La Ley Penal Tributaria argentina, compuesta principalmente por la Ley 24.769 y sus modificatorias, establece el marco normativo para la persecución penal de conductas relacionadas con la evasión y otros ilícitos tributarios. El objetivo principal de esta norma es proteger la Hacienda Pública y el orden económico, reprimiendo irregularidades en la fiscalización tributaria y en los aportes previsionales. Sin embargo, los montos mínimos que configuran los delitos han quedado obsoletos frente a la inflación y los cambios en la economía, lo que ha llevado a la judicialización de casos menores y a una pérdida de proporcionalidad en la aplicación de sanciones. Por ello, los proyectos de reforma buscan actualizar estos valores y establecer mecanismos de reajuste automático, garantizando que solo las conductas de real relevancia sean sometidas a la acción penal.