ACELERAN EL TRATAMIENTO DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

 

Aceleran el tratamiento de la ley de responsabilidad fiscal

 

Uno de los mentores de la ley de responsabilidad fiscal en el Congreso de la Nación, el senador nacional Jorge Capitanich, ex jefe de gabinete del gobierno de Eduardo Duhalde, sostuvo ayer en Mendoza que la iniciativa tiene dos objetivos que son "fijar reglas de comportamiento macro fiscal y establecer reglas de transparencia en la gestión pública".

Capitanich fue invitado a disertar sobre el tema, por la fundación que preside la senadora nacional por Mendoza, Marita Perceval.

Al referirse a los recursos estables destacó que cada una de las jurisdicciones debe contemplar claramente el tema de la oferta tributaria. Es decir exenciones objetivas y subjetivas que disminuyen la recaudación fiscal. También se establecen mecanismos de sustitución de fuentes de financiamiento si hay una reducción impositiva. Además se busca una mejor proyección desde el punto de vista de recursos.

*En materia de gastos se plantean dos restricciones: que el gasto primario no puede crecer si el PBI no crece. Y solamente puede crecer en la misma proporción que crezca el producto. Para el equilibrio financiero, acuerda un tope para que las jurisdicciones provinciales y también nacional dispongan un límite que no supere el 15% de los recursos corrientes netos de transferencia de coparticipación municipal. A su vez, establece un Consejo Fiscal que se encargue de supervisar el cumplimiento de las pautas*, explicó el legislador.

Al responder sobre las acusaciones que realizan funcionarios nacionales sobre el alto gasto que tienen las provincias sin mirar las cuentas nacionales en las que muchas veces hay despilfarros, puso el ejemplo del ministro de Economía Roberto Lavagna, que estableció claramente que el mito de que las provincias eran responsables del déficit, no era cierto.

Recordó luego los sucesivos pactos fiscales que se pusieron en marcha a partir del 12 de agosto de 1992, cuando las provincias aportaron cerca de 41.000 millones de pesos para el sostenimiento previsional. Y advirtió que la reforma del sector en 1994 y la rebaja de aportes patronales significan en valor presente 55.000 millones de pesos, de los cuales gran parte de esos recursos fueron financiados por las provincias.

Consideró que tomando esos ejemplos se demuestra que existen criterios de corresponsabilidad en la administración entre la Nación y las provincias, en términos históricos, pero se advierte claramente una acción de alta responsabilidad fiscal por parte del gobierno nacional principalmente, con una obtención de superávit fiscal primario que cumple la meta pautada en 2004 y ello habla a las claras que la responsabilidad fiscal del gobierno central garantiza la solvencia de Argentina.

Capitanich defendió por otra parte la forma en que actualmente se distribuyen los Aportes del Tesoro Nacional.

Señaló que desde el 92 al 99, el 38 por ciento de los ATN fueron destinados a La Rioja, mientras que ahora existe un sistema mucho más equitativo de distribución para atender casos de emergencia social, de desequilibrios financieros y también mecanismos que incentiven la producción o la inversión en infraestructura de los municipios, alcanzando a cerca de 2050 en el país.

El proyecto será tratado el 7 de julio por el Congreso.

 

 

Crónica de la irresponsabilidad fiscal

 

Es cuestión de repasar los diarios. Lo de Responsabilidad Fiscal parece una escaramuza más entre los muchos compromisos adeudados por los gobiernos nacional, provinciales y municipales. O entre las promesas al FMI. Pero es una vieja deuda de conciencia pública. Salvo ejemplos históricos -excepcionales-, hemos pecado de irresponsabilidad en el manejo de la plata del bolsillo ajeno, del contribuyente o de quien nos compró bonos de deuda.

Un libro de Llach y Gerchunoff recuerda que entre 1914 y 1999, sólo hubo 3 años de superávit fiscal. Hasta hace pocos soles, esa racionalidad era menospreciada. Hubo *piquetes* políticos contra los amagues de déficit cero, equilibrio fiscal o eficiencia en el uso del dinero público. En la guillotina política rodaron cabezas de los que amagaron con frenos al despilfarro o propusieron racionalidad en la chequera oficial. Salvo al vecino, a buena parte de la militancia política le sonó a *limitación de sus despliegues*. Ha sido *normal* hipotecar el futuro de las generaciones que nos seguían Sin responder por ello.

La otra carta de Lavagna

El intento de una nueva ley de Coparticipación está empantanado. Por eso, Lavagna -advertido de la demora- pone otra carta entre las urgencias de Kirchner: el proyecto para discutir en el Congreso una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal -la de 1999 se diluyó- que asumiría la Nación y a la que invitaría a adherir luego a los estados federados. *Adhesión* es un decir: la Nación -la gran deudora del mundo- es a su vez la máxima acreedora de la mayoría de las provincias endeudadas. Es que el despilfarro ha sido compartido, claro.

El nuevo intento tiene pretensiones inusuales: equilibrio fiscal; superávit y obligación de aplicarlo en determinados porcentajes obligatorios a fines específicos (inversión social y de capital); limitar la facultad de endeudamiento de todos los niveles de gestión y atarla a parámetros fiscalizables; sancionar gravemente -civil y penalmente- la irresponsabilidad en el manejo del dinero público; incentivos para que los gobernantes se preocupen por recaudar más y gastar con eficiencia. Rendiciones periódicas y públicas. Y finalmente: control de gestión: medir los resultados. Nada menos. Parece de ciencia ficción.

Dicen los que lo conocen bien, que a Lavagna hoy le interesa más una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal que la de Coparticipación. El ministro pediría un perdón (*waiver*) a la delegación del FMI por algunas demoras: la Ley de Coparticipación; la renegociación con las privatizadas y la Ley de Responsabilidad Fiscal, figuran entre los asuntos atrasados. Exhibirá, no obstante, avances en la búsqueda de *responsabilidad fiscal*: ya hay gobernadores sentados a la discusión de coparticipación y de responsabilidad fiscal.

De todas maneras ya hay un cambio: por primera vez en décadas, 22 provincias, más la Capital Federal, han lograron en 2003 un superávit financiero de 1.640 millones de pesos, que llega a 3.440 millones si se excluye capital e intereses de sus deudas. Lo van a mostrar, y no es poco: ante el FMI habían comprometido equilibrios y un superávit del 0,6% del PBI y esa suma implica casi el 0,9%. Hoy, el stock de deuda de las provincias anda por los 70.000 millones (casi el 40% sólo de Buenos Aires).

La necesidad tiene cara de hereje y ya hay 14 provincias -entre ellas Mendoza- que han adherido el PFO (Programa de Financiamiento Ordenado), un pulmotor financiero de la Nación, bajo compromiso de reordenamiento fiscal de los adherentes, armado por Lavagna el año pasado durante la hoguera (metas de equilibrio fiscal, de superávit, de reprogramación de deudas). De todas maneras, el principal acreedor del grupo provinciano sigue siendo la Nación.

En su propuesta -que Jorge Capitanich dijo en Mendoza que se podría tratar el 7 de julio en el Senado-, Hacienda intentará que los compromisos anuales de deuda (capital más intereses) no superen el 13-15% de los ingresos. Salvo unas pocas (Buenos Aires, Chaco y algunas que andan casi por el doble), la mayoría de las adheridas al PFO purgan deudas e intereses anuales que andan por el 9 y 11% (Mendoza orilla el 10%).

Como una vieja obsesión

Esto no parece sólo uno de los tantos aprietes del FMI o los organismos internacionales. Rondaba en la cabeza de Lavagna hace tiempo. En 1994 asistí con otros periodistas a un encuentro en la Fundación Andina (que daba apoyo técnico a José Bordón en sus pretensiones presidenciales frente a Menem), en un piso de la calle Pellegrini, frente al Obelisco. Roberto Lavagna -que encabezaba el equipo de asesores económicos del Pilo- exhibió un crudo informe de la historia de irresponsabilidad fiscal, nacional, provinciana y municipal. Mostró la evolución del endeudamiento y la dilapidación de los recursos públicos por décadas (y aún faltaba contabilizar todo el endeudamiento de la fiesta de los ¿90). Ya entonces -10 años atrás- afirmaba que todo sería efímero si no se conseguía un compromiso legislativo de responsabilidad en el equilibrio presupuestario y un criterio serio de limitaciones al alegre endeudamiento que exhibía el país en todos los niveles. Decía incluso que era poco probable que se llegara a un acuerdo serio y profundo -sobre una estrategia de país- para una nueva ley de Coparticipación (previno entonces que, en esa materia, todo seguiría siendo coyuntural y provisorio).

Parecía teoría académica en Argentina, pero hablaba de equilibrios presupuestarios, límites al endeudamiento; obligación de fijar porcentajes mínimos y obligatorios para la inversión de capital e infraestructura social (no menos del 10 al 15% de cada presupuesto); fijar el destino del ahorro del superávit con precisión (un % del crecimiento del PBI o del PBG en las provincias), incluyendo la formación de Fondos Anticíclicos para cuando las vacas flacas. Y decía que las sanciones tenían que ser reales y dolorosas para los que siempre miran para otro lado (o para su propio pecunio) cuando se trata de la plata pública. Contó formas de control de gestión y rendición real de cuentas.

De manera que, ahora, la jugada de Lavagna en ponerle el proyecto en la mesa de Kirchner como prioridad no parece una mera respuesta a los aprietes del FMI: forma parte de aquellas viejas convicciones. Ahora las reactiva, poniendo nerviosos a los elaboradores del proyecto político patagónico (y a algunos transversales) que petardean cotidianamente al severo habitante del Palacio de Hacienda, que mora ahí desde los tiempos del incendio cercano. Sabe que no hay más margen: es el último tren. O nos disciplinamos o nos quedamos definitivamente afuera del mundo y de nuevo en la hoguera.

En Mendoza otra vez nos quedamos en el amague

En materia de irresponsabilidad fiscal, aquí tenemos nuestra historia, claro. Pero en esto de pretender normas para reponer conductas, pudimos haber sido pioneros. Sin embargo, nos fuimos en amagues. Hace más de un año, la Agenda de los Mendocinos (gestada por las fuerzas empresariales, las ONG y hasta las confesiones religiosas) comprometía a poner en marcha -entre otras varias reformas aún adeudadas- una Ley de Responsabilidad Fiscal. Obligaba a la dirigencia política ante la inminencia de las elecciones (la suscribieron todos los candidatos). Incluía parámetros aún más exigentes y cuantificados -de mayor elaboración técnica, en varios aspectos- que los que Lavagna empuja hoy.

El CEM fue el primero en apurar con hechos. Sus técnicos propusieron el primer proyecto, siguiendo parámetros que ya se respetan en varias partes del mundo (Brasil, el propio Maastricht de la Unión Europea). Luego fue el oficialismo, que elaboró su proyecto evidenciando algunas discrepancias -más políticas que técnicas- respecto del proyecto del CEM. El PJ (Ahumada) presentó también el suyo, muy similar al del CEM -sus gestores son del palo- con retoques. Después, se disipó el entusiasmo por prevenciones entre políticos, técnicos y empresarios. Recién ahora, cuando ya suenan los tambores en Buenos Aires, se reactiva el trabajo local: esta semana habría despacho único con consenso de los tres partidos mayores.

Jorge *Coqui* Capitanich -senador del PJ, chaqueño, ex jefe de Gabinete de Duhalde, hoy presidente de la Comisión de Hacienda del Senado- dijo aquí el viernes que las propuestas de Mendoza son *muy interesantes y precisas*. Adelantó que el Congreso Nacional tratará el proyecto de Hacienda en la primera quincena de julio. Se cosquilleó cuando se le insinuó que la Nación parece poco severa consigo misma en los compromisos que asume con su proyecto. *Tiene muchos conceptos y pocas metas cuantitativas*, le sugirieron, comparándolo con los 3 proyectos que danzan acá (el del CEM de los empresarios aparece como el más severo y el que propone metas cuantitativas, como para no dejar resquicios al ejercicio político).

Capitanich entiende que las pautas que la Nación sugiere -además de lo conceptual- las conforman los compromisos que asume ante el FMI: compromete superávit fiscal (2,7% en el 2004); un crecimiento de por lo menos el 3,9% del PBI (que ahora supone podría este año andar en el 6%) y una reducción de la deuda que hoy es del 140% del PBI y que el país se compromete a bajar al 30 ó 40% en los próximos 30 años. Compromete el destino del crecimiento del PBI y del mismísimo ahorro del superávit -según dijo- en saldar compromisos, desarrollar su política social y en una política de inversión en erogaciones de capital e infraestructura social.

Admitió que los proyectos de Mendoza tienen exigencias que no incluye la propuesta nacional: cuantifica varias obligaciones anuales de gestión; precisa el destino del ahorro; fija reglas de final de mandato (prohibiciones de gastos sin disponibilidad de recursos, en los últimos tiempos de cada gobierno) e incluye metodologías más precisas para el control de gestión, para medir los resultados periódicamente.

Hombre del riñón técnico-político de la Rosada (pese a que viene de la cantera de Duhalde, del que fue jefe de Gabinete), Capitanich dedujo que desde esas pautas se está insinuado *un nuevo espíritu de Responsabilidad Fiscal*. Una especie de moralidad debida.

 

Advertencia de la Agenda de los Mendocinos.

 

El pasado viernes tuvo lugar otra reunión de la llamada Agenda de los Mendocinos, mesa donde empresarios y organizaciones no gubernamentales locales aportan ideas para la construcción pública provincial.

Se trata de un meritorio esfuerzo donde las fuerzas vivas de Mendoza contribuyen con iniciativas y esfuerzo en los aspectos colectivos del cuerpo social, y en ese sentido, debe apreciarse en toda su magnitud el aporte ofrecido.

Sin embargo, esta vez la convocatoria no incluyó a las fuerzas políticas de la provincia, excepción hecha de un ministro del Poder Ejecutivo provincial y de una senadora que tuvo a su cargo el acercamiento a Mendoza de Jorge Capitanich, el presidente de la Comisión de Impuestos del Senado Nacional, personalidad que también participó de la reunión.

Los integrantes de la Agenda de los Mendocinos consideran que la clase política provincial está en mora con los compromisos contraídos con anterioridad. Es así porque se obligó a redactar una Ley de Responsabilidad Fiscal contando con varias iniciativas alternativas, y sin embargo se dejó estar en el tiempo, hasta que la Nación hizo el tema suyo frente a la imposibilidad de poder postular en tiempos rápidos una nueva Ley de Coparticipación Federal. Además, los empresarios creen que tampoco se ha hecho mucho para llevar a cabo -o al menos intentar- la reforma política y electoral de la provincia.

Frente a todos esos debes, la convocatoria a discutir sin invitar a los políticos debe leerse como una velada advertencia a las faltas de respuesta evidenciadas por ellos. No les falta razón a quienes eso piensan, como tampoco a los que creen que el reinicio del debate sobre la reforma constitucional obedece más bien a un intento de tapar las reformas concretas que los intereses partidarios están frenando (pese a contar con un aval casi absoluto de la población), que a una verdadera estrategia provincial de adecuación efectiva de nuestra Carta Magna a los tiempos que corren.

No obstante, con esta decisión tomada con justificativos muy razonables, la Agenda de los Mendocinos o cualquier otro intento emanado de la sociedad para intervenir en la cosa pública -la cosa de todos- debería tomar recaudos a fin de no caer en errores, que seguramente ellos mismos han percibido como imperioso evitar.

Uno de ellos es el intento de reemplazo de la deliberación política por formas sustitutas emanadas de los intereses corporativos o sectoriales. Porque de lo que se trata es de ampliar el espacio de la participación pública con todas las voces posibles, pero también se trata de perfeccionar el sistema político existente mediante la mayor representatividad de sus integrantes. Con eso queremos decir que por más bien intencionados que estén, la suma de intereses de sector nunca puede ser igual a la representación del interés general, aunque éste posea políticos atrasados con respecto a las demandas sociales.

Otro de los riesgos es el de enfatizar en demasía las falencias de la clase política, olvidando que lo que pasa en Mendoza obedece a una razón más profunda: a una crisis general de toda su dirigencia, tanto política, empresarial, social o intelectual, que en la mayoría de los casos -y salvo contadísimas excepciones- ha estado por debajo de lo que supone debería aportar.

En ese sentido, la Agenda de los Mendocinos aparece como un gesto de ayuda para mejorar esa crisis dirigencial... si es capaz de evaluar con el mismo ojo crítico que mira a los políticos, a las acciones de sus propios miembros.