29 de octubre de 2020

SE APROBÓ LA LEY QUE DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, FABRICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19

La iniciativa fue respaldada por 56 votos contra 12. En la sesión también se acompañó la ley de Alimentación Sustentable, se dio acuerdo para miembros del cuerpo diplomático y se votaron transferencias de inmuebles en beneficio de diferentes municipalidades.

Interés Público de la fabricación, desarrollo y adquisición de las vacunas contra el Covid-19

Al defender la iniciativa, el senador por Santiago del Estero, José Neder (FdT), señaló que el proyecto contiene cuestiones excepcionales, como la prórroga de la jurisdicción, dada la "emergencia del coronavirus". 

Destacó que "el Poder Ejecutivo descartó recurrir a un decreto de necesidad y urgencia y puso en manos del Parlamento la decisión", ya que "se trata de contar con la vacuna contra el coronavirus en el más breve plazo posible ya que el proyecto permitirá lograr convenios con los fabricantes".

El senador por Jujuy, Mario Fiad (JxC) resaltó que "el proyecto va a permitir lograr contratos con las empresas fabricantes de las vacunas en un contexto de alta demanda mundial". También resaltó que "en el marco de la pandemia, la vacuna es la única solución global". El senador manifestó algunas dudas en los artículos 4 y 9 y adelantó su abstención. 

La senadora por Santa Cruz, María Belén Tapia (JxC) adelantó que junto a la senadora por Tucumán, Silvia Elías de Pérez (JxC) habían presentado un dictamen de minoría ya que consideran que "el proyecto que viene de Diputados adolece de graves falencias que hacen imposible nuestro acompañamiento". 

El jefe del bloque opositor, senador por Formosa, Luis Naidenoff (JxC) señaló que "desde la aparición del coronavirus, la enfermedad ha interpelado a las dirigencias políticas en todo el mundo". Afirmó que la pandemia "pone al Estado en el centro de las decisiones. Un Estado con criterio de realidad" y destacó que "en materia de Salud Pública el fin del Estado es el bienestar general". Consideró que al margen de las observaciones, presentadas por el senador Fiad, acompañaba el dictamen de mayoría. 

Por el oficialismo el discurso de cierre estuvo a cargo de la senadora por Corrientes, Ana Almirón (FdT). Destacó que "la pandemia no está resuelta" y manifestó su preocupación "por la segunda ola del coronavirus que está sufriendo Europa". También resaltó que en este momento "la oferta de una vacuna sigue siendo insuficiente". 

La senadora subrayó que "la prórroga de jurisdicción no afecta a los terceros damnificados quienes podrán litigar en cualquier tribunal nacional" y que "de ninguna manera vamos a adquirir una vacuna que no esté habilitada por el ANMAT o el Ministerio de Salud de la Nación". 

El proyecto fue aprobado por 56 votos afirmativos contra 12 negativos. La oposición se abstuvo en particular en los artículos 4 y 9.


Promoción de la Alimentación Sustentable

La senadora por Neuquén, Silvia Sapag (FdT) fue la miembro informante de la iniciativa que unificó 15 proyectos de diferentes senadores. 

Sapag destacó que la ley intenta "garantizar el derecho a la salud a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas".

Resaltó también que se pretende "advertir a consumidoras y consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz".

Sapag aseguró que "para tomar la determinación de llevar o no un comestible una persona demora seis segundos. Por eso el sello debe ser grande, se debe diferenciar del colorido del empaque, y con pocas palabras para que la información llegue directamente".

Concluyó la defensa del proyecto subrayando que "será en beneficio de toda la población y en especial de nuestros niños".

En el cierre del debate, el senador por Mendoza, Julio Cobos (JxC) destacó que encuestas comparativas demostraron que hubo "un aumento del 75% de los factores de riesgo y que un 60% de los argentinos sufren de algún exceso de peso. En números estamos hablando que 27 millones de argentinos sufren este problema". 

La senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (FdT) valoró que el trabajo en conjunto permitiera "llegar a un dictamen conjunto". Dijo que "informar sobre la calidad de los alimentos es una demanda social". Afirmó que "evitar la propagación de enfermedades no transmisibles, como la diabetes o la hipertensión no sólo traerá una mejora en la calidad de vida, sino que además será un gran ahorro para la Salud Pública". 

Destacó que "esta ley no demoniza el azúcar, sino que advierte que su consumo excesivo es perjudicial. Esta ley apoya a las economías regionales. Esta ley dice que para hacer publicidad de alguna fruta, el producto contenga esa fruta que producimos los argentinos y no extractos químicos con ese sabor. Esta ley no es contra ninguna industria sino a favor de todos los argentinos y argentinas". 

La iniciativa obtuvo media sanción con 64 votos a favor y 3 votos negativos. El de las senadoras por Tucumán, Beatriz Mirkin (FdT), Silvia Elías de Pérez (JxC) y la senadora por La Rioja, Clara Vega (Interbloque Federal).

Acuerdos

La senadora por Mendoza y presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti (FdT), fue la miembro informante de los pliegos de los candidatos a ocupar cargos de embajadores plenipotenciarios y cónsules (Roberto Carlés, embajador en Italia, y José Carlos Ramos, Cónsul en Asunción del Paraguay), así como a otros postulantes para integrar el cuerpo diplomático de la Nación.

Todos los pliegos fueron aprobados por amplia mayoría. 

Ley Orgánica del Ministerio Público. 

El primer punto en ser considerado fue el pedido de la senadora por Neuquén, Lucila Crexell (Bloque Popular Neuquino) y del senador por la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Losteau (JxC) de retiro de proyectos de su autoría que proponían modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público. 

El senador por Neuquén y presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli (FdT), rechazó la propuesta destacando el artículo 137 del reglamento del Senado que afirma que el retiro de un proyecto debe ser aprobado por el pleno del cuerpo. "Nuestra propuesta es que no se acepte el retiro y que se siga discutiendo", afirmó.

Consideró que el hecho de que una comisión asesora, nombrada por el PEN, esté analizando también el funcionamiento de la Justicia y del ministerio Público, no es contradictorio con que esto se considere en el Senado.

"Estamos en conocimiento de que el Poder Ejecutivo, a través del consejo de expertos, opinará sobre cuál es la mejor manera de designar, remover y sobre la permanencia del Procurador. Vamos a esperar que el Poder Ejecutivo tenga el asesoramiento de los expertos y después decidiremos. No quiere decir que vayamos a hacer lo que ellos digan", agregó.

El senador por Córdoba, Ernesto Martínez (JxC) consideró que al análisis reglamentario había que sumarle las consideraciones políticas. Consideró que "los proyectos se tratan cuando hay voluntad política y se retiran cuando la voluntad política considera que no es apropiado su tratamiento". Destacó que "no hay antecedente alguno, en 150 años de existencia del Senado de la Nación, en el que el cuerpo rechace a un senador retirar su proyecto".  Opinó que "cualquier senador del oficialismo puede presentar el mismo proyecto. Por mano ajena quieren lograr el mismo resultado que los autores de los proyectos no quieren lograr". 

El rechazo del retiro de las iniciativas fue aprobado por 41 senadores.