Número de Expediente 1126/03

Listado de Autores
Curletti , Mirian Belén
Zavalía , José Luis
Raso , Marta Ethel

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-1126/03)

PROYECTO DE DECLARACIÓN

El senado de la Nación:

DECLARA

Su enorme preocupación por la situación política institucional,
policial judicial en la provincia de Santiago del Estero, con motivo de
los horrendos homicidios que tuvieron como víctimas a las jóvenes
Patricia Villalba y Leyla Bashier Nazar, cuyos restos fueron
encontrados en la localidad de la Dársena Departamento La Banda de la
mencionada provincia; manifestar también su preocupación dado el tiempo
transcurrido y la falta de esclarecimiento de estos luctuosos
episodios, y expresar su solidaridad con los familiares y allegados de
las víctimas, haciendo votos para un pronto y definitivo
esclarecimiento que calme los ánimos de toda una sociedad que reclama
justicia.

José L. Zavalía.-





























FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El presente proyecto tiene como objeto
buscar un pronunciamiento del Honorable Senado frente a los
acontecimientos institucionales que atraviesa Santiago del Estero,
fundamentalmente a partir de los homicidios de las jóvenes Patricia
Villalba y Líela Bashier Nazar, y que se hizo eco la prensa nacional
(escrita, televisiva y radial) porque como senador de la provincia
siento el deber moral de plantear esta cuestión en este ámbito.

La profusa difusión de estos luctuosos
episodios podrían eximir de mayores comentarios, pero la trascendencia
del tema obliga a ser prudente y respetuoso en el análisis, desprovisto
de todo ánimo negativo y con absoluta ausencia de preconceptos. Muy
lejos de todo rumor y buscando que la cuestión se enmarque en el
ejercicio pleno y responsable de funcionarios públicos, aventando
cualquier componente de carácter político-partidario, que podría teñir
por falta de objetividad el planteo.

Los hechos mencionados no solamente
conmocionaron la opinión pública santiagueña sino también de todo el
país, por las características de los mismos y por el tiempo
transcurrido desde que se tomó conocimiento de estos hechos aberrantes,
por cuanto no existen resultados positivos o avances significativos en
la investigación que llevan a cabo los organismos del Estado
Provincial, tanto la justicia como la policía. Esta situación genera
además del sentimiento de dolor, una sensación de inseguridad colectiva
y que lamentablemente debemos expresarlo con absoluta sinceridad y con
toda decisión.

Es dable recordar que estos episodios se han
venido denunciando desde el comienzo en función de las características
de los mismos, las supuestas falta de prescindencia de algunos
estamentos públicos, obligaron al bloque de la UCR a plantearlo
formalmente en la Legislatura de Santiago del Estero en el mes de
marzo, y la presión de la opinión pública que iba en permanente
ascenso, se consiguió nada más que un proyecto de declaración.

Lo que se busca es desentrañar la verdad
objetiva de estos dolorosos episodios, con características de
ensañamiento y perversidad, y no silenciarlos jamás pese al tiempo
transcurrido porque sería un acto tendiente a estimular la indiferencia
y un sentimiento de impunidad en detrimento de la libertad y de la
vida.

De los testimonios recogidos de los diversos
medios de comunicación social de la Capital Federal, se pueden
observar aspectos que ponen en evidencia cuestiones centrales desde lo
institucional, desde lo judicial, policial y político.

A esta altura de los hechos se advierte con
meridiana claridad la falta de respeto y la indiferencia a la división
de los poderes en Santiago del Estero.

Desde la renuncia del entonces gobernador Carlos
Juárez en las postrimerías del año 2001 y que fuera reemplazado por los
entonces diputados Carlos Díaz y Ricardo Leguizamón se generó en la
provincia un verdadero vacío de poder por cuanto los nombrados ejercían
el poder formal y el Dr. Juárez, el poder real, al extremo que en el
mes de julio de 2002, mediante una ley de características aberrantes
que echaba por tierra con todo argumento constitucional, la Legislatura
Provincial sancionó la tristemente célebre "Ley de emergencia Pública",
en donde se daban por terminado los mandatos del Poder Ejecutivo y
Legislativo y se convocaba a una elección general para el 15 de
septiembre de 2002. Resultando ganadora la fórmula Carlos Díaz- Marina
Aragonés de Juárez con un porcentaje de votos pocas veces obtenidos por
un gobernador electo (69%) asumiendo el 31 de octubre de 2002 este
nuevo período institucional. Pero, es necesario poner de relieve, que
en la ocasión de la asunción asume únicamente el electo gobernador no
así la vice gobernadora amparándose en una licencia por razones de
salud. Nos encontrábamos en los umbrales de una verdadera crisis
institucional que obligó a los 23 días de haber asumido el entonces
gobernador Carlos Díaz a presentar la dimisión de su cargo en un marco
de los comentarios más inciertos u con fundamentos que nunca pudieron
ser debatido por falta de voluntad del bloque mayoritario que
pertenecía al partido del gobierno, ejerciendo de manera temeraria la
presión del número.


En aquellos días se esgrimió como argumento central
del parentesco político del ex gobernador Díaz con una persona que
regenteaba una casa de tolerancia y donde una joven habría sido
ultimada, episodio este que se conocía antes del proceso electoral del
15 de septiembre, el cual se utilizó como elemento nuevo a pocos días
de la asunción del citado ex primer mandatario. Ante este cuadro de
situación institucional y por resortes de la Constitución Provincial
construida jurídicamente de manera funcional a los manejos de quienes
ejercen el verdadero poder en la Provincia, se eligió al Dr. Dario
Moreno como vice gobernador y luego recién asumió efectivamente la
electa vice gobernadora Sra. Mercedes Marina Aragonés de Juárez, como
primera magistrada de la provincia.

Hoy, nuevos y dolorosos acontecimientos vuelven a
generar una crisis de carácter institucional con la renuncia del Dr.
Darío Moreno a la vicegobernación y los episodios luctuosos de la
desaparición y muerte de las dos jóvenes.

Estos manejos desde el Gobierno seguramente no hubieran
tenido trascendencia si desde la soledad de la oposición no se hubieran
hecho las denuncias correspondientes. Además, es menester agregar que
al haber tomado conocimiento la prensa nacional desnuda, un desmesurado
manejo del poder, falta de esclarecimiento por parte de las fuerzas
policiales y una dependencia del poder judicial al poder político de la
provincia.


El articulo 5 de la C.N. obliga a dictar una
Constitución bajo el sistema Republicano que garantice la división de
poderes. Desde que se instauró el régimen Juarista la Constitución se
modificó en numerosas oportunidades y la última no alcanzó a durar tres
años. De esto se vislumbra la manipulación interesa de la ley suprema
provincial.

En las nuevas constituciones se ha suprimido
solapadamente el sistema republicano al asegurar la dependencia del
Poder Legislativo al Ejecutivo, reduciendo la representación de las
minorías al 25% de las bancas de diputados por circunscripción y
reservándose la mayoría gobernante el 75% de esas bancas, a tal punto
que cualquiera sea la cantidad de votos obtenidos por las minorías solo
puede ingresar a la legislatura un diputado por la minoría por cada
circunscripción y tres por la mayoría. Es así que las minorías han
quedado amordazadas y el Poder Legislativo arrodillado ante las
directivas del Ejecutivo Provincial.

Lo mismo sucede con el Poder Judicial, cuando el
Ejecutivo sin tener en cuenta la inmovilidad de los jueces puso en
comisión al Poder Judicial en tres oportunidades en lo que va de
democracia, sacando por la fuerza a los jueces que no le eran adictos y
prestando acuerdo solo a los que podían doblegar.


Es por eso que tiene que intervenir el Estado nacional
para garantizar al pueblo de Santiago del Estero un régimen republicano
de Gobierno con división de poderes, para asegurar la justicia y hasta
la propia vida de los ciudadanos. La muerte de estas jóvenes es una
consecuencia natural del régimen en que se vive, y es la nación que
obliga a las provincias a " asegurar su administración de justicia
quien debe intervenir para efectivizar los derechos y garantías
elementales de los santiagueños, ya que sólo bajo estas condiciones el
gobierno federal es garante en cada provincia del goce y ejercicio de
sus instituciones.

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.

José L. Zavalía.-