LA ARGENTINA DEBERÁ SANCIONAR UNA LEY ANTITERRORISTA ANTES DE JUNIO

Ese fue el principal anuncio que hicieron los integrantes de la misión argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -organismo internacional que combate el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el mundo y que la Argentina integra desde el año 2000. Invitados por las presidentas de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, Sonia Escudero (PJ-Salta) y de Justicia y Asuntos Penales, Vilma Ibarra (PJ-Capital Federal), Juan Félix Marteau y Zenón Biagosh, Coordinador nacional ante el GAFI y director del Banco Central, respectivamente, concurrieron al Senado Nacional para informar los resultados de la última reunión plenaria del organismo internacional realizada la semana pasada en Strasbourg, Francia.

Los funcionarios explicaron que la Argentina, que es miembro pleno del organismo desde el año 2000 -status que comparte en Latinoamérica sólo con México y Brasil- deberá aprobar antes de junio un proyecto de ley que tipifique en nuestro Código Penal como delito autónomo el financiamiento del Terrorismo si no quiere recibir sanciones.

Las sanciones pasibles de ser aplicadas contra nuestro país son dos: la primera de ellas es los que se conoce como "declaración pública" (o "public statement" en su traducción al inglés) por el cual "el grupo en pleno le dice a sus países miembros que consideren con especial atención a todas las operaciones financieras que provengan o sean destinadas a nuestro país", según informó Biagosh. "El siguiente paso es directamente la expulsión", agregó.

El país ha demostrado algunos avances en la materia, ya que el Poder Ejecutivo Nacional ingresó en el Congreso -el pasado 21 de diciembre de 2006- una iniciativa que incorpora en el Código Penal la figura de Asociación Ilícita Terrorista" y el delito de financiamiento del terrorismo, en cumplimiento con las exigencias del GAFI. Sin embargo, "no se discutió el contenido de la norma -aclaró Marteau- ya que sólo debían presentarse avances en la materia; la evaluación técnica de la iniciativa le cabe, en primer lugar, a los legisladores argentinos. Es un proyecto serio que responde a nuestra tradición jurídica y que cumple acabadamente con las exigencias internacionales", aseguró.

El proyecto del Ejecutivo

La iniciativa del Poder Ejecutivo fue girada a tres comisiones: Justicia y Asuntos Penales, Seguridad Interior y Narcotráfico -que preside Sonia Escudero-, y Economía Nacional e Inversión. Si bien fue incluida en el listado de temas habilitados para ser tratados en extraordinarias, hasta el momento aún no inició su tratamiento en comisión.

"Se crea una nueva figura penal "la asociación ilícita terrorista, se trata de una asociación ilícita que tenga por objetivo aterrorizar a la población para lograr que las autoridades tomen una determinada decisión y que a su vez esté organizada en redes terroristas internacionales", explicó Escudero. Asimismo, debe tener por propósito promover el odio religioso, racial o político, y tener armas de guerra, explosivos o químicas".

"Con el componente internacional se deja en claro que no quedan alcanzadas las organizaciones violentas que actúen en el ámbito interno" -indicó la legisladora. Además, "el proyecto está en línea con la visión occidental -especialmente con los Estados Unidos- pues se castiga el estadio anterior a la comisión delito, es decir apunta a la preveción del acto terrorista. Seguramente recibirá cuestionamientos por parte de Organismos defensores de derechos humanos, especialmente quienes no están de acuerdo con penalizar organizaciones".

La senadora celebró la presentación de la iniciativa por parte del Ejecutivo, "pues ayuda a definir la posición de la Argentina frente a esta amenaza global. Significa la ratificación de la lucha contra el terrorismo como política de estado, y la disposición de nuestro país para cooperar en materia de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, a través del avance en legislaciones e instituciones transparentes que ayuden a controlar los delitos financieros".

Con respecto al plazo dispuesto por el GAFI, reconoció que resulta muy corto, "teniendo en cuenta el tiempo razonablemente necesario para el tratamiento de un tema tan complejo, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un año electoral. Hasta junio puede esperarse la media sanción por parte del Senado, pero dudó de que pueda lograrse su tratamiento en la Cámara Baja, afirmó la senadora salteña.

Presentación contra Uruguay

La delegación argentina ante el GAFI no sólo presentó los avances de la Argentina en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, también fueron los encargados de entregar al presidente de este organismo una carta firmada por la Ministra de Economía de la Nación, Felisa Miceli, en la cual expresa preocupación con relación a la situación del Uruguay en materia de cooperación para la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

"El papel de ese país como centro financiero off shore, la falta de restricciones al secreto bancario (...), lo sitúan en una posición vulnerable para el lavado de dinero y el financiamiento internacionales" - señala la misiva. Además agrega: "resulta de fundamental importancia la cooperación de Uruguay con los países de la región para armonizar las legislaciones y adaptar las instituciones, a fin de cumplir con los estándares internacionales establecidos por el GAFI y GAFISUD" (organismo subregional).

Según advierte la carta, "la falta de observancia de estos estándares es extremadamente perjudicial en términos económicos y financieros para países que como el nuestro, se esfuerzan en por cumplir con los compromisos internacionales ya que, entre otros efectos, esas flexibilidades tienden a deslocalizar flujos financieros".