31 de julio de 2009

NAIDENOFF PROPONE UNA TARIFA SOCIAL PARA LOS MAS POBRES

El senador de la Unión Cívica Radical por Formosa, Luis Naidenoff, acaba de presentar un proyecto en el Senado de la Nación que propone crear el Régimen de Servicio Público de Interés Social, para garantizar que los usuarios más pobres de todo el país cuenten con agua potable, luz y gas.

SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES PARA TODOS

NAIDENOFF PROPONE UNA TARIFA SOCIAL PARA LOS MAS POBRES

El senador de la Unión Cívica Radical por Formosa, Luis Naidenoff, acaba de presentar un proyecto en el Senado de la Nación que propone crear el Régimen de Servicio Público de Interés Social, para garantizar que los usuarios más pobres de todo el país cuenten con agua potable, luz y gas.

La idea apunta a los sectores de mayor vulnerabilidad socioeconómica: aquellos usuarios cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza, como así también aquellos que, por haber atravesado una crisis laboral o de salud, acumularon deuda por no poder afrontar el pago de los servicios.

"Si la Presidenta quiere enfrentar la pobreza, que lo haga de una vez por todas con medidas concretas. La Tarifa de Interés Social (TIS) tiene el propósito de proteger al 40% de la población, que está por debajo de la línea de pobreza o tiene sus necesidades básicas insatisfechas, porque la prestación y la cobertura de los servicios públicos siguen en proceso de expansión pero no de una manera inclusiva. Para algunas empresas, el pobre `no es rentable*, aseguró Naidenoff.

Los beneficiarios del programa deberán acreditar su condición de usuarios del servicio público y estar contemplados como: jefe de familia desempleado o incapacitado para efectuar tareas; jubilado o pensionado con ingresos mínimos por el grupo familiar; beneficiario de planes de empleo transitorios o de ayuda alimentaria de origen nacional, provincial o municipal; o simplemente tener un nivel de consumo de servicios básicos con un nivel de ingresos que no cubren las necesidades básicas.

"El monto total del pago de servicios públicos con TIS no podrá superar un 10 por ciento de los ingresos totales del grupo familiar y el beneficio tendrá una vigencia anual, que deberá ser renovado ante la autoridad de aplicación", detalló el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado.

Para Naidenoff, "la autoridad de aplicación deberá diseñar una encuesta que arrojará un informe socioeconómico ambiental para determinar quiénes están en condiciones de acceder al beneficio. La unidad de análisis será el hogar integrado por dos o más personas, vinculadas por lazos de parentesco, que conviven bajo un mismo techo".

La encuesta deberá ser respondida por los usuarios que soliciten la TIS y así se determinará si las personas se encuentran vulnerados desde el punto de vista socioeconómico.

"Este nuevo régimen se financiará con un Fondo Mixto Solidario, compuesto por aportes estatales, empresas concesionadas y parte de la recaudación impositiva. El objetivo es subsidiar y financiar descuentos en la facturación por el consumo de los servicios públicos de agua, luz y gas", puntualizó Naidenoff.

El Fondo Mixto Solidario se integrará:

a) Con un monto máximo de aporte estatal afectado al cumplimiento de la presente ley, que deberá ser fijado en el presupuesto general de gastos y recursos de la administración.

b) Con una contribución del 50 por ciento del aporte fijado por la ley 23.681, que determina un recargo del 0,6 por ciento sobre la tarifa de los consumidores finales.

c) Con los aportes de las empresas prestatarias, que podrán optar entre las siguientes modalidades: la eliminación de los cargos fijos; mecanismo de descuentos en las facturas a través de reducciones tarifarias, o liberación de pago de cierto nivel de consumo a determinados segmentos de la población que alcanza esta ley; o bien, el aporte de una masa fija de recursos.

"La autoridad de aplicación del TIS será una Comisión Reguladora del Régimen de Servicio Público de Interés Social, conformada por funcionarios técnicos especializados en representación de las áreas de Defensa del Consumidor, de Desarrollo Social y de Energía del Poder Ejecutivo Nacional; representantes de las ONG de Defensa de Usuarios y Consumidores, y de la Defensoría del Pueblo de la Nación ", destacó el radical formoseño.

Las funciones de la Comisión Reguladora serán: a) administrar y distribuir el Fondo Mixto Solidario, que tendrá como único destino el subsidio de las tarifas de los servicios públicos ya indicados; b) fijar los conceptos que determinan quiénes serían los beneficiarios y qué es exactamente lo que se va a financiar, estableciendo el criterio para determinar la población objetivo, a fin de evitar ambigüedades en la determinación de este concepto; c) informar anualmente al Congreso de la Nación del monto total de lo recaudado en el fondo y su distribución; d) la reformulación de los planes existentes para poder incrementar el acceso de la población de menores recursos a los servicios básicos.

Por su parte, los Entes Reguladores de los servicios de agua, luz y gas tendrán como funciones: incorporar a los cuadros tarifarios las tarifas diferenciadas creadas por la presente ley; verificar la apropiada aplicación de la TIS por parte de las empresas prestatarias de los servicios; auditar la aplicación del régimen por parte de las empresas prestatarias de los servicios; y controlar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, en aquellos aspectos que sean de su competencia.

Según Naidenoff, "la tarifa social es el precio diferenciado para el uso de los servicios públicos esenciales -agua y cloacas, electricidad y gas- dirigido a la población de escasos recursos que supone, además, el mantenimiento de los servicios ante la comprobación manifiesta de incapacidad de pago de las facturas y facilidades financieras para saldar las deudas. Todo usuario tiene derecho a la igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios públicos; y las empresas de servicios públicos, el derecho de rentabilidad económica razonable. Esta ecuación, que integra el derecho de los usuarios con el de los prestadores de los servicios públicos esenciales, constituye un parámetro de referencia económico-social desde donde podemos construir una tarifa justa".

Para finalizar, el senador subrayó: "El paradigma argentino de los subsidios de tarifas en servicios públicos se basa en lo que consume el usuario. En este proyecto, he elegido algo similar al paradigma chileno que basa el mecanismo de destinatario del subsidio de la tarifa social en las características que resultan del grupo con necesidades básicas insatisfechas".