CONTINÚA EL TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE MODIFICACIONES A LA LEY DE SALUD MENTAL
En una nueva reunión plenaria, más de 30 expositores brindaron sus opiniones sobre la reforma que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) propuso para la norma.
La Comisión de Salud del Senado de la Nación, en conjunto con la de Legislación General, presididas por la senadoras Ivana Arrascaeta (LLA) y Nadia Márquez (LLA) respectivamente, retomaron el debate sobre el proyecto que propone modificaciones a la Ley de Salud Mental N.º 26.657, enviada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Pasadas las 14 horas, en el Salón Azul del Palacio Legislativo comenzó el plenario con la participación de más de 30 invitados.
La reforma de la ley apunta a mejorar la capacidad de respuesta ante diversas situaciones de pacientes implementando una rectificación en conceptos y equipos de trabajo, entre otros cambios. De esta manera, por la variedad de campos para abordar las distintas complejidades, el plenario se organizó en bloques de especialistas, a cuyo término los senadores presentes realizaron preguntas a los invitados.
Primeramente, Ricardo Marcelo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, aclaró que "la cantidad de internaciones que se requieren es muy baja, no es una demanda tan grande que hay que hacer", respecto al requisito básico de que estos profesionales integren los equipos interdisciplinarios. Por otra parte, Marcelo Clingo, presidente de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FEPRA) remarcó su preocupación "por el retroceso conceptual y jurídico del proyecto que degrada el lugar de la psicología en los equipos de salud. Re-instala una lógica jerárquica y verticalista, la interdisciplina no consiste en la subordinación de unas profesiones a otras".
A continuación, y en esa misma línea, Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y las Violencias, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, remarcó que dicho distrito es el que cuenta con más psiquiatras en el país, cerca de 600, y aseguró que "es completamente imposible garantizar el cumplimiento de ese artículo, es inaplicable". Sin embargo, el doctor Corral, quien trabaja desde 1983 en el Hospital Borda, subrayó que "para el caso que no haya un psiquiatra en el lugar físicamente lo que se hace es la tele-interconsulta"
En tanto, dentro de los invitados, además estuvieron presentes familiares de pacientes para brindar su testimonio y opinar sobre el proyecto. Es el caso de la Lic. Marina Charpentier, trabajadora social que dirige el grupo Familia Esperanza, expresó que "la salud no puede tener grieta, los enfermos y los familiares no podemos esperar, no puede ser que la política interfiera en esta discusión". La madre del cantante Chano Charpentier, dijo que "necesitamos aggiornar la ley de salud mental, tenemos que proteger los derechos humanos de la familia y los demás. No se si este u otro proyecto pero necesitamos cambiar así como estamos, estamos muy mal".
También asistió Juan Roza Alconada, director ejecutivo de la asociación civil Icona, hermano del atacante que, durante un brote psicótico, acuchilló al policía Juan Pablo Roldán, quien en su defensa le disparó, ambos murieron en un incidente en 2020. Alconada repasó otros brotes de su hermano Rodrigo que sufría de esquizofrenia paranoide, donde sólo una vez pudo ser internado y se escapó, ante esto fue tajante: "El problema es la ley, está bien claro".
Por otro lado, desde el campo judicial, el ex juez de Cámara especializado en derecho civil, Marcelo López Mesa, se refirió al reemplazo del término riesgo cierto e inminente: "Es un concepto jurídico más que un concepto médico. Es una ley más de Derechos Humanos que una ley de Salud Mental". "Creo que los jueces tienen que tener un rol determinante en la materia de capacidad o incapacidad de las personas y devolverle a los psiquiatras una cierta importancia que se le ha sacado con la ley vigente", agregó el letrado, que cuando todavía no estaba la ley vigente tuvo que decidir internaciones de pacientes,
En relación a ese artículo, Andrés Mega, médico psiquiatra, psicoterapeuta y perito forense en su ponencia pidió que se respalde este proyecto "porque no existe el riesgo cierto e inminente, esto generó una confusión entre los profesionales de la salud que evitó necesarias internaciones que terminaron en muertes". Aunque, Alberto Trimboli, especialista en psicología clínica y Presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), acotó que si "alguien cree que cambiando este concepto por el de riesgo grave va a traer mayor claridad, es al revés. Esto va limitar muchísimo más las internaciones porque pienso que es más claro una situación de riesgo cierto e inminente que una situación de riesgo para la vida".
Hacia el final del plenario, se escucharon las voces de diversas dirigentes sociales, madres de adictos o pacientes que se suicidaron. Una de ellas fue Stella Maurig, psicoeducadora y especialista en adicciones que fundó la asociación civil La Madre Marcha. "Soy madre de un hijo consumidor, con dos trastornos de salud mental, que se suicidó en 2019. Gracias a esta ley actual nunca pudimos ayudarlo, mi hijo entraba a las guardias le ponían un suero, lo desintoxicaban, y le daban el alta; cuando no se arrancaba todo y se escapaba. Festejo que haya esta modificación", dijo la dirigente.
Además de los mencionados, los invitados que brindaron su parecer y visión sobre el proyecto fueron: Lic. Luciano Grasso, psicólogo y profesor de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Dr. Emilio De Fazio, presidente de la Asociación de Instituciones de Salud Mental de la Argentina (Aisame); Martín Sebastián Malgá subsecretario de Salud Mental y Adicciones de La Pampa; Alicia Stolkiner, Dra. en Psicología y ex titular de Cátedra Salud Pública y Salud Mental por la UBA; Dr. León S. Morra, especialista en psiquiatría de la Universidad Nacional de Córdoba; Alfredo Eduardo Stober, representante legal del Órgano de Revisión de Salud Mental y letrado adjunto de la Defensoría General ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz; Dr. Darío Sangineto, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto Juvenil y Profesiones Afines (AAPI); Ana María Dones, en representación de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI); Gustavo Federico Palmieri, comisionado del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; Lic. Silvia Papuchado, psicóloga clínica y psicoanalista; Agustín Yécora, médico especialista en Psiquiatría y secretario de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad de Jujuy; Esteban Toro Martínez, médico especialista en psiquiatría y medicina legal; Dr. Bernardo Carricart, médico psiquiatra y director de la Clínica Interdisciplinaria Alsina; Lic. Carolina Raquel Juárez, psicóloga y ex directora de Salud Mental de la Provincia de Jujuy; María Graciela Iglesias, abogada, ex Jueza de Familia y referente en temas de salud mental y discapacidad; Maira Salomé Figueroa, de la Fundación Nuestra Fuerza tu Salida; Norma Beatríz Galeano, de Madres Territoriales Línea Fundadora; Gladys Del Valle, integrante del Foro por la Ley de Salud Mental; Alejandro Argañaras, pastor, psicólogo social y profesor que es fundador de "Celebremos la Restauración"; Patricia Alejandra Di Pizzo, integrante del grupo Familia Esperanza; Sebastián Sánchez, referente nacional de Vientos de Libertad y Marcela Claudia Monzón; de Madres en Lucha por una Juventud Despierta.
Al finalizar las exposiciones, la presidente de la Comisión de Legislación General, informó que se pasa a un nuevo cuarto intermedio para continuar con el debate de las modificaciones a la Ley de Salud Mental.



