Número de Expediente 943/04
| N° | Origen | Tipo | Extracto |
|---|---|---|---|
| 943/04 | Senado De La Nación | Proyecto De Comunicación | GOMEZ DIEZ Y OTROS : PROYECTO DE COMUNICACION SOLICITANDO SE CONVOQUE A LOS GOBERNADORES PARA IMPULSAR REFORMAS CONSTITUCIONALES VINCULADAS AL SISTEMA ELECTORAL . |
| Listado de Autores |
|---|
|
Gómez Diez
, Ricardo
|
|
Yoma
, Jorge Raúl
|
|
Agundez
, Jorge Alfredo
|
|
Prades
, Carlos Alfonso
|
Fechas en Dir. Mesa de Entradas
| MESA DE ENTRADAS | DADO CUENTA | Nº DE D.A.E. |
|---|---|---|
| 16-04-2004 | 21-04-2004 | 58/2004 Tipo: NORMAL |
Fecha de Ingreso a Dir. Gral. de Comisiones
| DIR. GRAL. de COMISIONES | INGRESO DEL DICTAMEN A LA MESA DE ENTRADAS |
|---|---|
| 16-04-2004 | SIN FECHA |
Giros del Expediente a Comisiones
| COMISIÓN | FECHA DE INGRESO | FECHA DE EGRESO |
|---|---|---|
| DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES
ORDEN DE GIRO: 1 |
19-04-2004 | 28-02-2006 |
EL EXPEDIENTE CADUCO EL 28-02-2006
ENVIADO AL ARCHIVO : 13-09-2006
En proceso de carga
Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones
(S-0943/04)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
COMUNICA
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, convoque a los Gobernadores de las Provincias para acordar
e impulsar las reformas constitucionales y legales necesarias para
establecer sistemas electorales que eviten la hegemonía -política e
institucional- del oficialismo, cualquiera sea su signo, y permitan la
genuina representación de los diferentes sectores de opinión de la
ciudadanía a fin de garantizar el pluralismo democrático, la efectiva
vigencia de la división de poderes y una justicia independiente que
configuran los pilares de la forma republicana de gobierno.
Ricardo Gómez Diez.- Jorge R. Yoma.- Jorge A. Agúndez. - Carlos A.
Prades.-
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La iniciativa que se propicia se inspira en el ACUERDO FEDERAL para la
REFORMA del SISTEMA POLITICO ARGENTINO que se suscribiera, en la Ciudad
de Buenos Aires, el 6 de febrero del año 2002. Ese pacto dio lugar a
un proyecto de ley que tuvo media sanción del Senado el 14 de marzo de
2002 sin que fuera considerado por la Cámara de Diputados.
Producto del acuerdo aludido fueron las leyes 25.600, sobre
financiamiento de los partidos y de las campañas electorales, la
25.610, que reguló la duración de las campañas electorales y los
límites a la publicidad de las encuestas, y la 25.611 que instauró las
primarias abiertas para la elección de las candidaturas a los cargos
electivos.
Con la medida que se auspicia se persigue la realización de un nuevo
diálogo entre los gobiernos nacional y provinciales a fin de lograr un
entendimiento acerca de la necesidad de modificar las Constituciones y
leyes locales que implementan regímenes electorales que posibilitan la
perpetuación de los elencos gobernantes, cualquiera sea su signo
político, y el dominio de las Legislaturas con mayorías que hasta
exceden los dos tercios de sus miembros lo cual permite que, sin el
debido control de la oposición, se designe a los jueces y a los
integrantes de los organismos de fiscalización.
El descripto es un panorama que tiene claras manifestaciones en varias
de las provincias argentinas. Una prueba elocuente de ello es el caso
de la provincia de Santiago del Estero recientemente intervenida. En
ocasión del debate llevado a cabo en el Senado se expuso que para que
la intervención pudiera llevar a cabo el objetivo de garantizar, en tal
estado, la forma republicana de gobierno era necesario desmantelar la
ingeniería electoral cuidadosamente elaborada por el juarismo en la
reforma constitucional local de 1998. En virtud de ese sistema el
partido gobernante lograba el 70% de la representación en la
Legislatura lo cual le posibilitaba nominar a los jueces y los
integrantes de los órganos de control sin injerencia de la oposición.
En esas condiciones no existe efectiva división de poderes ni genuina
representación en el cuerpo deliberativo de manera que la democracia,
en estas situaciones, es nada más que una burda apariencia pues en el
fondo lo que existe es una real y efectiva concentración del poder.
Abona nuestra tesis las manifestaciones del historiador y analista
independiente santiagueño Luís Garay. Con justeza él dijo "Después de
una semana de intervención, hoy nadie es juarista" advirtiendo
enseguida que ello "...no quiere decir que en una semana no vuelvan a
ser todos juaristas". Agudamente agregó Garay que esa circunstancia se
produce "...por una situación social que expresa un alto grado de
dependencia del poder, independientemente de quien lo tenga". Continúo
manifestando el mencionado historiador que "El juarismo ha terminado su
ciclo, lo que no quiere decir que más adelante no se reedite algo
parecido con otros dirigentes".
Las expresiones de Garay fueron publicadas en el diario La Nación el 10
de abril del año en curso recordando el periodista Oliver Galak, autor
de la información, que "El alto número de empleados públicos de la
provincia (55 mil puestos que luego de la proyección familiar llegan a
cerca de la mitad de los santiagueños) redunda en un fenómeno similar:
así como antes contribuyó a crear la red clientelística del juarismo,
hoy incrementa la masa de personas que pretende seguir la línea del
nuevo gobierno. El autoritarismo y sumisión internalizados durante más
de medio siglo parecen por ahora más fuertes que los pedidos de Lanusse
para que la gente se exprese con libertad".
Lo que se ha comentado respecto de Santiago del Estero no es un caso
aislado. Se repite en otras provincias. Por eso parece propicia la
ocasión que ha eclosionado en Santiago del Estero para encarar la
reforma de las Constituciones y las leyes en aquellas provincias que
tuvieren estructurados un sistema de hegemonía de un sector político.
Es importante destacar que en el debate citado sobre la intervención a
Santiago del Estero el Senador Yoma se expresó coincidentemente con lo
aquí expuesto. En efecto luego de sostener que "...el interventor
tiene facultades constituyentes..." afirmó que él "...quería plantearle
al Ministro del Interior: impulsar un pacto político institucional en
la Argentina que garantice que en los regímenes de adjudicación de los
escaños en los cuerpos legislativos y deliberativos haya efectiva
participación de las minorías, porque se producen este tipo de
situaciones feudales como consecuencia de la falta de controles y de la
eliminación de plano de la participación de las minorías en las
instituciones de las provincias: no hay controles, son sistemas
absolutos, absolutistas, y los regímenes que otorgan la representación
de los ciudadanos en los cuerpos legislativos son absolutamente
favorables a la concentración del poder. Por eso ocurre, como en
Santiago del Estero, que el que gana se lleva los dos tercios y la
proporcionalidad se da solamente en un tercio de la representación".
Continúa aseverando el mencionado Senador "...que no hay cosa más
nociva que el sistema uninominal de representación. Esto es lo que
elimina la participación de las minorías. Esto es lo que pasa en
muchas provincias. El problema es que se erigen tantas
circunscripciones en las provincias y se elige un solo legislador por
cada circunscripción. ..., el que gana se lo lleva. Naturalmente se
da que el que ganó la elección gana la inmensa mayoría de los
departamentos, con lo cual tiene la abrumadora mayoría de la
Legislatura. No hay sistema más nocivo que la representación
uninominal".
Se comparten las apreciaciones del Senador Yoma a las que por su
contundencia y razonabilidad se adhiere sin vacilación.
Con referencia a la falta de independencia del Poder Judicial, el
periodista Gabriel Sued (La Nación 05/04/2004) destacó que ello
caracterizaba a la situación de Santiago del Estero, San Luís, La
Rioja, Salta, entre otras. El mencionado periodista señaló que ello se
desprendía de distintos relevamientos y declaraciones de organismos
consultados por La Nación entre ellos la Federación Argentina de
Colegios de Abogados, la Federación Argentina de Magistrados,
Transparencia Internacional y la Junta Federal de Cortes y Superiores
Tribunales de Justicia. El presidente de esta última entidad, Alberto
Baladini, admitió que "...cuando las fuerzas políticas se mantienen en
el poder durante muchos años se menoscaba la independencia de los
poderes judiciales".
En síntesis, la subsistencia de una misma autoridad por largo tiempo y
sistemas electorales artificiosos que, desde la vertiente
institucional, favorecen la conservación del poder, desvirtúan la
división de poderes y la independencia de los magistrados afectándose,
de esta manera, la forma republicana de gobierno. Se tiene la firme
convicción que no se puede demorar más en impulsar reformas como las
aquí propiciadas para poder lograr una real democracia.
Por los motivos expuestos se solicita la aprobación del presente
proyecto.
Ricardo Gómez Diez.- Jorge R. Yoma.- Carlos A. Prades.-
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones
(S-0943/04)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
COMUNICA
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, convoque a los Gobernadores de las Provincias para acordar
e impulsar las reformas constitucionales y legales necesarias para
establecer sistemas electorales que eviten la hegemonía -política e
institucional- del oficialismo, cualquiera sea su signo, y permitan la
genuina representación de los diferentes sectores de opinión de la
ciudadanía a fin de garantizar el pluralismo democrático, la efectiva
vigencia de la división de poderes y una justicia independiente que
configuran los pilares de la forma republicana de gobierno.
Ricardo Gómez Diez.- Jorge R. Yoma.- Jorge A. Agúndez. - Carlos A.
Prades.-
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La iniciativa que se propicia se inspira en el ACUERDO FEDERAL para la
REFORMA del SISTEMA POLITICO ARGENTINO que se suscribiera, en la Ciudad
de Buenos Aires, el 6 de febrero del año 2002. Ese pacto dio lugar a
un proyecto de ley que tuvo media sanción del Senado el 14 de marzo de
2002 sin que fuera considerado por la Cámara de Diputados.
Producto del acuerdo aludido fueron las leyes 25.600, sobre
financiamiento de los partidos y de las campañas electorales, la
25.610, que reguló la duración de las campañas electorales y los
límites a la publicidad de las encuestas, y la 25.611 que instauró las
primarias abiertas para la elección de las candidaturas a los cargos
electivos.
Con la medida que se auspicia se persigue la realización de un nuevo
diálogo entre los gobiernos nacional y provinciales a fin de lograr un
entendimiento acerca de la necesidad de modificar las Constituciones y
leyes locales que implementan regímenes electorales que posibilitan la
perpetuación de los elencos gobernantes, cualquiera sea su signo
político, y el dominio de las Legislaturas con mayorías que hasta
exceden los dos tercios de sus miembros lo cual permite que, sin el
debido control de la oposición, se designe a los jueces y a los
integrantes de los organismos de fiscalización.
El descripto es un panorama que tiene claras manifestaciones en varias
de las provincias argentinas. Una prueba elocuente de ello es el caso
de la provincia de Santiago del Estero recientemente intervenida. En
ocasión del debate llevado a cabo en el Senado se expuso que para que
la intervención pudiera llevar a cabo el objetivo de garantizar, en tal
estado, la forma republicana de gobierno era necesario desmantelar la
ingeniería electoral cuidadosamente elaborada por el juarismo en la
reforma constitucional local de 1998. En virtud de ese sistema el
partido gobernante lograba el 70% de la representación en la
Legislatura lo cual le posibilitaba nominar a los jueces y los
integrantes de los órganos de control sin injerencia de la oposición.
En esas condiciones no existe efectiva división de poderes ni genuina
representación en el cuerpo deliberativo de manera que la democracia,
en estas situaciones, es nada más que una burda apariencia pues en el
fondo lo que existe es una real y efectiva concentración del poder.
Abona nuestra tesis las manifestaciones del historiador y analista
independiente santiagueño Luís Garay. Con justeza él dijo "Después de
una semana de intervención, hoy nadie es juarista" advirtiendo
enseguida que ello "...no quiere decir que en una semana no vuelvan a
ser todos juaristas". Agudamente agregó Garay que esa circunstancia se
produce "...por una situación social que expresa un alto grado de
dependencia del poder, independientemente de quien lo tenga". Continúo
manifestando el mencionado historiador que "El juarismo ha terminado su
ciclo, lo que no quiere decir que más adelante no se reedite algo
parecido con otros dirigentes".
Las expresiones de Garay fueron publicadas en el diario La Nación el 10
de abril del año en curso recordando el periodista Oliver Galak, autor
de la información, que "El alto número de empleados públicos de la
provincia (55 mil puestos que luego de la proyección familiar llegan a
cerca de la mitad de los santiagueños) redunda en un fenómeno similar:
así como antes contribuyó a crear la red clientelística del juarismo,
hoy incrementa la masa de personas que pretende seguir la línea del
nuevo gobierno. El autoritarismo y sumisión internalizados durante más
de medio siglo parecen por ahora más fuertes que los pedidos de Lanusse
para que la gente se exprese con libertad".
Lo que se ha comentado respecto de Santiago del Estero no es un caso
aislado. Se repite en otras provincias. Por eso parece propicia la
ocasión que ha eclosionado en Santiago del Estero para encarar la
reforma de las Constituciones y las leyes en aquellas provincias que
tuvieren estructurados un sistema de hegemonía de un sector político.
Es importante destacar que en el debate citado sobre la intervención a
Santiago del Estero el Senador Yoma se expresó coincidentemente con lo
aquí expuesto. En efecto luego de sostener que "...el interventor
tiene facultades constituyentes..." afirmó que él "...quería plantearle
al Ministro del Interior: impulsar un pacto político institucional en
la Argentina que garantice que en los regímenes de adjudicación de los
escaños en los cuerpos legislativos y deliberativos haya efectiva
participación de las minorías, porque se producen este tipo de
situaciones feudales como consecuencia de la falta de controles y de la
eliminación de plano de la participación de las minorías en las
instituciones de las provincias: no hay controles, son sistemas
absolutos, absolutistas, y los regímenes que otorgan la representación
de los ciudadanos en los cuerpos legislativos son absolutamente
favorables a la concentración del poder. Por eso ocurre, como en
Santiago del Estero, que el que gana se lleva los dos tercios y la
proporcionalidad se da solamente en un tercio de la representación".
Continúa aseverando el mencionado Senador "...que no hay cosa más
nociva que el sistema uninominal de representación. Esto es lo que
elimina la participación de las minorías. Esto es lo que pasa en
muchas provincias. El problema es que se erigen tantas
circunscripciones en las provincias y se elige un solo legislador por
cada circunscripción. ..., el que gana se lo lleva. Naturalmente se
da que el que ganó la elección gana la inmensa mayoría de los
departamentos, con lo cual tiene la abrumadora mayoría de la
Legislatura. No hay sistema más nocivo que la representación
uninominal".
Se comparten las apreciaciones del Senador Yoma a las que por su
contundencia y razonabilidad se adhiere sin vacilación.
Con referencia a la falta de independencia del Poder Judicial, el
periodista Gabriel Sued (La Nación 05/04/2004) destacó que ello
caracterizaba a la situación de Santiago del Estero, San Luís, La
Rioja, Salta, entre otras. El mencionado periodista señaló que ello se
desprendía de distintos relevamientos y declaraciones de organismos
consultados por La Nación entre ellos la Federación Argentina de
Colegios de Abogados, la Federación Argentina de Magistrados,
Transparencia Internacional y la Junta Federal de Cortes y Superiores
Tribunales de Justicia. El presidente de esta última entidad, Alberto
Baladini, admitió que "...cuando las fuerzas políticas se mantienen en
el poder durante muchos años se menoscaba la independencia de los
poderes judiciales".
En síntesis, la subsistencia de una misma autoridad por largo tiempo y
sistemas electorales artificiosos que, desde la vertiente
institucional, favorecen la conservación del poder, desvirtúan la
división de poderes y la independencia de los magistrados afectándose,
de esta manera, la forma republicana de gobierno. Se tiene la firme
convicción que no se puede demorar más en impulsar reformas como las
aquí propiciadas para poder lograr una real democracia.
Por los motivos expuestos se solicita la aprobación del presente
proyecto.
Ricardo Gómez Diez.- Jorge R. Yoma.- Carlos A. Prades.-



