ARGENTINA TIENE UN SISTEMA ARTICULADO PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN

El secretario general de APL - Norberto Dipróspero - fue el encargado de abrir la jornada dando la bienvenida, en representación de los trabajadores legislativos, a un repleto Salón Illia que sirvió de escenario para abordar la compleja problemática en debate.

Agradeciendo la convocatoria cedió la palabra a Malena Errico - integrante de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación - quien tuvo la tarea de moderar el encuentro. Luego de una instrucción a la temática en debate presentó a la directora del Observatorio Elena Corregido que aseguró:

"La Trata de personas es una grave violación a los derechos humanos. Es un delito que requiere de una estructura importante y perfectamente aceitada y necesita la connivencia de las estructuras burocráticas de las distintas jurisdicciones para su funcionamiento que no se agota en el Derecho Penal, sino que debe buscar herramientas en el campo de los Derechos Humanos".

Destacó que Argentina ha realizado avances en este tema refrendando los convenios internacionales y sancionando en el año 2008 la Ley 26.364 sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Ley que define el concepto de explotación y establece penas a los partícipes y a los encubridores del delito de trata y determina derechos a las víctimas y medidas de protección. La misma fue modificada por la Ley 26.842 que establece expresamente que "El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores."

"Porque no hay posibilidades de consentimiento de ninguna manera porque es un consentimiento viciado" subrayó Corregido.

"Además esta ley crea el Consejo Federal y el Comité Ejecutivo para la lucha contra la Trata y para la protección y asistencia a las víctimas y en el Ministerio Publico Fiscal el sistema sincronizado de denuncias y asigna el número telefónico 145 para denuncias y asistencia a las víctimas y modifica las escalas penales por el delito de trata", explicó.

También resalto la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata y en el ámbito del Ministerio Público Fiscal se creó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

"En nuestro país tenemos un sistema articulado que integran el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público" afirmó la titular del Observatorio.

A continuación aseveró que la trata de personas es la forma más extrema de violencia de género y agregó: "Es necesario proteger a las niñas y a las mujeres. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la trata de personas para explotación sexual alcanza al 79%, seguida por la explotación laboral, 18%. Esto nos obliga a abordar el tema desde una mirada de género, y a plantear la problemática de la prostitución, con todas las aristas que la rodean".

"Es claro que en el caso de la explotación sexual a través de la prostitución esa demanda la realiza el cliente de los servicios sexuales, que si bien aparece como el último eslabón en la cadena del proceso, es un actor necesario para que se perfeccione la explotación, y por lo tanto imprescindible para que se configure la trata".

Esta idea es la base de un nuevo modelo para combatir la trata de personas y la prostitución, que consiste en la penalización de los clientes, además de los proxenetas. Y se resume en la frase: SIN CLIENTES, NO HAY TRATA", sostuvo.

Por último Corregido recalcó "de nada sirven las leyes sin jueces que las apliquen; necesitamos un Poder Judicial comprometido con las políticas de Derechos Humanos".

En esta línea la jueza de Casación Penal, Ana María Figueroa, abordó el acceso a la justicia de las víctimas, en su mayoría mujeres. Recordó Protocolo de Palermo tipifica la trata y ordena proteger a las víctimas. "Ninguna mujer nace para ser víctima de hombres prostituyentes, pagar por sexo es violencia" aseveró.

Se pronunció a favor de llegar a juicio oral en los casos denunciados, y afirmó que la educación también es fundamental para construir una sociedad igualitaria en el siglo XXI.

Al hacer uso de la palabra la periodista Rosario Lufrano aseguró que la Argentina se convirtió en un país de captación y sometimiento a la trata, con la connivencia de diversas autoridades públicas, y abogó por la necesidad de concientizar sobre el tema, "hay que hablarlo todos los días en todos los ámbitos" expresó, manifestando que la sociedad debe interiorizarse e involucrarse para erradicarla.

A su turno la coordinadora de políticas de inclusión del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, Viviana Espejo; explicó que el RENATEA es un registro de trabajadores y empleadores del campo, con poder de policía sobre las relaciones laborales en el mismo. Informó que alrededor de 700. 000 mujeres y hombres migran detrás del trabajo agrario y que es necesario controlar esos traslados y sus condiciones para prevenir la trata. "La situación de pobreza contribuye a ser víctimas de este delito, por eso la presencia del Estado es fundamental", aseveró.

Por último, la titular del Comité para la Lucha contra la Trata, Cecilia Merchán; destacó la Ley 26.364 sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas sancionada en el 2008 y el debate generado al respecto de la exigencia del consentimiento de las víctimas mayores de edad, que luego fuera derogado por la Ley 26.842 del 2012.

Sostuvo que en el país se recataron más de 1800 personas desde el 2008 hasta la actualidad victimas de trata. "Este delito requiere de grupos delictivos, de connivencia de los actores del poder y de una sociedad machista que cree que las mujeres pueden ser compradas y vendidas" concluyó Merchán.