Número de Expediente 16/04

Listado de Autores
Saadi , Ramón Eduardo

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-0016/04)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º - Establécese un Censo Nacional de Indocumentados por el
lapso de ciento ochenta (180) días, a contar de la promulgación de la
presente ley, a los efectos de regularizar el cumplimiento de las leyes
federales en materia de ciudadanía, inmigración, aduanas, impuestos,
trabajo, previsión social, salud y educación; a través de la
legalización documental de aquellos habitantes del territorio nacional
cuya situación no esté formalmente actualizada.

Art. 2º - Reglamentar la instrumentación de un Programa Nacional de
Actualización de Datos Regístrales, a través del Poder Ejecutivo
nacional y de los organismos nacionales, provinciales, municipales que
él mismo disponga, a los fines del cumplimiento del artículo anterior;
bajo la coordinación del gabinete social, dentro de un plazo de noventa
(90) días de promulgada la presente ley.

Art. 3º - Eximir a los ciudadanos involucrados en la presente moratoria
de las obligaciones emergentes del irregular estado en que se
encuentran; por medio de la aplicación del Programa de Actualización de
Datos Regístrales. Dicha exención cesará de modo improrrogable, el día
que concluyan los plazos establecidos para la actualización de los
datos, motivo de esta ley.

Art. 4º - Implicar los gastos de la realización del Censo Nacional de
Indocumentados para que sean imputados al presupuesto nacional


Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo

Ramón Saadi.-

FUNDAMENTOS

Señor presidente

Es sabido que uno de los temas de mayor análisis por el gobierno
nacional en las últimas semanas, según notas periodísticas publicadas
de los distintos matutinos ( CLARIN, Ambito Financiero ) , ha sido la
necesidad de regularizar a los extranjeros indocumentados e ilegales
procedentes de los diferentes países limítrofes. También es tema de
interés , extender esta medida, de manera recíproca, a las distintas
naciones en donde se encuentre algún ciudadano Argentino en situación
de anormalidad e irregularidad, colaborando en forma conjunta con dicho
país en revertir esta situación . En virtud de esto quisiera poner en
conocimiento de mis pares, que el tema fue de mi interés cuando me
desempeñaba como diputado nacional, manifestándome a través del
Proyecto de Ley ( Exp.Nº 3623 ) presentado en el año 2000.

No podemos desconocer que en la Argentina existen cientos de miles de
habitantes nacionales y extranjeros, que se encuentran en situación
irregular en materia registral. Tampoco cabe duda de que gran cantidad
de estos inmigrantes son de países limítrofes y están indocumentados,
pero hace falta mayores elementos de juicio para abordar el problema
que ellos mismos ocasionan; y creemos que el principal es elaborar un
diagnóstico del mismo, cuyo ítem principal es saber realmente cuántos
hay en nuestro país para así poder dar una verdadera solución con una
política migratoria adecuada, e integrarlos a nuestra sociedad con los
mismos derechos pero también las mismas obligaciones de los argentinos.

La consecuencia principal de tal estado de cosas es la desigualdad en
el ejercicio de los derechos y garantías amparados por la Constitución
Nacional. Sin ánimo de enumerar acabadamente las situaciones que deben
padecer niños, mujeres y hombres para poder acceder a los servicios y a
las oportunidades que mínimamente requiere un individuo para sentirse
integrado al cuerpo social al que pertenece, es necesario reseñar
algunos de los aspectos que son de público conocimiento y que se ven
reflejados en el diario acontecer de nuestra Nación. Así podemos
señalar:

1. El trabajo en negro tan lamentablemente expandido, que crece tras la
necesidad de quienes no poseen una manera alternativa de emplearse, y
se transforman en las víctimas legitimadoras de un perverso circuito
que conduce a la degradación y a la marginalidad.
2. La consecuente exclusión de esos trabajadores de los sistemas de
previsión, que más allá de impedir que el futuro de los mismos no sea
sino un horizonte de penurias, pulveriza la riqueza del conjunto al
atentar contra los procesos de recaudación correspondientes.
3. La deficiente atención de la salud de las familias que dependen de
un empleo en negro, invisible para el Estado, radica en la
imposibilidad de poseer cobertura adecuada para la prevención y el
tratamiento de las enfermedades. El empleo informal hace que los que se
enferman sean automáticamente excluidos, aun de los puestos de trabajo
en negro, ya que no tienen reparo de ninguna naturaleza.
4. La educación. No es necesario abundar acerca de los estragos que
provoca en la educación de la población infantil y juvenil, la
necesidad de solventar las necesidades de la familia, cuando el padre o
la madre están marginados de la economía, justamente por ser
indocumentados y estar fuera de todo sistema de apoyatura social.
5. Las muy graves consecuencias que se derivan de lo anterior generan
que desemboque, casi como un efecto determinado, en las opciones
delictivas o paradelictivas que ciertas ocupaciones ofrecen, como son
la prostitución en sus más variadas formas y el tráfico de
estupefacientes en sus diversos eslabones.

En suma, segmentos de un aprovechamiento ilícito e inmoral de los
esfuerzos y de las esperanzas de decenas de miles de seres humanos
-connacionales y hermanos de otras latitudes- por parte de redes del
crimen organizado, que construye un negocio cada día más importante en
términos de rentabilidad pero que coloca al borde de la desintegración
a familias enteras, rompe los más básicos lazos de solidaridad
comunitaria y trae aparejadas las consecuencias más funestas que este
flagelo exhibe, cual es la intolerancia, el desprecio por el otro y el
rechazo al pobre o al inmigrante; hondura en que los argentinos jamás
deberíamos caer por mandato constitucional y, principalmente, por
nuestras raíces religiosas y nuestra formación cristiana.

Solucionar las causas estructurales de los males que hemos recorrido
tan brevemente es responsabilidad de todos, pero fundamentalmente del
Estado. Una forma de comenzar a resolver la cuestión es la de realizar
un diagnóstico lo más riguroso posible, en el que se detecten a todos
aquellos que hoy soportan la circunstancia aludida. A partir de allí el
gobierno de la Nación, en conjunto con las provincias, podrá formular
políticas adecuadas para la inserción o reinserción social en plenitud
de las personas hoy excluidas.

En ese marco del Programa Nacional de Actualización de Datos
Regístrales que aquí se propone es una herramienta idónea. Para ello,
es que se prevé la exención de las obligaciones que pesan sobre quienes
se encuentran en situación ilegal o irregular. Porque no se trata de
perseguir a nadie, sino de invitar a todos.

Asimismo, no podemos desconocer, que la Iglesia Católica, pidió
formalmente, entre otras cosas una "amnistía amplia y generosa" para
los inmigrantes indocumentados.

Esta demanda fue realizada en una reunión de la cúpula eclesiástica
encabezada por el presidente del Episcopado monseñor Estanislao Karlic,
y que congregó a los cien obispos de todo el país, donde expresaron el
espíritu misericordioso del Gran Jubileo del año 2000.

En la oportunidad, el titular de la Pastoral para los Migrantes,
monseñor Rubén Frasia (obispo de Bariloche), manifestó: "Pedimos una
amnistía amplia y generosa para los extranjeros indocumentados", e
invitó a superar los "prejuicios tales como el de que la mayoría de los
inmigrantes de países limítrofes, están vinculados con el delito".

Entonces, una vez que exista una generalizada regularidad registral, se
podrá exigir el cumplimiento real, concreto y en un pie de igualdad de
las leyes federales en materia de ciudadanía, inmigración, aduanas,
impuestos, trabajo, previsión, salud y educación a todos los
protagonistas de la vida de nuestra sociedad; tal es el objetivo de
este proyecto.

Sirvan, señor presidente, los fundamentos expuestos para solicitar de
mis pares el acompañamiento en esta propuesta normativa.

Ramón Saadi.-