La Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación de Código Procesal Penal Federal realizó un balance sobre la implementación del Código en Jujuy y avanzó en el diagnóstico de necesidades de cara a su instauración en Rosario y Mendoza

Tras haber recibido la semana pasada a las máximas autoridades del Distrito Federal Salta, la Comisión invitó este miércoles a representantes tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa de la provincia de Jujuy para que expongan la experiencia de la implementación en esa provincia.

Como destacó la presidenta de la Comisión, la senadora Anabel Fernández Sagasti, se viene trabajando en un diagnóstico "con el objetivo de saber cuáles han sido las bondades y las experiencias que han tenido en la aplicación de este Código y, también, por supuesto, colaborar y ponernos a disposición de aquellos ajustes que sean necesarios en el marco de la implementación del Código Procesal Penal. El balance que queremos hacer es a los fines de tener una guía para las próximas implementaciones que, según nuestra hoja de ruta, van a ser los distritos de Mendoza y Rosario".

En primer lugar, expuso la Dra. Alejandra Cataldi, jueza del Tribunal Oral Federal de Jujuy, quien luego de agradecer la convocatoria y dejar en claro que las "bondades de este Código están más que acreditadas", se refirió a las particularidades del distrito Jujuy en cuanto a la operatividad de la implementación del Código. Remarcó que Jujuy no tiene avalada la desfederalización del narcomenudeo, lo que significa que deben seguir ocupándose de juicios residuales, además de estar tramitando "la megacausa donde se juzgan, entre otras, el apagón de Ledesma y la situación de la minera Aguilar".

En segundo lugar, se escuchó al Dr. Esteban Hansen, juez del Juzgado Federal nro. 1 de Jujuy, quien expresó que la experiencia de la implementación del Código Procesal Penal Federal en ese distrito es sumamente favorable destacando que "una audiencia de treinta minutos, aproximadamente, resuelve situaciones procesales que antes demandaban un promedio de entre dos y tres meses". En cuanto a deficiencias técnicas, se refirió principalmente a la falta de conectividad que tan necesaria es en la implementación de este Código.

Posteriormente expuso el Dr. Federico Zurueta, fiscal federal de la Unidad Fiscal Jujuy, quien celebró el encuentro toda vez que considera que Jujuy tiene problemáticas y características propias. Tras mencionar que nadie discute las bondades del sistema acusatorio, agregó que hay una gran cantidad de casos que no se judicializan y que se hace uso de todas las herramientas que el Código brinda para no llegar a juicio. Por otra parte, definió como fundamental la capacitación que las fiscalías recibieron antes de la implementación y comentó que están a días de mudarse a un edificio más grande que les permitirá un salto de calidad en su trabajo.

Por último, expuso el Dr. Matías González Perea, defensor público oficial a cargo de la Unidad de Defensa Acusatoria de San Salvador de Jujuy, quien detalló el cambio radical en la actuación de la Defensoría Pública manifestando que "vemos el caso desde el inicio hasta el juicio, y eso es un beneficio en la asistencia del caso". Por otra parte, se refirió a la falta de actores específicos que el sistema requiere como una desventaja indicando que lo suplen con la flexibilidad de los actores que ya venían trabajando. Para finalizar, destacó la necesidad de crear equipos técnicos en Jujuy.

Posteriormente, la diputada Burgos, la senadora Sacnun, el diputado Godoy y el senador Zimmermann realizaron breves intervenciones y preguntas que fueron respondidas por los expositores invitados.

Seguidamente, y como segundo tema a tratar, la Comisión debatió propuestas y necesidades de cara a la implementación del Código Procesal Penal Federal en los distritos federales de Rosario y Mendoza, con la exposición de los miembros del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.

El Dr. Javier Lancestremere, secretario general de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación, expuso en primer lugar y enumeró los criterios que se tuvieron en cuenta para diagramar el informe en Rosario y Mendoza como, por ejemplo, la conectividad, cuestiones edilicias, movilidad, recursos humanos y capacitación. Por otro lado, sostuvo que la Defensoría General, bajo la gestión de la Dra. Stella Maris Martínez, se viene preparando para este sistema acusatorio desde 2014 y aclaró que, tras la experiencia en Salta, "nos encontramos en condiciones de encarar este desafío y, además, estamos muy, pero muy entusiasmados, de llevar adelante este modelo de implementación en la jurisdicción de Mendoza y Rosario".

En segundo lugar, el Dr. Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación y corresponsable de la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA) del Ministerio Público Fiscal, destacó que, a partir de su experiencia en la implementación de Salta y Jujuy, hay tres factores fundamentales que considera que se deben aplicar para que la implementación sea exitosa: "uno, es la decisión política; otro, la disponibilidad presupuestaria y, finalmente, la voluntad de los operadores.  Creo que esas circunstancias están dadas. Esta reunión me dice que sí", puntualizó.

Por último, el Dr. Juan Manuel Casanovas, secretario disciplinario y técnico de la Procuración General de la Nación, y también corresponsable de la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA) del Ministerio Público Fiscal, expuso que la UNISA realizó informe en Salta y Jujuy al cumplirse un año de la aplicación del Código, y eso les sirvió como punto de partida para realizar el diagnóstico en Mendoza y Rosario. En ese sentido sostuvo que "ello, teniendo en cuenta que ambas, como habrán visto en el diagnóstico, presentan entre sí características bastante disímiles, significa que va a llevar un tiempo hacer las adaptaciones que son necesarias para la implementación del sistema". Además, destacó la importancia de la capacitación de los actores judiciales para desterrar ciertos "ritualismos" como, por ejemplo, la eliminación del papel por el legajo electrónico, o el paso al litigio oral. En cuanto a la implementación de Mendoza y Rosario precisó que desde la Procuración realizarán entrevistas con todos los fiscales y empleados de los distritos para relevar sus requerimientos y profundizar los informes ya realizados.

Luego de agradecer la participación de los expositores, la senadora Fernández Sagasti sostuvo que desde la Comisión se está trabajando con los informes enviados y que servirán para finalmente establecer una fecha de implementación del Código en Mendoza y Rosario. A su vez, comentó que se formalizarán solicitudes para avanzar en la recopilación de la información con la que áun no se cuenta, cuyo contenido fue definido en las reuniones de asesores. Puntualizó que, por ejemplo, se solicitarán datos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para "poder identificar edificios del Estado Nacional, tanto en la provincia de Mendoza como en la ciudad de Rosario y las demás jurisdicciones, donde podamos ubicar, en consenso con los operadores locales y las defensorías y fiscalías, y podamos readecuar las salas de audiencias".

Finalmente, el diputado Enríquez, tras solicitar la palabra, comentó que junto a otros diputados presentarán una reforma del artículo 366, inciso f). Luego, la presidenta de la Comisión realizó algunas aclaraciones en relación a las resoluciones 1/2020 y 1/2021, refiriendo al finalizar que serán bienvenidas todas las sugerencias e iniciativas para trabajar que propongan quienes integran la comisión.

Participaron de la reunión las senadoras Anabel Fernández Sagasti (Pta.), Carmen Lucila Crexell, María Inés Pilatti Vergara, María de los Ángeles Sacnun, el senador Víctor Zimmermann; y los diputados y diputadas María Gabriela Burgos, Marisa Uceda, Lucas Godoy, Albor Cantard, Jorge Enríquez, Ramiro Gutiérrez y Martín Soria. También participaron de la reunión las senadoras Beatriz Graciela Mirkin y Stella Maris Olalla y los senadores Ernesto Martínez y Guillermo Snopek. 

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