La senadora nacional Sonia Escudero, se encuentra trabajando, desde hace meses, en una resolución sobre el problema del narcotráfico y el crimen organizado a nivel mundial, por encargo de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (EuroLat), donde la legisladora argentina ocupa una de las vicepresidencias.

Escudero fue designada por el organismo para representar a los parlamentarios de América Latina.

El tema viene siendo debatido en el marco de las reuniones de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos de Eurolat. Una vez que el cuerpo apruebe la resolución final, ésta será elevada a la cumbre de jefes de Estado de América Latina y Europa prevista en Chile en enero de 2013.

Las discusiones están avanzadas. Hace pocos días se celebró en México, los días 22 y 23 de febrero, un seminario de alto nivel donde participaron unos 50 legisladores y unos once expertos de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos regionales. El evento contó con la participación de la canciller mexicana, Patricia Espinosa. El tema excluyente fue el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada en la cooperación entre los países de los dos bloques.

La propuesta de resolución preliminar, elaborada por la senadora Escudero y por el parlamentario polaco Boguslaw Sonik del Parlamento Europeo, considera fundamental "diagramar las políticas de drogas desde una perspectiva integral", asimismo, "promueve el riguroso control de todas aquellas sustancias reconocidas como precursores para la elaboración de sustancias ilícitas"; y plantea "la necesidad de frente al enfoque que criminaliza en algunos casos, estigmatiza y marginaliza a los drogodependientes, de implementarr programas de reducción de daños, que reemplacen penas punitivas por tratamientos terapéuticos, asistencia sanitaria y de reintegración social a quienes los necesiten".

Por otra parte, el documento incluye recomendaciones para que los países destinen "mayores recursos a la realización de programas preventivos y de contención social destinados, en especial, a los grupos de mayor vulnerabilidad social". Además, sugiere el estudio de posibles penas alternativas para vendedores de pequeña escala.

Por último, el documento -aún en discusión en comisión- propone focalizar las acciones represivas en las organizaciones criminales violentas, nacionales y transnacionales.