación del principal diario local de
la provincia de Tucumán "La Gaceta" en su edición del: 14/03/05 se informó que de las
encuestas y estadísticas realizadas, la referida provincia tiene uno de los más altos
porcentajes de consumo de drogas respecto a otras, con los consecuentes delitos que
lógicamente se derivan de tal circunstancia.
Es más, se considera que la provincia ha pasado a formar parte de la ruta donde comienzan a
operar narcotraficantes, situación que ni siquiera se da palmariamente en Jujuy, provincia
que por su ubicación geográfica sería más proclive a sufrir éste flagelo, por la facilidad
de ingreso desde Bolivia, país productor de la cocaína, por ejemplo.
Según la Gendarmería Nacional, Dirección del Centro Antidrogas, con asiento en Tucumán, los
factores que influyen sobre el accionar de la fuerza en nuestra jurisdicción son:

a) La situación geográfica de la provincia, cuyas rutas pueden ser utilizadas por los
delincuentes para, desde Bolivia acceder a los grandes centros poblados del país.
b) La considerable infraestructura privada que pueden ser utilizada por los
narcotraficantes para lograr sus propios fines, tales como: estaciones de servicio, lugares
de alojamiento, comidas, etc.
c) La densidad poblacional en el gran nucleamiento poblacional de San Miguel de Tucumán,
que permite el fácil ocultamiento de las bandas y de su accionar.
d) La escasez de medios de la fuerza, qué impiden cubrir los centros poblacionales de
segunda importancia (esencialmente las localidades del sur provincial)
e) Si bien el despliegue de controles camioneros de todas las fuerzas permite tener bajo
control todas las vías de acceso y egreso de la provincia, el intenso tráfico y transito
impide un correcto accionar preventivo, limitando los procedimientos a los casos en los que
se cuenta con información previa.
f) Que existen una gran cantidad de pistas clandestinas que permiten el vuelo de aeronaves
sin ningún tipo de controles.
g) El elevado nivel de desocupación, el gran nucleamiento poblacional y la insuficiencia de
programas preventivos-educativos, que permiten la mano de obra barata y abundante para las
distintas etapas del flagelo y favorece el aumento de la adicción a los estupefacientes.
Esta fuerza dice contar a su favor, la adecuada imagen institucional entre la población de
la provincia, razón que les permite recibir, de vez en cuando, alguna denuncia anónima

Según esta misma fuerza de seguridad, las principales vías de comunicación utilizadas para
la introducción de estupefacientes en la provincia son, las rutas nacionales Nº 9, 38, 40,
157 y las rutas provinciales Nº 302, 303 y 304. Mientras, son vías secundarias de uso poco
frecuente, la ruta provincial Nº 305, y la Red Camionera existente en el interior de los
sectores utilizados por los ingenios azucareros.

Para Gendarmería nacional, los lugares especialmente críticos son todas las rutas y caminos
provenientes de la provincia de Salta.
Esta misma fuerza, además de las citas anteriores, nos acerco las estadísticas de las
incautaciones discriminadas por los distintos organismos de seguridad, a saber:

a) Policía Federal Argentina:
-Año 2003:110,000 kgs de hojas de coca, 1,319 Kgs de cocaína, 4,339 Kgs de marihuana, con
un total de 64 procedimientos y 87 detenidos.

b) Policía de Tucumán
Año 2003: 1,514 kgs de cocaína, 24,473 de marihuana, con un total de 135 procedimientos y
161 detenidos.

c) Gendarmería Nacional Argentina
-Año 2000: 1, 247,47 gramos de cocaína.
-Año 2001: 1062 gramos de cocaína y 912 gramos de marihuana.
-Año 2002: 88.087 gramos de cocaína y 5.250 gramos de marihuana.
-Año 2003: 452.050 kgs de hojas de coca, 8,696 kgs de cocaína, 1,041 kgs de
marihuana, con un total de 80 procedimientos y 43 detenidos.
-Año 2004(al 29 de marzo):45,500 kgs de "hojas de coca", con 7 procedimientos y 2 personas
infractoras.

Mientras que los Organismos nacionales y provinciales, radicados en Tucumán, asentados en
sus respectivas jurisdicciones, y dedicados al tratamiento del narcotráfico son:

a) Policía Federal Argentina: Jefatura de zona IV, Delegación "Tucumán", drogas Peligrosas,
subdelegación "Concepción"

b) Policía de Tucumán: Con su estructura y la "División Toximanía y Narcotráfico" como
Unidad Especial.

c) Policía Aeronáutica Nacional: Escuadrón Tucumán, funciona en el Aeropuerto Internacional
"Tte. Benjamín Matienzo".

d) Gendarmería Nacional Argentina: Escuadrón 55 "Tucumán" ( Sección "Núcleo" Grupo
Operativo de Investigación y procedimiento(GOIP), Puesto de Control "Las Trancas", Puesto
de Control "La florida" y el Centro de Reunión de Información "Tucumán"

Por otra parte, los tipos de drogas de consumo habitual en la provincia, son, la Cocaína,
la Marihuana y por supuesto, los pegamentos.

Una encuesta poblacional realizada por la subsecretaría de Atención de las Adicciones del
ministerio de Salud bonaerense permite apreciar la magnitud del problema. De una muestra
efectuada sobre 4.000 viviendas de toda la provincia, cuyos resultados finales están en
elaboración, surge por ejemplo que en el Gran La Plata, el 22 % de su población entre 15 y
64 años, unas 142.000 personas, abusan del alcohol; en el mismo segmento, el 3,8% consume
drogas ilegales. Del mismo trabajo se desprende que el 17,3 % de la población, más de 110
mil personas, consumieron alguna vez en la vida drogas y el 10,7%, más de 68 mil, lo
hicieron en los últimos 12 meses. Este estudio, expreso además, que el grueso de la droga
ilegal que se consume es la marihuana y lejos después la cocaína. La clase alta consume más
alcohol que las otras, pero es en las clases bajas donde se da el grueso del abuso.
Dicen los especialistas que en el conjunto del país se consumen anualmente 40 litros de
cerveza, 50 litros de vino y 2,6 litros de bebidas destiladas en promedio por cada
habitante mayor de l5 años. En la cerveza, el promedio es mayor entre los jóvenes y se ha
quintuplicado durante la última década. Conociendo que el alcohol le abra la puerta al
consumo de drogas, esas cifras resultan por demás alarmantes.
La marihuana, la más frecuente de las sustancias psicoactivas prohibidas, contiene
componentes que producen efectos tanto físicos como mentales. Las propiedades nocivas de la
cannabys se encuentran fundamentalmente en la resina de la planta y se atribuyen al
principio llamado THC (Tetra Hidro Canabinol), cuyo consumo produce un estado de conciencia
en que aparecen ideas inconexas, imprevistas y flotantes; puede igualmente alterarse la
percepción espacial y de los colores y el tiempo
Respecto a esto, la SEDRONAR en convenio con el INDEC, realizo un relevamiento
epidemiológico sobre este grave tema. En total, se encuestaron 7.500 hogares en todo el
país, apuntando a la población de 12 a 17 años., en calidad de estudiante.
En lo que respecta a la provincia de Tucumán, según se informo a través de los medios, esa
encuesta que contestaron 1.040 estudiantes de 12 a 17 años y que representaban a 95.429
estudiantes tucumanos de esas edades, o sea un porcentaje del 96.3% del total provincial,
se determinó que la provincia tiene más de 52.000 alumnos que tomaron alcohol el último
año, más de 26.000 que fumaron, algo más de 7.000 que consumieron psicofármacos sin
prescripción médica, y más de 3.000 estudiantes que consumieron drogas ilegales.
Asimismo, en una publicación del 14/03/05, de uno de los diarios locales de la provincia,
el Secretario Provincial de Prevención de las Adicciones, acepto y difundió el hecho de
que uno de cada cinco jóvenes tucumanos consumió o consume marihuana.
Según se desprende del mencionado artículo, esas cifras superan la media nacional. Si esto
es real, mi provincia tiene uno de los más altos porcentajes de consumo respecto de otras.
El promedio del país indica que el 18% de los jóvenes argentinos mayores de 18 años ha
consumido o consume marihuana, mientras que en Tucumán, seria un 20% de los jóvenes el que
reconoce haber consumido esa sustancia.
Por otra parte, existe en mi provincia una franja amplísima de jóvenes que a partir de los
12 años y muchas veces menor, no concurre a establecimientos educacionales, no solo por
carencia de recursos, sino también porque provienen de familias disgregadas, donde los
progenitores se han desentendido de sus hijos, dato que explica el porcentaje de deserción
escolar en la enseñanza media que es altísimo, conociéndose que de esos adolescentes hay un
preocupante porcentaje que cayo en el delito, y que las autoridades pudieron comprobar que
eran consumidores de sustancias adictivas.
Mientras tanto, en los sectores rurales, como por lo general todo el grupo familiar trabaja
(en las diferentes zafras, como en la cosecha de caña, del limón, tabaco, etc.) también
existe un gran ausentismo escolar, caldo de cultivo para la aparición de vicios y
desviaciones de conducta en esos cientos de adolescentes sin contención.
Es dable destacar que-siempre según los medios-las encuestas realizadas por la SEDRONAR
tomaron datos únicamente de la ciudad capital y/o localidades cuya población era superior a
100.000 habitantes.
Demostrativo de ello es en lo referente a esta muestra que nos ocupa, que no se mencionan
cifras por departamentos o localidades, causándome preocupación que hayan sido excluidos 17
municipios y 93 comunas de mi provincia, razón que podría multiplicar la cifra real de las
adicciones en Tucumán.
Por citar alguno de los informes tucumanos al respecto, se estableció que en los juicios
por drogas que hubo en el pasado año 2.004, quedo establecido el incremento del consumo y
venta de drogas, lo que habla de la curva ascendente en cuanto al crecimiento de la
población consumidora o drogadependiente, situación esta que no se registra de la misma
manera en Salta, Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy, provincias que conforman la región
NOA conjuntamente con Tucumán.
Las mismas autoridades de la Sedronar manifestaron a los medios que, administrativamente,
el tráfico de droga detectado apenas alcanzaría al 10 por ciento del total.
Es sabido que en las últimas décadas, el consumo de drogas se ha diversificado en nuestro
país a partir, especialmente, del surgimiento de un nuevo perfil en los consumidores. Por
lo que conocemos, existirían quienes lo hacen con fines recreativos, y en estos estarían
percibiéndose claras diferencias con los tradicionales consumidores, esto es los jóvenes
marginales, habitantes de los barrios pobres, consumidores por vía endovenosa.
Aparentemente, la agudización de las diferencias en la distribución de la riqueza que se
dio en la década de los 90 en la Argentina seria el principal factor que incidió en la
multiplicación de jóvenes urbanos con altos niveles de fracaso escolar, y dificultades de
inserción familiar y social, en los que el consumo de drogas por vía endovenosa se difundió
rápidamente.
Por esto, los usuarios de sustancias psicoactivas, que las consumen de modos no
inyectables, constituyen un perfil de consumidores diferente, integrado por personas de
niveles sociales por lo general más altos, cuya motivación para el consumo puede ser la
experimentación, la búsqueda de sensaciones placenteras, o la obtención de supuestos
mejores rendimientos.
Como se ve, los perfiles de los usuarios de drogas varían notablemente, al ritmo de la
instalación de modas que se difunden mundialmente con gran facilidad y que configuran
imaginarios diferentes para cada una de las sustancias empleadas.
El avance de las adicciones en países desarrollados y en sociedades de economías más
sólidas permite pensar que la drogadicción es el resultado de situaciones culturales y
existenciales profundamente complejas que expresan, dramáticamente, uno de los aspectos más
perversos de la sociedad de consumo
Además de reconocer estas estructuras de la subjetividad, por lo que se puede percibir,
toda forma de lucha contra el generalizado avance de las adicciones, enfrenta un poderoso y
masivo sistema de referencias publicitarias que estimula falsas representaciones,
vinculando las expectativas de éxito y realización personal a los volúmenes de consumo de
bebidas alcohólicas o de tabaco.
Siempre según los expertos, las adicciones imponen a los Estados un inesperado conflicto de
límites internos de intervención. La Seguridad Interior, y la Salud Pública se disputan
responsabilidades y jurisdicción sobre el adicto a las drogas y la propia sociedad lo
discute.
La adicción a sustancias ilegales adquiere la característica de ser a la vez un delito en
términos jurídicos, y desde el punto de vista sanitario "el difícil desafío de una
enfermedad que evoluciona en la clandestinidad".
Además de este deslinde de incumbencias, la intervención pública en adicciones reconoce en
la "tolerancia social" uno de sus principales obstáculos. La tolerancia social es el
conjunto de actitudes indiferentes o pasivas que desarrolla una sociedad frente a los
hábitos de consumo que implican perjuicios para las personas, indiferencia generada por
desconocimiento o escepticismo frente a las posibilidades de cambio
Los estudiosos del tema dicen que les llama la atención y los preocupa, los escasos
reflejos del conjunto social y político frente al fabuloso impacto que produce hoy el
consumo de drogas y el abuso descontrolado de alcohol. La tolerancia social frente a este
tema es alarmante y constituye el principal obstáculo que impide enfrentar, con la
efectividad deseada, una enfermedad tan compleja
Frente a esta cruda y dolorosa realidad, a cada uno de los actores de la política pública
le cabe desempeñar un rol, tratando de corregir cada falencia, y sumando esfuerzos que nos
conduzcan a un mejor desempeño de aquellas facultades propias de cada fuerza u organismo
implicado en la lucha contra estas adicciones.
Por eso, y coincidiendo con las actuales autoridades de la Justicia Federal, y debido a lo
expuesto someramente, sostenemos que se impone la urgente necesidad de instaurar un nuevo
Juzgado federal con el mismo ámbito jurisdiccional, pero desdoblando competencias, para que
en una de ellas se encuentre la especificidad de la materia sobre drogas, porque cabe
resaltar que todo lo atinente al tema de las drogas en nuestra provincia ingresa en una de
las dos secretarías de "leyes especiales" correspondientes cada una de ellas al juzgado
Federal Nº 1 y Nº 2 respectivamente, correspondiendo remarcar que dichas secretarías al
abordar las causas relativas a todas esas "leyes especiales", reciben tal cantidad de
causas de diferente índole que tornan dificultoso el tratamiento en forma conjunta con
todos los procesos relativos al tema de las drogas.
La práctica ha demostrado que es imposible que dos Juzgados (con dos secretarías, en las
cuáles ingresan dichas causas) sean los únicos competentes con respecto a los delitos de la
índole e importancia que tratamos en el presente proyecto, cometidos en una jurisdicción
con una población de alrededor de 1.400.000 habitantes.
Creemos que el presente proyecto que apunta a redistribuir la competencia territorial, y
aliviar en sus importantes tareas a la Justicia Federal en Tucumán, cuyos justiciables
deben recorrer un largo trayecto en busca del amparo de sus derechos, dinamizará la
resolución de las causas, impidiendo el agobio y desborde de tareas de quienes se
desempeñan actualmente en los dos juzgados existentes, donde el excesivo número de procesos
de diversa naturaleza, torna imposible la resolución en tiempo adecuado de las causas,
desvirtuándose así el imperativo constitucional del derecho de toda persona a ser juzgada o
recibir justicia en su caso, en un tiempo prudencial y razonable, y sin dilaciones,
precepto éste receptado por el Pacto de San José de Costa Rica.

Dejando así fundado este proyecto de ley, omito otras consideraciones que no escaparán al
elevado criterio del Honorable Senado de la Nación.


Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.- Ricardo A. Bussi.