Número de Expediente 2564/03

Listado de Autores
Zavalía , José Luis
Curletti , Mirian Belén

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-2564/03)

PROYECTO DE RESOLUCION

El Senado de la Nación

RESUELVE:

Convocar al señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
Dr. Gustavo Béliz, en los términos del artículo 71 de la Constitución
Nacional, a fin de que informe a esta Cámara sobre los siguientes
puntos:

1. En la visita a la provincia de Santiago del Estero, realizada por
sus Secretarios de Estado, Dr. Duhalde y Dr. Lanusse, los días 10 al 12
de Septiembre del corriente año, en cumplimiento de la misión especial
que usted les encomendara, ha considerado en el informe elaborado por
su Cartera, que es necesaria la intervención federal del Poder
Judicial de la Provincia.

2. Habiendo aconsejado la intervención del Poder Judicial con el fin
de restablecer la administración de justicia, ¿porque existe tanto
silencio de parte del Poder Ejecutivo Nacional para agilizar los
mecanismos necesarios para concretarla?

3. Cuál es la opinión del Presidente de la Nación sobre la crisis
social y delictiva que atraviesa la provincia, ante la falta de un
poder judicial independiente, y de organismos policiales al servicio de
la impunidad.

4. Cual es la opinión del Presidente de la Nación sobre la situación de
los campesinos de la provincia que ven vulnerados sus derechos y que no
tienen ninguna respuesta por parte del Poder Judicial. Las tierras de
los campesinos fueron usurpadas por foráneos haciéndose de las mismas
por el uso de la fuerza.

José L. Zavalía.-












FUNDAMENTOS.

Señor Presidente.

Como senador nacional por la provincia de
Santiago del Estero no puedo dejar de preocuparme ante el silencio en
que se ha sumido el Gobierno Nacional respecto de la desesperada y
angustiante situación social por la que atraviesan los habitantes de mi
provincia, ya que se carece de un Poder Judicial y de una policía
independiente.

El Ministro de Justicia de la Nación, Dr.
Gustavo Beliz, a través de sus Secretarios de Justicia y Asuntos
Penitenciarios, Dr. Pablo Lanusse, y de Derechos Humanos, Dr. Eduardo
Luis Duhalde, que estuvieron en Santiago del Estero del 10 al 12 de
Septiembre de 2003, con la finalidad de analizar in situ la crisis
institucional.

En el informe elaborado por su cartera,
aconsejaron:... "No puede dejar de señalarse el unánime pedido tanto
por el Colegio de Abogados como por parte de Organismos de Derechos
Humanos, la Universidad Católica, el Obispado, docentes e
investigadores de la Universidad Nacional y de otras instituciones; de
urgente intervención al poder Judicial de la Provincia, estimando
algunos actores que el 80% de los actuales magistrados deben ser
removidos por su falta de independencia, de objetividad, de
imparcialidad, carencia de idoneidad, por su subordinación al poder
político y por sospechas de corrupción".

La profunda crisis por la que atraviesa la
Provincia y los graves hechos puntuales, como el doble crimen de La
Dársena, que le costó la vida a las jóvenes Patricia Villalba y Leyla
Bashier Nazar, no hacen más que evidenciar las falencias generales.

La tremenda crisis en que se encuentra sumido
el Poder Judicial Provincial lesiona la vigencia del Estado de Derecho,
que debe reinar en una provincia democrática, y otorga condiciones
objetivas para que el Estado Nacional pueda adoptar los remedios
jurídicos a su alcance para regenerar el sistema democrático
constitucional, en beneficio de los ciudadanos de esa provincia, los
que se encuentran en una gran situación de vulnerabilidad respecto de
la administración de justicia, el goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales.

Como se sabe, señor presidente, la
característica principal de la justicia santiagueña es la ausencia de
independencia respecto del poder político, además de su baja eficacia
en la resolución de los casos presentados.

No vemos, ante la crítica situación imperante en
la provincia, una respuesta de parte del Poder ejecutivo Nacional
acorde a la urgencia que requiere y exige la población santiagueña.

En ese contexto, y habiendo sido lapidario el
informe antes señalado, el Ministro de Justicia no debe omitir
explicaciones ante el silencio gubernamental. Sin perjuicio que la
decisión política de fondo es exclusiva del Señor Presidente de la
Nación, él y en honor a la coherencia que todo funcionario está
obligado a practicar, debe explicarle a los ciudadanos de mí provincia,
cual es la situación política subyugante que merodea este tópico. La
triste situación ganó las pantallas de la prensa, hoy, el silencio nos
desprotege y preocupa; ¿existen cuestiones políticas subalternas que
condicionan al gobierno a realizar lo que su Ministro aconsejó?,
¿Realmente preocupa al gobierno la subversión institucional de mí
provincia?, ¿Seguiría formando parte de un gobierno que constató
innumerables violaciones a los derechos humanos y que por causas
oscuras no obra en consecuencia?.

Estos, como otros interrogantes me embargan, entiendo
que es urgente que el Sr. Ministro nos explique los matices que rodean
a la grave crisis institucional que involuciona día a día en mí
provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto.

José L. Zavalía.-