CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA POLICÍA PORTEÑA: EL DICTAMEN PASÓ A LA FIRMA

Esta tarde continuó el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales presidida por la senadora por Santa Fe María de los Ángeles Sacnun (FdT) y de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador por Córdoba Carlos Caserio (FdT). Durante la reunión, realizada por videoconferencia y presidida por la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, expertos en la materia expusieron sobre el Expediente del Poder Ejecutivo Mensaje nº 95/20 y proyecto de ley que aprueba el "Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", firmado entre el estado nacional y el gobierno de la CABA el 5 de enero de 2016.

Los primeros en exponer fueron representantes de la Comisión Federal de Impuestos. La presentación fue iniciada por su presidente, y ministro de Economía de la provincia de Catamarca, Sebastián Veliz quien sostuvo que "no hay una modificación del índice de distribución de coparticipación para las provincias" sino que "únicamente se modifica el índice de participación del Poder Ejecutivo nacional haciendo uso del Art. 8 de la Ley 23.548 y el Art. 4" y detalló tanto que "el esquema de distribución de la masa coparticipable de los recursos establecida por la ley 23.548 establece una distribución primaria y una distribución secundaria" como que "lo que está afectando este Decreto, y que dio lugar a este proyecto de ley, es la distribución primaria".

En tanto, el vicepresidente de la Comisión y ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de la provincia de Santa Cruz, Ignacio Perincioli resaltó que "nosotros como representantes de las 25 jurisdicciones nos atenemos a opinar lo mismo que se ha opinado en el año 2016" que "no es una cuestión que nos correspondía a nosotros emitir una opinión porque no hay una modificación de la coparticipación" y, seguido, el Director Ejecutivo Juan Chirino se refirió a la "función jurisdiccional que efectuó la Comisión Federal de Impuestos". "La Comisión administrativamente lo que realizaba era recepcionar los informes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que eran presentados por la Secretaría de Hacienda todos los años y ponerlo a disposición de las jurisdicciones sin intervención porque la intervención no corresponde por competencia que así se determinara", afirmó.

A continuación, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Mura, recordó que "estamos hablando de una transferencia de competencias y funciones" y realizó un resumen del análisis realizado en el año 2016 para determinar el valor porcentual transferido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "en base al valor de esa prestación en el año 2015". Además, consideró que el Decreto 735 es "unilateral" y que tiene un "impacto enorme para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para lo que queda del año y para el próximo", luego de lo cual hizo mención de "lo que está mal de ese presupuesto o ese informe que hizo el Ministerio del Interior para establecer ese número".

Luego, el  Director de Relaciones Institucionales AFIP, Alejandro Otero, resumió que el proyecto "transparenta el valor el costo que tiene esta prestación", "endereza situaciones que requerían ser enderezadas" y  "establece un régimen de transición para asegurar los recursos transitoriamente y readecuándolos a la situación prevista en el proyecto para no dejar sin recursos a la Ciudad de Buenos Aires frente a la prestación de este servicio en tanto no se apruebe y no tenga vigencia la ley". Asimismo, destacó que "no hay duda de que la Ciudad es parte del federalismo fiscal argentino y que su coeficiente en todo caso se adecuará en el marco de la discusión del conjunto de las jurisdicciones cuando avancemos hacia una nueva ley de coparticipación. En tanto en el régimen actual queda claro que las transferencias de competencias deben estar acompañadas de los correspondientes recursos vía transferencia presupuestaria". 

 A su turno, el Director del departamento de Economía de FCRE-UBA, Javier Curcio, afirmó que "la Ciudad de Buenos Aires como Ciudad Autónoma, al igual que las 23 provincias, tiene derecho a contar con transferencias automáticas" y que "seguramente la mayor riqueza relativa que tiene la Ciudad de Buenos Aires implicará que esta jurisdicción va a recibir proporcional recursos participables sensiblemente menores a los que aporta a través de sus bases imponibles al igual que otras jurisdicciones que también cuentan con mayores recursos propios, recursos naturales o con otros factores  que hacen que dentro de ese esquema tengan que recibir menos de lo que aportan y hagan primar el criterio redistributivo por sobre el criterio devolutivo". "En este contexto la transferencia que propone el proyecto de ley rompe esa característica de automaticidad que tienen estas asignaciones y puede generar por el acceso de esos recursos para la Ciudad dificultades respecto de la continuidad y la sostenibilidad de estos recursos además de ponerla en un pie de desigualdad frente a otras jurisdicciones que reciben fondos equivalentes de forma automática". 

Por su parte, el diputado mandato cumplido y ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Ricardo Gil Lavedra subrayó que "la Ciudad tiene la misma jerarquía en este punto que las provincias y es un actor dentro del federalismo fiscal argentino". "Yo creo que el Convenio tiene una vigencia absolutamente legitima" y que "esta perfectamente convalidado", afirmó a continuación para luego considerar que "esto no puede ser dejado sin efecto unilateralmente y por varias razones". Al respecto, reflexionó que "dicen que se le dio mucho, que se le dio en exceso o que no hay una ley. Dos caminos: o un nuevo acuerdo o un nuevo Convenio, que es posible para renegociar, o del contrario el otro camino es judicial no hay otra salida". "El proyecto que ustedes tienen en tratamiento es exactamente lo que la constitución no quiere, que es una transferencia con asignación unilateral de recursos. Eso es inadmisible en términos constitucionales por eso digo que esto es pre constitucional". 

Por último, el Director del Banco de la Nación Argentina, Raúl Garré observó que en el Decreto 194 "no existe claramente una estimación específica de los fondos que estamos poniendo en juego y que permiten sostener cual es efectivamente la asignación de recursos que va a llevar implícito y el cuantum" y que el mismo "no discrimina con claridad entre la diferencia provenientes de la coparticipación y la transferencia de los recursos necesarios para sostenerlo". También consideró que "nosotros seriamente debiéramos concebir que el AMBA excede el pleno análisis de suponer que la Avenida General Paz divide literalmente la distribución y la asignación de recursos". "Que no solamente prime el principio devolutivo sino el que también prime el principio distributivo en la asignación y los recursos de la coparticipación", concluyó.