Directora general: Claudia Mónica Rucci
Av. Hipólito Yrigoyen 1702, 9° piso, Of. 909
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Te. +(54 11) 2822-3000 Int. 3970
observatorioddhh@senado.gob.ar
Presentación
El Observatorio de Derechos Humanos fue creado con el objeto de contribuir al desarrollo de una legislación que garantice el pleno reconocimiento y la efectiva protección de los derechos humanos en Argentina, en consonancia con la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que el Estado adhirió.
Con ese propósito, promueve y articula espacios de diálogo y cooperación entre el Poder Legislativo Nacional, organismos públicos, instituciones académicas y técnicas, y organizaciones de la sociedad civil, en aras de fortalecer el respeto y el ejercicio de los derechos humanos.
Institucional
En ese contexto, el 10 de diciembre de 2013, día internacional de los Derechos Humanos y coincidiendo con los 30 años del advenimiento de la democracia en Argentina, en el ámbito del Honorable Senado de la Nación se creó el Observatorio de Derechos Humanos, para asistir a los legisladores, relevar información y producir estudios de diagnóstico que permitan monitorear el cumplimiento de la legislación referida a los Derechos Humanos.
Desde el ámbito regional Latinoamericano, esta iniciativa tiene correlato con otras impulsadas, como el Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR, cuyo objetivo es el monitoreo de la incidencia de las mismas en los países del bloque.
El Observatorio tiene jerarquía de Dirección General, con dependencia orgánico-funcional directa de la Presidencia del Honorable Senado de la Nación.
2. Relevar información y producir estudios de diagnóstico que permitan identificar las fortalezas y debilidades de la normativa nacional y provincial relativa a los derechos humanos.
3. Contribuir en la elaboración de proyectos de ley que persigan el objetivo de ampliar y garantizar la efectiva protección de los derechos humanos.
4. Facilitar y promover un espacio de diálogo y cooperación entre el Poder Legislativo Nacional, organismos públicos, instituciones académicas y técnicas, y organizaciones de la sociedad civil, en aras de fortalecer el respeto y el ejercicio de los derechos humanos.
