Número de Expediente 112/07
| N° | Origen | Tipo | Extracto |
|---|---|---|---|
| 112/07 | Senado De La Nación | Proyecto De Ley | GONZALEZ DE DUHALDE : PROYECTO DE LEY SOBRE PROPIEDAD URBANA ESPECIAL . |
| Listado de Autores |
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González de Duhalde
, Hilda Beatriz
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Fechas en Dir. Mesa de Entradas
| MESA DE ENTRADAS | DADO CUENTA | Nº DE D.A.E. |
|---|---|---|
| 05-03-2007 | 14-03-2007 | 5/2007 Tipo: NORMAL |
Fecha de Ingreso a Dir. Gral. de Comisiones
| DIR. GRAL. de COMISIONES | INGRESO DEL DICTAMEN A LA MESA DE ENTRADAS |
|---|---|
| 07-03-2007 | SIN FECHA |
Giros del Expediente a Comisiones
| COMISIÓN | FECHA DE INGRESO | FECHA DE EGRESO |
|---|---|---|
| DE LEGISLACIÓN GENERAL
ORDEN DE GIRO: 1 |
08-03-2007 | 28-02-2009 |
EL EXPEDIENTE CADUCO EL 28-02-2009
ENVIADO AL ARCHIVO : 25-06-2009
FECHA DE MOCION DE PREFERENCIA: 26-03-2008
PARA:PROXIMA SESION CON DICTAMEN
En proceso de carga
Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones
(S-112/07)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,...
PROPIEDAD URBANA ESPECIAL
Capítulo I
Régimen de Propiedad
CONCEPTO
Artículo 1º.- El derecho real de propiedad urbana especial, constituido conforme a esta ley, confiere a su titular las facultades de usar, gozar y disponer de un inmueble propio y de las partes o cosas comunes que le son accesorias con las modalidades y limitaciones que surgen de la presente ley, los reglamentos en ella previstos, las disposiciones de autoridad competente y las competencias específicas de los gobiernos provinciales y municipales.
DESCRIPCIÓN
Artículo 2º.- Esta ley será aplicable a aquellas urbanizaciones ubicadas en zonas urbanas, suburbanas o rurales en las que:
a)una parte esté conformada por parcelas, que en esta ley se denominan unidades particulares, que podrán o no contar con construcciones en ellas, serán destinadas a vivienda , funcionalmente independientes entre sí y tendrán salida indirecta a la vía pública, pudiendo, además, tener salida directa a cursos de agua navegables;
b)la parte restante se destine a espacios comunes o servidumbres públicas, circulatorios y/o de servicio, pudiendo determinarse áreas específicas para la práctica de actividades deportivas, recreativas, sociales o culturales;
c)la propiedad sea exclusiva sobre las unidades particulares y común a título de condominio de indivisión forzosa perpetua sobre los sectores, espacios y bienes comunes. Ambos sectores constituyen un todo jurídica y funcionalmente inescindible.
Los límites perimetrales de tales urbanizaciones y el control de acceso a las mismas podrán materializarse mediante cerramientos en la forma en que las reglamentaciones locales establezcan en función de aspectos urbanísticos, paisajísticos, de seguridad y demás a su cargo
CONSTITUCIÓN
Artículo 3º.- Para afectar un inmueble al régimen de esta ley el o los titulares de dominio deberán formalizar por escritura pública su voluntad de afectación del mismo y el texto del Reglamento Urbanístico, conforme a plano de mensura y subdivisión aprobado, y previo cumplimiento de las reglamentaciones locales inherentes a la urbanización especial, e inscribir esos instrumentos en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente.
El Reglamento Urbanístico se considerará parte integrante de cada uno de los títulos que se otorguen sobre las unidades particulares que compongan el Complejo Urbanístico, y se presumirá conocido por todo propietario de unidad particular sin admitirse prueba en contrario. La posterior transferencia o constitución de derechos reales sobre unidades particulares se hará con cumplimiento de las formas y los recaudos previstos en el Código Civil.
OBJETO
Artículo 4º.- La unidad particular consiste en una parcela o área de terreno delimitada con las características previstas en el artículo 2° inc. a), genera con carácter de accesoria e inescindible la copropiedad de indivisión forzosa y perpetua sobre las superficies, partes, cosas y lugares comunes del inmueble, y sobre todas aquellas que determine el Reglamento Urbanístico o que hagan al mantenimiento, seguridad y funcionamiento de las mismas.
EXTENSIÓN DEL DERECHO
Artículo 5º.- Cada propietario será dueño exclusivo de su unidad particular y copropietario sobre aquellas partes del terreno y cosas destinadas al aprovechamiento común. Serán consideradas como:
a)Espacios comunes:
i. las vías de acceso y comunicación
ii. el cerramiento perimetral,
iii. los locales, instalaciones y tendidos de redes aéreos o subterráneos de servicios comunes,
iv. las áreas e instalaciones deportivas, recreativas y serviciales.
v. los que por su función o por el destino asignado en el Reglamento Urbanístico importaren un aprovechamiento común
b) Espacios propios:
i. el terreno de las unidades particulares,
ii. sus construcciones, y las cosas comprendidas en ellos,
Capítulo II
Del Complejo Urbanístico
CONCEPTO
Artículo 6º.- El Complejo Urbanístico está integrado por los propietarios de las unidades particulares, y será considerado persona jurídica de carácter privado sin finalidades de lucro de conformidad con el inciso 2° de la segunda parte del artículo 33 del Código Civil. Tendrá la denominación que establezca su Reglamento, su domicilio en el inmueble y se expresará a través de la Asamblea de Propietarios y el Consejo de Administración. Le serán de aplicación las normas sobre fiscalización y control administrativo vigentes en cada jurisdicción.
PATRIMONIO
Artículo 7º.- El patrimonio del Complejo Urbanístico estará compuesto por:
a) fondos de reserva y otras recaudaciones,
b) créditos contra propietarios o terceros,
c) unidades particulares que adquiera o se adjudiquen al Complejo,
d) los muebles y útiles que se afecten a la actividad propia del Complejo Urbanístico
e) en general cualquier otro fondo o reserva que los propietarios decidan constituir dentro de los fines que justifican su existencia y funcionamiento.
El Reglamento Urbanístico deberá prever y reglar los casos, condiciones, destinos y demás circunstancias inherentes a la adquisición o adjudicación de unidades particulares por el propio Complejo.
CAPACIDAD
Artículo 8º.- El Complejo Urbanístico tiene capacidad para adquirir bienes y contraer obligaciones relativos a su objeto, y para intervenir en todas las acciones legales, judiciales o extrajudiciales en las que el mismo pueda ser parte como actor, demandado o en cualquier otro carácter, incluso para querellar criminalmente. Los Complejos Urbanísticos podrán establecer entre sí o con terceros servidumbres u otros derechos reales tendientes a un mejor aprovechamiento de sus instalaciones, y formar parte de asociaciones o federaciones que los nucléen.
REPRESENTACIÓN LEGAL
Artículo 9º.- La representación legal del Complejo Urbanístico será ejercida por el Presidente del Consejo de Administración, o quien lo reemplace. Sin perjuicio de ello para ejercer actos procesales podrá delegarse la representación en los casos, personas y con cumplimiento de las formalidades que establezcan las disposiciones de fondo o procesales que fueren de aplicación.
EXTINCIÓN
Artículo 10º.- La personalidad del Complejo Urbanístico se extingue por la desafectación del inmueble del régimen del nuevo derecho real mediando acuerdo unánime de los propietarios instrumentado en escritura pública, o por resolución judicial, inscriptas en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Capítulo III
De los Propietarios
EJERCICIO DEL DERECHO
Artículo 11.- El derecho real que corresponde a cada propietario sobre su unidad particular deberá ejercerse dentro del marco de los límites y restricciones establecidos en la presente ley, en el derecho aplicable en general y los derivados del Reglamento Urbanístico en miras a la seguridad del Complejo Urbanístico, al aprovechamiento de los bienes y servicios comunes, al mantenimiento de una buena y normal convivencia y a la protección de valores paisajísticos, arquitectónicos y ecológicos. Cada propietario podrá usar de los bienes comunes conforme a su destino, sin perjudicar o restringir el legítimo derecho de los demás. El ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes por parte de los propietarios de las unidades particulares y por los representantes del Complejo Urbanístico deberán ser hechos en función del sentido comunitario que corresponde a los fines, esencia y fundamentos del régimen que establece esta ley.
PROPORCIONALIDAD
Artículo 12.- El derecho de copropiedad de cada titular sobre los bienes comunes será proporcional a la superficie de terreno de su unidad particular, sin consideración a las construcciones o edificaciones existentes en ella o que se erijan, amplíen o reduzcan con posterioridad, salvo disposición distinta del Reglamento Urbanístico.
INESCINDIBILIDAD
Artículo 13.- Los derechos y obligaciones de cada propietario sobre los bienes comunes serán inseparables de la propiedad de su respectiva unidad particular y no serán susceptibles de abandono ni renuncia.
ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DEL DERECHO
Artículo 14.- La adquisición, transmisión y pérdida del derecho real de propiedad urbana especial y la constitución y extinción de otros derechos reales o personales sobre las unidades particulares se efectuará de conformidad con lo dispuesto especialmente por esta ley y subsidiariamente por lo genéricamente establecido en el Código Civil y demás normas que fueren de aplicación.
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Artículo 15.- Toda restricción o limitación que se establezca sobre la propiedad, uso, goce o disposición de las unidades particulares deberá constar en forma clara y precisa en el Reglamento Urbanístico y ser transcripta en todas y cada una de las escrituras relacionadas con dichas unidades particulares. No obstante, la omisión de transcripción no enervará la oponibilidad entre propietarios, órganos del Complejo y frente a terceros de tales restricciones o limitaciones, habida cuenta de lo establecido en el artículo 3° de esta ley
UNIFICACIÓN DE UNIDADES PARTICULARES
Artículo 16.- Los propietarios de unidades particulares contiguas podrán unificarlas así como volverlas a desunificar, siempre que no perjudiquen la seguridad del complejo y no signifiquen modificación de las bases de cálculo en función de las cuales se prorratean las expensas comunes y otras contribuciones, salvo disposición distinta del Reglamento Urbanístico, que podrá pautar para el caso las consecuencias en cuanto a construcciones, quorums, votaciones, y en general para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones de los propietarios involucrados.
OBLIGACIONES DE LOS COPROPIETARIOS
Artículo 17.- Los propietarios están obligados a:
a) cumplir las disposiciones del Reglamento Urbanístico, el Reglamento de Construcciones y demás Reglamentos Internos que el Complejo Urbanístico dicte en su consecuencia, los que serán obligatorios y oponibles a todos los propietarios mediando protocolización, otorgamiento por escritura pública, publicación o inscripción en los registros de autoridad de contralor;
b) conservar en buen estado sus unidades particulares;
c) pagar las expensas comunes y otras contribuciones en la proporción que les corresponda;
d) pagar las expensas extraordinarias dispuestas por resolución de la Asamblea;
e) contribuir a la integración de los fondos de reserva;
f) permitir el acceso a sus unidades particulares para realizar reparaciones o instalaciones atinentes al Complejo Urbanístico;
g) no destinar sus unidades particulares a usos contrarios a la moral o buenas costumbres o a fines distintos a los previstos en esta ley o en el Reglamento Urbanístico;
h) no ejercer actividades que comprometan la seguridad del
i) complejo, ni que perjudiquen el derecho de los demás propietarios a su aprovechamiento normal.
RESPONSABILIDAD
Artículo 18.- Los propietarios responderán subsidiaria y mancomunadamente por las deudas del Complejo Urbanístico en la medida de sus porcentuales. La sentencia que se pronuncie contra el Complejo, en autoridad de cosa juzgada, será ejecutable contra cada uno de los propietarios en esa medida, siempre y cuando la existencia del juicio hubiera sido puesta en conocimiento de los propietarios de unidades particulares en oportunidad procesal que posibilite el efectivo ejercicio del derecho a defensa en juicio, a cuyo efecto los jueces a petición de parte deberán arbitrar medidas idóneas a tal fin según las circunstancias.
DERECHO DE PREFERENCIA
Artículo 19.- El Reglamento Urbanístico podrá prever limitaciones pero no impedir la transmisión y consiguiente adquisición de las unidades particulares en caso de enajenación voluntaria o forzosa de unidades particulares por actos entre vivos a título gratuito u oneroso. Dichas limitaciones no podrán consistir en discriminaciones prohibidas por la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia. Podrá establecer y reglamentar un derecho de preferencia para su adquisición por el Complejo Urbanístico o por los demás propietarios. Toda limitación a la libre disponibilidad deberá establecerse con claridad en cláusula especial en el Reglamento y transcribirse en las escrituras, bajo pena de nulidad, y su interpretación será restrictiva. Las transmisiones hechas en violación a las limitaciones regularmente implementadas serán inoponibles al Complejo y a los demás propietarios.
Capítulo IV
Del Uso y Goce de los Espacios Comunes
Destinados a Deportes, Recreación y Servicios
CONCEPTO
Artículo 20.- Cuando existieren espacios o instalaciones comunes destinadas a actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales o serviciales, el Reglamento Urbanístico deberá regular las modalidades, circunstancias y personas que podrán usar y gozar de esos espacios e instalaciones.
PROPIETARIOS
Artículo 21.- Todos los propietarios de unidades particulares tendrán derecho al uso y goce de esos espacios e instalaciones en igualdad de condiciones. Ese derecho no podrá limitarse, restringirse ni renunciarse en ningún caso, pero:
a) se pierde respecto del propietario y de todos los usuarios a que se refiere el artículo 24º por la extinción de la propiedad sobre la unidad particular;
b) se pierde para el sancionado con cesantía, y
c) se interrumpe para el propietario y/o para quienes resultaren destinatarios de ella por todo el tiempo que se prolongue la sanción de suspensión.
USO Y GOCE EN CASOS ESPECIALES
Artículo 22.- El Reglamento Urbanístico establecerá la o las personas, y bajo que circunstancias y limitaciones, ejercerán el uso y goce de los espacios y cosas comunes, cuando la propiedad de una unidad particular corresponda a más de una persona física o a una persona jurídica
RESTRICCIONES
Artículo 23.- El Reglamento Urbanístico podrá establecer condiciones y pautas para el ejercicio del derecho de uso y goce de esos espacios e instalaciones por parte de terceros en los casos en que los titulares del dominio de unidades particulares cedan temporariamente, total o parcialmente, por cualquier titulo, personal o real, el uso o goce de su unidad particular.
FAMILIARES - INVITADOS
Artículo 24.- El Reglamento Urbanístico deberá prever la extensión del uso y goce de los espacios, instalaciones y servicios comunes a aquellas personas que integren el grupo familiar del propietario de la unidad particular, cuya conformación también deberá ser determinada. Podrá también prever un régimen de invitados, así como la posibilidad de admisión de usuarios no propietarios con derecho a uso pleno, parcial o limitado, permanente, transitorio o periódico de espacios, instalaciones y/o servicios comunes destinados a deportes, recreación y servicios, con las características y bajo las condiciones que reglamentariamente el Complejo Urbanístico establezca. Salvo disposición distinta del Reglamento los derechos al uso y goce de cosas, espacios, instalaciones y/o servicios comunes como integrantes del grupo familiar de un propietario, como invitado o bajo cualquier modalidad de usuario no propietario serán considerados personales y no susceptibles de cesión ni transmisión total o parcial, permanente o tansitoria, por actos entre vivos ni mortis causa.
CONTRIBUCIONES - ARANCELES
Artículo 25.- Los propietarios, familiares e invitados podrán quedar obligados al pago de contribuciones y/o aranceles por el uso de los espacios e instalaciones comunes, las que serán fijadas por la Asamblea y se liquidarán dentro de las expensas comunes a cargo del titular de la unidad particular.
Capítulo V
De las expensas comunes y otras contribuciones
EXPENSAS COMUNES
Artículo 26.- Cada propietario estará obligado a contribuir, conforme a las bases que se establezcan en el Reglamento Urbanístico o en su defecto de acuerdo al porcentual de su unidad, al pago de las expensas de funcionamiento, administración, mantenimiento, reparación y/o reposición de los bienes comunes. Estarán obligados en la misma forma al pago de las primas de seguro, reservas y otras contribuciones en los casos que corresponda.
OBLIGATORIEDAD DEL PAGO
Artículo 27.- En ningún caso el propietario podrá eximirse del pago de las expensas que le correspondan, aún cuando no use o goce de los bienes y servicios comunes, transfiera por cualquier título su unidad particular en infracción a las limitaciones del artículo 19º, o el uso o goce de ella, o alegue abandono de la misma, ni podrá demorar su pago invocando compensación con créditos eventuales contra el Complejo Urbanístico, ni incumplimiento de deberes del mismo, quedando a salvo las acciones que le compitieren.
OBLIGACIÓN REAL - PRIVILEGIOS
Artículo 28.- La obligación que tienen los propietarios de contribuir al pago de expensas, primas de seguro, reservas y otras contribuciones, sigue siempre a la propiedad de sus respectivas unidades particulares en la extensión del articulo 3.266 del Código Civil, aun respecto de las devengadas antes de su adquisición. El crédito respectivo goza de los privilegios previstos en el artículo 3.901 del Código Civil aún en el caso de concurso o quiebra del propietario, y en el artículo 241 inc. 1° de la ley 24.522 en cuanto correspondiere.
CERTIFICADO DE DEUDA
Artículo 29.- El certificado de deuda expedido por el órgano o persona del Complejo habilitado para ese fin por el Reglamento Urbanístico y con los recaudos y previo cumplimiento de las formalidades que en él
se establezcan será título ejecutivo para el cobro de las expensas impagas por los copropietarios.
Capítulo VI
Del Reglamento Urbanístico
CONTENIDO
Artículo 30.- El Reglamento Urbanístico deberá disponer como mínimo sobre las siguientes materias:
a) Determinación de las áreas del complejo destinadas a unidades particulares;
b) Enumeración de los bienes y espacios comunes y determinación de los sectores destinados a servicios comunes, a deporte y/o recreación si los hubiere;
c) Determinación del porcentual que corresponde a cada unidad particular con relación al conjunto, porcentuales especiales o sistema para la determinación de las expensas comunes y otras contribuciones si no fueren establecidas conforme a los porcentuales de las unidades particulares;
d) Forma y tiempo de convocatoria a las asambleas ordinarias y extraordinarias de copropietarios; reglas para deliberar; quórum; mayorías necesarias para adoptar resoluciones; cómputo de los votos;
e) Facultades, obligaciones y funcionamiento del Consejo de Administración, y forma de elección y cesación de sus miembros. Determinación de los integrantes del primer Consejo de Administración;
f) Facultades y obligaciones del Consejo de Disciplina, y elección y cesación de sus miembros;
g) Pautas generales para el uso y goce de los bienes comunes y aquellos destinados a deportes y recreación, que aseguren la normal convivencia de todos los integrantes del Complejo Urbanístico;
h) Pautas generales para el uso, goce y disposición de otros bienes del Complejo Urbanístico;
i) Régimen sancionatorio, causales y consecuencias de la aplicación de sanciones, que podrán consistir en apercibimiento, multa, suspensión, cesantía o expulsión.
Capítulo VII
Asambleas
ASAMBLEAS
Artículo 31.- La Asamblea es la reunión de los propietarios y resuelve sobre:
a) Las cuestiones que le son atribuidas especialmente por esta ley o el Reglamento Urbanístico;
b) Designación de los integrantes del Consejo de Administración, sus cargos, y remoción;
c) Designación de los integrantes del Consejo de Disciplina, sus cargos y remoción;
d) Aprobar cuentas, balances generales y la gestión de los miembros del Consejo de Administración;
e) Aprobación y modificación de los Reglamentos de Construcciones, Interno y de Procedimientos del Consejo de Disciplina,
f) Aprobación del presupuesto anual de erogaciones para el funcionamiento del complejo y la estimación del valor de las expensas comunes correspondientes;
g) Las apelaciones contra sanciones dispuestas por el Consejo de Disciplina;
h) cualquier otra cuestión de interés común que implique modificación o limitación a los derechos de todos o de algún propietario.
CONVOCATORIA - QUÓRUM
Artículo 32.- Las Asambleas deben ser convocadas por medios que aseguren su publicidad y difusión entre todos los propietarios, a quienes se notificará individualmente en el domicilio que hayan informado al Complejo Urbanístico, sin que la falta de notificación personal por motivo no imputable al Consejo de Administración invalide la celebración de la Asamblea si la convocatoria hubiese sido debidamente publicitada conforme al Reglamento Urbanístico. Las publicaciones y notificaciones contendrán transcripción del orden del día, el que debe redactarse en forma precisa y completa no pudiendo resolverse sobre otros puntos, bajo sanción de nulidad. Si la asamblea se celebrare con la presencia de la totalidad de los propietarios podrá decidir por unanimidad la incorporación de nuevos temas al "Orden del Día".
MAYORÍAS
Artículo 33.- Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos presentes, salvo que la ley o el Reglamento Urbanístico establezcan mayorías especiales. Los propietarios podrán hacerse representar por apoderados generales o especiales. Es suficiente carta poder con firma certificada por escribano, banco ó autoridad judicial. Ninguna persona podrá representar a más de cinco propietarios, y no podrán ser representantes los miembros del Consejo de Administración y del Consejo de Disciplina, los integrantes de cualquier órgano de vigilancia o contralor establecido por el Reglamento Urbanístico, ni los gerentes y empleados del Complejo Urbanístico.
MAYORÍAS ESPECIALES
Artículo 34.- Se requerirá acuerdo unánime para desafectar el inmueble del presente régimen según lo previsto en el artículo 10º ó para modificar las proporciones de condominio de las partes comunes según lo previsto en el artículo 12º; de cuatro quintos (4/5) para modificar el destino de los bienes y servicios comunes previstos en el artículo 5° inc. a), en todos los casos sin cambiar su calidad de comunes; y mayoría absoluta para aprobar las materias indicadas en el artículo 31º inc e). En estos casos el cómputo de votos se hará sobre la totalidad de los copropietarios que integran el Complejo Urbanístico.
VOTOS - CÓMPUTOS
Artículo 35.- Los votos se computan en la forma que prevea el Reglamento Urbanístico y en su defecto se presume que a cada unidad particular le corresponde un voto. Si una unidad particular pertenece a más de un propietario, se unificará la representación.
Capítulo VIII
Consejo de Administración.
ADMINISTRACIÓN
Artículo 36.- La administración del Complejo Urbanístico estará a cargo de un Consejo de Administración, integrado por propietarios de unidades particulares, y/o por las personas y en la forma que prevea el Reglamento Urbanístico.
INTEGRACIÓN Y DURACIÓN DE LOS MANDATOS
Artículo 37.- Cuando el Reglamento Urbanístico establezca un Consejo de Administración, deberá fijar el número de sus integrantes titulares y suplentes, determinar si los cargos podrán ser rentados o no y precisar el término por el que serán elegidos, el que no podrá exceder de tres años, pudiendo ser reelegibles una sola vez y ulteriormente elegibles luego de transcurrido, por lo menos, un período completo del término establecido para duración de los mandatos intermedios.
QUORUM
Artículo 38.- El quórum no podrá ser inferior a la mayoría absoluta de sus integrantes. Deberá reunirse por lo menos una vez al mes, sin perjuicio de las reuniones que se soliciten en forma extraordinaria por alguno de sus integrantes.
DELEGACIÓN - COMISIONES - GERENCIA
Artículo 39.- El Consejo de Administración podrá constituir Comisiones, y designar a sus miembros para colaborar en temas o actividades específicas de las tareas y responsabilidades a su cargo. También podrá designar uno o más gerentes y/o intendentes en quienes delegar funciones ejecutivas de la administración; esta designación podrá recaer en personas no propietarias y será revocable libremente.
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 40.- Corresponde en su caso al Consejo de Administración:
a) Convocar a la Asamblea, redactar el orden del día y el acta de la misma;
b) Conocer en todo lo referente a los aspectos funcionales, jurídicos y económicos del complejo;
c) Ejercer la conducción de la administración del complejo;
d) Ejecutar las decisiones de la Asamblea;
e) Atender a la conservación de los bienes comunes y a la seguridad del complejo;
f) Practicar la cuenta de gastos y recaudar los fondos necesarios para satisfacerlos. Liquidar las expensas comunes y otras contribuciones;
g) Formular el presupuesto anual;
h) Confeccionar rendiciones de cuentas, balances e inventarios;
i) Nombrar y despedir al personal del complejo y cumplir con las obligaciones derivadas de la legislación vigente;
j) Mantener asegurados los bienes del complejo contra incendio y otros riesgos;
k) Conservar los títulos originales y documentación del Complejo Urbanístico, y llevar en legal forma los libros de actas y de administración, y los que determine la autoridad local;
l) Expedir informes de deuda y de créditos por todo concepto y de la existencia de reclamos judiciales o administrativos, todo ello en el término de cinco (5) días cuando fuere a pedido de parte, y certificados de deuda a los fines dispuestos en el artículo 30° si el Reglamento Urbanístico así lo estableciera o si no contuviera previsión sobre el particular
m) Colaborar con el Consejo de Disciplina, instar la intervención del mismo sea por sí o por denuncias, notificar sus resoluciones y hacer cumplir las sanciones que este imponga.
n) Cualquier asunto de interés común que no se encuentre comprendido dentro de las atribuciones conferidas a la Asamblea y que no implique modificación o limitación a los derechos de todos o de algún propietario
Capítulo IX
Consejo de Disciplina
FACULTAD SANCIONATORIA
Artículo 41.- El poder disciplinario que por esta ley se reconoce al Complejo Urbanístico será ejercido privativamente por el Consejo de Disciplina. Aplicará las sanciones que específicamente se determinan en esta ley y en el Reglamento Urbanístico.
INTEGRACIÓN Y DURACIÓN DE LOS MANDATOS
Artículo 42.- El Reglamento Urbanístico deberá fijar el número de integrantes titulares y suplentes del Consejo de Disciplina y precisará el término por el que serán elegidos, el que no podrá exceder de tres años, pudiendo establecerse que sean o no reelegibles indefinidamente.
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Artículo 43.- Corresponde al Consejo de Disciplina:
a) Proponer a la Asamblea su Reglamento de Procedimientos si no estuviera establecido en el Reglamento Urbanístico, y sus modificaciones, asegurando el derecho a defensa. En este caso tanto su creación como sus posteriores modificaciones deberán someterse a aprobación de la Asamblea. Los Reglamentos podrán prever un sistema de resolución de disputas, de mediación o de conciliación.
b) Asegurar el derecho a defensa de los imputados por la comisión de alguna falta;
c) Realizar todas las citaciones, gestiones y diligencias necesarias y convenientes y requerir toda la información que estime necesaria para determinar la exactitud y veracidad de los hechos investigados;
d) Aplicar sanciones
SANCIONES
Artículo 44.- Las sanciones a ser aplicadas en el Complejo Urbanístico por el Consejo de Disciplina, según lo que se establezca en el Reglamento Urbanístico, podrán ser las de apercibimiento, pecuniarias, suspensión, cesantía parcial y cesantía definitiva.
Artículo 45.- Salvo disposición distinta del Reglamento Urbanístico:
a) Las sanciones pecunarias podrán ser aplicadas respecto de inconductas de menor magnitud según lo que al efecto prevea el Reglamento Urbanístico y en ningún caso podrán exceder montos moderados compatibles con las obligaciones corrientes de los propietarios como tales. Se impondrán igualitariamente a todos los propietarios en caso de infracciones iguales.
b) La sanción de suspensión podrá aplicarse a propietarios, miembros de su grupo familiar, invitados ó usuarios no propietarios, e importará la inhabilitación temporaria, por todo el tiempo por el que sea impuesta, para hacer uso total o parcial según lo establezcan los Reglamentos o el Consejo de Disciplina, de cosas y espacios o servicios comunes de los definidos en el artículo 20°, sin perjuicio de la continuidad de la obligación de pagar las expensas y demás contribuciones.
c) La sanción de cesantía podrá aplicarse a familiares miembros del grupo de un propietario, a invitados ó a usuarios no propietarios, e importará la inhabilitación permanente para hacer uso de todos y cualesquiera cosas y espacios o servicios comunes de los definidos en el articulo 20°.
Artículo 46.- La sanción de cesantía definitiva sólo podrá imponerla el Consejo de Disciplina por unanimidad y mediante voto fundado respecto de propietarios de unidades particulares, en razón de actos de inconducta que por su gravedad y reiteración hagan insostenible la continuidad de su participación en el complejo residencial, presencia en los espacios comunes y participación en las actividades descriptas en el artículo 20º. Implicará automáticamente la cesantía inexcusable del sancionado y asimismo de todos los miembros de su grupo familiar e invitados. El sancionado de acuerdo con este artículo continuará obligado a pagar las expensas y demás contribuciones que puedan corresponder, y a cumplir con las obligaciones establecidas en el Reglamento Urbanístico y demás reglamentos vigentes en el Complejo en tanto no se extinga su derecho de dominio sobre la unidad particular.
RECURSOS- ACCIONES JUDICIALES.-
Artículo 47.- El reglamento urbanístico podrá declarar inapelables las sanciones de apercibimiento, pecuniarias y suspensiones menores. Las sanciones de suspensión mayor y cesantías serán apelables con efecto suspensivo para ante la primera asamblea que se realice. El propietario sancionado con cesantía definitiva podrá siempre apelar la sanción para ante la primera asamblea que se realice. Las apelaciones deberán interponerse dentro de los 30 días de notificada la resolución pertinente por escrito fundado. La asamblea que las considere resolverá confirmando, modificando o dejando sin efecto la sanción recurrida. La resolución de la asamblea pone fin al ejercicio del poder disciplinario del Complejo Urbanístico, quedando habilitados para el Complejo y para los sancionados los procedimientos judiciales pertinentes
Capítulo X
De los Subcomplejos Residenciales
CONCEPTO
Artículo 48.- En Complejos Urbanísticos cuyo diseño, estructura o naturaleza lo haga conveniente, el Reglamento Urbanístico puede prever la existencia de sectores con independencia económica, funcional y administrativa, en todo aquello que no gravite sobre la infraestructura general. Cada sector puede tener una subasamblea, cuyo funcionamiento y atribuciones deben regularse especialmente, pudiendo designar su propia Administración, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de esta ley. En caso de conflicto entre los diversos sectores la Asamblea del Complejo Urbanístico resuelve en definitiva. Frente a terceros responde el Complejo Urbanístico sin tener en cuenta los diversos sectores que lo integran.
Capítulo XI
Disposiciones Procesales
PROCEDIMIENTOS
Artículo 49.- En caso de violación por un propietario u ocupante a las prohibiciones establecidas en esta ley o en el Reglamento Urbanístico, Reglamento Interno o en cualquier otro vigente el Complejo Urbanístico o cualquier propietario afectado tendrá acción para hacer cesar la infracción, la que tramitará judicialmente mediante proceso sumarísimo. El juez podrá ordenar allanamientos. La sentencia deberá dictarse disponiendo el cese de la infracción si existiese, pudiendo imponer multa de hasta el diez por ciento de la valuación fiscal de la unidad particular en beneficio del Complejo Urbanístico.
Capítulo XII
Disposiciones Generales
APLICACIÓN DE ESTA LEY
Artículo 50.- La presente ley es complementaria del Código Civil y de aplicación inmediata. Se aplicará por analogía a las situaciones de hecho comprendidas en la misma y a los casos que sean sometidos a los estrados judiciales con fundamento en tales situaciones, aún derivadas de relaciones jurídicas anteriores o preexistentes en tanto no mediare cosa juzgada a su respecto
INAPLICABILIDAD DE NORMAS
Artículo 51.- A los efectos de la presente ley no serán de aplicación los artículos 2.617, 2.685 in fine y 2.693 del Código Civil, así como toda otra disposición que se oponga a lo estatuido en ella.
Capítulo XIII
Disposiciones Transitorias
SITUACIONES PREEXISTENTES
Artículo 52.- Las urbanizaciones existentes al momento de la promulgación de la presente ley que reúnan las características de hecho previstas en el artículo 2°, o que se adecuen a él, podrán quedar incluidas dentro del régimen establecido en la misma cualquiera fuera su forma jurídica actual, respetando los derechos adquiridos por los propietarios que integran dichas urbanizaciones.
Opcionalmente las urbanizaciones especiales que estuvieren organizadas bajo el régimen de la ley 13.512 de Propiedad Horizontal en que no estuviesen totalmente construidas las unidades que conforman el emprendimiento, podrán adaptarse al encuadre previsto en esta ley, mediante una resolución tomada en asamblea de consorcio, por una mayoría de copropietarios que representen el cincuenta y uno por ciento (51%) del porcentual del dominio de los bienes comunes y/o a requerimiento del veinte por ciento (20%) de copropietarios aceptado por resolución judicial por vía del procedimiento sumarísimo.
La reglamentación deberá prever los plazos, formalidades, exenciones y facilidades que fueren necesarias para que las urbanizaciones preexistentes que opten por el régimen de la presente ley puedan adecuar su status jurídico a la normativa de esta ley.
Artículo 53.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. Gonzalez de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
A fines del 2004 tomé la decisión de presentar un proyecto de ley tendiente a darle un marco jurídico específico a las urbanizaciones especiales (¿countries¿, clubes de campo, barrios cerrados, parques industriales, paseos de compra y emprendimientos afines), lo que luego materialicé el 16 de marzo de 2005. Recibió el número de expediente 859-D-05.
No fue ajena a esa decisión mi condición de bonaerense, dado que mi provincia es la que registra el mayor número de emprendimientos de este tipo. Tampoco lo fue la circunstancia de tener a mi cargo la presidencia de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, puesto que este es un tema que también interesa a los Municipios y que ya había sido objeto de preocupación por parte de la Federación Argentina de Municipios.
A su vez, tuve en cuenta tres aspectos que me parecieron centrales.
En primer lugar el jurídico: la innegable necesidad de llenar un vacío legal a través de una norma de fondo, complementaria del Código Civil, que combine adecuadamente los aspectos propios del derecho de propiedad y del derecho asociativo, tipificando un nuevo derecho real que contemple las características particulares de este tipo de relación jurídica compleja. Es fundamental establecer un marco legal que brinde seguridad jurídica y avente el riesgo de la proliferación y atomización normativa local en la materia ante la falta de una norma de alcance nacional. En este sentido, el proyecto presentado es superador de las actuales figuras jurídicas que se utilizan para la gestión de este tipo de urbanizaciones: el régimen de propiedad horizontal, la de dominio sobre las partes privativas y condominio sobre las partes comunes, la de dominio de las parcelas individuales quedando las partes comunes bajo el dominio de una entidad jurídica que agrupe a los propietarios o la adopción de la forma de una sociedad comercial o asociación civil sin fines de lucro. Cada una de ellas con su problemática contribuyó a crear un panorama instrumental heterogéneo y complejo, respecto del cual es justo reconocer el esfuerzo sistematizador de criterios doctrinarios realizado por distintos profesionales y sus entidades representativas. Sin duda la existencia de un régimen legal claro y específico facilitará el normal y más pleno ejercicio del derecho de propiedad, tornará más transparentes y ágiles los negocios jurídicos y posibilitará una mejor articulación entre los ámbitos del derecho privado y del derecho público (especialmente el urbanístico y tributario).
En segundo término, me pareció igualmente importante la dimensión social de la cuestión, desde varios puntos de vista:
a) estamos ante una realidad que involucra a unas 60.000 familias con residencia permanente, con tendencia a aumentar, a las que deben agregarse las que pasan casi todo su tiempo libre en este tipo de urbanizaciones;
b) por diversas razones -creo que fundamentalmente vinculadas a las dificultades en materia de seguridad ciudadana y a la búsqueda de modos de vida alternativos a los impuestos por la vertiginosidad de los tiempos que corren- se trata de un fenómeno que cada vez abarca a mayor cantidad de personas y de clases sociales, a tal punto que hoy ya no puede afirmarse seriamente que se trata de una problemática circunscripta a los sectores sociales económicamente más poderosos;
c) estas circunstancias me llevaron a prestarle una especial atención a las aspiraciones y necesidades de los habitantes de estas urbanizaciones vinculadas a la convivencia y a los mecanismos tendientes a preservarla, estructurando un procedimiento disciplinario adecuado -propio del derecho asociativo- y garantizando, al mismo tiempo, el derecho de defensa tanto en sede institucional como judicial en todas sus instancias.
d) los 600 emprendimientos actualmente existentes en el país proveen de trabajo directo a unas 130.000 personas e indirecto a otro número igualmente importante de ellas, fomentando el arraigo de sus familias, que considero un aspecto fundamental para descomprimir la preocupante densidad demográfica del conurbano bonaerense y aminorar la marginalidad social y sus secuelas.
e) no es de descartar que la sanción de una ley que brinde un marco jurídico adecuado genere un fenómeno económico y social expansivo, tal como ocurrió en 1948 con la sanción de la ley 13.512 de Propiedad Horizontal.
Un tercer aspecto me pareció esencial: encarar el tema con una visión federal y concentrar los esfuerzos en la sanción de una ley, partiendo de la base de que estamos legislando para una realidad que se concentra mayoritariamente en las provincias, que el actual es el escenario más precario y que afortunadamente disponemos de muchísimos trabajos doctrinarios, antecedentes jurisprudenciales e incluso proyectos legislativos que han sido ampliamente debatidos tanto en el campo académico como parlamentario.
El proyecto 859-D-05 recibió durante el año 2005 dictamen favorable de las Comisiones de Asuntos Municipales y de Justicia de la H. Cámara de Diputados después de varias reuniones en que se contó con la presencia de la Federación Argentina de Clubes Campo, entidades de profesionales vinculados a la problemática -abogados, escribanos y agrimensores- y juristas especializados en el tema.
Fue también objeto de tratamiento en encuentros académicos, entre los que merecen mencionarse los llevados a cabo en la Universidad de San Andrés (Simposio ¿PROYECTO DE LEY DE PROPIEDAD URBANA ESPECIAL EXPTE. N° 859/D-05, iniciado el 16/03/2005¿, en el marco de las actividades organizadas por la Unidad de Real Estate, Victoria, Pcia. de Buenos Aires, el 28 de mayo de 2005 y en la Universidad Austral (¿SIMPOSIO - PROPIEDAD URBANA ESPECIAL¿, Buenos Aires, 24 de Agosto de 2005) en que, con una nutrida concurrencia y luego de fructíferas exposiciones de los participantes invitados, todos reconocidos especialistas en la materia, medió consenso unánime en el sentido de que es necesario dictar una legislación específica referida a la problemática de tales Urbanizaciones Especiales (Clubes de Campo, Barrios Privados, etc.), a fin de llenar el vacío legislativo actual al respecto, así como de que las características de la problemática y tipicidad del fenómeno urbanístico analizado se diferencian de las propias de las edificaciones en propiedad horizontal, en manera y medida tal que esa legislación específica debiera ser distinta y separada de todo régimen normativo de dicha propiedad horizontal para constituirse en fuente de una institución jurídica nueva y distinta integrando el número de los derechos reales.
Las publicaciones especializadas también se hicieron eco del proyecto.
Entre los trabajos doctrinarios, sin desmérito de otros, se encuentran:
a) el artículo de la Dra. Mariana Mariani de Vidal -prestigiosa tratadista de Derechos Reales y Vicepresidente 2º de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal- publicado en el suplemento de Emprendimientos Inmobiliarios de ¿La Ley¿ del mes de Julio de 2006, sobre la problemática de las urbanizaciones especiales, con particular referencia al proyecto de mi autoría; y
b) el artículo del Dr. Juan Carlos Pratesi aparecido en ¿Abogados¿ (Revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal) Nº 85, de Julio-Agosto de 2005, que lleva el título ¿Nuevamente sobre nuevas urbanizaciones y derecho¿. Me parece de mucha utilidad la transcripción literal de este artículo no sólo porque se trata de una opinión sumamente calificada -el Dr. Pratesi es uno de los juristas que más se ha ocupado de la problemática vinculada a las urbanizaciones especiales en numerosos trabajos- sino también porque en él realiza un acabado análisis del proyecto de ley que yo presentara en la Cámara de Diputados, lo que me exime en esta ocasión de mayores comentarios, habida cuenta que el que ahora someto a la consideración del Senado es -en lo sustancial- una reproducción de aquél:
¿Desde estas páginas expusimos más de una vez la problemática de las urbanizaciones especiales (barrios privados, clubes de campo, barrios de chacras, parques náuticos, mega emprendimientos, ciudades satélites) por falta de una regulación específica, y la frustración de los proyectos originados en la Federación Argentina de Clubes de Campo propuestos por los senadores De la Rosa y O´Donell, y por el diputado Alberto Allende Iriarte.
Por iniciativa de la diputada Hilda B. González de Duhalde desde el 16 de marzo de este año se encuentra nuevamente en trámite un proyecto orgánico de Ley de Propiedad Urbana Especial, que recoge las iniciativas sustanciales de los anteriores con redacción mejorada y adecuaciones surgidas de eventos científicos y fallos judiciales.- Ya ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Municipales y está a consideración de las Comisiones de Legislación General y de Justicia.
El número de cuestiones juzgadas es relativamente reducido, pero ello es así no por la existencia de una normativa idónea, clara y suficiente sino más bien por la aceptación espontanea de las imposiciones de las circunstancias y la muy extendida desconfianza respecto de las decisiones judiciales, dadas sus incertidumbres y demoras, posiblemente en esta materia por la misma inexistencia de normas jurídicas claras a que atenerse.
La ley es necesaria como reguladora de conductas humanas en la sociedad, que a lo largo del tiempo va sufriendo transformaciones que la pueden hacer acreedora a nuevas normas que contemplen las mutaciones sociales.- La ley humana es mutable pues debe adaptarse a circunstancias sociales que se encuentran en permanente transformación.- Desde esa óptica ha de verse el proyecto que comentamos, apareciendo claro que ni la ciencia jurídica ni las sentencias de los jueces suplen la certeza que provee la ley expresa y específica.
Como enseña el profesor de Derecho de la Universidad Austral Dr. Gabriel. de Reina Tartière, uno de los temas de mayor pujanza durante los últimos años en el ámbito de los derechos reales ha sido el referente a las llamadas nuevas formas de dominio, que se fundan en idénticos presupuestos: la existencia en un mismo enclave urbanístico de una serie de unidades privadas y de un conjunto de zonas, espacios, instalaciones o servicios destinados al aprovechamiento colectivo por los titulares de aquella, cuyos elementos se conectan en base a tres principios básicos: inescindibilidad o inseparabilidad, afectación previa y organización.
Ante la ausencia de una regulación nacional en la materia el tratamiento legal que debe darse a las urbanizaciones privadas no ha sido hasta hoy nada pacífico. Durante años se ha venido cuestionando cual de los institutos existentes podría responder a los aspectos mas básicos que suscitan.
Sobre las disposiciones que con rango reglamentario han dictado algunas provincias, podría hablarse de una especie de subversión del sistema de fuentes previsto para el régimen de la propiedad y los derechos reales.
La necesidad de dotar de cierta seguridad al fenómeno de las urbanizaciones privadas y de arbitrar instrumentos eficaces para resolver problemas de aplicación hace necesario que el legislador defina de inmediato una posición al respecto. Los fundamentos del proyecto de la diputada González de Duhalde dan cuenta de la imperiosa necesidad de legislar acerca de un fenómeno de relevancia incuestionable:
La Federación Argentina de Municipios, que aglutina más de 2000 comunas de todo el país, ha planteado sus inquietudes por la problemática que se viene produciendo hace mas de 20 años en lo referido a la inexistencia de normativa específica que regule la creación, organización, funcionamiento y administración de estas entidades.
Complejidad y necesidad de dar respuestas concretas han llevado a las autoridades provinciales y municipales a generar disposiciones locales que por su naturaleza no pueden modificar las instituciones civiles de la Nación y que al intentar adecuar localmente la realidad normada a la realidad de hecho, vistas las limitaciones jurisdiccionales, no solo no lo han logrado con eficiencia sino que ofrecen una diversidad de regulaciones que exceden en mucho las facultades reglamentarias de los gobiernos locales y son sospechosas de inconstitucionalidad.
Estas novedosas relaciones que, además de los propietarios, involucran a empresas de todo tipo, a los estamentos gubernamentales en orden a la correspondiente aprobación y control así como también a la tranquilidad de las personas que se desempeñan en los mas de los 130.000 puestos de trabajo integrados en forma directa al sector, requieren soluciones.-
Hacia fines de los años ´80 se contaban en el país alrededor de 140 instituciones de este tipo con alrededor de 12.000 casas y una infraestructura deportiva y servicial de unas 7.000 ha., al comienzo de los ´90 con el anuncio y posterior construcción de la red de accesos a la Capital Federal las familias comenzaron a utilizar las viviendas de clubes de campo como residencia permanente, apareció el sucedáneo conocido como barrio cerrado, se ordenaron los mega emprendimientos, y como consecuencia se produjo una increíble aceleración cuantitativa de todo el proceso llegando en la actualidad los clubes de campo y barrios cerrados a sumar mas de 600 entidades que ahora contienen y dan servicios a mas de 50.000 casas, ocupan una extensión de 36.000 ha. subdivididas en 100.000 lotes de terreno, en un proceso de expansión que ha tomado nuevo impulso, proyectándose al futuro.-
Según nota de La Nación del 30-4-05 (Sec. 7 págs. 4 y 9) el fenómeno que respondía supuestamente a un selecto grupo de gente que buscaba esparcimiento y aire libre ha modificado su tendencia y los nuevos compradores son familias jóvenes que encontraron una alternativa para su residencia permanente y aprovecharon las numerosas líneas de crédito. Sin mencionar el interior del país y a solo título de ejemplo el resultado fue una fuerte migración de pobladores de la Capital y el primer cordón del Gran Buenos Aires hacia las zonas de Pilar, Malvinas Argentinas y Escobar, Moreno, General Rodríguez y Luján, Esteban Echeverría y Cañuelas, con crecimiento según los últimos censos (1991 y 2001) del 61% en Pilar (de 144.000 a 232.000 habitantes), 21% en Malvinas Argentinas (de 232.000 a 289.000), 38% en Escobar (de 128.000 a 177.000), 40% en General Rodríguez (de 48.000 a 67.000), 32% en Moreno (de 287.000 a 380.000), 16% en Luján (de 80.000 a 93.000) y 26% en Esteban Echeverría de (192.000 a 246.000).
Como dato posiblemente curioso pero relevante de la realidad, actualmente en los campeonatos de futbol de las ligas de countries participan nada menos que¿ 12.000 jugadores ¿. (mismo periódico, 28-5-05 Sec. 7 pág. 4).
Ese crecimiento condujo a aumentos en la recaudación fiscal local, al establecimiento de grandes centros comerciales, múltiples institutos educacionales, incluso universitarios de primer nivel y centros de atención de salud de alta complejidad como el Hospital Universitario Austral en el partido de Pilar, hoteles, edificios destinados a oficinas, empresas asentadas en parques industriales, y consiguientemente a la creación de fuentes de trabajo en medida difícil de calcular.
El proyecto de ley en curso, entonces, se adecua a una sentida necesidad social, expuesta desde antaño y repetida reiteradamente.-
Queda para otra ocasión una exégesis de las normas del proyecto.
Baste para este trabajo someramente informar que el nuevo régimen propuesto es concebido como ley complementaria para no alterar la armoniosa arquitectura del Código Civil, aplicable analógicamente a las situaciones existentes en tanto no puedan adecuarse formalmente (por sus características ya consolidadas y/o inmodificables en los hechos) priorizando su aplicación como derecho específico.
En vista del orden público que se reconoce al régimen de los derechos reales, particularmente en materia inmobiliaria, y de derecho supletorio al generalmente aplicable a las relaciones personales que en estas urbanizaciones les son virtualmente inseparables, tienen un distinto nivel de imperatividad:
Así, respecto de las relaciones reales se dan normas acordes a la rigidez y orden público en el ordenamiento civil y su número clauso, enfatizando y extendiendo las disposiciones relativas a las formalidades, publicidad, etc.; respecto de las relaciones personales en cambio, su mayor elasticidad induce a una normativa que deja considerable margen de libertad a la implementación de regímenes adecuados al imaginativo, pujante y variable desarrollo de emprendimientos diferenciados, admitiendo construcciones normativas en distintos niveles (reglamentos urbanísticos, otros reglamentos, decisiones de asambleas, decisiones de órganos de conducción) sin dejar de establecer normas supletorias para facilitar la tarea de usuarios e interpretes, que actuarán ¿por defecto¿ en caso de omisión de disposiciones convencionales específicas, y sin dejar tampoco de fijar criterios estrictos e inderogables para situaciones que exigen presencia jurídica protectora dada la naturaleza de los posibles conflictos.
Todo ello con congruo respeto de las disposiciones reglamentarias en cuanto su dictado depende de las autoridades provinciales, municipales o las que reciban las pertinentes delegaciones jurisdiccionales locales.
El proyecto ha recogido las experiencias de la realidad y la jurisprudencia formada en algunos casos en torno a la ley de propiedad horizontal y en otros en torno a la conflictividad producida en las urbanizaciones especiales y regula entonces la personalidad y capacidad limitada del complejo urbanístico, su representación, procedimientos para la liquidación y cobro de expensas y contribuciones dada su inexcusable necesidad para el normal funcionamiento, y la responsabilidad subsidiaria y mancomunada de los propietarios por las deudas generales, garantizando a la vez su derecho de defensa (en manera que no entorpezca los procedimientos) y las jurisdicciones locales, todo ello concordando con la Constitución Nacional.
Se ha regulado minuciosamente el ejercicio del poder disciplinario propio de las organizaciones de tipo asociativo, donde objetivos comunes exigen conductas compatibles con los deberes asumidos al incorporarse.
En suma, creemos que el proyecto al que dedicamos este breve comentario, mas allá de lo perfectible que es toda creación humana, es, luego de la depuración hecha en los proyectos anteriores, a los que ha seguido metodológicamente, no solo útil sino necesario y merecedor de amplio apoyo de usuarios, empresas, emprendedores y profesionales especializados en el quehacer afín.¿
Lamentablemente, por razones de tiempo y circunstancias coyunturales el proyecto no alcanzó a completar el trámite legislativo en la Cámara de Diputados y el pasado mes de diciembre perdió estado parlamentario al cumplirse los dos años reglamentarios de vigencia del proyecto.
En consecuencia la realidad permanece inmutable.
Actualmente los ¿countries¿, clubes de campo, barrios cerrados, y emprendimientos afines carecen de una regulación clara y específica desde el punto de vista del derecho de propiedad, afectando fundamentalmente:
a) a los vecinos, a los propietarios de viviendas (que cuentan con complicadísimas escrituras que a veces ni siquiera sirven para obtener un crédito hipotecario);
b) a las provincias, que deben generar una compleja arquitectura normativa -muchas veces de dudosa legalidad- para llenar el vacío jurídico existente y contener esta realidad en crecimiento.
c) a los municipios, que también tienen que ingeniárselas para organizar esta realidad desde el punto de vista urbanístico.
No es aspecto menor, desde otra óptica, la incidencia del defecto de regulación en el irregular cumplimiento (voluntario o involuntario) de los deberes fiscales de propietarios, en gran medida favorecido por las dificultades y aún imposibilidades prácticas para empadronar las construcciones o incorporar a los padrones las mejoras y ampliaciones, lo que ha obligado a la utilización de engorrosos mecanismos de averiguación. El proyecto que someto hará inevitable e impostergable la actualización constante de los registros catastrales y rentísticos, facilitando en extremo la atención de las cargas tributarias y tornando inexcusable su vulneración, con el consiguiente efecto en la economía de la recaudación y del contralor.-
Vuelvo entonces a presentar -esta vez en la Cámara de Senadores- el proyecto, que sigue el criterio metodológico y práctico de la ley de propiedad horizontal, que se sancionó en 1948, cuando también había un vacío legal frente al notable desarrollo de grandes edificios.
He tenido especialmente en cuenta y receptado las precisiones técnicas sugeridas por los expertos y también las surgidas en el debate en las Comisiones de la Cámara de Diputados, que han contribuido al enriquecimiento del texto original.
Como dije anteriormente, al momento de tomar la iniciativa de presentar este proyecto presté particular atención a que, además de contar con el respaldo técnico suficiente, recogiera de la mejor manera las aspiraciones de los habitantes de este tipo de urbanizaciones, a los que sin duda la mejor norma que hoy podemos darles es también la que logremos en el menor tiempo posible.
En definitiva, este proyecto pretende llenar un inexplicable e injustificable vacío legal en nuestro ordenamiento jurídico y cuenta con el consenso de las instituciones representativas de los diferentes sectores involucrados en la problemática, de calificados juristas y de diversas asociaciones de profesionales, motivo por el cual solicito a mis compañeros legisladores que lo acompañen con su voto.
Hilda B. Gonzalez de Duhalde.



