Número de Expediente 97/04

Listado de Autores
Losada , Mario Aníbal
Sánchez , María Dora
Morales , Gerardo Rubén
Mastandrea , Alicia Ester
Sanz , Ernesto Ricardo
Capos , Liliana
Marino , Juan Carlos
Taffarel , Ricardo César
Prades , Carlos Alfonso
Agundez , Jorge Alfredo
Massoni , Norberto
Zavalía , José Luis

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-0097/04)

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitrara los medios a
su alcance a los efectos de informar las siguientes cuestiones
relacionadas con la asignación de planes sociales:

1. Cuál es la nómina completa de planes y programas sociales
desarrollados, indicando organismo de aplicación de cada uno de ellos.
2. De éstos, cuáles consisten en el otorgamiento de montos o subsidios.
3. Qué cantidades - especificando montos totales- han sido entregadas
en el 2003 y hasta la fecha de aprobación del presente, discriminando
por provincia, organizaciones civiles, organizaciones de desempleados
(indicando cuáles de éstas son nacionales, provinciales y locales), por
Consejo Consultivo, Iglesias, organizaciones gremiales, ONGs y toda
otra forma de asociación. La información deberá ser remitida mes a mes
por el periodo indicado.
4. Cuáles son los cupos que el Gobierno nacional tiene establecido para
estos intermediarios y en qué ha basado esa distribución.
5. Cuál es la política que el PEN ha decidido desarrollar sobre este
tema para los próximos meses.

Mario Losada.- Gerardo R. Morales.- María D. Sánchez.- Ricardo
Taffarel.- Juan C. Marino.- Alicia E. Mastandrea.- Liliana Capos.-
Carlos A. Prades.- Jorge A. Agúndez.- José L. Zavalía.- Norberto
Massoni.- Ernesto Sanz.-

FUNDAMENTOS

Señor Presidente,

La profunda transformación económica
experimentada por nuestro país en los noventa y su correlato de
desempleo y pobreza iniciaron un camino inédito en la historia de las
políticas sociales, marcado por el precepto de que los destinatarios de
planes y programas ya no constituían un sector minoritario de nuestra
población sino que por el contrario, grandes franjas de nuestros
compatriotas se hallaban en situaciones de desamparo absoluto.

Estos "nuevos pobres" también se diferencian en sus calidades, ya que
muchos presentan capacitación para oficios específicos pero un mercado
laboral expulsor no les ofrece alternativas de inserción. Son así
distintos de los pobres de las décadas anteriores, para los que su
situación se emparentaba con su formación educativa o con su origen
social.

Así, con la degradación de la situación laboral y social de estos miles
se empezó a gestar un fenómeno paralelo, que es el de la precarización
de las políticas sociales. Estas - que presentaban una coherencia
sólida al momento de atender a un sector reducido y acotado -
experimentaron un proceso de degeneración del que las principales
características fueron el escaso impacto, la falta de eficacia y el
extenso sostenimiento en el tiempo, precisamente de programas que
fueron diseñados como de atención de un déficit social temporal.

Y lo que en un momento fue la irrupción de organizaciones intermedias
en la aplicación de programas allí en donde el Estado se mostraba
ineficaz, se transformó luego en un mecanismo de reparto asistencial
que generó una lógica muy particular: la "gestión local" mutó así en
"intermediación".

El término "piquetes" fue acuñado casi en los orígenes de la Revolución
Industrial, y describía la situación de violencia que era el común
denominador en todas las relaciones laborales: constituían grupos
(generalmente armados de porras, cachiporras o cadenas) de trabajadores
que, para reforzar su demanda ante la patronal, se juntaban en las
puertas del establecimiento impidiendo el acceso de otros trabajadores
o de proveedores y la salida de la producción. La meta era clara,
obligar a negociar en condiciones de presión.

Pero la otra parte (el empleador) no se quedó de brazos cruzados, y
pronto formó también sus "piquetes" de matones armados, que han pasado
a la historia como "rompehuelgas". Entonces, por tiempo, la negociación
laboral se basó en el conflicto físico entre estos grupos, hasta la
intervención del Estado y su fuerza: la nueva legislación laboral.

La política social de la Argentina de comienzos del siglo XXI parece
atrapada por definiciones conceptuales emparentadas con estos orígenes
de las relaciones laborales pero (y cómo si no) dándole una
originalidad inédita. Porque lo que debía ser una tercerización de los
programas, en manos de aquellos que estaban en contacto directo con los
beneficiarios, parece haberse convertido en una intermediación por
parte de grupos que esgrimen la misma lógica de la pre-historia
industrial, pero ejerciendo su presión ya no contra un empleador, sino
contra la sociedad toda.

Esta iniciativa apunta a esclarecer el panorama, y comenzar a
identificar quién es quién en las actuales políticas sociales, ya sea
por trayectoria o por importancia en la asignación de los famosos
cupos, de los que (al igual que aquel famoso personaje de Moliere) todo
el mundo habla pero nadie parece reconocer.

En esta particular realidad, se entremezclan organizaciones con
trayectoria y eficacia como Cáritas con otras de las que desconocemos
casi todo, excepto su reclamo.

Hasta aquí una cuestión, y no la más grave. Porque si a lo enunciado
agregamos que el propio Gobierno nacional participa y potencia toda
esta gran confusión, interviniendo y apoyando a aquellos que expresan
al mismo tiempo su adhesión a sus postulados, entonces estamos ante una
gran injusticia.

Quiénes son los perjudicados es materia para analizar, pero decir que
los verdaderos destinatarios son los más dañados es comenzar a sincerar
la situación. Porque cuando la posibilidad de acceso a la ayuda estatal
está supeditada al reconocimiento al gobierno y se manejan "cupos" con
criterios que nos recuerdan la dinámica política de los conservadores
en el siglo XIX, entonces se pierde de vista el conjunto: el que le
otorga legitimidad a la ayuda social.

Por todo lo expuesto es que solicito de mis
pares la aprobación de éste proyecto.

Mario Losada.- Gerardo R. Morales.- María D. Sánchez.- Ricardo
Taffarel.- Juan C. Marino.- Alicia E. Mastandrea.- Liliana Capos.-
Carlos A. Prades.- Jorge A. Agúndez.- José L. Zavalía.- Norberto
Massoni.- Ernesto Sanz.-