LA AGENDA PROVINCIAL: ENTRE EL DIÁLOGO POSIBLE O LA RUPTURA Y EL AISLAMIENTO

Los focos de conflicto existente en distintas áreas del estado provincial pone al descubierto la necesaria capacidad de los actores políticos, sociales y económicos de establecer las bases para propiciar un consenso que garantice la resolución de los problemas.

En este contexto, es necesario poner de manifiesto las responsabilidades emergentes de los gobiernos que en los últimos 14 años han administrado la provincia y que hoy se presentan como aliados en la oferta electoral para estos próximos comicios.

El escenario político, económico y social indica que han sido expresiones mayoritarias y que no han podido resolver los problemas estructurales de la provincia observando claramente los índices sociales, económicos y financieros entre otros. Pero no se puede seguir discutiendo sobre lo que no se hizo. Es necesario construir en nuestra provincia un pacto político, económico y social con objetivos, metas, políticas, estrategias, instrumentos, acciones y tareas que permitan cumplir un núcleo duro de coincidencias que permitan resolver los problemas en el corto, mediano y largo plazo.
Es preciso diferenciar un núcleo duro de decisiones de corto plazo y acciones de mediano y largo plazo.

Las cuestiones urgentes
Respecto al corto plazo esta suerte de "Pacto de la Moncloa a la chaqueña" debe incluir los siguientes puntos:

1 - Coadyuvar a la negociación entre la provincia y la Nación para resolver el convenio bilateral del programa de financiamiento ordenado (PFO) en el marco del análisis objetivo de las restricciones de la Nación y la Provincia. La meta propuesta por el gobernador del 100 % del financiamiento del capital de la deuda pública es de imposible cumplimiento en virtud de las restricciones que también posee la Nación. El promedio de cierre con las provincias argentinas alcanza el 60 % de los servicios del capital de la deuda pudiendo extenderse en algunos puntos adicionales en virtud del análisis financiero.

2 - Propiciar un ambiente de diálogo activo entre los diversos actores políticos, económicos y sociales para bregar por la resolución de los conflictos estatales que impide las transacciones inmobiliarias, el funcionamiento del Poder Judicial, el Registro Civil o las múltiples dependencias del estado provincial, incluyendo los aspectos más dramáticos de 45 días de conflictos en los hospitales públicos y centros de salud, 27 días sin clase y las consecuencias directas de este flagelo. La provincia tiene un límite fijado por la Ley N° 25.917, de Responsabilidad Fiscal, respecto al incremento programado del gasto primario de hasta 16.5 por ciento estimativamente para el ejercicio 2005. En este marco, deberá establecer un sistema de acuerdos sectoriales que permita trazar un sendero en la resolución de los problemas salariales del sector público provincial. La coyuntura exige un acuerdo salarial, pero el horizonte de más largo plazo exige reformas estructurales en la legislación apuntando a nuevos modelos de organización del estado, más capacitación, más soporte informático y más productividad.

3 - Establecer una reforma del código tributario y de la ley impositiva con el objeto de incluir nuevos estándares de combate a la evasión fiscal, modernización tecnológica y mecanismos destinados a reducir la carga impositiva en el mediano plazo. La AFIP posee 60 millones de pesos de su presupuesto para un programa de cooperación con las provincias argentinas destinados a cumplir con este objetivo. La reforma más importante del sistema impositivo provincial debe ser el ajuste en el impuesto inmobiliario rural que resulta diez veces inferior a la provincia de Córdoba. Una propuesta válida en este sentido, sería un ajuste para los propietarios de más de 500 hectáreas que en promedio deberían generar 30 millones de pesos de recaudación. En nuestra provincia, la estructura productiva indica que existen 3000 unidades de más de 1000 hectáreas que hoy pagan cifras irrisorias. Este incremento de recursos podría financiar parte del fondo algodonero y de las obras de infraestructura que la provincia necesita.

4 - Promover un modelo de asignación de recursos para los próximos cinco años destinados a obras de infraestructura que posibiliten un incremento en las inversiones productivas generadoras de empleo. Estas inversiones deberían ser complementarias de los complejos productivos considerados estratégicos: algodonero, cerealero, cárnico (vacuno, caprino, porcino y avícola), lácteo, metalúrgico, mielero, arrocero, frutihortícola, citrícola, tecnológico-informático, maderero-forestal, y otros complejos complementarios.
Las obras de infraestructura constituyen acciones concurrentes de la Nación y de nuestra provincia. En esta inteligencia, es necesario propiciar con recursos de la provincia las siguientes obras públicas:

a) Red vial con un promedio mínimo de 50 kilómetros por año hasta llegar a 250 en los próximos cinco años. Estas obras deben incluir desde la ruta 5, 9, 6, 4 y 3 hasta complementar la que no logren financiamiento nacional. Nuestra provincia tiene 1.500 kilómetros de rutas pavimentadas y 26.000 de tierra por acción de los consorcios camineros.
b) Puerto de Barranqueras: con las obras complementarias a las inversiones realizadas o a realizar por parte de la Nación en balizamiento, señalización y dragado a través de la draga 326 en los próximos 120 días.
c) Accesos urbanos a nuestras ciudades y pueblos del interior.
d) Pavimentación urbana, desagües cloacales y red de agua potable
e) Sistema de transporte público de pasajeros.
f) Obras hídricas.

 

La Nación debe ejecutar las obras estratégicas con financiamiento presupuestario y mediante recursos de financiamiento internacional a través del BID para lograr: Gasoducto del Norte, Acueducto del Norte, Recuperación del Ferrocarril Belgrano Cargas, Ruta 16 y autovías, Hidrovía Paraná Paraguay, dragado del Puerto de Barranqueras, Electroducto NOA-NEA, reparación de la ruta 94 y 95 conjuntamente con el tramo Pinedo-Villa Angela de la ruta 89. Se está finalizando la obra de Bajos Submeridionales, las defensas del Gran Resistencia con 40 millones de pesos de inversión, y se está iniciando el enripiado de la ruta 40 y 41 y complementariamente en este ejercicio debería arrancar la ruta 7, que une San Martín con Presidencia de la Plaza.

5 - Propiciar para el presupuesto 2006 un debate abierto respecto a la productividad del gasto público en virtud de que el mismo creció más que el doble en el período 2002-2005 sin observarse resultados al respecto. La masa salarial creció de 607 millones de pesos promedio en el período 1991-2001 hasta llegar a prácticamente 900 millones en el ejercicio 2005 aunque no se verifica un aumento del 50 % en el salario de los empleados públicos. El presupuesto de la obra pública alcanza a 313 millones de pesos en el 2005 respecto al monto de 80 millones en el 2002. Todas estas acciones conjuntamente con las empresas estatales deberían ser susceptibles de análisis y rediseño de líneas estratégicas de acción respecto al rol del estado provincial.

A mediano y largo plazo
Respecto a las cuestiones estructurales, el pacto debería incluir un nuevo modelo de gestión de sector público provincial y municipal, una reforma estructural del sistema educativo, una reforma del sistema de seguridad pública, del sistema judicial y del sistema de salud.
El modelo de gestión público debe combinar eficiencia de gestión, liderazgos calificados, cooperación entre el sector público y privado para favorecer inversiones que generen más empleo de alta calidad y mejores salarios.

El sistema educativo constituye un gran desafío en virtud que el presupuesto público supera 400 millones de pesos, el número de alumnos supera los 330.000, el número de docentes cambia en virtud de la metodología de registro de los cargos titulares, suplentes, interinatos, horas cátedra, pero oscila entre 19.000 y 26.000 de acuerdo a los parámetros de conversión, el número de escuelas alcanza a casi 1.000 y los establecimientos al doble de esta cifra. Tenemos el mayor índice de analfabetismo del país, los peores registros de deserción escolar y desgranamiento del sistema.

Cuando comparamos nuestro país con España la asignación de recursos presupuestarios en términos del PIB resultan equivalentes 4,3 %. Pero la productividad es extremadamente diferente por los rendimientos y resultados. Nuestros chicos están la mitad de las horas en la escuela que en España, casi la mitad de los días de clase en virtud de los conflictos existentes, y tienen un rendimiento equivalente a la mitad de las pruebas de ciencias, lengua y matemática situándose España en la media de la Unión Europea.
No hay dudas que la inversión en educación es la prioridad. Pero nosotros tenemos que admitir que el 60 % de los chicos que van a la escuela están por debajo de la línea de pobreza, muchos de los cuales están en la línea de indigencia y tienen problemas para comer. Por eso necesitamos garantizar la accesibilidad a los chicos a la escuela resolviendo en el corto plazo el problema de alimentación, provisión de útiles escolares, libros, tecnología informática, mantenimiento edificio y equipamiento escolar.
El presupuesto educativo no es solamente el principal problema. Es también un problema de organización, financiamiento y calidad.
El sistema de salud argentino invierte un punto menos que el que invierte España en términos del PIB, es decir un 8 por ciento contra el 7. España tiene el mejor sistema del mundo y nosotros uno de los peores.
Lo mismo es necesario discutir un programa de largo plazo para seguridad y justicia.
La agenda es amplia, pero necesitamos hacerlo del mismo modo que necesitamos seleccionar prioridades para la inversión privada. Las inversiones en biocomustibles, en biotecnología, las nuevas variedades genéticas, el avance de la tecnología y las obras de infraestructura harán de nuestra provincia un lugar atractivo.

De nosotros depende.

Nota: Artículo publicado en diario Norte del Chaco el 29/06/05