AUSENTES
AGÚNDEZ, Jorge Alfredo
AVELÍN, Nancy Barbarita
FALCO, Luis
ISIDORI, Amanda Mercedes
MARTI, Rubén Américo
PARDO, Ángel Francisco
LICENCIA POR ENFERMEDAD
SALVATORI, Pedro
Sr. Presidente (Maqueda). -- Invito a los señores senadores a tomar asiento.
--Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda abierta la sesión.
--Puestos de pie los presentes, el señor senador Antonio F. Cafiero procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
-- La votación resulta afirmativa.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Castro.
Sra. Castro. -- Señor presidente: quisiera hacer una breve reseña de la vida del señor senador mandato cumplido Luis Salim, quien falleciera el 17 de abril, a los 83 años.
Fue una emblemática figura de la política en Santiago del Estero, y sobre todo en Frías; fue un hombre ligado estrechamente al peronismo desde 1945, lo que le permitió incursionar en los grandes ámbitos de la política provincial y nacional.
Ocupó los cargos de intendente de la ciudad de Frías, congresal nacional por Santiago del Estero por el Partido Justicialista, ministro de Gobierno de mi provincia, interventor del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, veedor de la Nación en el Paraguay, delegado parlamentario ante el gobierno inglés y asesor del Ministerio del Interior de la Nación.
En 1973 fue elegido diputado nacional y, luego, senador de la Nación por el período 1983--1989 por mi provincia.
Por sus antecedentes políticos y cualidades personales fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Frías en 1988.
Con esta breve reseña de su vida, he querido rendir homenaje a un hombre que fue amigo entrañable de toda su comunidad y querido en todo el territorio de mi provincia.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. -- Señor presidente: la colega por Santiago del Estero ha descrito muy bien lo que fue la trayectoria política del senador Luis Salim.
Pero no puedo dejar de expresar algunas palabras en homenaje a su memoria, toda vez que ha sido compañero de banca durante varios años en este Senado de la Nación. Fue de los que se iniciaron en 1983, con la recuperación de la democracia.
Siempre vamos a recordar su hombría de bien, su bonhomía, su estilo de hombre del interior --un tanto campechano-- pero con una sabiduría y un sentido común, que siempre matizaba las reuniones que teníamos en el recinto y en las comisiones en las que participaba.
Don Luis Salim representó con toda jerarquía a su querida provincia de Santiago del Estero. Siempre se encargaba de recordar que él era de Frías, esa hermosa localidad de Santiago del Estero, donde está representado el típico hombre del interior.
Por todo ello, quiero adherir muy emotivamente al homenaje que se le rinde a don Luis Salim. Durante todos los años que estuvo en este Senado se sentó a mi lado y con él compartí todas las alternativas y circunstancias de esos primeros años de vigencia de la democracia, a la que le hizo un aporte trascendente desde su banca de senador por Santiago del Estero.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.
--La votación resulta afirmativa.
--En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se harán las comunicaciones correspondientes.
Sr. Losada. -- Es también para rendir un homenaje a un ex senador de la Nación, un hombre del interior del país, de la provincia de La Rioja, que ejerció distintas funciones públicas y políticas. El ingeniero Martínez fue ministro de gobierno de la provincia de La Rioja en 1963. También fue senador de la Nación durante el período 1973--1976.
Fue un hombre de una enorme solidaridad, no solamente en la vida política sino en la vida cotidiana de ese pueblo que tanto quería.
También fue productor y cooperativista. Siempre trabajó por los sectores más desprotegidos y por aquellos que generan riqueza en el interior del país; en este caso, el de los productores vitivinícolas de la provincia de La Rioja.
Asimismo, quiero señalar que el ingeniero Martínez siempre estuvo presente. Él tenía la actitud de la humildad y permanentemente acompañó a su partido con enorme convicción. Era respetuoso de las ideas de quienes no pensaban como él, pero tenía profundas convicciones políticas.
Por ello, con dolor y en nombre de la Unión Cívica Radical dejo rendido nuestro sentido homenaje por la desaparición de este querido dirigente político del interior del país.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. -- Señor presidente: también quiero rendir homenaje al senador nacional (m.c.) Julio César Martínez, hombre de Chilecito, de mi provincia, familiar directo; tío mío, concretamente, casado con una hermana de mi padre.
Además de todo lo que manifestó el senador Losada respecto de lo que fue la vida pública y honorabilidad personal del senador Martínez, quiero contar una anécdota que muestra cabalmente las profundas convicciones que tenía en el marco de la dictadura que asoló a nuestro país. Fue amenazado de muerte con su familia, según la carta que le llegó, por haber obtenido la salida del país de argentinos que estaban presos a disposición del Poder Ejecutivo en los meses previos a la dictadura militar. También fue amenazado junto a su familia como consecuencia, según la amenaza, "de haber cobijado bajo su tutela a elementos subversivos", que a la sazón éramos un grupo de militantes peronistas, entre los que me contaba. Siempre apelábamos al "Gordo" Martínez, a pesar de sus convicciones radicales, cuando debíamos conseguir, aunque sea una gestión mínima ante organismos oficiales, lo cual estaba vedado para nosotros por las órdenes de captura que pesaban en nuestra contra.
Yo le debo al ingeniero Martínez casi la vida, al igual que mis hermanos y muchos militantes peronistas democráticos que inclusive pudieron salir del país gracias a la gestión desinteresada y valiente del senador Martínez.
Por supuesto, el enorme cariño que siento por él, que me llevó a estar presente días atrás en la despedida de sus restos que hizo el pueblo de Chilecito, me obliga también a adherir al homenaje con profunda emoción y mucho amor, y con un gran respeto a esa figura casi paternal e ideal que tuvimos muchos jóvenes riojanos en la militancia por la democracia y por los derechos humanos.
Termino estas palabras recordando al "Gordo" cuando siendo ministro de Gobierno del entonces gobernador De Camino, durante la presidencia de Illia, vino el golpe militar. Obviamente, los funcionarios tuvieron que volver a sus casas. El volvió a su Chilecito totalmente empobrecido por haber abandonado su finca --era ingeniero agrónomo-- cuando estaba en la función pública. Lo llevo en mi memoria en esa camioneta Siam Di Tella con la que salía por las calles --semanas antes había dejado de ser ministro, ejerciendo el cargo por tres años-- a vender frutas y hortalizas para poder mantener a su familia. porque había salido de la función pública totalmente empobrecido.
Creo que hombres como el "Gordo" son realmente un ejemplo para toda la política y para la sociedad entera.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. -- Señor presidente: también adhiero expresamente desde el justicialismo, desde esta banca y desde el justicialismo de La Rioja al homenaje a la memoria del ingeniero Julio César Martínez, un político de raza, un hombre de ley, un hombre de bien, siempre respetuoso del adversario. Un hombre de la democracia; un hombre que luchó por sus ideales y que representó dignamente a la provincia. Un productor sacrificado, como los productores del interior.
Además de lo que dijo el senador por Misiones, fue director o representante de La Rioja en el Instituto Nacional de Vitivinicultura y en esa rama defendió siempre los intereses de los productores del interior.
También recuerdo una anécdota de la época en que él era ministro de Gobierno. Yo estaba recién recibido de abogado. Se había detenido a un grupo de personas por circunstancias que no vienen al caso y que estimábamos que eran injustas. Y acudimos, con otro joven abogado, a ver al ministro de Gobierno, el doctor Martínez. Estábamos, como dije, recién recibidos y hacíamos nuestras primeras armas; y nos sorprendió la cordialidad con la que nos atendió, nos dio las explicaciones del caso y nos derivó a donde correspondía. Realmente ese fue mi primer contacto con el ingeniero Martínez. A partir de ahí, lo califiqué como un hombre de bien, que supo luchar por sus ideales y al que siempre se recordó con mucho cariño.
Recuerdo que cuando accedí a este Senado el entonces vicepresidente de la Nación, doctor Víctor Martínez, me recordaba las anécdotas del paso de Julio César Martínez por estas bancas del Senado de la Nación. Siempre encaró su tarea con responsabilidad, pero también con un sentido del humor, de la gracia y del compañerismo que han sido destacados por todos aquellos que tuvieron la suerte de compartir las bancas con él en ese entonces.
Por eso quiero sumarme con mucho afecto a estas palabras de homenaje al ingeniero Julio César Martínez, senador mandato cumplido por La Rioja.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Con estas palabras, queda rendido el homenaje.
Tiene la palabra la señora senadora por La Pampa.
Sra. Gómez de Bertone. -- Señor presidente: como bien se dice en el proyecto de declaración, el 1 de Mayo fue el Día del Trabajador.
Sinceramente, los argentinos no tenemos nada que festejar porque en la Argentina hay muy poco trabajo. Lejos están los tiempos de la gran fiesta popular. Lejos están los tiempos en que Eva Perón y Juan Domingo Perón celebraban jubilosamente en la Plaza de Mayo el Día del Trabajador. Lejos están los tiempos en que se elegía a la reina del Trabajo.
De cualquier manera, señor presidente, en este momento y con motivo del Día del Trabajador, quiero saludar a los trabajadores que seguramente muy tristemente lo festejaron, junto con sus esposas, sus hijos o sus amigos que no tienen trabajo. También en este día, quiero comprometerme con todos los desempleados, con los jóvenes --y también ahora con sus familias-- que se van del país.
El otro día, escuchaba por radio a un periodista argentino que reporteaba a una joven compatriota que estaba con su familia en Alemania. Ella le decía que su marido tenía trabajo, que hacía siete meses que vivía en Alemania, que el Estado le estaba enseñando el idioma, que estaba embarazada y que ya sabía, con cinco meses de gestación, con qué obstetra y en qué lugar iba a tener a su hijo. Estaba bien, indudablemente. Pero, a pesar de ello, estaba muy triste, porque sentía la desolación de no estar con su familia y con sus amigos de este suelo.
Señor presidente: quiero saludar a todas las mujeres jefas de hogar que trabajan todo el día para llevar un humilde pan a su casa. Nosotros sabemos y sentimos que estamos en una gran crisis social. Sabemos que del Estado llegan planes de empleo a todos los hogares argentinos --o a casi todos--, pero desde este lugar debemos decir que esto debe ser absolutamente temporario porque la inclusión social sólo se da a través del trabajo, con un salario justo que haga a la dignidad del trabajador y también esté contenida su familia en salud y educación.
Sabemos que en este momento de crisis debemos reformular el Estado. No debemos hablar de un Estado pequeño sino de uno necesario, que sepa contener y que el hombre tenga su objetivo, donde la autoridad económica esté en vinculación con la autoridad social y que --como dijera Perón-- esté al servicio del hombre. Digo esto porque los que venimos del interior queremos que la autoridad económica también esté al servicio de las economías regionales.
Señor presidente: usted sabe que nosotros estamos luchando permanentemente por un país federal. Sabemos que el pueblo está muy entristecido, ha cambiado su carácter y también ha potenciado el fenómeno del pensamiento único; de ese fenómeno que desactivó la capacidad que teníamos de creer en un proyecto nacional que sentara las bases de la Nación pero que también diera contenido espiritual a un proyecto individual y colectivo. Esto será posible sólo si nosotros ponemos las cosas en blanco y negro.
Señor presidente: digo esto porque es de la única manera en que vamos a conseguir la paz social, conociendo a los responsables de la crisis, a los que critican inútilmente, a los que se mofan, a los que nos ridiculizan, a los que deforman la información. Y también a los que trabajan y creen en un país posible, donde nosotros, los que llegamos a este Congreso Nacional y no tenemos responsabilidad absoluta sobre la historia pasada que culminó en diciembre de 2001, los que vinimos de La Pampa, le dijimos a todos y a cada uno de los pampeanos que íbamos a defenderla. Se trata de una provincia que tiene déficit cero y a su pueblo le dijimos que íbamos a defender la coparticipación: el piso de 1.364 millones que recibía nuestra provincia. Sin embargo, en este momento no tenemos asegurada la coparticipación, lo que significa no tener asegurada la salud ni la educación ni la justicia.
Por eso es que decimos que las cosas se deben poner en blanco y negro. Es la única manera en que vamos a conseguir la paz social y vamos a hacer un contrato social. Y es la única manera en que vamos a hacer la alianza, entre el trabajo y la producción, como nos decía nuestro presidente en la Asamblea Legislativa.
Señor presidente: por eso en este día y en esta semana, precisamente ayer, celebramos el natalicio de Eva Perón. Queremos decir en homenaje a ella y también recordando a la Virgen de Luján --que es protectora de todos los argentinos--, en nombre de muchos legisladores, de muchos argentinos y parafraseando a Eva Perón, que no importa el cansancio, no importa la fatiga, no importa el sacrificio con tal de acabar con el sufrimiento del pueblo argentino.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Alfonsín.
Sr. Alfonsín. -- Señor presidente: en nombre de la Unión Cívica Radical deseo adherir al homenaje que se está rindiendo a los trabajadores argentinos, evidentemente en circunstancias en las que tal vez no sólo debemos acordarnos de los que tienen trabajo, sino fundamentalmente de aquellos que no lo tienen.
Realmente, tiene mucha razón la señora senadora que me precedió en el uso de la palabra, cuando habla de la crisis profunda que vivimos, ya que podemos exhibir un índice de desocupación que debe oscilar ya en el orden del 24 por ciento, a la vez que la línea de pobreza ronda el 40 por ciento y el 14 por ciento de los argentinos se encuentra por debajo de la línea de indigencia.
Desde luego, esta situación constituye una preocupación esencial. Pero, desgraciadamente, todavía no podemos entrar a tomar las medidas que corresponden desde el punto de vista del desarrollo, entendiendo a éste como un avance en materia económica y también en lo que respecta a la justicia social.
Sin embargo, se están haciendo cosas importantes en el campo del asistencialismo. En ese sentido, es importante que el país sepa que ya hay 850 mil jefas y jefes de hogar sin trabajo que gozan de una pensión otorgada por el gobierno. Esta no es la solución, pero muestra nuestra preocupación y posibilitará que salgan de la indigencia tremenda que sufren miles y, quizá, millones de argentinos.
Entonces, quiero dejar sentado mi recuerdo hacia todos ellos y ratificar nuestro compromiso de procurar en todos los casos y en todo momento defender la justicia social en la Argentina. Debemos comprender que la democracia no solamente implica libertad, sino también igualdad.
Finalmente, señalo muy claramente que el plan sustentable que nos pide el Fondo Monetario Internacional lo haremos los argentinos, de acuerdo con una convicción fundamental, es decir, que parar ser sustentable, debe defender a los trabajadores argentinos.
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Daniele.
Sr. Daniele. -- Señor presidente: como argentino y fueguino no puedo dejar de rendir homenaje a los soldados argentinos que fueron protagonistas de la tragedia de aquel momento, aun cuando estaban fuera del área de exclusión, fuera del teatro de operaciones del conflicto de las islas Malvinas.
Si bien es cierto que ningún hecho bélico ni ninguna guerra tienen justificación, creo que la criminalidad de quienes a través de un submarino bombardearon el buque General Belgrano, no tiene precedentes. Realmente, creo que ese día los argentinos nos quebramos y nos dimos cuenta de lo que significaba esa guerra. Porque más allá de que cada uno de nosotros, desde los distintos lugares del país, siguiéramos los hechos del conflicto de las islas Malvinas
El día del hundimiento del buque General Belgrano fue el día en que nos quebramos los argentinos y especialmente los fueguinos, que tuvimos que recibir en nuestro hospital de Ushuaia a aquellos que sobrevivieron en balsas que no estaban preparadas y que no tenían la indumentaria necesaria para poder resistir la tempestad del mar, el frío y las quemaduras producidas por el ataque.
Como anécdota quiero contar que mi esposa estaba esperando un hijo y me tocó vivir de cerca la llegada de los mutilados y quemados que habían podido sobrevivir al ataque.
Quiero expresar el homenaje a aquellos que ya no están y que dieron la vida por la Patria, a las madres y a los familiares que dieron a sus hijos por la Nación, así como también mi reconocimiento a aquellos que tuvieron la suerte de sobrevivir.
Muchos hoy viven en la provincia de Tierra del Fuego y creo que vale la pena también una vez más --y no solamente el 2 de abril-- defender desde este Honorable Senado algo a lo que jamás debemos renunciar por la sangre derramada en Malvinas y por las vidas que quedaron en nuestro mar Argentino: que alguna vez a través de la paz vuelva a ondear el pabellón argentino en nuestras queridas islas Malvinas.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Colazo.
Sr. Colazo. -- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical quiero expresar mi total apoyo a las palabras del senador Daniele, porque las sentimos como propias y porque quienes habitamos la Tierra del Fuego --esa linda provincia del sur argentino-- también participamos de esos años de tristeza de este país.
Como bien dijo el senador recién, recibimos a los heridos y sobrevivientes del crucero en Ushuaia y, si no me equivoco, me parece que el senador estuvo trabajando arduamente con todos los heridos y los familiares que estaban esperando.
Como intendente de Río Grande tuve el honor de poder ocupar a sobrevivientes del crucero como empleados de la Municipalidad; a ellos pudimos brindar un homenaje en vida nombrándolos empleados municipales. Vuelvo a reiterar, fue un honor que me tocó como militante político y como intendente de la ciudad.
Quiero recordar también a la gente que falleció, a sus familiares, y por supuesto coincido con la última parte del discurso precedente. Hoy la Argentina tiene un rol fundamental para que podamos seguir trabajando sobre la base del diálogo para recuperar solamente ese pedazo de Patria que nos falta, que son nuestras queridas islas Malvinas. Por supuesto, quiero recordarle también al país que tenemos una deuda moral para que esos territorios vuelvan a ser parte de nuestro territorio nacional.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra la señora senadora Müller.
Sra. Müller.-- Señor presidente: en el día de ayer se conmemoró en toda la República Argentina un nuevo aniversario del natalicio de Eva Perón. No es mi intención traer a este recinto la historia de su vida. Quienes pertenecemos al Partido Justicialista y amamos profundamente a Eva Perón, conocemos por demás su historia y, seguramente, muchos de mis colegas senadores sabrán sobre este tema mucho más que yo. Quienes no pertenecen a nuestro bloque saben cómo Eva Perón cambió la historia en la Argentina.
Me refiero a esa mujer que, a lo mejor porque provino de la pobreza, supo entender a los pobres de la Argentina, tenderle la mano y estar a su lado. Esa mujer que se quedaba hasta transcurrida la madrugada para atender al último de los que concurrían a verla por alguna necesidad. Esa mujer que fue, poco a poco, gastando su corazón, cuya enfermedad la fue carcomiendo y que fue capaz de dar la vida por la vida de los demás.
Esa mujer que en una oportunidad dijo "Volveré y seré millones" y volvió y somos millones. Lo que deberíamos preguntarnos es si esos millones que somos tenemos dentro de nuestro corazón esas ansias de justicia social y solidaridad que tenía Eva Perón.
Quizás este año, en el que se cumplen cincuenta años de su fallecimiento, podamos decretarlo "año de la solidaridad social". Tal vez, nos demos cuenta de que en este estado de crisis en el que actualmente vive nuestro país, hoy más que nunca necesitamos de la solidaridad de todos y de la justicia social. Hoy más que nunca cada argentino debe tender la mano hacia aquellos que menos tienen.
Entonces, me parece que la mejor manera de honrar a Eva Perón sería que fuésemos capaces de poner a la Argentina de pie y en paz; seguramente, ese hubiera sido el deseo de Eva Perón y del General Perón.
Sr. Presidente (Maqueda).-- Muchas gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Alfonsín.
Sr. Alfonsín.-- Señor presidente: escuchaba con mucha atención las palabras expresadas por mi querida colega de la provincia de Buenos Aires.
Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en la necesidad de rendirle homenaje a Eva Perón, que tanto trabajó por los problemas sociales de la Argentina y tanto luchó por los derechos de la mujer.
También, como ella, consideramos que este debe ser el año de la solidaridad social. Si lográramos convencer a todos los argentinos de la necesidad de llevar adelante actitudes que signifiquen el reencuentro con una ética de la solidaridad, el país --sin duda-- saldría adelante.
Recuerdo también que en 1950, que fue el año en que me recibí de abogado, teníamos que poner en todos los papeles "Año del Libertador General San Martín" a quien todos, desde luego, admiramos más allá de cualquier militancia política. Sin embargo, no creo que la inclusión de esa leyenda en los papeles oficiales le hiciera bien a San Martín.
Estoy de acuerdo en que sea denominado el "Año de la Necesidad del Compromiso Social", que sea denominado "Eva Perón"; pero no coincido --por lo menos personalmente, porque no hemos tenido tiempo de consultar a nuestro bloque-- con que todos los papeles oficiales tengan que tener esta denominación porque, en última instancia, creo que va a conspirar en contra de la memoria que todos tenemos de esa extraordinaria mujer argentina, que admiramos más allá de las distintas militancias políticas.
Sr. Presidente (Maqueda).-- En primer lugar, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
-- La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de comunicación.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
Sólo se dará cuenta seguidamente por Secretaría de lo relacionado con los pliegos de acuerdos del Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Oyarzún). -- (Lee:) "Mensajes del Poder Ejecutivo.
N 630/02, solicitando la devolución de su similar N 1.219/00 por el que se solicitaba acuerdo para designar al doctor Jorge L. Benegas Echagüe a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia N 2 de Santa Fe.
N 631/02, para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Formosa al doctor Omar Danilo Benítez.
N 632/02, para designar juez de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal al doctor Oscar Norberto Pirroni.
N 633/02, para designar juez Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires, al doctor Raúl María Cavallini.
N 634/02, para designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, a la doctora Graciela Susana Arrola de Galandrini.
N 642/02, para designar juez en la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal al doctor Ricardo Gustavo Recondo.
N 719/02, para designar juez en la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal al doctor Guillermo Alberto Antelo.
N 766/02, para designar juez nacional en lo Criminal de Instrucción N 31 de la Capital Federal a la doctora Susana Mabel Castañera de Emillozzi.
N 767/02 , para designar juez del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N 1 de la Capital Federal al doctor Javier López Biscayart.
-- La lista de los Asuntos Entrados es la que figura a continuación:
-- El texto es el siguiente:
"Plan de labor para la sesión del día 8 de mayo de 2002:
Pasar a la sesión de acuerdos.
Consideración en conjunto de los Órdenes del Día con proyectos de comunicación, resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
Tratamientos sobre tablas a solicitar: proyecto de ley del Poder Ejecutivo derogando la Ley 20.840 y sus modificatorias (subversión económica) y modificando el Código Penal. (P.E. 87/02)
-- Mensaje del Poder Ejecutivo comunicando el dictado del decreto 762/02 de necesidad y urgencia exceptuando de la aplicación del coeficiente de estabilización de referencia (C.E.R.) a determinadas deudas de personas físicas. (P.E. 118/02)
-- Proyecto de declaración de la señora senadora Paz sobre la "Asamblea Mundial de la Salud". (S. 550/02)
Preferencias a solicitar: proyecto de ley de los señores senadores Gómez Diez y Salvatori modificando la Ley 23.753 de lucha contra la diabetes. (S. 1999/01)
-- Proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre seguridad en espectáculos deportivos. (P.E. 35/02)
Y, por último, los asuntos que hayan sido reservados en mesa."
Sr. Presidente (Maqueda). -- Previamente, le voy a dar el uso de la palabra al senador Gioja, quien así lo solicitó.
Sr. Gioja. -- Señor presidente: solicito que en forma conjunta, cuando votemos el plan de labor, aprobemos también un pase a cuarto intermedio de esta sesión hasta mañana a las 16, porque hay temas acordados en labor parlamentaria que se van a tratar mañana a partir de esa hora.
Además, solicito incorporar en el plan de labor el tratamiento del expediente S 390/02 para su consideración sobre tablas. Es un proyecto de declaración de la señora senadora Latorre sobre la Feria y Seminario de Producciones Alternativas.
Sr. Maestro. -- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Maqueda). -- ¿El senador Maestro me pidió la palabra?
Sr. Maestro. -- Sí, señor presidente.
Quiero manifestar que estamos de acuerdo con lo que ha planteado el presidente de la bancada justicialista.
Con la anuencia de los restantes presidentes de bloque, solicito que se reserve un proyecto de comunicación de la senadora Miriam Curletti que tiene perentoriedad en su tratamiento porque se refiere al vencimiento --el día 15-- de la posibilidad de cancelación de deudas en el sector agropecuario con títulos de la deuda pública. Es un proyecto de comunicación dirigido al Poder Ejecutivo nacional exhortándolo a prorrogar esa posibilidad durante un tiempo determinado.
También, solicito la inclusión de tres proyectos de resolución que me ha dejado el señor senador Rubén Martí, que se encuentra convaleciente...
Sr. Presidente (Maqueda). -- Perdón, ¿cuál es el número del proyecto de comunicación?
Sr. Maestro. -- El proyecto de la senadora Curletti está contenido en el expediente S. 675/02.
Los proyectos de resolución del senador Martí, que no ha concurrido a esta sesión porque se encuentra convaleciente de su enfermedad, son los números 483, 484 y 485, y expresan el beneplácito de la Cámara por diversos eventos producidos en los últimos días en la provincia de Córdoba.
Solicito que se reserven para su tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración el plan de labor, con los agregados realizados por los senadores Gioja y Maestro.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-- La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
--La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobado.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. -- Señor presidente: interpreté que se iba a leer la lista de asuntos entrados. Pero, aparentemente, el mecanismo es que si uno quiere hacer alguna sugerencia lo solicite. Como no se leyeron, quisiera que los proyectos de la senadora Arancio de Beller que figuran en la página cuarenta y seis también sean girados a la Comisión de Derechos y Garantías.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Señor senador: quiero aclararle, y de este modo a todos los integrantes de la Cámara, que en la reunión de labor parlamentaria se acordó que a partir del día de la fecha los asuntos entrados se transmitían por el sistema informático, por Internet. De esta manera, cada uno de los senadores debía bajarlos en su computadora y no íbamos a darles lectura. Por eso mismo dije que todos aquellos que tuvieran observaciones para hacer, como es su caso, las hicieran por escrito a Secretaría.
Sr. Losada. -- Perfecto. No conocía esa resolución.
Sr. Menem. -- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. -- Señor presidente: celebrando esta innovación, por lo que me parece que estamos en el buen camino, recuerdo que en el año 83 se leían uno por uno los asuntos entrados. Cuando estuve a cargo de la Presidencia pasamos a las listas, lo que significó un gran avance, tal como lo es esta nueva modalidad. Pero quiero que dejemos en claro un asunto. Ello no impide que en este momento, en conocimiento de los asuntos entrados, los señores senadores tengan el derecho de pedir que se traigan y se reserven en mesa algunos de ellos, para lo cual, por supuesto, el eficiente equipo de colaboradores que tiene la Secretaría Parlamentaria los tendrá a mano para ponerlos en mesa cada vez que un senador lo solicite.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Así es.
En primer lugar, corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el proyecto de resolución del señor senador Menem y otros señores senadores por el que se ratifica el acuerdo presentado en la sesión del 1° de diciembre de 1999, en virtud del cual se ascendió al señor Alejandro Carlos DANERI a la categoría "C", ministro plenipotenciario de segunda clase, rectificando que el mismo se prestó de conformidad con el articulo 17 de la ley 20.957. (Orden del Día Nº 120)
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión de Pesca, Intereses Marítimos y Portuarios en el proyecto de declaración del señor senador Daniele por el que se declara de interés legislativo el curso Régimen Legal de la Pesca Marítima, dictado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. (Orden del Día Nº 66)
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Secretario (Oyarzún).-- Secretaría informa que corresponde su pase al Archivo por haberse aprobado el presupuesto 2002.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Se va a votar el pase al Archivo.
-- La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
--El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
--El texto es el siguiente:
Sr. Secretario (Oyarzún).-- Secretaría informa que corresponde su pase al Archivo por haberse aprobado el presupuesto 2002.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Se va a votar el pase al Archivo.
-- La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Secretario (Oyarzún).-- Secretaría informa que corresponde su pase al Archivo por haberse aprobado el presupuesto 2002.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Se va a votar el pase al Archivo.
-- La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Secretario (Oyarzún). -- Secretaría informa que se subsana omisión de "Dictamen aconsejando se aprobación".
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Secretario (Oyarzún). -- Secretaría informa que se sustituye "celebrará" por "celebra" y se suprime "de 2002".
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con la modificación indicada.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Oyarzún). -- (Lee:)
Sr. Presidente (Maqueda) . -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Oyarzún). -- (Lee:)
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Oyarzún). -- (Lee:)
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda) . -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Oyarzún). -- (Lee:)
Sr. Presidente (Maqueda) . -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda) . -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Secretario (Oyarzún). -- Secretaría informa que se reemplaza "a celebrarse" por "celebrado".
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con la modificación señalada.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
-- El texto es el siguiente:
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-- La votación resulta afirmativa.
-- En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
En primer lugar, el expediente 87/02, Poder Ejecutivo, mensaje número 624/02 y proyecto de ley por el que se deroga la ley 20.840 y sus modificatorias, subversión económica, y modificación del Código Penal.
Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. -- Señor presidente: propongo el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. -- Señor presidente: me opondré al tratamiento sobre tablas de este tema y voy a fundamentar brevemente mi postura.
Como se ha dicho aquí, estamos en una época donde la mayoría de los argentinos la pasan muy mal. Hay inmensas preocupaciones que hacen al presente y al futuro de los argentinos. Preocupan cuestiones como el brutal aumento de precios, el creciente índice de desocupación, la pobreza, la miseria y la marginalidad, el corralito y los ahorros y el deterioro de los salarios. Sin embargo, tengo la impresión de que ninguna persona de bien en este país posee la sensación de que sus padecimientos son producto de la existencia de la ley de subversión económica. Nadie en este país siente que padece porque existe esta ley.
Tenemos gravísimos problemas en la Argentina...
Sr. Pichetto. -- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?
Sr. Presidente (Maqueda). -- Señora senadora: el senador Pichetto le solicita una interrupción, ¿la concede?
Sra. Ibarra. -- Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. -- Señor presidente: respetuosamente quiero decir que no está en mi ánimo coartar el derecho que tiene la señora senadora de fundar su postura. Pero sus palabras nos indican que entra al fondo del asunto y, en realidad, estamos en una cuestión previa, que es si el bloque que ella representa votará la habilitación del tratamiento sobre tablas o no. Luego debatiremos si estamos de acuerdo en derogar la norma o no. Entiendo que si se entrara al debate de fondo, indudablemente, utilizaríamos muy mal los tiempos reglamentarios.
Por esta razón, nos oponemos terminantemente a que la señora senadora preopinante ingrese en esa clase de expresiones.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. -- Gracias, señor presidente. Haré una aclaración.
En realidad, entiendo que mis palabras son absolutamente pertinentes, porque no opino sobre el tema de fondo sino sobre la urgencia de abordar el tratamiento sobre tablas o no.
Entiendo que el tratamiento sobre tablas, como ha sucedido en varias oportunidades, es pertinente frente a las necesidades o las urgencias y no a lo que se ha planteado. Por lo tanto, voy a continuar con la fundamentación que había iniciado hace instantes.
Decía que entiendo que ninguna persona de bien de la Argentina está pensando en que sus padecimientos son fruto de la existencia de la ley de subversión económica. Y, efectivamente, tengo la impresión de que hoy la pregunta es por qué estamos enfrentando esta sesión, apurados, sin dictamen de comisión y sin debate serio, a fin de reformar una ley que parece que ningún argentino piensa que sea la que le provoca sus males.
Efectivamente, creo que tenemos este apuro --que es lo que le preocupa al senador Pichetto--, porque no estamos legislando para la gente sino mirando al FMI. De todos modos, aclaro que no voy a hacer un discurso anti FMI. porque no es mi posición. Simplemente digo que es un organismo multilateral de crédito que representa intereses muy poderosos en la Argentina, y que tiene sus propios intereses y urgencias. Y da la impresión que dichas urgencias y necesidades no son las mismas que las de la inmensa mayoría de los argentinos.
Finalmente, quiero expresar que efectivamente esta ley --por las reformas que se proponen-- va a consagrar la impunidad y que ese es el objetivo que se plantea.
Mi voto no va a habilitar los dos tercios que se necesitan --porque de eso se trata esta votación-- para el tratamiento sobre tablas de la norma en el día de hoy.
Además, solicito que la votación sea en forma nominal. En su momento hemos discutido este tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales y hubo acuerdo unánime de parte de los señores senadores acerca de la importancia que tiene el hecho de que la comunidad y los ciudadanos que nos votaron sepan cómo vota cada senador.
Si el cuerpo no acompaña mi pedido de votación nominal, dejo mi solicitud al señor presidente --que sinceramente no dudo de que mantiene el cuidado de la transparencia en las votaciones-- de que en el momento de efectuarse la votación, diga respecto del tratamiento sobre tablas cuántos votos se lograron por la afirmativa, cuántos por la negativa, cuántas abstenciones, así como también la cantidad de presentes y ausentes, a los efectos de que todo eso quede consignado en la versión taquigráfica.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Maestro.
Sr. Maestro. -- Señor presidente: nuestro bloque ha debatido extensamente esta cuestión y sostendrá la negativa de modificar o derogar --en las actuales circunstancias-- la ley 20.840.
No obstante ello, un sector mayoritario de nuestro bloque va a acompañar el tratamiento sobre tablas, porque entendemos que es un pedido que ha formulado el Poder Ejecutivo nacional. Tanto el presidente de la Nación como sus ministros han expresado la absoluta necesidad del tratamiento de esta cuestión. En consecuencia, entendemos que ante las difíciles circunstancias de la vida nacional, no podemos sustraernos a la necesidad de dar en forma inmediata este debate.
En virtud de que cada uno de los señores senadores ya tiene una posición tomada al respecto, consideramos que es absolutamente inconducente postergar el tratamiento de esta iniciativa hasta que tenga el debido trámite parlamentario. Sería una demora que complicaría aún más el delicado clima político--institucional que vive el país. En consecuencia, estamos dispuestos a dar nuestro apoyo al tratamiento sobre tablas. Por supuesto que luego en el debate fijaremos concretamente los argumentos por los que entendemos inconveniente, ante las actuales circunstancias, modificar o derogar esta ley.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Passo.
Sr. Passo. -- Señor presidente: vengo a intentar el esfuerzo personal de convencer a este cuerpo de la inconveniencia del tratamiento de esta iniciativa. Y voy a hacer uso de las facultades que me otorga el Reglamento a través del artículo 152. Estoy habilitado durante diez minutos para sostener mi posición acerca de la conveniencia del no tratamiento sobre tablas de este proyecto.
Entiendo que es un error reglamentario considerar que las afirmaciones o negaciones en la habilitación de un tratamiento sobre tablas no pueden ser fundadas.
Por lo tanto, señor presidente, quiero decir que en los últimos años los debates políticos en la Argentina --fundamentalmente de la mano de los hombres que operan en el campo de la economía, que son a su vez los que llevan el nombre de nuestro país en las negociaciones internacionales--, siempre estuvieron precedidos de una constante que ha deteriorado el trabajo político y parlamentario, que es la siguiente: "Se vota esto o mañana el país amanece abrazado al caos.". El resultado final es que lo permanente siempre es el caos. Los escenarios alternativos se van sucediendo y van cambiando de título pero, en definitiva, esta es la teoría por la que en los últimos años se nos ha quitado a los argentinos la capacidad de decisión nacional.
Hoy estamos viviendo una dramática situación. Estamos al borde de saber que debemos trabajar todos, desde cada lugar, por la reconstrucción de los valores de la Nación. Ahora bien, ¿cuál es el principio en el cual nos afirmamos para reconstruir la Nación? Leandro Alem decía, cuando reclamaba bases éticas para la Nación, que es imposible construir un edificio sobre la base del lodo. Entonces, es imposible, reconstituir la confianza de los argentinos --a la cual estamos lanzados-- sobre la base de aceptar una agenda que signifique la impunidad.
Es un grave error de la economía y de los economistas pensar que van a reconstituir el sistema financiero argentino sobre la base de establecer leyes que beneficien a los mafiosos. Es un grave error que se está cometiendo, pero más grave aún es plasmar estos condicionamientos en una acta, tal como la que han firmado gran parte de los líderes políticos de nuestro país.
Creo que es indispensable que el Parlamento argentino adopte una posición sólida para abrazar una nueva forma de reinserción en el mundo. Es imprescindible reinsertarse en el mundo, pero hay que hacerlo desde la dignidad. No se nos puede exigir que nos quedemos de rodillas para que los grandes sean aún más grandes. En este sentido, para que los grandes sean más chicos es necesario alguna vez ponerse de pie, que es lo que nos reclama el pueblo de nuestra Patria. Porque, paradójicamente, cada vez que los organismos multilaterales de crédito nos piden definiciones políticas, estas se dan de contragolpe con nuestra sociedad y se profundiza aún más el deterioro de la posibilidad de conducir la democracia por un camino más venturoso. Cada ley que nos piden nos aleja más de nuestro pueblo. Por lo tanto, la vuelta de la Argentina al mundo será sólo sobre la base de un proyecto creíble.
Considero que el Parlamento federal debe dar hoy una gran muestra de fortaleza política. En cuanto al fondo de la cuestión, mi bloque dará los fundamentos esenciales por los cuales va a votar negativamente esta norma.
-- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1 del H. Senado de la Nación, senador Raúl Eduardo Baglini.
Sr. Passo. -- A modo personal, quiero decir que uno tiene dos opciones para reinsertarse en el mundo. Lo puede hacer como una Nación o como una colonia. Sería una muy buena definición del Parlamento de la Nación Argentina decirle el mundo que nosotros queremos negociar sin que nos impongan agendas y sin que nos modifiquen leyes que pertenecen a la representatividad del pueblo de la Nación Argentina.
Por lo tanto, propongo formalmente al Senado que se rechace la posibilidad de este tratamiento, que la agenda política de la Argentina siga por otra vía que no sea la de modificar esta ley que puede transitar por caminos de los cuales nos vamos a arrepentir, para fundamentalmente afirmar que los argentinos queremos honrar nuestros compromisos, negociar nuestro destino sobre la base de nuestra dignidad, de nuestra fortaleza y no sobre la base de nuestra sumisión a solicitudes humillantes, que no sólo quieren alterar nuestra legislación sino también nuestra ética.
Sr. Lamberto. -- Solicito una interrupción. Una pregunta.
Sr. Alfonsín. -- Pido la palabra.
Sr. Pichetto. -- ¿Es sobre el mismo tema? Están hablando sobre el fondo de la cuestión.
Sr. Alfonsín. -- No es sobre el mismo tema.
Sr. Presidente (Baglini). -- Tiene la palabra el señor senador Chiappe. Le solicita una interrupción el senador Lamberto. ¿Se la concede?
Sr. Chiappe. -- Cómo no.
Sr. Lamberto. -- Es para hacerle una pregunta al senador Passo. ¿El senador Passo tiene algo que ver con el que era diputado nacional de la Alianza? Me parece un tanto nuevo acá...
Sr. Presidente (Baglini). -- Señor senador: no se pueden entablar diálogos. Tiene que dirigirse a la Presidencia.
Sr. Lamberto. -- Es una pregunta nada más; ¿si es el mismo?
Sr. Passo. -- Si el señor senador es el mismo que quien fuera secretario de Hacienda, yo soy el mismo.
Sr. Alfonsín. -- Señor presidente: pido autorización para retirarme, aunque luego regresaré. Pero quiero dejar sentado que mi voluntad es la de votar favorablemente el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Baglini). -- Se dejará constancia.
Tiene la palabra el señor senador Chiappe.
Sr. Chiappe. -- Señor presidente: quiero fijar mi posición adversa a la moción de tratamiento sobre tablas. Baste con recordar que desde el inicio mismo de este nuevo Senado he venido reclamando contra una manera de legislar, porque estoy convencido de que para nada contribuye a la seguridad jurídica, hoy ausente en la República.
Esto de legislar sobre tablas, siempre a caballo de la emergencia, de la urgencia, del estado de necesidad,...
--Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Baglini). -- Ruego a los señores senadores que no dialoguen y que, por favor, respeten al orador.
Sr. Chiappe. -- ...es por cierto una mala práctica legislativa, porque precisamente en las épocas críticas, en la emergencia, en las grandes dificultades como las que hoy está atravesando la República es cuando más hace falta la reflexión, el intercambio de opiniones y los debidos asesoramientos.
Esta es la forma de ir superando la crisis, con reflexión, sensatez y prudencia. La prudencia de los viejos senadores construyó la grandeza de la República, se decía. Hoy, esto es más cierto que nunca. Creo que es imprudente legislar siempre sobre tablas. Cada vez que hay un proyecto importante viene la urgencia y tenemos que aprobar los proyectos a libro y ojos cerrados. Esto no es lo conveniente. Insisto, perjudica la seguridad jurídica que tanta falta hace en el país para provocar la confianza para la inversión y el crecimiento.
Por ello, voy a votar en contra de la moción de sobre tablas. Y por estas mismas razones adelanto que oportunamente voy a pedir autorización --por estos argumentos que no repetiré--, para abstenerme de la votación en general y en particular del proyecto.
Sr. Presidente (Baglini). -- Tiene la palabra el señor senador Morales .
Sr. Morales. -- Señor presidente: solicito autorización a la Cámara para abstenerme en la votación requerida por el presidente del bloque justicialista.
Sr. Presidente (Baglini). -- Tiene la palabra la señora senadora Arancio de Beller.
Sra. Arancio de Beller. -- Señor presidente: en idéntico sentido, pido a la Cámara autorización para abstenerme y para no habilitar con mi voto el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Baglini). -- Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: junto con el senador Walter hemos presentado un proyecto de ley, por el cual se propicia la incorporación en el Código Penal de la figura del vaciamiento de empresa. Esta iniciativa fue presentada el 2 de mayo y figura bajo el número de expediente S. 643/02.
En consecuencia, solicito que se incorpore el citado proyecto al tratamiento sobre tablas peticionado y oportunamente fijaremos nuestra posición sobre el fondo de la cuestión.
Sr. Presidente (Baglini). -- Tiene la palabra la señora senadora Sapag.
Sra. Sapag. -- Señor presidente: quiero fijar mi voto negativo para el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Baglini). -- Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. -- En el mismo sentido, señor presidente, quiero expresar mi voto negativo. No vamos a participar de los dos tercios que van a habilitar esta tarde el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
Sr. Presidente (Baglini). -- Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. -- Señor presidente: quiero dejar constancia de mi voto negativo al tratamiento sobre tablas. Y al estar íntimamente vinculado el porqué de esta posición con la postura respecto del fondo de la cuestión, procederé a fundamentarlo en oportunidad de considerarse el proyecto.
Sr. Presidente (Baglini). -- Tiene la palabra el señor senador Brizuela del Moral.
Sr. Brizuela del Moral. -- Señor presidente: anticipo mi voto negativo al tratamiento sobre tablas de la ley 20.840. Consideramos que se tendrían que haber seguido los procedimientos parlamentarios por parte, en este caso, del Frente Cívico y Social de Catamarca.
Sr. Presidente (Baglini). -- Si no hay más oradores, la Presidencia va a someter a consideración el pedido de votación nominal.
-- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Gioja. -- Nos oponemos.
Sr. Menem. -- No corresponde, señor presidente.
Sr. Presidente (Baglini). -- Perdón, primero hay que votar el tratamiento sobre tablas del proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Sra. Ibarra. -- Señor presidente: no era ese mi pedido
-- La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Baglini). -- La votación ha resultado afirmativa.
Sr. Presidente (Baglini). -- En consideración los pedidos de abstención solicitados.
Sra. Ibarra. -- Pido la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente (Baglini). -- Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. -- Señor presidente: en realidad, me parece que usted me interpretó mal. Cuando hablé, dije que quería que la votación para habilitar este tema se hiciera en forma nominal. La Presidencia no sometió mi propuesta a votación para ver si el cuerpo acompañaba la votación nominal de la habilitación del tratamiento sobre tablas o no.
Lamento la omisión de la Presidencia. Sin perjuicio de eso, lo que sí había sido solicitado era que se informara la cantidad de votos negativos, positivos y las abstenciones. Lamento --reitero-- la omisión de la Presidencia.
Sr. Presidente (Baglini). -- Señora senadora: yo no estaba a cargo de la Presidencia en ese instante. De todas maneras, si ocurrió así ha habido una mala interpretación.
Está en consideración la propuesta de votación nominal de la señora senadora. Se necesitan 37 votos.
--Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Pichetto. -- Ya fue votado.
Sr. Mayans. -- Hay que darle tratamiento al tema.
Sr. Presidente (Baglini). -- En consideración el tema que fue habilitado para su tratamiento sobre tablas, incorporando el expediente S. 643/02, que requiriera el señor senador Gómez Diez y que versa sobre la misma cuestión.
En consideración, por lo tanto, este tema juntamente con el expediente S. 643/02.
Sr. Maestro. -- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Baglini). -- Tiene la palabra el señor senador Maestro.
Sr. Maestro. -- Señor presidente: entiendo que no es responsabilidad suya, porque no estaba a cargo de la Presidencia en ese momento, pero efectivamente la senadora Vilma Ibarra solicitó que al momento de decidirse esta cuestión se practicara por votación nominal.
Entonces, correspondería reconsiderar lo expuesto y someter a votación nominal el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Baglini). -- Señor senador: ¿usted está proponiendo la reconsideración de la votación?
Sr. Maestro. -- Así es.
Sr. Presidente (Baglini). -- Está en consideración la reconsideración de la votación. Es una moción de orden.
-- La votación resulta negativa.
Sr. Presidente (Baglini). -- En consideración en general el proyecto.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. -- Señor presidente: en este reciento se han vertido algunas expresiones y no puedo dejar de reflexionar sobre ellas antes de entrar en la cuestión de fondo.
-- Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador Juan Carlos Maqueda.
Sr. Pichetto. -- Yo escucho algunos discursos que se hacen en esta Cámara y pareciera que sus autores hubieran sido espectadores de esta realidad que hemos vivido los argentinos en los dos últimos años, como si no hubieran tenido absolutamente nada que ver en la construcción política de una de las mayores frustraciones que ha vivido el país en términos de expectativa social.
En el mismo sentido, cuando uno escucha a la senadora de la Alianza, por la Ciudad de Buenos Aires, podría imaginar que esta ciudad es algo así como la isla de la fantasía, en donde las cosas son realmente extraordinarias y que ella no tiene nada que ver con lo que ha pasado en la Argentina. Sin embargo, ella ha sido parte de esa construcción política --es integrante del frente de la Alianza-- que fue desertando de sus obligaciones con el poder y con la sociedad. En este sentido, el principal líder de ese partido conforma un gran fracaso en esta historia reciente de los argentinos, como fue el abandono de la responsabilidad política y de la convicción de asumir esa responsabilidad con la historia, con la gente que lo había votado. En efecto, un día nos dejó para nunca más volver.
Entonces, hoy se habla como si acá nada hubiera ocurrido. Nadie tiene responsabilidades.
Reconozco también que la conducción del bloque de la Unión Cívica Radical ha hecho un esfuerzo de colaboración y de aporte dándonos los dos tercios. Pero, indudablemente, considero que el compromiso debería ser mayor, porque no estamos acá ante estos requerimientos del Fondo porque a sus representantes se les ocurrió un día exigir lo que hoy es un dato de la realidad.
Indudablemente, hay que avanzar en la derogación de esta ley, porque ella provoca incertidumbre en el marco de la seguridad jurídica. Y esto no es nuevo, data de hace mucho tiempo. Lamentablemente, ahora se juntan una serie de circunstancias sociales, económicas y también mucha frustración social, porque los bancos se han quedado con depósitos de los ahorristas --y puedo llegar a coincidir en cuanto a la oportunidad--, pero me parece que es inconveniente que hoy se eluda la responsabilidad que existe con el pasado reciente, ya que no estamos acá porque fuimos votados sino porque nos tiraron el gobierno por la cabeza. Tuvimos que asumir esta responsabilidad de la transición y de la crisis y no se pueden desligar así, alegremente, y pasar ahora a ocupar un espacio desde la dialéctica de la oposición. Ustedes son corresponsables...
Sr. Baglini. -- Señor presidente: le pido una interrupción al señor senador.
Sr. Pichetto. -- No, no voy a dar interrupciones.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Primero le voy a pedir la interrupción.
Sr. Pichetto. -- No voy a dar interrupciones. Voy a desarrollar todo el mensaje y después tendrán oportunidad de decir lo que piensan.
Sr. Baglini. -- Sería bueno que se atuviera al tema.
Sr. Pichetto. -- Me estoy ateniendo al tema. Estoy haciendo la introducción, lo dije claramente...
Sr. Presidente (Maqueda). -- Por favor, no dialoguen. Prosiga con su alocución.
Sr. Passo. -- Insultá un poco menos a los que te ayudan.
Sr. Morales. -- Al gobierno que le sobra margen...
Sr. Presidente (Maqueda). -- Por favor, silencio.
Sr. Pichetto. -- Nos sobra la convicción para avanzar en la sanción de esta norma, porque hay un dato concreto de la realidad política que está obligando a actuar con gran responsabilidad a este Parlamento argentino.
Tenemos que sancionar esta iniciativa, porque es una cuestión central que puede colocar a la Argentina nuevamente en un espacio de reconocimiento por parte del Fondo Monetario Internacional. Estamos en default; en una situación provocada fundamentalmente por una mala gestión y por pérdida de la confianza en el país. Estamos en una situación muy delicada y los requerimientos son concretos y puntuales.
Podríamos abordar este tema con un discurso emocional, realizando un alegato ligero y hablando de la recuperación de la dignidad, pero lo cierto es que estamos en una situación compleja y delicada en la Argentina. Nos encontramos en una posición de debilidad y tenemos dos caminos. Podemos llegar a ser como Albania, que está afuera del mundo y del marco internacional, porque no cumple ningún tipo de compromiso, o podemos volver a construir un camino tendiente a recuperar la confianza del mundo y de las autoridades del Fondo Monetario Internacional, que nos permita cumplir nuestros compromisos con los organismos multilaterales de crédito, obtener recursos para prefinanciar las exportaciones, impulsar el crecimiento productivo y mejorar la situación del comercio exterior y de muchos sectores que hoy requieren este apoyo fundamentalmente financiero que puede brindarnos el Fondo Monetario Internacional.
Entonces, asumimos el tratamiento de este tema con una cuota de realismo, conociendo los compromisos y los costos políticos que tiene que asumir este Parlamento argentino y tomando a nuestro cargo nuestro compromiso con este gobierno, que tuvimos que afrontar en el marco de una profunda crisis. Estas, reitero, son las razones políticas por las cuales el bloque del Partido Justicialista va a respaldar la modificación de la ley 20.840.
Es decir, no estamos considerando el proyecto originario del Poder Ejecutivo sino una modificación de dicha iniciativa por la que se mantiene la figura del artículo 6 --la única que quedaría subsistente de la denominada ley de subversión económica-- y se derogan los otros artículos que tienen que ver con las figuras culposas que planteaba dicha norma. Me refiero a los artículos 7°, 8° y 9°. Más adelante voy a analizar, claramente, la calificación y los tipos penales subsistentes de la ley 20.840.
Debo reconocer que, en realidad, estoy a favor de la derogación total de esta ley, porque creo que constituye una rémora del sistema legislativo elaborado como producto y consecuencia de un tiempo que vivió la Argentina en la década del 70, cuando se vivía una gran convulsión y existían organizaciones denominadas subversivas. Esas fueron las razones de la sanción de esta norma en 1974. Por eso, están equivocados quienes afirman que esta ley es de la dictadura. En efecto, ella se originó en estas Cámaras. Aquí comenzó el debate. Y fue el entonces senador Díaz Bialet su miembro informante.
La ley 20.840 fue contemporánea también con algunas decisiones que tomó nuestro gobierno de ese entonces, que estaban en línea con la lucha contra la subversión, a favor de su aniquilamiento, etcétera. Dicha norma tenía como marco la denominada teoría de la seguridad interna, con tipos penales abiertos altamente peligrosos desde el punto de vista del derecho penal tradicional, y no solamente apuntaban a la lucha contra los grupos guerrilleros de ese momento en el plano político y militar sino también en el plano económico.
Es decir, la ley 20.840 tenía dos lineamentos muy claros. Fundamentalmente, se apuntaba a un conjunto de normas que reprimían la acción de estos grupos en el plano de su accionar militar y también en el esquema económico, que daba sustento a la acción militar de ese momento. La ley apuntaba fuertemente --como bien se denominó a dicha norma-- a la lucha contra la subversión en los dos planos.
La ley 20.840 fue luego modificada por el decreto ley 21.459, de la dictadura militar, que sirvió puntualmente para un caso que todos recordarán, como fue el del Banco Comercial de La Plata. El caso David Gravier fue diseñado y estructurado a través del tristemente famoso general Camps quien era jefe de la Policía Bonaerense de la Provincia de Buenos Aires.
El sustento de la reforma del decreto que quedó vigente fue fundamentalmente para apuntar a los que en ese momento eran los dueños del Banco Comercial de La Plata. Se decía que parte de los recursos que habían formado parte de las actividades ilícitas de la organización Montoneros habían ido a parar a ese banco. Esta fue la historia. Fundamentalmente, las reformas que se hicieron en 1977 por la dictadura militar tendieron a endurecer las normas respecto de la lucha contra la subversión económica.
Es interesante rescatar el hecho histórico del retorno a la democracia --en este momento no se encuentra en el recinto, pero nos honra con su pertenencia a este Honorable Senado quien fuera presidente de la Nación, el doctor Raúl Alfonsín--, porque apenas la Argentina recuperó el estado democrático en 1983, una de las primeras leyes que llegaron a este Parlamento, en cumplimiento además de discursos de la propia campaña, propiciaba dejar sin efecto todas las normas denominadas anti subversivas que violentaron las garantías y los derechos individuales, que habían lesionado fuertemente dichos derechos y que habían formado parte de un período negro de nuestra historia, que además de costar vidas también significó en muchas oportunidades la privación ilegítima de la libertad y la puesta a disposición del Poder Ejecutivo sin proceso alguno.
En fin, todo un conjunto de cuestiones que conocemos y que muy bien apenas iniciado el gobierno, en el marco de un mensaje muy profundo de restablecer el estado de Derecho, el doctor Raúl Alfonsín presentó desde el Poder Ejecutivo la derogación de la ley 20.840 en su integralidad.
¿Cuáles eran las razones? Eran las que mencionamos, es decir, tipos penales abiertos altamente flexibles, que provocaban un ejercicio discrecional por parte de los magistrados, fundamentalmente en el esquema de los procesamientos que determinaban la detención de las personas durante mucho tiempo, porque en general estos tipos penales determinaban penas que limitaban el beneficio de la excarcelación.
Estas son las razones o fundamentos muy puntuales por las cuales en 1984, cumpliendo con los compromisos de la campaña electoral, el Poder Ejecutivo remite al Congreso de la Nación este proyecto por el que se deroga la ley 20.840.
Es interesante hacer el análisis de lo que pasó en 1984, así como rescatar que el Senado siempre ha tenido una posición muy coherente y que no es nueva. En efecto, tal vez sean nuevas las circunstancias difíciles y dramáticas que está viviendo el país en términos de su economía, pero sobre la ley 20.840 todo se encuentra escrito en el Diario de Sesiones de la época, en el que se pueden leer debates muy interesantes, con posiciones políticas y jurídicas muy ricas sobre la necesidad de derogar esta norma.
Reitero que en aquella oportunidad, el Senado tuvo una postura plena de derogación de esta ley. Lamentablemente, cuando llega a la Cámara de Diputados --en ese momento la mayoría pertenecía a la Unión Cívica Radical--, los miembros informantes de esa bancada, los doctores Cortese y Vanossi --que es el actual ministro de Justicia--, limitaron la derogación sólo a la denominada parte de la subversión política, dejando subsistentes los artículos 6°, 7°, 8°, 9° y 13 pertenecientes al capítulo denominado de "Subversión Económica". ¿Cuáles fueron los fundamentos? Realmente, fueron muy frágiles. Incluso, hay una reseña muy interesante desarrollada en 1997 por el senador Bernardo Quinzio durante su exposición, cuando menciona que estos diputados sostenían que: "Por ahora no es conveniente derogar todas esta figuras porque, de esta manera, se privaría al Estado de reprimir a los involucrados, a los militares y a los cómplices de los militares, en los delitos económicos ocurridos durante la etapa de la dictadura."
Este grave error --yo lo califico de esta manera-- por parte de quienes constituían la Cámara de Diputados en ese momento impidió lo que, a mi entender, hubiera sido una decisión correcta; es decir, el haber cumplimentado el requerimiento del Poder Ejecutivo con la firma del presidente, de la derogación in totum de la ley 20.840.
Si bien todos tenemos una historia vivida y nos acordamos de los hechos, vale la pena refrescar la memoria recordando algunos de los fundamentos que dieron origen a esta iniciativa y que son muy interesantes para darse cuenta de cuál fue la naturaleza, el principio jurídico que la sostenía y lo que se buscaba reprimir a través del Estado --yo creo que erróneamente-- en ese marco de la emergencia que vivía el país.
Esta es una visión que, generalmente, tienen los Estados totalitarios cuando confunden las normas penales y las identifican de manera vaga y genérica con el bien del pueblo, con el bien público. En el nacional-socialismo alemán constituía delito todo aquello que afectaba la salud del pueblo alemán, con lo cual, la discrecionalidad de los magistrados en ese estado autoritario era absoluta y total. Y esto también ocurre en algunos esquemas totalitarios de izquierda que hemos conocido, en donde el concepto genérico del bien público o el Estado está por encima de las garantías individuales y de lo que se concibe como el derecho tradicional penal. Esto, evidentemente, conforma normas de una laxitud y flexibilidad altamente peligrosa, colocando a los ciudadanos en manos de jueces que así como pueden hacer uso criterioso de las normas, también pueden hacer uso discrecional de ellas; lo que los colocaría en una situación de pérdida de sus derechos y, lo que es más grave, de su libertad.
Entonces, leyendo un párrafo del discurso pronunciado por el senador Díaz Bialet durante su fundamentación en 1984, vemos que manifestó que el gobierno argentino quiere hacer público su repudio a toda expresión de violencia que en forma sistemática trata de impedir el pacífico desarrollo de nuestra revolución en paz; mercenarios que cumplen objetivos asesinando a hombres del Ejército Argentino, buscando provocar una reacción que pudiera obligar a sus camaradas a romper el estado constitucional. Agregaba que es preciso comprender con gran justeza que en todos estos ataques no se hayan dirigido contra el gobierno mismo sino que, por lo contrario, apuntan hacia el Estado buscando la destrucción de su tradición democrática. Pero el gobierno de pueblo no está inerme y, en virtud de estas situaciones, ha remitido al Congreso un proyecto de ley antisubversiva que está orientado a tratar de limitar la actividad de la subversión. En otra parte del mensaje manifiesta que con esta ley el Poder Ejecutivo no trata de perseguir el libre albedrío de los habitantes, sino preservar y fortalecer el ser nacional.
Como conceptos son realmente loables e interesantes, pero lamentablemente muchas veces han servido a muchos regímenes totalitarios para avanzar en un conjunto de situaciones, repito, altamente limitantes a los derechos individuales. Por eso, --reitero-- era totalmente correcto el planteo del Poder Ejecutivo Nacional en 1984, cuando en su campaña planteó el compromiso de derogación. Y creo que fue un error el rol que tuvo la Cámara de Diputados, especialmente en cabeza de los doctores Cortese y Vanossi, de haber impedido la derogación plena de la ley 20.840.
Fíjense que los argumentos que se utilizan hoy para avanzar con la derogación son los mismos que se esgrimieron en 1984. Antes, eran los militares o aquellos cómplices que, a lo mejor, habían cometido delitos económicos contra el Estado o sus empresas a los que había que juzgar por esta ley. Hoy, son banqueros o funcionarios del Estado los que pueden ser sometidos a esta jurisdicción. Ahora bien, no se dice acá que todas esas conductas están comprendidas claramente en el Código Penal.
No hay ninguna duda de que, de derogar estas normas hoy subsistentes, todas las conductas delictivas estarían comprendidas en el Código Penal. Tomemos, por ejemplo, el artículo 6, con su calificación simple y agravada. Fíjense que los artículos 7, 8 y 9° plantean las figuras culposas; o sea, aquellas cometidas por negligencia o imprudencia. Todas estas figuras están contenidas totalmente en el Código Penal dado que existen claramente las figuras de defraudación --artículo 172.--, la de la estafa, la de la administración fraudulenta --artículo 173 y demás incisos--, la de la quiebra fraudulenta --artículos 176 y 178--, la de la usura --artículo 175 bis--, la del cheque sin provisión de fondos --artículo 302--. Es decir, toda la gama de la defraudación del 173, 174 y subsiguientes de ese capítulo del Código Penal contienen las figuras que están contenidas en los posibles accionares ilícitos de banqueros o de personas que puedan provocar vaciamiento de empresas, etcétera.
Por lo tanto, de derogarse esta norma, no se produciría ningún vacío legal. Por el contrario, los jueces deberían recalificar las conductas en función de las normativas del Código Penal.
Tal vez, este escenario hoy se vuelve a repetir, con un discurso que indudablemente puede llegar a plantear un sentimiento culposo, en el sentido de que aquellos que hoy propiciamos la modificación o la derogación de esta norma estaríamos intentando dejar a los responsables de delitos financieros que hayan ocurrido en la Argentina. Pero de ninguna manera va a ocurrir eso. Los jueces tienen toda la artillería que da el Código Penal argentino para procesar, incluso con penas mucho más graves, a esos banqueros o empresarios que han cometido ilícitos, que han vaciado empresas y que han provocado situaciones que pueden haber afectado a ciudadanos.
No hay ninguna duda de que con el Código Penal en la mano esos delitos no van a quedar sin sanción.
Además, fíjense qué contradicción. Durante todos estos años, el desarrollo de la jurisprudencia en la aplicación de la ley 20.840, ¿qué es lo que permite verificar? La existencia de numerosos procesos de algunos jueces que han tenido un perfil mediático realmente interesante y que han aplicado esta figura a los casos de algunos bancos, especialmente en algunas provincias. Así se puede mencionar a la provincia de Mendoza, que seguramente el senador Baglini conoce detenidamente, en donde se ha aplicado la ley 20.840 para casos que, sin ningún lugar a duda, deberían haber sido juzgados por magistrados provinciales en la gama de los delitos de defraudación a la administración pública y al Estado provincial, ya que se trataba de bancos provinciales.
Sin embargo, se utilizó y además se determinó la competencia de la Justicia Federal, en función de las acciones de los jueces en distintos hechos. Y ha habido sentencias en muy pocos casos. En la mayoría de ellos ha servido, lógicamente, para hacer operativos importantes, y detenciones por un determinado tiempo, limitando la libertad individual, pero todavía hoy, después de muchos años, está pendiente de resolución la sentencia judicial.
Esto ha ocurrido en muchos casos. Fíjense que incluso la utilización discrecional de la ley 20.840 ha llevado a que la Corte le fijara un límite, un marco prudencial en términos de lo que se considera que debe comprender la figura de la subversión económica.
El fallo de la Corte dice claramente que no cualquier delito de vaciamiento va a configurar el delito de subversión económica. Solamente va a ser considerado como tal cuando esté afectado el interés nacional. Es decir que el corte que fija el Máximo Tribunal al uso, a la aplicación abusiva o discrecional de esta norma que han hecho muchos jueces en la Argentina, es el interés nacional. Evidentemente, un interés superior. No cualquier vaciamiento, no cualquier situación financiera que haya provocado perjuicio, incluso, al propio administrador o a terceros, se considerará delito de subversión económica.
Lo dice claramente el fallo, el cual voy a leer porque es ilustrativo: "Teniendo en cuenta la efectiva lesión o puesta en peligro en cada caso de un interés cuya tutela se encuentre asignada a los poderes de la Nación, quedarán excluidos de la jurisdicción federal los hechos que, aun cuando se integren por actos aparentemente adecuados a la figura del artículo 6 de la ley 20.840, no afecten el orden nacional, la seguridad pública, la paz social, la convivencia pacífica, el derecho de trabajar, las autoridades constituidas, las instituciones y la seguridad nacional".
Hay otro fallo interesante "Pirillo José y otros", que dice así: "La adecuación de una conducta a la figura del artículo 6 de la ley 20.840 requiere que para su realización se alcancen los intereses generales de la Nación. En tal sentido, corresponde examinar, en cada caso, si el establecimiento afectado y las maniobras presuntamente cometidas en perjuicio de su actividad revisten trascendencia tal que pueden resultar implicados no meramente intereses plurales de los ciudadanos sino aquellos que alcancen a la Nación misma."
Indudablemente, esos fallos fueron los que pusieron un marco de limitación y prudencia a la aplicación de esta figura abierta, de alta laxitud y peligrosidad para el derecho penal argentino, que, reitero, no establece el mandato de certeza que debe tener el principio de legalidad señalado en el artículo 19 de la Constitución Nacional.
En 1997 --aquí hay senadores que formaban parte del Senado de la Nación en aquel entonces--, se planteó en esta Cámara la derogación de la ley 20.840. Hubo un debate muy rico y, al respecto, quiero rescatar la posición que siempre sostuvo el señor senador Eduardo Menem quien, aun por encima de las circunstancias históricas del país, guardó una actitud coherente y de convicción frente a esta norma que, lo reitero una vez más, es totalmente abierta y peligrosa.
Tanto en 1997 como en 1984, el senador Menem sostuvo una misma posición, que es la que quisiera rescatar en este momento, al igual que la del señor senador Bernardo Quinzio, quien realmente dio un marco de carácter jurídico, de alto valor, contenido y precisión sobre lo que significa esta nefasta ley en toda la estructura normativa argentina.
El Senado de la Nación votó la derogación de la ley 20.840 pero, nueva y lamentablemente, el tratamiento en la Cámara de Diputados se frustró definitivamente.
Por eso es que hoy estamos frente a una situación compleja donde, además, en los últimos tiempos --esto hay que decirlo porque parecería que tratamos este asunto por capricho o porque sí-- hubo magistrados que nuevamente utilizaron la ley 20.840 de una manera caprichosa. Es decir que si bien podían aplicar la totalidad del Código Penal, utilizaban la ley 20.840, incorporando confusión y permitiendo planteos de inseguridad jurídica por parte del sector financiero internacional; sector que desea tener certezas y que aspira a que exista un tipo penal que defina claramente la conducta del sujeto pasivo de la pena.
Por eso, si bien en lo personal apoyo la derogación --he presentado un proyecto de derogación total de la ley 20.840 que contiene los fundamentos a que he hecho referencia-- y propongo el traslado de la figura del vaciamiento al artículo 174, inciso 6) del Código Penal a fin de que no haya ninguna conducta que se escape y que aquél se fortalezca, desistiré de ella porque entiendo que primero están los intereses superiores del país en la búsqueda de un camino que nos devuelva la confianza en la relación con el Fondo Monetario Internacional y nos permita recuperar la capacidad crediticia que se necesita para impulsar las exportaciones nacionales. Además, recuerdo que se trata de intereses superiores que fueron avalados por todos los gobernadores.
Señor presidente: hay veces que no entiendo la falta de asunción de los costos que significa representar al pueblo y, además, hacerlo de cara al país. Y no lo digo con la idea de cuestionar posiciones que, a lo mejor, son coherentes a lo largo del tiempo, sino cuando uno percibe actitudes oportunistas.
¿Por qué digo esto? Porque entre los catorce puntos del documento firmado entre los gobernadores y el presidente de la Nación figura la derogación de la ley de subversión económica; se trata de un documento firmado por gobernadores del justicialismo y de la Alianza.
Hago esta referencia porque pareciera que tuviésemos compartimientos estancos, o que algunos estuvieran en una Argentina y otros en otra.
Se trata de una incoherencia, de una contradicción con la posición de los gobiernos provinciales. Ellos comprenden con realismo la necesidad de que la Argentina salga y encuentre un camino, porque está en duda el pago de los salarios en los estados provinciales. Es dramática la situación que viven las provincias.
Es necesario encontrar un camino para la reactivación del país. Pero se asumen posturas que tal vez sean lindas o interesantes para contener un discurso en una instancia determinada, pero que se alejan de la realidad que vive el país.
Planteamos la modificación de la ley 20.840, pero no dejamos impune ningún ilícito. Simplemente precisamos y damos certeza a la figura penal.
En el artículo 6 de la ley 20.840 queda subsistente la figura principal del denominado delito de subversión económica o vaciamiento. Pero ¿qué le incorporamos a lo que tenía el artículo 6 de dicha ley?
¿Qué calificaba el hecho ilícito? El accionar con interés de lucro o el accionar malicioso. Fíjense qué conceptos tan genéricos y amplios. En la actividad económica, ¿quién no tiene interés de lucro? ¿Qué empresario, banquero o comerciante no tiene interés de lucro? Es indudable que el lucro hace a la esencia de cualquier actividad económica.
Por lo tanto, esa calificación realmente nos parecía inocua, obvia y explícita. En toda actividad hay interés de lucro.
Y respecto del concepto de malicia, es indudable que resulta muy amplia la flexibilidad por parte del juez para interpretar cuándo el sujeto delictivo actuaba de esa manera.
Por lo tanto, eliminamos esos dos conceptos vagos y amplios, y establecemos que el accionar del sujeto tiene que tener las características concretas del fraude, es decir, que tiene que actuar fraudulentamente.
Y aquí está todo lo que surge claramente de los artículos 173, 174 y subsiguientes del Código Penal. Se tiene que actuar fraudulentamente --tienen que estar dados los supuestos del fraude-- para que la conducta pueda considerarse incursa en el artículo 6 de la ley 20.840.
Resumiendo, eliminamos los conceptos de "interés de lucro" y de "malicia", e incorporamos el supuesto del fraude. O sea que el nuevo artículo 6 quedará tipificado de la siguiente manera: "Será reprimido con multa de pesos setenta y cinco mil a cinco millones y prisión de tres a nueve años el que fraudulentamente, con riesgo para el normal desenvolvimiento de un establecimiento de explotación de bienes o servicios, enajenare, destruyere, dañare, hiciere desaparecer, ocultare o disminuyere el valor de materias primas, productos, máquinas, equipos y otros bienes de capital...". Y el párrafo final de dicho artículo se subsume con la última parte del artículo 9: "En la misma pena incurrirán los directores, administradores, síndicos, gerentes o liquidadores....".
Eliminamos las formas culposas --que indudablemente no podían estar previstas en la norma--, que son aquellos delitos cometidos por imprudencia o negligencia, con todos los supuestos de la culpa que establece el Código Civil.
Por último, incorporamos el artículo 300, que está previsto en el Código Penal pero le damos un contenido más amplio, que apunta fundamentalmente al agio, a los precios y a los fondos públicos. Además, establecemos las penas para los directores y los síndicos de las sociedades.
Esta es la norma que hoy estamos propiciando. No plantea la impunidad ni la libertad de ningún banquero. Será responsabilidad de los magistrados la tarea que les corresponde por el ejercicio de la función jurisdiccional de recalificar las conductas.
Los fiscales y el Ministerio Público tienen las atribuciones necesarias para solicitar a los magistrados la recalificación de conductas en términos del Código Penal.
Creemos que con esta reforma le estamos dando al tipo penal más certeza y mayor precisión y, por ende, le estamos quitando el carácter amplio, genérico y vago que tenía la norma anterior. Estamos dentro de lo que se denomina el principio " nullum crimen nulla pena sine lege", el principio de legalidad del artículo 19 de la Constitución a través del cual se deben establecer con claridad cuáles son los hechos por los que se va a juzgar a una persona.
Por estas razones esperamos el acompañamiento de este cuerpo para la aprobación de esta iniciativa, pensando en el país y en la necesidad que tenemos los argentinos de volver a encontrar un rumbo. Porque aún pudiendo coincidir con muchos legisladores sobre el tema de la oportunidad del tratamiento de este tema, como hay intereses superiores pedimos que nos acompañen con su voto afirmativo para modificar la ley 20.840 y avanzar fuertemente en los acuerdos que necesita nuestro país.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Moro.
Sr. Moro.- Señor presidente: me toca informar, ratificando lo que anticipó el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, las razones por las cuales no habremos de votar afirmativamente ni la derogación ni la reforma de la ley 20.840.
Paradojalmente, no haré el elogio de la ley 20.840 --de hecho, sumamente defectuosa-- ni tampoco criticaré el proyecto de reforma en tratamiento fundamentalmente porque, más allá de las distintas posturas al respecto, lo que en realidad nos interesa es que si el Parlamento produce hoy una sanción legislativa, esa ley sea eficaz. Sería absolutamente superficial y contradictorio atacar un proyecto construyendo las razones para que la norma, una vez plasmada, no tenga utilidad. Plantearemos nuestras diferencias pero sobre la base de compartir la inmensa esperanza de que si se sanciona una ley le sirva a la Argentina para contribuir a normalizar sus relaciones y que sirva al espíritu argentino por no contribuir a la impunidad.
Por supuesto que en estas circunstancias se requiere mucha templanza para guardar el equilibrio suficiente entre los costos y los beneficios. Es también cierto que hay algunas actitudes individuales audaces y meritorias, pero nosotros siempre creimos --y seguimos creyendo-- en el valor de la política como una construcción colectiva, en la importancia de la presencia cooperativa de las fuerzas históricas de la nacionalidad, de los grandes partidos políticos, aún desde la discrepancia pero siendo capaces de marcar sus diferencias en la contención del juego parlamentario de la democracia y en la apuesta de buena fe a que las cosas --aunque el resultado de la votación finalmente no nos sea favorable-- sean útiles para la Patria.
Comprendemos y compartimos la grave responsabilidad de este momento. Estuvimos y estamos en disposición de colaborar con el afianzamiento de la transición, que no sólo consiste en mantener las instituciones de la democracia y asegurar que ellas lleguen funcionando del mejor modo posible a diciembre del 2003, sino que es la oportunidad histórica --sigue siéndola-- de iniciar el nuevo rumbo de las políticas nacionales. En medio de las adversidades de diciembre todos creímos que ese era el punto de ebullición crítico de la conciencia nacional y que estábamos dispuestos a iniciar un nuevo rumbo desde todos los signos políticos.
Por supuesto que estos son tiempos complejos, comprometidos, llenos de acciones contradictorias, en los que a veces nos sentimos representados y otras no. Pero es una posibilidad, y grande, al fin. Es un tiempo que está fraguando la posibilidad de que encontremos la manera de iniciar ese rumbo nacional. Enfrente de esta posibilidad insuficiente, traumática y contradictoria como verdad real, sólo están la derecha y la extranjería.
De modo que hay que cuidar esta instancia de confluencia en cada detalle, como lo hacemos hoy en que vamos a votar en contra de la reforma de esta ley, al menos en el sentido de una suerte de comunión civil de la democracia que tiene la responsabilidad intergeneracional de seguir cuidando, sin beneficio de inventario, el futuro de la República Argentina.
Seguramente ningún bloque del Senado de la Nación --como tampoco el gobierno nacional ni el propio presidente de la República-- hubieran deseado que se nos plantee esta iniciativa en este momento. Compromete nuestras conciencias, las de todos los que somos parte de la transición. Creo no tener derecho a suponer que esto es un atributo del radicalismo. Sería un error y una injusticia así considerarlo. Digo que a todos nos conmueve en el fondo, porque suena como una imposición externa. Además es injusta en cuanto al tema relacionado con la atmósfera que rodea a la apreciación sobre esta ley que conmociona al pueblo argentino, no por las razones tradicionales de la detención de algunos banqueros, sino porque está fuertemente dolorida la epidermis del sentido de solidaridad republicana entre nuestros habitantes a raíz --entre otras cosas-- de los estremecimientos que están afectando a todo el sistema financiero en general.
También porque esto no coincide --estrictamente y en la letra chica-- con el nuevo rumbo de políticas nacionales que queríamos consolidar. En una primera aproximación, tal vez se siente llamado por algún gesto disonante de ruptura, de alejamiento, de violencia para marcar la identidad nacional.
Esto suena casi como una actualización de aquella famosa doctrina Monroe, de los años 1820, por la que los Estados Unidos, que venían "pidiendo cancha" al mundo por su liderazgo, se enfrentó a la Europa monárquica y restauradora. Esa era la doctrina que proclamaba "América para los americanos" y que, tan pronto transcurrió algún tiempo, algunos años hasta comenzar el siglo XX, afirmaba lo que se denominó el destino manifiesto, que los americanos adjudicaron a sus potencias imperiales, con anexiones, invasiones y todas las otras categorías de episodios internacionales que configuran su acción invasora de otros pueblos.
Teodoro Roosevelt sentó algo así como el corolario de aquella doctrina Monroe y la transformó en otra cosa, afirmando que alguna amenaza o peligro hacia derechos o propiedades de los Estados Unidos, que proviniese de algún país hemisférico, obligaba a aquella nación a intervenir para reordenar al desquiciado, al que se había ido de quicio, en lo que suponía que era el esquema de su exclusividad de intereses dominantes.
Esta visión significa, hoy, por ejemplo, pedir seguridad para unos pero no para otros, decir --como nos dicen en estos días-- que las casas matrices de los bancos no tienen responsabilidad por sus subsidiarias, o que los que autorizaron por vías indirectas el uso de los nombres, imágenes o franquicias no son responsables de lo que aquellos hayan hecho. Para estos se exige una seguridad jurídica tipificada en los cánones internacionales. Pero, al mismo tiempo, se nos exige que deroguemos esta ley, precisamente para seguridad de los directivos de esas filiales de las matrices, de las franquiciadas, o de las vinculadas controladas de las firmas internacionales con radicación en el exterior. Esa dispar seguridad jurídica la sufrimos todos.
También sentimos --creo que en común-- esta injusticia del Fondo Monetario Internacional, que pretende ser un nuevo arcángel, cuya luminosidad es de tal intensidad como para apagar el fuego diabólico del incendio causado a medio mundo, entre otros a la Argentina. Porque el Fondo Monetario, tan severo con nosotros y con nuestro tiempo, con esta transición que ve herida, debilitada, pero aspirando a mantenerse y a mejorar en el marco de la democracia, no dudó cuando tuvo que estimular largamente, por más de una década, el endeudamiento irracional, ni cuando aceptó como --una excepción exótica para el resto del mundo-- la disposición rigurosa de la convertibilidad, que significó entre otras cosas el abandono de las políticas públicas fundamentales para un país soberano. También aconsejó, y sigue aconsejando, políticas recesivas para ahogar la capacidad productiva de nuestro pueblo.
Hace algún tiempo, no mucho, se leía lo que Friedman nos recordaba acerca de la década del 90 en su funcionalidad para el mundo, lo que ha significado una pérdida relativa de todos los países, salvo de los Estados Unidos, que ha vivido una fenomenal racha de prosperidad, y con la excepción de China que, naturalmente, todos conocemos.
Decía que la función de la liberalización de los mercados de capital en la década de 1990 --y hasta hoy en día-- ha consistido en chupar todos los ahorros de los pueblos del mundo para financiar la inversión en la economía estadounidense. De estos hechos se deduce --sin teoría-- que el rol del capital financiero estadounidense en esencialmente parasitario porque no adelanta la situación de la humanidad, ni siquiera la de la producción capitalista. Adelanta sólo las ganancias personales de los sectores financieros de los Estados Unidos.
Señor presidente: insisto en aclarar que estas expresiones pretenden abrazar una sensación desesperada de necesidad de progreso y de coincidencias fundamentales que tenemos todos --no solamente los de un partido político-- y que no son patrimonio, en este caso, de este informe, sino de lo que todos los senadores estamos sintiendo desde cualquiera de nuestros prismas políticos. Pero la responsabilidad histórica del momento hace que sigamos buscando alternativas de contribuir; y por eso, desde que se insinuó este tema, nos planteamos como objetivo trabajar en él para poder encontrar fórmulas que nos permitieran lograr un difícil equilibrio en la consideración de esta iniciativa. Ese difícil equilibrio consistía en provocar, producir o proponer todas las modificaciones que fueran necesarias para mejorar esta ley tan cuestionada en todos los tiempos procurando, a la vez, que ese intento técnico no arriesgara la posibilidad de que se transformara en un mecanismo que habilitara conductas que están siendo incriminadas en este momento.
Reitero también que no avanzaré sobre las razones que pueden abonar en este sentido porque nos interesa la eficacia de lo que resulte esta tarde.
Esta ley 20.840, como se ha dicho, viene cuestionada largamente, tanto en lo técnico como en lo político. En lo técnico por las imperfecciones y vaguedades que han permitido que fuera una especie de reservorio de discrecionalidad y de elecciones, más allá de la aplicación justa en algunos de los casos. Y esto no se compadece con los criterios tradicionales del derecho penal liberal que es claramente garantista en el sentido de no permitir incriminaciones producto de la discrecionalidad o de las zonas de penumbra o confusión interpretativa, porque está en juego la libertad de los seres humanos.
Y fue también políticamente cuestionada, porque si bien es cierto que nació en el 1974, no lo es menos que en 1976 se sancionó la norma 21.459 por la cual el gobierno militar asignó el juzgamiento de estos fenómenos --además de agravar las penas-- a la Justicia Militar. Y el empeño estratégico, además de la represión que implicó, consistía también en ahogar a la industria y a las actividades nacionales en favor de los sectores externos.
Por esas razones la Unión Cívica Radical planteó en 1984 su derogación, junto con otras normas que se pretendía derogar o modificar cuando se reinstaló la democracia.
Sin embargo, en un rico debate al que se ha hecho alusión no se aceptó la derogación total de dicha ley, sino sólo de algunos de sus artículos, mientras que otros permanecieron vigentes. Pero debe decirse también que el Poder Ejecutivo de entonces no vetó esa sanción legislativa, con lo cual expresó su voluntad política de comprender los motivos que informaron el mantenimiento del resto de los artículos, fundamentalmente porque concurrieron razones de oportunidad, que brillaron mucho más en 1997 cuando en virtud de una iniciativa del señor senador Menem se discutió y analizó largamente la derogación de dicha ley.
En esa oportunidad se reprodujeron los argumentos en contra de sus condiciones técnicas y de su falta de funcionalidad garantizadora pero, finalmente, triunfó la apreciación de que había razones de oportunidad que indicaban la conveniencia de que no se la derogase.
Las razones de oportunidad legislativa no deben ser confundidas con los oportunismos. Estas razones son tan importantes como los contenidos de las normas que sancionan los cuerpos parlamentarios, porque es la parte inefable de la inserción que busca el acto de disposición de autoridad que toma el Parlamento, en la conciencia y en la recepción moral de los ciudadanos a los cuales se dirige.
Esto no quiere decir que exista necesariamente razón de un lado o del otro entre quienes consideran que se trata de algo oportuno y quienes sostienen que no lo es. Significa que la oportunidad de la sanción de la norma tiene una categoría legislativa, institucional y política muy importante que justifica el posicionamiento de cada uno de los actores dentro del Congreso.
Siempre hubo, para no derogar esta ley, razones de oportunidad. Siempre hubo temor al vacío y a la impunidad. Por eso, durante estos días trabajamos con absoluta intensidad en la búsqueda de un texto feliz que nos permita asumir completamente la responsabilidad de la hora en la necesidad de derogar este instrumento.
Pero luego de ello, después de agotar las posibilidades de redacción, queda la controversia de sus posibles efectos. Y la verdad, con el ánimo de no profundizar en los aspectos críticos que resultarían de una nueva reforma, derogación o sanción legislativa sustitutiva, la decisión política de la Unión Cívica Radical en el Senado es que en la opción insoslayable de la oportunidad histórica preferimos no derogar ni modificar la ley. Este será el sentido de nuestro voto negativo
porque no queremos abrir la puerta a la conjetura siquiera de una revisión, ni a la posibilidad de aplicación de leyes más benignas.
Según tengo información hay dos sentencias con condena firme en virtud de la ley 20.840 y existen once procesos abiertos en tribunales federales con intervención del Banco Central de la República Argentina. Por consiguiente, hay aquí una rama de responsabilidad que está en curso y que aconseja no perturbar su desenvolvimiento. Pero no se trata solamente de estos juicios ni de la situación de los banqueros sino --como dije antes-- de procurar hasta donde podamos no afectar el estado de ánimo de un país lacerado por el ajuste financiero y la voracidad externa. En todo caso, preferimos que sean los jueces quienes declaren la inconstitucionalidad de la ley 20.840 --si así corresponde-- o sus limitaciones y la medida de su aplicabilidad.
La verdad es que no debería hablarse en modo alguno de desincriminación penal porque el Código Penal es absolutamente sabio en atrapar conductas como esta, quizá no en la penalidad prevista. Pero sin duda cuando la magnitud de los fenómenos y su reiteración se presenta --como lo hace este tipo de delitos macroeconómicos-- el Código Penal está en condiciones de castigarlo severamente. Además, hay leyes cambiarias que tienen una importante capacidad represiva, como es el caso del decreto-ley 19.359.
Hay todo un mundo que está implicado en la ley penal tributaria 24.769, que tiene configuraciones muy severas para cualquier tipo de delito de esta naturaleza. Y cualquiera de los delitos a los que estamos haciendo alusión --directa o indirecta-- con seguridad deben haber atravesado centenares de infracciones tributarias como para merecer un juzgamiento absolutamente severo y garantizador de los intereses generales de la sociedad.
Incluso, además del Código Penal, de la ley penal cambiaria y de la ley penal tributaria, existe una norma que reprime el espionaje y el sabotaje pero que se engloba en la órbita de la ley 13.985 de Seguridad Nacional, del año 1950 y que tiene penas de hasta 25 años. Todo esto sin hablar de ninguna de las hipótesis que se encuadran específicamente en la realización de estas acciones con un país enemigo en guerra. Espero en verdad que esto sirva para la interpretación auténtica si alguien la hace --esperemos que se haga-- y que tanto le sirve a los jueces para poder adoptar determinaciones en situaciones de duda.
Si se aprueba este proyecto queremos que sea eficaz y útil; confiamos en que así será. Pero si no fuera aprobado, existe todo un cuadro normativo argentino absolutamente eficiente que tan pronto sea examinado y movilizado por los jueces significará aventar toda posibilidad de desincriminación o de libertades aventuradas.
En este momento de confusión, el desafió es encontrar entre todos la forma de poner al país de pie. En la Unión Cívica Radical, en forma modesta pero firme, creemos que la derogación o modificación de esta ley no es una manera de contribuir a este objetivo. Pero no estigmatizamos a quienes piensan lo contrario, porque seguimos confiando en un emprendimiento conjunto que tiene todavía requerimientos más profundos y desafíos más poderosos frente a la incertidumbre del mañana; y esto no lo digo en sentido metafórico.
No obstante, quiero decir que seguimos colaborando a pesar de votar hoy en contra la derogación o reforma de esta ley. Así hemos cumplido con los cánones de la discrepancia jugada lealmente, con buena fe y con sentido contributivo.
Hoy debe ser un día en el cual la Argentina reciba un aporte del Senado de la Nación, ya sea por parte de quienes votan a favor de esta iniciativa, como de los que creemos que debemos votar en sentido contrario, pese a sentirnos parte de un mismo proyecto nacional.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Busti.
Sr. Busti.-- Señor presidente: es mi intención analizar este proyecto despojado de cualquier carga de hipocresía o de supuestos alegatos de oportunismo.
Quiero decir que sin oportunismo, acompañé al presidente Eduardo Duhalde en la soledad de su candidatura a la primer magistratura y que, además, lo acompañé en el momento de la derrota. También lo he acompañado en cada instante de este gobierno con todos los proyectos que se pusieron a consideración de este Senado. Incluso, lo seguiré acompañando durante esta etapa de transición, en todo lo que signifique una apuesta fuerte de la alianza con el trabajo y la producción.
Pero, y lo digo sinceramente, creo que el ámbito para el tratamiento de este tema es el Parlamento.
Considero que fue muy positivo el que todos los gobernadores junto con el presidente firmaran un documento con catorce puntos a cumplir, en un momento dramático para el país. Aún más, creo que es algo muy importante la preocupación de los senadores para que se trate una ley de coparticipación, la firma de convenios entre la Nación y las provincias, y la salida rápida del "corralito", así como hace ya varios días hemos eliminado el C.E.R. que hace tiempo había sido aprobado por este Senado.
También me parece una muy buena señal el que tengamos un programa agropecuario coherente en el que se apueste a los pequeños y medianos productores. Un ejemplo de ello es lo que ayer se hizo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, en donde se estableció que la rebaja del IVA se realice después de la cosecha --que era un pedido formulado por las organizaciones rurales-- y que si se bajaba el IVA para la venta, también se baje para la compra de los insumos.
Creo que es importante y un avance institucional la firma de los catorce puntos por parte del presidente de la Nación con los gobernadores, pero considero que no existe clamor alguno en ninguna provincia argentina sobre esta ley. Sí existen reclamos por otros problemas como la falta de trabajo, por el apoyo a la producción y para que el gobierno de transición tome un camino y lo siga hasta el final.
Tampoco voy a tratar este tema presionado por declaraciones de Anne Kruegger o Paul O'Neill, cuando nos degradan o nos humillan. Nosotros, los argentinos, nos tenemos que hacer cargo de nuestros errores; que ellos se hagan cargo de sus perversidades. Como decía recién el senador preopinante, las casas matrices de los bancos extranjeros instalados en la Argentina no se hacen cargo de la devolución del dinero de los ahorristas argentinos y dicen que sus sucursales son simplemente franquicias, cuando engañaron con ardides en las publicidades que hicieron por la televisión y en los diarios; y, precisamente, los ahorristas depositaron el dinero por la solvencia de las casa matrices.
Que también Anne Kruegger o Paul O'Neill se hagan cargo de lo que hicieron sus anteriores virreyes, los ex embajadores Todman y James Cheeck. Uno de ellos fue embajador de 1989 a 1992 y luego "lobbista" económico en la Argentina, director de Aerolíneas Argentinas. El otro, James Cheeck, que fue embajador desde 1993 a 1999, luego tuvo participación en Aguas Argentinas. También fue nombrado por Azurix, que en realidad está controlada por Enron, en la distribución de aguas en la provincia de Buenos Aires, contrato que se rescindió por la mala calidad del servicio a sus usuarios.
Tampoco voy a tratar este tema presionado por esta nota que recibí ayer, igual que otros senadores, de la diputada Elisa Carrió, a quien respeto; pero nos dice que si derogamos esta norma va a denunciarnos en función del artículo 277 del Código Penal. Yo no necesito ninguna nota de amenaza de la diputada Carrió. Me hago cargo de mis actos ante mis comprovincianos, los entrerrianos, y ante la Justicia, cuando sea necesario.
También me gusta que en la Argentina, en este momento, los banqueros estén desfilando por los juzgados. Si son inocentes, los van a absolver; de lo contrario, como cualquier argentino o como cualquier funcionario público, si vaciaron sus bancos, si los liquidaron mal, o si engañaron a sus ahorristas, que se hagan responsables de sus actos.
Por lo tanto, yo he presentado un proyecto que quizás omití mencionar durante la consideración del pedido de tratamiento sobre tablas y que obra en el expediente S-638. Mediante esta iniciativa indico que si bien la ley sancionada el 28 de septiembre de 1974 tenía una intencionalidad, que era tal vez ir sobre los activistas políticos o sindicales, valga la paradoja, hoy se volvió posiblemente sobre los ideólogos que propusieron esta norma. Hoy son los banqueros los que están en los juzgados, configurándose la tipicidad de sus posibles delitos con esta ley.
Por eso estoy en contra de la derogación de esta ley 20.840. Creo que hay que modernizarla. Es perfectible pero se debe mantener.
En Estados Unidos existe la ley Sherman, o antimonopolios. Y cuando existe un monopolio que perjudica a la libre competencia o al derecho de los usuarios o los consumidores, la aplican, como en el caso de Bill Gates o en el caso de los auditores Andersen en la empresa Enron.
Es decir, tenemos que mantener esta ley, modernizarla, adaptarla, pero de ninguna manera realizarle una modificación sustancial. Creo que este proyecto que está hoy en consideración le realiza una modificación sustancial. Cambia lo que es el ánimo de lucro, la actitud maliciosa por el fraude o la actitud fraudulenta. Indudablemente, todos sabemos que es muy difícil probar el ardid o el engaño. Además va a ser también una argucia que van a utilizar quienes defienden a aquellos que están en proceso y que son banqueros, para utilizarla como una ley más benigna para los intereses de sus defendidos.
Es mentira que nunca hubo una condena producto de la aplicación de esta ley. Existió. Fue en 1994, a cargo del juez Oyarbide, en el caso "BIR". Luego la Cámara confirmó ese fallo. También lo importante es que hoy es el sustento de muchos juicios.
Y no se trata de una caza de banqueros, sino que es la posibilidad concreta de que también un banquero, como cualquier ciudadano, dé cuenta del daño que pudo haber causado en la actividad que realiza.
Por eso creo que es inoportuno el tratamiento de la derogación o de la modificación de esta norma.
En mi proyecto trataba de mejorar el texto. Tomaba un proyecto de la Cámara de Diputados, de la diputada Stolbizer, poniendo la figura del riesgo potencial en el artículo 6. Cambiaba terminología de la década del '70: donde decía "seguridad del Estado" ponía "interés general". En cuanto al agravamiento de las penas, establecía también que no se trataba solamente del hecho de afectar el normal suministro de bienes o servicios, también se incluía el consumo masivo de alimentos, medicamentos, combustibles, prestación de gas. Es decir, la adaptaba a la realidad de hoy. Y en cuanto al tema de las personas jurídicas ponía expresamente quiénes eran los responsables: el director, administrador, gerente, síndico, liquidador, miembro de comisión o junta fiscalizadora o consejo de vigilancia directiva. Además, mantenía la figura culposa del artículo 9. Incluso, hacía un agregado en cuanto a que los delitos previstos en esta figura también comprendieran a los funcionarios públicos y a los empleados públicos.
En consecuencia, por absoluta convicción después de haber pensado realmente mucho creo que en esto no se juega ninguna negociación con el Fondo Monetario Internacional ni con ningún organismo internacional. Simplemente es un juego de presiones. Creo que acá lo importante para la negociación es tener claro un proyecto nacional de desarrollo productivo y de identidad nacional. Y desde ese proyecto vamos a realizar la mejor negociación con el Fondo o con cualquier organismo internacional.
Por lo tanto, con estas palabras dejo fundamentado mi voto negativo al proyecto en consideración.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. -- Señor presidente: cuando el presidente de la Nación asumió ante la Asamblea Legislativa, textualmente, dijo: "Existe, sin embargo, una denuncia que se ha hecho eco en este Congreso acerca de la probable ilegalidad de la remisión de parte de esos fondos con maniobras al exterior. Hay que investigar seriamente estas sospechas porque se debe garantizar que quienes hayan robado el dinero de la gente y quienes no hayan controlado a los que robaban, vayan presos. (Aplausos.)" Efectivamente, hubo aplausos y fui una de las que aplaudió. Y lo hice porque, entre otras cosas, entiendo que, en base a la impunidad, no hay sistema financiero, credibilidad o sociedad posible a construir si las normas no son respetadas por todos. La verdad es que la señal de impunidad que da el tratamiento del proyecto en consideración le quita credibilidad al gobierno, a la dirigencia política y genera desconfianza en quienes nos votaron. En ese mismo momento se dijo también que se empezaba una alianza con el trabajo y la producción y, por ende, creíamos que se terminaba la alianza con la especulación financiera.
Hoy nos queda claro que en esta búsqueda de "tratamiento en estéreo", en ambas cámaras, de las dos leyes solicitadas por el Fondo Monetario Internacional --la Cámara de Diputados aún no comenzó a sesionar-- lo que se hace es considerar las urgencias de la banca y del FMI, pero no las del trabajo, de la producción y de la gente.
Tengo la impresión de que estos pedidos conllevan motivos; no son inocuos. Se viene por la impunidad de los fugadores de divisas y de los banqueros y porque los capitales extranjeros se queden a precio de remate con las empresas argentinas.
No dudo de que el proyecto a votarse implica impunidad, y no porque los apresados vayan a salir libres --no hay tanta gente detenida, son pocos-- , sino porque significará impunidad para los procesos en trámite y para el futuro.
El contenido del proyecto de ley, claramente, determina un camino de imposibilidad total de prueba para los hechos del pasado y para los posibles hechos del futuro. Además, debe analizarse en qué contexto político se exige la sanción del proyecto de ley en consideración.
No se trata solamente de que la ley es desprolija, aunque efectivamente lo es --no tiene una buena técnica legislativa--, sino que no es la oportunidad ni la forma como debe abordarse el tratamiento de su corrección que, desde luego, podía haberlo sido en otro momento y con otros fines.
Estamos dando un tratamiento de emergencia, con un tratamiento sobre tablas forzado y luego de que los voceros de los grandes poderes internacionales salieran públicamente a decir que querían que el Parlamento votara el proyecto de ley en consideración. Entonces, la pregunta es: ¿será inocua? ¿Será que en realidad votamos algo sin efectos porque la figura queda igualmente tipificada en el Código Penal y todo seguirá como antes? No; no es así. Todos lo sabemos y no sé por qué se dice otra cosa. Todos saben que este proyecto de ley tendrá efectos; efectos que tienen que ver con la posible punibilidad de quienes han cometido conductas de vaciamiento y de fuga.
En todo caso, la pregunta sería pensar si la futura ley dará seguridad a los inversores. Y, en ese supuesto, ¿acaso hay inversores en la producción que se sienten perseguidos por la ley de subversión económica? ¡No, señores! No es este el problema y, en realidad, la señal de impunidad claramente se da hacia el sector de los banqueros y de los que permitieron el saqueo de la Argentina y del bolsillo de los argentinos. En realidad les estamos otorgando impunidad a aquellos que licuaron sus deudas o que tomaron créditos multimillonarios en dólares, de los cuales no invirtieron un solo peso y los fugaron.
Vayamos ahora al contenido, porque mi posición no es meramente ideologista. Sabemos que la norma que estamos considerando introduce reformas a tipos penales. En consecuencia, corresponde analizar qué consecuencias producirán las modificaciones que se introducen.
En primer lugar, al modificarse el artículo 6 de la ley de subversión económica se establecen más requisitos, lo cual dificultará notoriamente la prueba. Se dispone un agravamiento de penas. Se expresó "se agravan las penas del delito" pero, como se dice vulgarmente, eso es para "la popular" porque la verdad es que con la modificación del tipo penal se vuelve de imposible prueba un tipo penal que ya venía utilizándose con dificultades.
Se ha cambiado el ánimo de lucro o malicia por la necesidad de que las conductas descriptas sean cometidas en forma fraudulenta. O sea que parece que se está buscando algún tipo de concurso ideal. Primero tiene que ser por un tipo de comisión de los artículos 172 ó 173 del Código Penal, o sea, por medio de una estafa o de otra defraudación. Se necesita de un medio comisivo defraudatorio para recién realizar toda la conducta penal.
Además, la ley 20.840 era una norma que tenía un tipo penal base y algunas formas agravadas, precisamente cuatro. Ahora no existen más las agravantes, sino que forman parte del tipo base, de la conducta penal propia. O sea que ahora no sólo hay que cometer el ilícito por medio del fraude, sino que además deben estar incorporados en el tipo penal los resultados de lo que antes eran meros agravantes. Esto implica que todos los procesos cimentados en la figura base del artículo 6 sin agravantes, hoy ya no se pueden seguir investigando. Esto está clarísimo desde el punto de vista penal.
Además, en el último párrafo del artículo 6 existe un despropósito. Al respecto quisiera referirme a lo que se dijo acerca de los artilugios de la discusión en comisión. Justamente, la discusión en comisión --más allá de que cada bloque efectivamente adopta una decisión política y una postura-- permite limar textos, ya que veces legislamos con muy mala técnica legislativa. Se legisla "a las apuradas", se hacen las cosas mal, y la verdad es que uno a veces tiene aportes que hacer. Creo que todos en las discusiones en comisión podemos mejorar los textos y tratar de buscar mejores salidas. Finalmente, debemos convencernos de que de esto se trata mínimamente el Congreso: exponer argumentos a fin de que sean contestados o rebatidos.
La última parte del artículo 6 será analizada en la consideración en particular, pero como el miembro informante hizo mención a algunos de los temas, esto hace al fondo del asunto. Efectivamente, el artículo 6 establece en su último párrafo, que en la misma pena incurrirán los directores que hubiesen intervenido en el hecho punible. Pero la intervención en el hecho punible está establecida en la primera parte. O sea que se incurre en una repetición que no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que en la misma pena incurrirán todos los que hubiesen intervenido, con lo cual rompemos la estructura de la participación penal establecida en los artículo 45, 46 y 47 de la parte general del Código Penal.
Según la nueva norma, cualquiera que hubiese intervenido en el hecho punible, ya sea director, administrador, síndico o gerente, va a tener la misma pena que si fuera autor, partícipe necesario, cómplice, partícipe secundario o instigador. Es decir que se rompe con la estructura total de los criterios de participación criminal establecidos en el Código Penal.
Ahora bien, pusimos tanta exigencia jurídica para "emprolijar" una ley mala, y parece que ciertas cosas no nos preocupan tanto.
Se suprime la versión culposa del delito. Se dijo acá que esto es malo. En realidad, ya nos han dejado sin tipos penales culposos. Se suprime el artículo 8, que incorporaba a quienes prestaran a sabiendas su consentimiento. Esto implica que a los gerentes, directivos, liquidadores, etcétera, que a sabiendas consintieran los hechos de los artículos 6 ó 7, no los condenamos más. Otro tema que queda en manos de la impunidad.
También se deroga el artículo 9, que hablaba de los miembros de los órganos societarios que no denunciaran a los órganos competentes cuando tomaran conocimiento de estos delitos. Esto también queda impune.
Con relación al tratamiento del tema en comisión, voy a hacer una breve consideración. Fuimos citados a la comisión, donde finalmente no se debatió la cuestión.
El señor senador Yoma tuvo una excelente idea que yo imité: pedir informes a las cámaras federales de todo el país, a efectos de determinar qué consecuencias podría traer la sanción de este proyecto. Es decir, para saber cuántas causas en trámite y cuántos procesados existen en la actualidad. Antes se pensaba derogar la ley, pero ahora con esta reforma todos aquellos que están procesados por el tipo penal base van a quedar --claramente-- fuera de toda punibilidad. En rigor de verdad, este tema debió ser analizado en comisión para estudiar qué consecuencias va a traer esta legislación. No pudimos hacerlo, pero sí pudimos analizar los informes que enviaron las cámaras federales. Sólo en la Capital hay más de 38 causas en trámite, a las que se le van a agregar las que puedan iniciarse en el futuro u otras que pueden surgir como consecuencia de hechos que todavía no fueron denunciados. También hay algunas causas en Córdoba que fueron denunciadas por el propio Banco Central.
Creo que este proyecto de ley es malo. Es una pésima señal de impunidad cuando, precisamente, se había prometido todo lo contrario. Asumo que no era buena la ley de subversión económica, pero creo que en otro momento, con otra finalidad y de otra forma se la podría haber revisado. Digo esto porque, básicamente, tenemos muchas leyes malas, pero da la impresión de que la urgencia del momento pasaba por esta norma. Y si la urgencia tiene relación con esta ley es porque se necesitaba dar una señal de impunidad.
Finalmente, quiero señalar que yo no voy a contestar la chicana del señor senador Pichetto, quien debería ser más tolerante con la gente que no opina como él. Nunca bajo al punto de la agresión ni de la chicana. En todo caso, lo que sí voy a decir es que yo me hago cargo de mi actuación pública --asumí el 10 de diciembre pasado-- y supongo que el señor senador también se hará cargo de la suya, pero realmente sería aburridísimo discutir aquí cada actuación pública. De cualquier manera, yo no tengo ningún problema en discutir de qué nos sentimos responsables cada uno de nosotros en función de quienes nos eligieron. Porque yo hice promesas cuando pedí a la gente que me votara y si bien al señor Pichetto puede no gustarle mi opinión, lo cierto es que presiento que he cumplido con mi voto lo que dije en campaña. Yo no voté a favor de las rebajas de los sueldos y de las jubilaciones; no entregué superpoderes a Cavallo y me opuse a ello públicamente y por escrito, aún cuando yo había votado al gobierno de la Alianza, como la mitad de los argentinos, esperanzada primero y frustrada luego. Tampoco voté a favor de la ley de emergencia económica, acerca de la cual ahora no saben cómo terminar con todos los desaguisados que existen en muchos de sus contenidos y cuyos resultados se quieren evitar aún en la actualidad.
Yo respeto al señor senador Pichetto porque él siempre ha sido sincero. Cuando acá se discutió el tema de los derechos humanos en Cuba, el señor senador Pichetto dijo la verdad y fue vehemente en su decisión. Sostuvo que él iba a votar para que se condenara a Cuba porque así lo piden el FMI y los organismos multilaterales y ahí es donde tenemos que estar. Y agregó: "A ellos también les interesa el tema Colombia.."
Sr. Presidente (Maqueda). -- Perdón, señora senadora, el señor senador Pichetto le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Ibarra. -- Yo le concedería la interrupción, señor presidente, pero el señor senador no admitió interrupciones cuando se las pidieron. Él tendría que ser recíproco en sus actitudes. De modo que no se la voy a conceder.
Sr. Presidente (Maqueda). -- No se la concede, señor senador.
Sr. Pichetto. -- Fui aludido cinco veces. Después, voy a pedir la palabra.
Sra. Ibarra. -- Efectivamente, fue aludido cinco veces. Lo que tiene que aprender es a dar interrupciones cuando se las piden, sobre todo si después las quiere pedir él.
Termino diciendo que respeto la vehemencia del senador Pichetto. Siempre fue sincero. Además, valoro su valentía para defender sus opiniones. Cree que hay que ir detrás de todos los pedidos del FMI. Lo dijo en los temas Colombia y Cuba y lo pide por la derogación completa de esta ley. Lo dijo siempre. Además, lo defiende con lealtad. Yo soy tolerante con su decisión. No estoy en nada de acuerdo con él, pero soy tolerante con su decisión, y creo que la defiende con valentía.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. -- Señor presidente: quiero clarificar una exposición que hice en este recinto con respecto al tema Cuba y aclararle mi opinión a la senadora preopinante, a quien agradezco sus expresiones
Yo también soy tolerante y no tengo ningún problema de tipo personal. En el tema Cuba sostuve un voto en línea con los intereses de mi país, que son los intereses permanentes por los cuales un argentino debe velar. Dije que me preocupaba fundamentalmente el rol que debía tener la Argentina en el marco internacional y que hoy esos intereses llevaban a la Argentina a mantener una posición histórica de una década. No utilicé para nada, senadora, el tema de la argumentación del Fondo Monetario. Si así lo hubiera hecho, lo diría ahora. Dije que votaba con convicción y en función de los intereses de mi país, que me preocupaba más la Argentina que los derechos humanos en Cuba, que parece que desvela a muchos sectores de la izquierda argentina. Eso fue lo que dije. Quería clarificarlo.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. -- Señor presidente: hace diez días este Senado se reunió para tratar una ley en el marco de una formidable extorsión del sistema financiero al sistema institucional, mediante el dictado del feriado cambiario más largo de la historia argentina hasta tanto el Congreso sancionara la ley que restringiera los derechos constitucionales de los ciudadanos, que ha sido la llamada ley "antigoteo".
Hoy volvemos a reunirnos y con exigencias mayores que yo creo insólitas. Quizá es correcto, o forma parte de las reglas de juego, que desde los organismos financieros internacionales se exija a los países como condición para acceder a los créditos un régimen cambiario, un régimen monetario, una determinada política fiscal. Debe ser la primera vez que a un país se le exige derogar leyes penales con consecuencias y efectos que seguramente no son perseguidos por ninguno de los legisladores que estamos hoy acá presentes, pero que lamentablemente van a significar una amnistía para más de cincuenta causas que hoy están en los tribunales argentinos, que son los que, en definitiva, deben determinar la culpabilidad o inocencia de las personas acusadas y no el Congreso de la Nación a través de una ley que sustrae del conocimiento del Poder Judicial aquellas causas.
Creo que debe ser la primera vez que el Fondo Monetario Internacional o un organismo financiero plantea una exigencia de estas características. ¿Qué tiene que ver esta ley que tiene veinticinco años, durante los cuales la Argentina, entre otras cosas, tuvo décadas de caída en su actividad económica y falta de inversiones, y otras de florecientes inversiones extranjeras, en las cuales se llevó adelante todo el proceso de privatización, con fuertes inversiones extranjeras? Durante todo ese período a nadie nunca se le ocurrió cuestionar esta ley.
¿Qué es lo que cambió, para que hoy se ponga como condición inexcusable la modificación de esta ley? Obviamente, tiene que ver con hechos que ha sufrido el país en los últimos tiempos, que lo llevaron a mayor colapso económico y social de la historia. Porque no está mal redactada esta ley en cuanto a sus exigencias. De la redacción surgen los efectos que buscan quienes están imponiéndola o tratando de imponerla a un Estado argentino en estado de necesidad.
¿Qué es lo que cambió al 30 de noviembre del año pasado? Durante los meses anteriores, el sistema financiero argentino había venido soportando una formidable fuga y transferencia de ahorros de los argentinos, de dinero de los argentinos, hacia casas matrices en el exterior o hacia otros bancos. Durante meses el país fue víctima de esos procedimientos, lo que trajo como consecuencia --se sabía que iba a pasar o, por lo menos, ellos sí lo sabían-- el llamado "corralito". ¿Por qué digo que se sabía lo que iba a pasar? ¿Por qué digo que fue premeditada esta transferencia, esta exacción de los ahorros de los argentinos por parte de algunos sectores del sistema financiero?
Para el 30 de noviembre, cuando pedimos al Banco Central el informe cuantificado acerca de los depósitos en plazos fijos, cajas de ahorro y cuentas corrientes que había en el sistema, nos sorprendimos al observar que de la información surgía que el 90 por ciento de los depósitos correspondía a cuentas de menos de 50 mil dólares. El 90 por ciento de los depósitos. Sólo el 10 por ciento era de los grandes tenedores de dinero. Y ¿cuál es la causa? Que los grandes se fueron antes. Entonces quedaron presos del "corralito" los pequeños ahorristas argentinos.
Digo que se sabía lo que iba a pasar porque no fue casual que se eligiera el 30 de noviembre para establecer el llamado "corralito" por parte del entonces ministro Cavallo. Ese día terminaba el período de sesiones ordinarias del Congreso nacional y no iba a poder revisar el decreto de necesidad y urgencia que establecía el "corralito". No es casual, entonces, que se eligiera el 30 de noviembre.
Ahora bien, señor presidente, esa conducta por la cual los bancos, en lo que se supone es una legítima defensa del lucro normal de la actividad comercial pero que provocó grave daño, ese interés de lucro desmedido que produjo la transferencia de fondos, el vaciamiento de las entidades financieras que produjo ese gravísimo daño a la economía del país, por la ley vigente, es delito, pero por esta modificación deja de ser delito. Esa es la verdadera causa por la cual se está exigiendo al sistema institucional argentino esta norma que hoy tratamos.
¿Por qué digo esto, señor presidente? Porque transferir divisas al exterior no es delito: está permitido, está hecho con un ánimo de lucro legítimo en el orden de los negocios, aunque cause un grave daño a la economía nacional. En el mundo globalizado está absolutamente permitido la transferencia de fondos de un banco a otro. En la ley actual, ese ánimo de lucro desmedido que produjo este daño es delito. Con esta modificación, al eliminar de la conducta el ánimo de lucro y exigir sólo la conducta fraudulenta para vaciar la empresa y producirle un daño al país --reitero-- deja de ser delito.
Entonces, hay que configurar primero el dolo, probar el ardid de que se valieron para hacer transferencias. Pero no hubo ardid, si las leyes del mercado financiero internacional lo permitían. Está en todos los libros, es legal. Pero la ley argentina dice que ese espíritu de lucro desmedido y configurando el daño a la economía nacional es lo que se penaliza en la legislación.
Lamentablemente, señor presidente, no tuvimos tiempo y comprendo a las autoridades de mi bancada porque reciben --¡cómo no!-- la enorme presión de quienes tienen la responsabilidad de conducir la economía del país que a su vez, obviamente, están absolutamente condicionados por la necesidad de llegar a un acuerdo con el Fondo. Pero así como cuando los gobernadores y el presidente firmaron los catorce puntos, donde se convino la derogación de la ley, y cuando de este Senado pedimos ese informe al que hacía referencia la senadora Ibarra, algo elemental en un legislador toda vez que estamos tratando leyes penales que pueden tener efecto sobre causas judiciales --he pedido un informe a las cámaras federales de todo el país-- y advertimos los efectos que podía tener la derogación, cambiaron la derogación por la modificación de la ley.
¿Por qué no poder discutir técnicamente, despojados de cualquier apasionamiento pero persiguiendo el fin de la justicia, de la equidad y de la coherencia? Anteaayer los argentinos nos hemos sentido agraviados cuando Colin Powell, el secretario de Estado del gobierno norteamericano, habló preocupado por la falta de transparencia y por la corrupción en nuestro país. ¡Qué es, si no, presionar por la impunidad y la amnistía para quienes delinquieron provocando el gravísimo daño de la economía que tuvo la Argentina! ¿Dónde está la preocupación por la transparencia y la corrupción? Porque, a no dudarlo, señor presidente, el efecto va a ser que numerosas causas "van a caer" y lo que tiene que resolver la Justicia lo estamos resolviendo nosotros en este Parlamento. Y el sistema institucional sigue actuando bajo presión.
Cuando se presionó al Congreso para obtener la llamada ley "antigoteo" --con la cual no estuve de acuerdo, porque restringe garantías constitucionales expresas--, inmediatamente se puso en marcha el más formidable operativo de presión sobre el Poder Judicial. Ese operativo intimidatorio se desarrolló, inclusive, desde el Banco Central de la República Argentina, de tal modo que pasó a ser sospechoso cualquier juez que otorgara recursos de amparo. Eso hizo que hoy mismo, lamentablemente, en el Consejo de la Magistratura hasta se haya detenido la selección de los magistrados para hacer auditorías previas en los juzgados en los que han actuado. Yo voy a ser el primero en enjuiciar a quien no haya actuado correctamente al otorgar una garantía constitucional. Pero de ninguna manera trasladaría la sospecha a todo juez que otorgare un recurso de amparo. Esto es algo que logró también el sistema financiero.
Por eso digo que el sistema institucional argentino está actuando bajo presión. Primero pusieron del feriado bancario para conseguir la sanción de la ley "antigoteo"; luego establecieron la sospecha generalizada de los jueces, para lograr que no otorgasen los amparos a favor de los ahorristas; y, ahora, están exigiendo al Congreso la sanción de una norma que va a producir un enorme perjuicio en la tramitación de las causas judiciales, sólo para que obtengan tranquilidad aquellos que se han robado el dinero de los ahorristas argentinos y lo han transferido al exterior.
¡Qué casualidad y qué paradoja! Esta mañana se pudo ver y escuchar por varios medios que fue detenido un ahorrista que fue al Scotiabank a reclamar por su salario que ha quedado acorralado en ese banco. Y fue preso. Y hoy por esta ley podemos estar dándole la libertad y la tranquilidad a quienes le han robado a ese y a millones de asalariados y ahorristas argentinos el fruto del trabajo de toda una vida.
En cuanto a la eliminación del ánimo de lucro como causal o elemento constitutivo de la conducta delictiva, yo sé lo que dicen los críticos de esta figura o de este requisito constitutivo del tipo penal. Ellos afirman que no se puede penar el ánimo de lucro, ya que está implícito en un régimen capitalista. Sin embargo, si eso fuese meramente lo que pena la ley, hoy no habría sólo cincuenta causas en los tribunales, sino millones. Es la propia Corte Suprema de Justicia la que por los años 80 --sus fallos fueron luego tomados por los jueces de la democracia-- estableció con precisión de qué se habla cuando la ley se refiere el ánimo de lucro. Por eso, me adelanto a quienes dicen que esta ley es mala porque pena el ánimo de lucro.
Dice la Corte en aquel fallo: "Que la acción se ve facilitada y a veces permitida por la repercusión social de desastres económicos provocados por la conducta de personas que, aún sin el concreto propósito de favorecerla, obran en el manejo de los cuantiosos bienes cuya disposición o administración tienen a su cargo por espíritu de lucro tan desaprensivo que llegan a alterar las bases de la paz social". Es decir, no es el ánimo de lucro típico de los negocios. Es el ánimo de lucro que es tan excesivo, tan desaprensivo y sin tener en cuenta las consecuencias que provoca el daño el que hoy están sufriendo millones y millones de familias argentinas. Ése ese el ánimo de lucro que pena la ley, no cualquiera. Por consiguiente, es un error suprimir esa expresión porque eso es lo que va a lograr la despenalización de todas o de la mayoría de las personas que están acusadas en los tribunales federales en virtud de esta ley.
Este fallo de la Corte fue receptado en el año 1987 por la Sala de la Cámara Federal que integraban Peres, Gil Lavedra y Arslanian en la causa "Cordero, José Luis", que estableció lo siguiente: "Para incursionar en los delitos descritos en los artículos 6°, 7° y 8° de la ley 20.840 es imprescindible que la entidad del establecimiento, ya sea por su magnitud o por su influencia en el medio social en el cual desarrolla su actividad, sea de tal importancia que su ruina generada pueda ser considerada dañosa a los intereses de la Nación".
Dice la Cámara: "...lo que no se da en la especie, no obstante que la razón social de que se trata pueda ser considerada..." y ya se refiere a la causa en sí.
En el mismo sentido de la Cámara Federal hay fallos de los jueces D'Alessio, Ledesma, Archimbal-Mitchell y Cattani, entre otros. Es decir, esta es la causa por la cual a pesar de ser tan discrecional --y es cierto que es discrecional-- la figura es muy abierta. Creo que algunos aspectos de esta modificación propuesta son correctos, pero a pesar de ser tan discrecional, la propia Corte de Justicia y los fallos de las Cámaras precisaron el alcance de las normas allí contenidas.
¿Cuál es el daño que podemos provocar al sistema institucional? ¡Que dejamos sin sanción delitos gravísimos, conductas gravísimas que yacen al amparo de normas del sistema financiero o del régimen económico, pero que no tienen en cuenta el interés de la Nación ni la paz social, ni la provisión de los servicios públicos! Porque si bien es cierto que se mantiene la figura --reitero-- al eliminarse el espíritu de lucro y la malicia, y sustituirla por la defraudación o la conducta fraudulenta, se hace casi imposible de probar la comisión de este delito.
Además, la modificación propuesta tiene errores. Por ejemplo, determinadas conductas que ni siquiera estaban penadas por la ley vigente, hoy tienen una pena de 3 a 9 años, equiparadas a las de delitos gravísimos, no excarcelables.
Estamos cuestionando un tipo penal abierto, genérico, que se presta a discrecionalidad. Fíjese, señor presidente, que la ley discrecional vigente, en una de las consecuencias que penaliza, establece "...que el hecho afectare el suministro, circulación o abastecimiento de bienes o servicios de uso común". Esto decía el tipo genérico. La modificación que hoy se propone excluye "de uso común", penalizando "cualquier hecho que afecte el suministro, circulación de bienes o servicios", como si la circulación o abastecimiento de estolas de visón fuera lo mismo que la leche para los comedores infantiles. Entonces, según lo que se propone, cualquier provisión o abastecimiento de bienes o servicios pasan a configurar un delito. Esto ocurre porque se elimina la frase "de uso común". Es por ello que durante el tratamiento en particular, además de proponer que se restituya las figuras del interés de lucro y malicia como componentes de la conducta delictiva, también voy a solicitar la restitución de la frase "de uso común" respecto de los bienes y servicios cuya normal provisión y suministro debe garantizarse.
Considero que constituye una propuesta positiva la eliminación de la afectación de la seguridad nacional, que era la rémora que quedaba del origen ideológico de la doctrina de la seguridad nacional, que imperó en nuestro país y que tanto daño causó al cuerpo social de la República en la época de la dictadura.
También quisiera señalar, señor presidente, una cuestión que no considero correcta. Esta ley, como bien señalaba al comienzo el señor senador Pichetto, nace con hechos puntuales. Me refiero al primer caso resonante de lavado de dinero que se dio en la Argentina y que es el secuestro de los Born; es decir, el lavado de dinero a través del banco de los Graiver. Este fue quizás el primer hecho resonante de lavado de dinero en la historia. Hasta ese momento, no se conocía la figura penal.
La propia ley de lavado, sancionada por este Congreso, se refiere como uno de los elementos constitutivos del delito a cuando el autor actuare con ánimo de lucro. Quizás haga mal en traerlo a colación porque ya va a venir la exigencia por parte del Fondo Monetario Internacional de que eliminemos de la ley "antilavado" este inciso que hace referencia al ánimo de lucro.
Es un error porque además se elimina la omisión de denuncia por parte de aquellos funcionarios miembros de los directorios o niveles gerenciales de las empresas que conociendo la comisión del delito de vaciamiento no lo denuncian. Y digo que es un error porque también en la propia ley "antilavado" fue incluido eso: la obligación de denunciar por parte de quien conozca maniobras que van a producir el vaciamiento de la empresa, con el consiguiente perjuicio para la economía del país. Creo que es un error. También creo que es un error eliminar la culpa, aunque quizás, de todos modos, posiblemente sea el menos dañoso --digamos-- o la omisión menos dañosa de esta modificación.
En realidad, estamos en presencia de una ley absolutamente cuestionable, absolutamente injusta y extemporánea, que va a producir efectos nocivos en la confianza de la población en sus instituciones; que no va a lograr el fin perseguido, cual es --por fin-- obtener la ayuda de los organismos financieros internacionales, porque cada vez piden más. Y, además, corremos el riesgo --¡quiera Dios que así no sea!-- de que el mismo día que el presidente de la República estampe su firma en el decreto de promulgación de la ley salgan en libertad personas que hoy están detenidas por haber cometido delitos gravísimos como consecuencia de los cuales hoy están angustiados --reitero-- millones y millones de argentinos que han visto confiscados sus bienes y sus depósitos.
Por estas horas escuchamos la exigencia a los bancos extranjeros para traigan el dinero de los ahorristas para que hagan frente a los compromisos que asumieron y devuelvan los depósitos, los fondos de las cuentas corrientes y de las cajas de ahorro.
Fíjese que días atrás tuve la oportunidad de conversar con un alto directivo de uno de los bancos extranjeros en el país, a quien le planteé exactamente eso: por qué no hacían frente a sus obligaciones si cuando los ahorristas argentinos fueron a cada uno de esos bancos a confiar sus depósitos lo hicieron porque suponían que estaba el respaldo de sus casas matrices, porque confiaban en ellos. La respuesta realmente fue contundente. No quiero nombrar el banco, pero este alto funcionario me dijo: "Nosotros trajimos inmediatamente después del 'corralito'cien millones de dólares para hacer frente al los compromisos, e inmediatamente nos bajaron la calificación internacional. Para hacer frente, entonces, a los compromisos que tenemos necesitamos traer mil millones de dólares. Si por cien nos bajaron la calificación, ¿qué va a pasar con la calificación internacional de nuestro banco [decía] si traemos mil millones de dólares?"
Entonces, los compromisos asumidos, la legalidad, el cumplimiento contractual, el respeto a las reglas de juego y a la confianza de los ahorristas argentinos no importa: lo que importa es la calificación que den a ese banco las calificadoras internacionales. ¿Y ese no es un espíritu de lucro desmedido del que hablan la Corte Suprema y los distintos fallos, y al que hace referencia esta ley? Eso es lo que va a dejar de constituir delito. Por eso la exigencia.
Señor presidente: me gustaría, para poder discutir técnicamente esta legislación, que tuviéramos tiempo de solicitar, así como lo hice en su momento, el informe de las cámaras federales acerca de la cantidad de causas con sus imputados, por lo menos en los casos en los cuales solo existe la imputación de la figura a la que se refiere la ley 20.840. Es decir, quisiera tener la información, aunque sea solo de aquellas causas que se van a caer indefectiblemente con la modificación de esta ley, que tampoco son muchas, porque muchas de ellas están junto con otras imputaciones de delito. Recuerdo, por ejemplo, que en la causa que involucra al ex ministro Cavallo, además del delito de subversión económica, están la estafa y otras defraudaciones. Lo mismo sucede en la causa que hay en los tribunales de Córdoba, donde hay personas condenadas. En Córdoba hay tres ciudadanos que están condenados por violación a la llamada ley de subversión económica, en causa iniciada por el Banco Central de la República Argentina, respecto de las cuales el Estado no va a poder ni siquiera perseguir la restitución del daño patrimonial. Es decir que, además de la falta de justicia, el Banco Central, que es el iniciador de muchas de estas causas en nombre del Estado, no va a poder perseguir el resarcimiento económico, porque lo que hicieron deja de ser delito. Y estas personas están cumpliendo condena.
Por lo menos, antes de tratar esta ley queremos saber si están detenidos, si la condena es de primera instancia o está apelada, cuáles son las condiciones de la causa. Una causa resonante está vinculada con uno de los bancos importantes que ha tenido problemas, que está en el juzgado de la doctora Servini de Cubría, y otras que involucran a empresas importantes como Repsol- YPF, a ex funcionarios, a ex presidentes del Banco Central, a ex ministros y a funcionarios de entidades financieras.
Una de las estafas más resonantes que hubo hace unos años, creo que en la época de la presidencia del doctor Alfonsín, fue la de Konner-Salgado, que fue un caso de enorme repercusión pública. Una de las causas que tiene Héctor Salgado, que data del año 97, es por la ley de subversión económica. Fue un hecho que conmocionó a los argentinos. Eran cifras realmente multimillonarias.
Insisto: por lo menos debemos tener la información para poder legislar con seriedad, con responsabilidad. Nos estamos arrogando funciones judiciales porque estamos resolviendo sobre causas que están en la órbita de los jueces. Entonces, por lo menos necesitamos tener la información de cada juzgado para saber cuáles son los efectos de lo que vamos a sancionar.
Comprendo, señor presidente: soy parte del movimiento peronista que ha tenido que asumir este país en una enorme gravedad institucional. Pero creo que, así como hemos convencido de lo nocivo que era la derogación que se exigía y se cambió por la posibilidad de la modificación, por qué no tomarnos unos días, hacer una buena legislación penal, corregir los aspectos de esta ley que hay que corregir, y no seguir contribuyendo, por legislar apresuradamente, a una profunda degradación institucional en la Argentina.
¿Por qué no asumimos el esfuerzo de tratar de sancionar una buena ley? ¿Por qué no tomar contacto con los juzgados, si yo lo hice mediante una sola nota? ¿Por qué no hablar con los jueces federales o con quienes llevan adelante las causas? No es poca cosa lo que se legisla. Las causas no son muchas, pero sí son de enorme importancia las personas y las empresas involucradas, así como el daño que se le ha causado a la Argentina.
Pero, claro, la urgencia es de aquellos que saben el daño que hicieron, de aquellos que hace cinco meses sometieron al pueblo argentino a una angustia sin precedentes en la historia nacional y que hoy necesitan dormir tranquilos. Pues bien, la existencia de la ley y las posibilidades que ella otorga no los deja dormir tranquilos porque hoy algunos están presos.
Señor presidente: si en el tratamiento en particular la mayoría aceptara algunas modificaciones que mantengan la sanción penal de conductas que han agravado la situación del país y que han agraviado a los argentinos --conductas por las que los ciudadanos hoy están penando--, no dudaría en votar afirmativamente, porque comprendo la urgencia política del gobierno. Pero no puedo acompañar la sanción del proyecto de ley en consideración tal como está redactado porque va a significar una bochornosa amnistía para quienes le han robado los ahorros a millones y millones de argentinos y sumieron al país en la más enorme crisis de su historia.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: queremos ayudar al gobierno nacional a que pueda cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que permita refinanciar la deuda que el país mantiene con los organismos multilaterales de crédito y evitar así que quede aislada del resto del mundo.
Se está al borde de la cesación de pagos con los organismos multilaterales. La situación es sumamente grave porque los vencimientos de este año ascienden a 9 mil millones de dólares.
En el mes de enero, hubo un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional de mil millones, pero haciendo uso de una opción que afortunadamente tenía el país, se logró pasar al año próximo con un reajuste de la tasa de interés.
En el mes de abril hubo un vencimiento de 700 millones de dólares con el Banco Mundial, que aún no fueron pagados, aunque estamos dentro de los treinta días requeridos para caer en mora.
De modo que la cesación de pagos es algo verdaderamente inminente si no se llega a un acuerdo. De ahí nuestra voluntad de ayudar a encontrar una solución razonable que, sin perjuicio de preservar la dignidad de la Nación, ayude a concertar un acuerdo que permita mantenernos conectados con el resto del mundo.
Pero queremos ser sumamente claros. Pedimos que se informe con precisión cuáles son las condiciones que impone el Fondo para lograr una refinanciación de los vencimientos, porque la información es bastante difusa. Muchas veces se tiene la impresión de que hay determinadas condiciones en la agenda de negociaciones y, cuando ellas se están por alcanzar, aparecen otras nuevas que provocan la dilación en el tiempo. Y la verdad es que, como decíamos recién, la situación es verdaderamente límite.
También queremos pedirle al Gobierno y a la bancada de la mayoría que se cumpla con las leyes que sanciona este Congreso. Se trata de leyes --con algunas de las cuales hemos discrepado, pero que en definitiva son ley de la Nación-- que hacen a cuestiones económicas que son muy sensibles en este momento tan delicado.
La ley 25.561 --por la que se delegan importantes facultades al Poder Ejecutivo nacional-- establece la conformación de una comisión bicameral que todavía no se ha constituido. En consecuencia, este Congreso no ha podido analizar el ejercicio concreto de esas facultades delegadas.
Y voy a dar un ejemplo. La resolución 46 del Ministerio de Economía, de principios de febrero de este año, establece una reprogramación de los depósitos --en pesos y dólares-- en los bancos, la cual es de imposible cumplimiento. Se trata de una cuestión que debería haber sido analizada por el Congreso y puntualizada al Poder Ejecutivo.
Tampoco se cumple lo dispuesto por la Carta Orgánica del Banco Central aprobada por el Congreso. Su artículo 3 dispone que anualmente el Banco debe elaborar un programa monetario, y que trimestralmente debe ser informado al Congreso. No tenemos conocimiento de que ese informe se haya realizado.
Y si uno analiza las cifras disponibles se desprende que los bancos han sido asistidos a través de líneas de redescuentos con cinco mil millones de pesos. En el balance del Banco, en el primer trimestre, aparecen 700 millones en concepto de asistencia al Gobierno nacional, lo que da un total de 5.700 millones, cifra que excede a los 3.500 millones que están contemplados en el programa inicial.
Por lo tanto, hay que analizar esta situación; así como también hay que analizar que parte de esta emisión monetaria ha sido rescatada por el Banco Central a través de la venta de reservas, es decir, con parte de las escasas reservas que le quedan a la Argentina, que evidentemente tiene muy pocas posibilidades de conseguir divisas en el futuro inmediato.
Concretamente, el Banco Central ha efectuado ventas de reservas para rescatar emisión monetaria por un valor de 3.700 millones a diferentes tipos de cambio.
Estas son cosas que hay que analizar. Tiene que cumplirse con la Carta Orgánica del Banco Central.
Además, recordemos que la ley de Presupuesto en su artículo 9° establece que el Poder Ejecutivo tiene que remitir al Congreso un proyecto de ley en donde se detallen los costos de la pesificación asimétrica y su financiación. Este proyecto tampoco ha ingresado en el Congreso, y parece que se le pueden seguir agregando cuentas y cifras a la Nación, cuando en definitiva todos sabemos que está quebrada.
Señalo también que nos preocupa el frecuente dictado de decretos de necesidad y urgencia en cuestiones que no revisten tal carácter. Es el caso del Programa Jefas y Jefes de Hogar, respecto del cual no digo que no sea prioritario sancionarlo en el Congreso; pero considero que esta cuestión ameritaba su consideración por parte del Parlamento en ejercicio de atribuciones que le son propias --establecidas por la Constitución Nacional--, y no que se instrumentara a través de un decreto de necesidad y urgencia.
Tendrían que haberse receptado las iniciativas de todos los sectores políticos, y legislado de la mejor forma posible.
También decimos con absoluta sinceridad que nos preocupa que respecto de los depósitos bancarios se legisle por vía de decretos de necesidad y urgencia. Porque deseamos dejar en claro que nosotros queremos que los bancos asuman las responsabilidades que les competen en orden a la devolución de los fondos a los ahorristas. Quiero señalar que en las circunstancias actuales en que se debate nuestro país, los ahorristas tendrán mayores posibilidades de cobrar un bono garantizado por cartera en situación 1 de los bancos que un bono garantizado por un Estado quebrado, insolvente y que no puede honrar sus obligaciones.
Entonces, queremos pedir expresamente al gobierno y a la bancada mayoritaria que se cumplan las disposiciones que se han aprobado en esta misma Cámara.
En este contexto y con ánimo de ayudar al gobierno, que necesita ayuda porque está en una situación política extremadamente endeble, he presentado junto al señor senador Walter un proyecto de ley sobre subversión económica con la intención de colaborar en el tratamiento y en el análisis del tema que nos ocupa.
En setiembre de 1974, cuando esta ley fue sancionada por el Congreso, el país vivía una situación muy difícil: la violencia subversiva ya se había instalado en la República. Para citar sólo un caso, setiembre de 1974 fue el mes del secuestro de los hermanos Born. Se buscaba cambiar el orden institucional y económico del país por vía de la violencia. En ese contexto, el Congreso de la Nación trató la que después fue la ley 20.840, conocida como de seguridad nacional. Reinstaurada la democracia y bajo la Presidencia del actual senador Alfonsín, fue derogada la mayor parte de esa ley de seguridad nacional y quedaron subsistentes, fundamentalmente, los artículos 6 y 7, que regulan y tipifican el delito de vaciamiento de empresa. Por ello, a partir de ahí, esta ley pasó a llamarse también de subversión económica.
Evidentemente, nosotros creemos que el país de hoy es distinto al de 1974, al de los tiempos de la subversión y, por lo tanto, consideramos que es atinado derogar esta ley penal especial que se dictó en un contexto muy particular de la vida de nuestro país. Bien decía el señor senador Díaz Bialet, que actuaba como miembro informante de la mayoría, que el proyecto procura impedir las actividades subversivas que, como tales, están orientadas a perturbar y subvertir el orden social y espiritual de la Nación. Evidentemente, era otra realidad, una realidad muy particular.
No obstante, creemos que es conveniente que la figura del vaciamiento de empresa se inserte en el orden penal argentino en el lugar donde realmente debe figurar, que es el Código Penal y no en una ley especial. Por ello, el proyecto que hemos presentado apunta a incorporar esta figura en el artículo 174 del Código Penal, como un tipo especial de defraudación y a efectos de que quede inserta en el Código con una tipificación mucho más precisa de la que tiene actualmente este delito. Porque hoy, en verdad, es un tipo penal abierto que le da un alto grado de discrecionalidad a los jueces, lo cual es impropio en una ley penal. Tal vez haya tenido origen en esa circunstancia y tiempo especiales en que fue sancionada la ley 20.840.
Esto lo advirtió con claridad en el curso del debate el entonces senador Solari Yrigoyen, cuando comentó el artículo 6 de la citada norma, que es una de las pocas referencias que hay de ese artículo en el debate, porque la atención de los legisladores en ambas Cámaras estuvo fundamentalmente centrada en el resto de los artículos de la ley.
Solari Yrigoyen, en el debate, decía textualmente: "El artículo 6 habla de enajenar indebidamente y comprometer injustificadamente el patrimonio como hechos punibles. Aparte de que son expresiones que pueden contrariar algunos de los principios vinculados con los artículos 18 y 19 de la Constitución, pensamos que son términos vagos, que resultarán muy difíciles de aplicar para determinar la actividad punible". Luego agrega: "Queremos que los delitos sean bien definidos para que se entienda cuál es la actividad punible. Si la terminología es confusa, la propia justicia encontrará inaplicable la ley o tal vez podrá llegarse a aplicarla por vía de interpretación, que no es el mejor método de la ciencia penal".
Nosotros coincidimos con estas apreciaciones que ya en esos días hacía el senador Solari Yrigoyen. Creemos que es el momento para hacer una tipificación adecuada en el ámbito propio de los delitos, que como señalaba recién, es el Código Penal. Por eso, el proyecto que hemos presentado va a lo que creemos es una tipificación más exacta y adecuada de este tipo penal del vaciamiento de empresas.
Realmente, las especificaciones del texto actual son muy generales. Se habla de ánimo de lucro. Animo de lucro hay en cualquier actividad empresaria. ¿Cuál es el ánimo de lucro para que el juez lo aprecie? ¿Qué es enajenar indebidamente algo? ¿Qué es comprometer injustificadamente el patrimonio? Todos sabemos que en la vida de los negocios y en la actividad empresarial hay personas que tienen un modo muy conservador de manejar sus intereses y otras tienen un criterio mucho más arriesgado para actuar en la vida empresarial. No puede quedar liberado al arbitrio del juez el juzgamiento de este tipo de conductas. Por eso, la tipificación del delito de vaciamiento tiene que ser muy clara y precisa.
Nosotros hemos planteado un texto. El dictamen de comisión en mayoría plantea otro diferente. Pero hay que señalar que la gran diferencia que tenemos con el criterio que ha expuesto la mayoría gira, sin duda, en torno al hecho de que se contempla exclusivamente el tipo doloso. En cambio, en el proyecto que nosotros hemos elaborado y presentamos contemplamos también la versión culposa de este delito. Todos sabemos que en materia de prueba la situación es muy diferente cuando hay que probar específicamente dolo o cuando hay también una figura que es punible en su aspecto culposo.
Desde luego que en nuestra iniciativa, al incorporarse este delito en el Código Penal, son competentes los jueces ordinarios en materia criminal. No creemos que hoy se den las razones que existían en 1974 para mantener esto en el ámbito de competencia de la Justicia Federal. Por supuesto que sí establecemos expresamente, en los proyectos que hemos presentado, que las causas que se están sustanciando en este momento en el fuero federal terminan su trámite en el mismo, para no entorpecer el curso de las actuaciones respectivas.
En definitiva, creemos que esta es la solución más razonable para la cuestión que se ha planteado y pasa por precisar el tipo penal, que es lo que verdaderamente corresponde en esta materia; incorporar la figura en el Código Penal y mantener el delito en sus dos versiones, tanto dolosa como culposa, con lo cual está claro que acá no se está legislando a favor de la impunidad de nadie.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.
Sr. Brizuela del Moral. -- Señor presidente: la fundamentación principal que se ha estado escuchando en este recinto respecto de la derogación de la ley 20.840 --mal llamada de subversión económica, pues trata de delitos económicos--, se refiere en realidad a que las acciones en ella previstas no son necesarias por estar contempladas en el Código Penal. Si bien hay muchos juristas y científicos del derecho que avalan esta posición, también es cierto que existen posiciones encontradas o divergentes.
En realidad, la situación del país requiere, quizá, de legislaciones sancionadas y promulgadas en forma urgente. Pero también es cierto que la gente nos pide que no actuemos según disposiciones de organismos de crédito internacionales que, sin duda, están marcando el rumbo interno y externo del país.
Hace aproximadamente sesenta días presenté un proyecto --por eso coincido con algunas partes del que presentara el Poder Ejecutivo nacional-- respecto de la creación del artículo 300 bis, delitos contra la fe pública, del Código Penal, donde se sanciona a quienes contribuyan, de alguna manera, al desabastecimiento de medicamentos --acá se habla de alimentos, de combustible--; creo que podríamos haber tenido algunas coincidencias si el tratamiento se hubiera dado en comisión y podríamos haber perfeccionado esta iniciativa. Por ello --y acá se dijo, también-- dudo de la oportunidad y de las consecuencias fundamentales de esta modificación, y de que no sea realmente una amnistía encubierta. No conozco la cantidad de procesos ni el estado en que se encuentran. Y sobre esto, como decía algún senador preopinante, también se podían haber hecho mayores indagaciones.
Para ser breve, señor presidente, no voy a entrar en consideraciones técnicas de este proyecto, que no comparto y para el que adelanto mi voto negativo, solicitando autorización para realizar la inserción de los fundamentos técnico-jurídicos en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.
Sr. Zavalía. -- Señor presidente: quiero expresar mi más enérgico rechazo al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional, por el que se pretende derogar la ley 20.840 del 74, de subversión económica. Lo interpreto como una verdadera imposición extorsiva por parte del Fondo Monetario Internacional y de los Estados Unidos contra nuestra Nación en crisis, lo que violenta nuestra soberanía nacional.
Concretamente, las dos exigencias del Fondo Monetario Internacional --la ley de Subversión Económica y la ley de Quiebras-- significan lisa y llanamente la impunidad de los banqueros que cometieron y están cometiendo delitos de subversión económica.
La reforma de la Ley de Quiebras implica de igual manera la apropiación de las empresas de capital nacional o argentino por sus acreedores, que en su mayoría son de capital extranjero. De tal manera se estaría rematando nuestra industria nacional, única fuente genuina de crecimiento de nuestro país.
En síntesis, ambas leyes tienen el mismo origen y persiguen la misma finalidad: consagrar la impunidad de aquellos que absorben nuestra riqueza de manera sistemática y cuyo último peldaño es quitarnos el derecho inalterable de la autodeterminación de nuestro pueblo.
Es importante decir que subversión significa trastornar, destruir, revolver y subversivo es el que arruina, el que trastorna, el que quebranta. Por eso digo que existe subversión en cuanto se arruina, se destruye y se quebranta todo un ordenamiento jurídico, económico y financiero.
Señor presidente: esto no significa que el artículo 6 de la ley 20.840, en un contexto político, económico, social y financiero pueda ser tratado. Pero no nos debemos confundir, como se pretende con algunos argumentos, con que estos delitos están comprendidos en la figura administrativa fraudulenta de nuestro Código Penal. Al respecto, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que para la aplicación de la ley 20.840 sería preciso, además, una repercusión social de desastres económicos provocados por la conducta, manejos cuantiosos de bienes, alteración de la paz social, perturbación del funcionamiento de una empresa, del interés general de la Nación y de su seguridad. Se deben afectar esos intereses y es aquí, entonces, donde queda tipificado el delito contemplado por el artículo 6 de la ley 20.840.
Dadas las especiales circunstancias que vive el país, crisis económica y financiera provocada por la tremenda defraudación cometida al grueso de la población argentina, en la que los actores principales de este hecho son las propias instituciones financieras y el actuar doloso de sus directivos, muchos de los cuales han sido procesados, como los hermanos Rohm, Pedro Pou, Carlos Bastos, Rubén Beraja, los asociados de Alfredo Yabrán y otros banqueros que se encuentran en vías de serlo, con procesos abiertos o que se abrirán en base a la ley de actividades subversivas 20.840, que sin fundamento valedero se pretende derogar.
Sobre la base de este orden de ideas considero que derogar la ley sería una aberración, ya que la necesitamos para procesar a quienes la han violado.
Si vemos la legislación comparada encontramos que Estados Unidos tiene una legislación de subversión económica similar a la nuestra y jamás ha pensado en derogarla. Sin embargo, son ellos y el Fondo Monetario Internacional quienes presionan para que el Parlamento argentino la derogue sin más fundamento que sus mezquinos intereses. Hoy se nos dice sin excepción que una Nación no puede funcionar sin un sistema financiero, por lo que este pasa a ser vital para un
país. El que atenta contra el sistema financiero, entonces, atenta contra la Nación misma. Es una maniobra delictiva que puede llevar a suprimir el orden económico nacional. El delito se manifiesta en sus efectos, que consisten en el daño o destrucción del sistema económico. Aquellos que realicen maniobras financieras que causen un perjuicio a la economía nacional, que afecten su sistema monetario, sus posibilidades de crédito y a las instituciones mismas de la Nación están incursos en el delito de subversión económica.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Solicito al señor secretario que proceda a dar lectura del artículo 199 del Reglamento.
Sr. Secretario (Oyarzún). -- "Artículo 199.- Nada escrito o impreso se leerá en la Cámara. Son excepciones a tal regla: la lectura del acta, cuando la hubiere, comunicaciones y demás expresado en el artículo 190 y la que, en los casos previstos por el artículo 166, podrán hacer los senadores de sus exposiciones por un lapso máximo de quince minutos."
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Zavalía.
Sr. Zavalía. -- Señor presidente: quiero aclarar que hoy presenté en Mesa de Entradas el proyecto que he fundamentado. Lo aclaro porque algunos interpretaron mal...
Sr. Presidente (Maqueda). -- Aplico el Reglamento para todos por igual. Los dejo expresarse y, después, pido la lectura del Reglamento.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. -- Señor presidente: como he dicho, voy a utilizar este tiempo para fundamentar mi voto negativo con relación a este proyecto remitido por el Poder Ejecutivo.
Escuché con mucha atención el relato o la fundamentación que hizo el señor miembro informante para señalar por qué razones el Parlamento argentino debía aprobar el proyecto en consideración, y debo reconocer que fue muy sincero cuando, en la primera parte de su exposición, hizo alusión a que esta norma se relaciona, lisa y llanamente, con una demanda del Fondo Monetario Internacional. Podría haberlo obviado porque, de cualquier manera, hace exactamente dos días la señora Anne Krueger nos notificó acerca de esta sanción. Es una maravilla de la globalización; antes nos mandaban marines pero, ahora, nos indican las cosas que tenemos que hacer por vía satelital. De cualquier manera, creo que los métodos han mejorado.
Así fue que dicha funcionaria nos pidió, o directamente nos informó, que iban a ser aprobadas en pocas horas más las modificaciones pedidas por el Fondo Monetario de las dos leyes solicitadas por dicho organismo.
Aclaro que no me enojé con la señora Krueger porque, después de todo, ella está en ese lugar para eso. Le pagan para eso. En definitiva, está cumpliendo el rol para el cual está allí sentada. Los que no quedamos muy bien en cuanto a los roles a cumplir y a los mandatos a ejecutar somos los que estamos sentados en estas bancas en la República Argentina.
Digo esto para que no carguemos las tintas y veamos que los problemas los tenemos ubicados en las presiones que sufrimos de afuera o en planes y conspiraciones que quieren el mal de los argentinos. Lo digo para desdramatizar un poco esto que nos está pasando, pero para poder centrar exactamente en dónde están radicados nuestros problemas. Somos nosotros los que tenemos la representación de nuestros conciudadanos; son los contribuyentes argentinos los que se hacen cargo de nuestras dietas y de los gastos que este Parlamento demanda. Por lo tanto, al igual que la señora Anne Krueger, nosotros deberíamos cumplir con los roles para los cuales estamos sentados aquí.
En la segunda parte de su discurso el señor miembro informante se dedicó a calificar esta ley como una rémora del pasado. Es cierto, la subversión es un término que siempre fue empleado por los poderes de turno para estigmatizar a aquellos que pensaban diferente de ellos o a quienes se oponían a sus gobiernos. Sin embargo, esto también podría haber sido obviado. Casi todos nosotros somos militantes políticos desde hace muchos años y a mí, la única vez que me tocó estar privada de la libertad, fue precisamente en virtud de esta ley 20.840. Así que cada vez que escucho ese número tengo malos recuerdos. Y la verdad es que se trata de una tipología penal abierta, si además abordamos la parte académica. Seguramente todos hemos consultado a algún académico que nos ha señalado que realmente estamos ante una tipología difusa, ante una tipología penal abierta.
También es cierto que ninguno de nosotros estamos aquí en virtud de algún concurso de cátedra. Es cierto asimismo que una norma jurídica y un sistema jurídico no son solamente un conjunto de normas técnicas abstractas y asépticas. Una norma jurídica siempre responde a un contexto institucional histórico y político que se da en un momento dado.
Precisamente, esta norma viene a darse en un momento en el cual se ha producido un colapso total, institucional, histórico, económico y hasta casi cultural en la sociedad argentina. Y más allá de las modificaciones y de las intenciones que animen a todos y a cada uno de los que están aquí sentados, va a servir para amnistiar a quienes están procesados en situaciones y causas a las que la sociedad argentina y nosotros también desligamos responsabilidades en las situaciones que hoy esta viviendo nuestro país.
Digo esto porque escuché algunas argumentaciones en cuanto a que hubiera sido necesario contar con más tiempo para poder estudiarlo en la Comisión. Pero vamos a decirlo claramente, cuando tocamos un tipo penal de estas características en virtud de cómo juegan los principios de irretroactividad de la ley penal y de la ley más benigna es prácticamente imposible encontrar la formula jurídica que no implique una suerte de despenalización. Esto también se discutió y se dijo en el bloque. ¡Es imposible!
Entonces, hay que asumir claramente que la intención es despenalizar. No es dar seguridad jurídica.
Alguien mencionó y con acierto que con esta misma ley este país supo crecer a un 8 por ciento y recibir centenares de millones de dólares en inversiones. Quiere decir que el verdadero motivo no es éste. Es más, algunos dicen que además de quienes están involucrados hoy en procesamientos podría estar en juego también el eventual procesamiento de algún amigo del padre del presidente de los Estados Unidos. Todos sabemos de quién estamos hablando.
Con respecto a la cuestión de la legalidad que estaría implícita en algunas argumentaciones en cuanto a que estamos en un sistema penal abierto, yo creo que el concepto de legalidad no puede construirse bajo los cimientos de la impunidad, porque no creo que haya legitimidad en un sistema que permita esto.
Reitero, un sistema jurídico no es solamente un conjunto de normas jurídicas abstractas. Son esencialmente las reglas de juego a las que una sociedad acepta someterse y respetar. Esto es un sistema jurídico.
Hay sistema jurídico vigente en la medida en que, además de un ordenamiento técnico, exista una sociedad dispuesta a admitirlo. Yo no creo sinceramente que la sociedad hoy esté dispuesta a construir legalidad bajo las bases de la impunidad.
No quiero abonar más la parte técnica porque --reitero-- creo que es indiscutible que estamos ante una tipología penal abierta, pero sí me interesa porque, en definitiva, el fondo de la cuestión ni siquiera es esta norma, sino la lógica con que el gobierno y el Parlamento quiere enfrentar la crisis argentina. Allí está la gravedad.
Allí está la gravedad porque veo que se sigue reiterando una argumentación de la crisis por la cual hay que aceptar esto; después, esto y esto otro. Y cada vez estamos peor. Y cada vez seguimos haciendo lo mismo.
Realmente, llama la atención que gente que es inteligente y capaz piense que haciendo lo mismo se pueden obtener resultados diferentes a los ya obtenidos. Cuesta creerlo, pero así es. Sinceramente, y ojalá me equivoque, creo que entramos en tiempo de descuento.
Considero que a ningún argentino más o menos avezado se le puede escapar lo que ha significado y significan las declaraciones de funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos y de su Departamento de Estado respecto de la situación argentina.
No van a venir los fondos que estamos demandando, señor presidente y, reitero, ojalá me equivoque. Entonces, a la debacle económica, social y financiera generalizada que estamos viviendo, le vamos a sumar una más; es decir, la deslegitimación total de una institución --me refiero a este Parlamento o al gobierno-- que no es capaz de abordar y resolver los problemas de la sociedad; pero sí se los resuelve a tres o cuatro que son causa eficiente de lo que nos está pasando a los argentinos.
La otra lógica que me preocupa...
Sr. Menem.-- ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Maqueda). -- Perdóneme, senadora.
El senador Menem le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Fernández de Kirchner.-- Sí, se la voy a conceder.
Sr. Menem.-- Disculpe, señora senadora, pero la verdad es que hay algo que no entiendo.
Por supuesto que valoro sus argumentos y siempre he reconocido su capacidad; pero yo recuerdo que cuando en 1997 se votó la derogación de esta ley, usted la apoyó. Por lo tanto, es algo que me llama la atención.
En aquella oportunidad, entre los que daban argumentos en contra había miembros de la bancada radical. Por ejemplo, el que argumentó muy bien a favor de la derogación fue el doctor Villarroel, perteneciente al Frente Cívico y Social de Catamarca, que es un eximio jurista que prestigió estas bancas.
Entre los que estaban en contra puedo citar al senador Agúndez, el senador Genoud; pero, había varios que votaron a favor.
En el dictamen que se presentó estaba la firma de varios señores senadores, entre ellas, la de la señora senadora.
Tal como ha dicho, no es una cuestión académica sino de oportunidad; pero en ese momento, los radicales que se oponían --como también lo hicieron, según recordaba el senador Pichetto, en 1984-- decían que era favorecer a los banqueros.
Cuando hablé en 1997 pregunté a qué banqueros había querido favorecer el doctor Alfonsín cuando envió la derogación total de la ley 20.840.
Repito, en 1997 también se nos señaló que era para favorecer a algunos banqueros. Ahora, ante la reiteración de la frase de "favorecer a unos banqueros" yo señalo --pese a no ser la discusión puramente académica-- que no encuentro bien la coherencia.
Lo que le indico no es una crítica, sino que lo menciono porque la duda que a mi se me genera es cómo puede haber apoyado la derogación total de la ley en ese momento y hoy está en una posición distinta.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Continúe, señora senadora.
Sra. Fernández de Kirchner.-- Señor presidente: le voy a contestar al señor senador Menem lo mismo que contesté a los compañeros que en el bloque me hicieron la misma pregunta.
En 1997 yo conformaba, al igual que el señor senador Yoma, la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios. También se encuentra en ese dictamen la firma del señor senador Yoma, que hoy también votó negativamente.
Voy a contestarle con un ejemplo reciente que demuestra que no solamente en esta oportunidad me ha sucedido esto y cómo el contexto histórico e institucional es el que determina la aprobación y legitimidad de una norma.
Usted conoce, señor presidente, que cuando yo era diputada presenté un proyecto de reglamentación de los fueros, en un momento en el que había muchos escándalos, donde se presentaron muchos pedidos de desafuero para los diputados con procesos en la Justicia. Entonces, se planteaba el tema de que no se trataban en la Comisión de Asuntos Constitucionales por existir diversas interpretaciones constitucionales, etcétera.
Por mi parte, presenté un proyecto con el fin de que nadie se escudara en la condición de senador o diputado para no ir a declarar.
Bien; nunca se trataba porque no era conveniente. Había otros proyectos también. Cuando estalla el escándalo de las coimas en el Senado, entonces, de repente, ese proyecto que nunca habían querido tratar lo exhuman con otros en la Comisión de Asuntos Constitucionales ante un pedido desesperado de la Cámara alta, porque había senadores que no querían ir a declarar y el juez tenía que pedir el desafuero. Entonces, viene el S.O.S. desesperado a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que saquemos prontamente el despacho. Lo cierto es que en 24 horas --hay algunos senadores que lo deben recordar, ya que entonces eran diputados junto conmigo--; en 24 horas, repito, se tira el salvavidas a los senadores que tenían que ir a declarar al juzgado, porque había temores de que alguno, si le pedían el desafuero y lo sentaban a declarar --y todos sabemos de quién hablamos--, se quebrara y hablara.
Tengo la autoridad moral para decir esto porque lo manifesté también en el recinto. Lo cierto es que pasó lo que dije que iba a pasar: que iban a ir todos a declarar y que nunca se iba a saber exactamente lo que ocurrió ni se iba a condenar a nadie.
Mire, señor presidente, las contradicciones y cómo importan las circunstancias históricas y políticas en que se da una norma jurídica. ¡Terminé votando en contra de mi propio proyecto en la Cámara de Diputados! Por eso digo que un buen ejemplo explica muchas veces cómo las circunstancias modifican de tal manera el comportamiento, que no es incoherencia. Al contrario: es coherencia con lo que siempre se ha defendido y no intentar quedar bien con Dios y con el diablo, que sinceramente nunca ha sido mi especialidad. Sé que algunos han hecho de ello escuela y tienen mucho oficio, pero a mí siempre me ha costado mucho.
Por eso quería brindar tal vez este ejemplo de aquella ley de fueros, que era un proyecto mío y que terminé votándolo en contra. Quizás esto le explique al senador Menem que no constituye un problema de incoherencia; al contrario: es un problema de coherencia con lo que uno piensa, siente y sabe que está pasando en el país y con el gobierno.
Digo entonces, señor presidente, que además no entiendo la lógica en esto de insistir con conductas con las cuales se pretende arribar a resultados diferentes. Hoy he visto modificaciones al artículo 300 del Código Penal. Creo que sería bueno que algunos lo leyeran, sobre todo a su inciso 2), porque no sea cosa que algún funcionario quede también implicado en la conducta que allí se describe cuando habla de la colocación de valores y fondos públicos.
Quiero referirme ahora al agravamiento por las modificaciones de precios. Todos sabemos lo que está pasando con los precios, pero me da la impresión de que van a terminar pagando algún almacenero o algún quiosquero por este tema del cambio de precios. Y me permito decir, señor presidente, que en esto de los precios tienen que ver no solamente los monopolios, los oligopolios y todos los "polios" que se les ocurran: tiene que ver también lo que hizo este gobierno y lo que votó este Parlamento, que fue la devaluación. Porque, por si no se enteraron, lo que estamos viviendo hoy en materia de precios es alguno de los efectos de la devaluación en la República Argentina y en cualquier otro lugar del mundo; específicamente y más aún en la República Argentina, con una historia de hiperinflación y de inflación muy preocupantes.
A mí me preocupa, entonces, que hoy se escuche hablar al presidente respecto de que se produjo la devaluación, como si fuera un fenómeno meteorológico. Yo creo, señor presidente, que cada uno de nosotros tenemos que hacernos cargo de las medidas que se adoptan y de las leyes que se votan.
Digo entonces que me preocupa la lógica del gobierno, porque entiendo que con conductas como las que se están llevando a cabo se va a profundizar la crisis. Y, reitero: ojalá me equivoque, pero creo sinceramente que hemos entrado en tiempo de descuento.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. -- Señor presidente: en primer lugar y en función de lo que ha planteado en algunos tramos de su exposición el miembro informante de la bancada justicialista, quiero plantear alguna cuestión de marco general y político con relación a la actitud de la Unión Cívica Radical, como fuerza política, en la negativa a votar este proyecto.
En primer lugar, quiero decir que estamos claramente ante dos planteos que resultan como una exigencia concreta del Fondo Monetario Internacional. Me estoy refiriendo a esta ley que estamos tratando y también a la modificación de la ley de Quiebras. Entonces, no es que se pueda presumir algún tipo de presión, sino que hay un planteo concreto del Fondo Monetario. En la medida en que no hagamos lo que tengamos que hacer en función de nuestros propios intereses, lo que estamos haciendo es confrontar y enfrentar la relación con el Fondo Monetario Internacional de una manera poco digna.
En segundo término, me parece que el Fondo Monetario no tiene ningún interés en ayudarnos. Lo que quiere hacer es eludir su responsabilidad sobre el caso argentino y lo que está tratando de hacer, con estas expresiones de algunos encumbrados funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, es establecer todo el peso de la responsabilidad en la dirigencia política argentina. Me parece que eso tiene que quedar claro porque ante un pedido, después va a venir otro.
No estoy seguro de si con la sanción de esta ley y la modificación de la ley de Quiebras vamos a resolver el problema nacional. Creo que nuestra problemática pasa por otro lado, y en esto coincido con la senadora preopinante. Creo que el problema que tenemos hoy, profundizado por actitudes del propio presidente de la Nación y del accionar de este Congreso, tiene que ver con la manera en que el presidente de la Nación y el Congreso se paran frente a la crisis.
Considero que tengo el derecho por lo menos de emitir algunas opiniones sobre algunas actitudes del Poder Ejecutivo nacional, porque voté por el presidente de la Nación y aposté, como apuesta nuestra fuerza política, al sostenimiento de las instituciones. Pero para nada estoy de acuerdo, por ejemplo, con el último cambio de Gabinete. Estoy de acuerdo con que algunos dirigentes gremiales gobiernen nuestro país en algunas áreas que son estratégicas para la situación que vive el pueblo argentino. No estoy de acuerdo con la manera en que se está encarando la solución del "corralito". Ya hemos rechazado acá alguna iniciativa anterior que trataba de implantar un plan "bonos" y se está trabajando en otra que no está haciendo los esfuerzos necesarios para que los bancos tengan que establecer y poner las garantías que realmente los ahorristas están exigiendo. Y ese es el verdadero problema. Esta ley tiene que ver con el problema de miles de ahorristas en todo el territorio nacional. Entonces, no es cualquier ley, no es cualquier tema. Tiene que ver hasta con temas de conciencia, si se quiere, porque es un tema que hemos debatido bastante en nuestro bloque.
No estoy de acuerdo, tampoco, con que el gobierno nacional ayude tanto al Banco de la Provincia de Buenos Aires. No he puesto mi voto al presidente de la Nación para que se haga eso
en desmedro o en una actitud despareja con respecto a otras provincias a través de la línea de redescuentos del Banco Central de la República Argentina.
Tampoco estoy de acuerdo con las marchas y contramarchas en las que incurre no solamente el señor presidente de la Nación sino también el Parlamento, del que forman parte los integrantes del justicialismo, de la Unión Cívica Radical y legisladores de otros partidos políticos.
Entonces, en la medida en que el presidente de la Nación y el Congreso sigan de esta manera, sin hacer las cosas como realmente se deben, me parece que es inexorable que pase lo que muchos suponen: que estemos muy cerca de una convocatoria a elecciones. Y lo digo muy a pesar nuestro y de los esfuerzos que hacen las distintas fuerzas políticas de este Congreso de la Nación.
Creo que es aquí donde está el problema. Es decir, de qué manera nos paramos ante esta situación y de qué manera se para el presidente de la Nación frente a la crisis y al Fondo Monetario Internacional. No se trata de una bravuconada sino de ver de qué manera inteligente resolvemos los problemas de la relación con los organismos multilaterales de crédito. Y si bien el justicialismo y la Unión Cívica Radical no somos un salto al vacío, es cierto que hay que cambiar actitudes.
Por ejemplo, no puede ser que un tema de semejante envergadura lo tratemos sin que haya pasado por comisión. Este es uno de los motivos por los cuales no estoy de acuerdo con votar este asunto, más allá de no haber fundado el pedido de abstención cuya autorización he solicitado al bloque al que pertenezco. Tampoco estoy de acuerdo con que se modifique una ley que, de acuerdo a la iniciativa que ha planteado el bloque justicialista, importa una variación sustancial a la legislación vigente, ya que implicará que las defensas de cada uno de los imputados en los procesos en curso realicen presentaciones en forma inmediata a la sanción del proyecto de ley en consideración.
No es cierto que se trata de un proyecto que agravará las penas sino que, al contrario, se busca la sanción de una ley que será más benigna.
Por diversos motivos, hace unos momentos el señor senador Yoma planteaba la cuestión de la modificación del ánimo de lucro y del actuar malicioso por la figura de la actuación fraudulenta. Yo no he tenido tiempo de leer todas las causas, pero leí la de uno de los procesados y detenidos y, según el proyecto de ley en consideración, es muy probable que se habilite la modificación de algunas situaciones procesales.
Según la ley que se intenta modificar, en el artículo 6 figuraba la definición del delito y en los artículos 7, 8 y 9 se planteaba cómo era el agravamiento de las penas según el delito fuese culposo, doloso o por omisión. Pero en el proyecto que han arrimado quienes trabajaron en el bloque justicialista, se plantea la exclusión de lo previsto en los artículos 7, 8 y 9 y la desaparición de cuestiones que, justamente, tienen que ver con la lógica del Código Penal, que define un delito y luego plantea el agravamiento de penas según el ilícito sea culposo, doloso o por omisión.
Es decir que el proyecto de ley en consideración plantea modificaciones de fondo y, por ende, no es cierto que no habrá cambios en la situación de las personas que hoy están bajo proceso. Además, esta no es una cuestión menor, porque se vincula con uno de los grandes problemas del país, que es el corralito y la situación de los ahorristas.
Tampoco es cierto que estemos transitando el camino correcto porque hace tres meses que hay marchas y contramarchas. Por ejemplo, aquí se consideró un proyecto, sancionado como ley 25.561, por el que se estableció la pesificación hasta un importe de 100 mil pesos, pero luego se dictó el decreto 214/02, que pesificó todas las deudas, generando una gran licuación de pasivos para grandes empresas. Y es por todos sabido que no estamos de acuerdo con viabilizar esa iniciativa.
Existen propuestas de algunos diputados justicialistas y de senadores de la Unión Cívica Radical, en el sentido de buscar que quienes se beneficiaron en su situación patrimonial con la pesificación también contribuyan a solucionar la situación. Pero ellas todavía no se han tratado.
Ese es el meollo de la cuestión. El problema está centrado ahí y no en que el Congreso vote la ley de subversión económica o no.
Entonces, que no se diga a través del miembro informante que existe una actitud subalterna de parte de la Unión Cívica Radical porque no quiere tratar --o se opone a la modificación-- esta iniciativa. Lo hacemos de convicción y porque realmente estamos muy disconformes con la manera en que se maneja el gobierno, que no deja de pelearse con todo el mundo. Pero nosotros no tenemos la culpa de que las provincias de Buenos Aires y Córdoba tampoco quieran cerrar un acuerdo con el gobierno nacional; y eso también tiene que ver con una cuestión que es crítica para lograr un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional.
Por otro lado y como opinión personal --todavía no lo discutí en el bloque--, estoy de acuerdo con la modificación a la ley de quiebras, porque lo que hicimos con la ley 25.563 fue verdaderamente un mamarracho. Fue una iniciativa pedida de un día para el otro y, además, toda la doctrina se expresó en contra de su modificación.
Lo más importante para resolver la crisis es que nos paremos como debemos; que el Congreso se pare como tiene que ser y que haga las cosas como corresponde. Es necesario que las haga bien, que se debata en comisión todo lo que sea necesario y que se discuta a fondo todo lo que sea debatible. Si hay que modificar esta ley, hagámoslo; y si no es necesario, que no se modifique. Eso ayudará mucho más al gobierno --que nosotros mismos elegimos--, que tratar de hacer a pie juntillas todo lo que nos viene del Poder Ejecutivo. Es ahí donde radica el problema.
Pienso que el Fondo Monetario Internacional quiere echarnos la culpa a nosotros. Es verdad que la tenemos y que somos los responsables, pero no sólo es culpable la dirigencia política sino toda la sociedad argentina.
De todos modos, el Fondo Monetario Internacional fue el que hasta 1999 aplaudía y planteaba que la Argentina era un país ejemplo. Nos dieron recursos para cualquier cosa, incluso a pesar de no necesitarlos. Por lo tanto, es el Fondo Monetario Internacional el que busca la profundización de nuestra situación.
Mi planteo -- sin que parezca una necesidad de rompimiento con los organismos multilaterales de crédito-- busca hacer ver que lo que debemos hacer es actuar con la máxima responsabilidad posible y hacer las cosas bien. Yo creo que ni el Poder Ejecutivo ni nosotros estamos haciendo las cosas bien.
En consecuencia, cuando se dice que la Unión Cívica Radical tendría que hacer esto o lo otro y que subestima la situación en la que se encuentra el gobierno, considero que no se hace una lectura clara de cómo están las cosas. Me parece que estamos muy mal y que como vamos estaremos peor.
En definitiva, hay que hacer lo correcto. Para mí --en realidad para muchos-- y para nuestro bloque, lo correcto en este caso es ni siquiera tocar un punto o una coma de una ley, que seguramente luego tendrá que ser modificada. Se trata de una norma que puede seguir vigente en cuanto al tema de la tipificación del delito de vaciamiento de empresas.
El delito de subversión económica tiene que seguir estando en una ley especial o en algunas reformas a introducir en el Código Penal --tal como han planteado el señor senador Maestro y otros señores senadores--, incluyendo un inciso 6° al artículo 174, por el que se establecería el delito de vaciamiento de empresas, pero para los distintos casos, es decir, cuando sea culposo, doloso o por omisión.
Es decir, se pueden hacer muchas cosas, pero hoy no es el momento. No se puede tocar esta ley, porque el gran problema nacional es que también aparezcan los responsables de todo lo que ha pasado, no sólo de la dirigencia política sino también de las distintas entidades financieras que se quedaron con los ahorros de la gente.
Entonces, no es un tema menor. Por ello, yo respaldo y estoy realmente convencido de que a pesar de las connotaciones que esto pueda traer, no es conveniente que nosotros ni siquiera modifiquemos --menos aún que la deroguemos-- la ley de subversión económica.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Alfonsín.
Sr. Alfonsín. -- Señor presidente: me parece que ya se ha analizado a fondo y con sabiduría el proyecto de ley de modificación de una mala ley.
Yo voy a hablar con el corazón en la mano, refiriéndome en parte a lo que señalaba la señora senadora por Santa Cruz en cuanto a las modificaciones que muchas veces se producen y que también imponen un cambio de actitudes.
¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué vinimos a hacer ahora? Se nos pide que hagamos un plan sustentable y se nos dice que en la medida en que lo logremos vamos a tener el apoyo necesario del Fondo Monetario Internacional, de los Estados Unidos y, a lo mejor, de otros países del Grupo de los Ocho.
En consecuencia, necesitamos analizar --aunque sea ligeramente-- cuáles son los aspectos importantes de ese plan sustentable. Se nos dice que tenemos que llegar al sacrificio y al dolor, que es el sacrificio y el dolor de los que tienen menos. Nada menos que el secretario de Estado de los Estados Unidos nos dice que tenemos que superar la corrupción. Yo hubiera esperado respuestas más fuertes del gobierno, no obstante lo cual quiero decir hoy acá que tenemos un presidente elegido de acuerdo a las instituciones y que no es sospechado de fraude. Y también quiero decir acá que no tenemos a Enron.
Entonces, partiendo de esa base, debemos comprender que, evidentemente, lo que ha ocurrido es que se ha producido un cambio fundamental: se ha agravado la situación del gobierno de los Estados Unidos. Hoy, los Estados Unidos están en manos de la ultraderecha. Lo ha dicho un economista de la importancia de Paul Krugman, que no puede ser considerado un hombre de izquierda. Y lo mismo ha reiterado otro economista inglés, que es asesor del intendente de Londres y profesor de una importante universidad de ese país, quien afirmó que los Estados Unidos incluso iban a meterse en el problema de la ley de quiebras para procurar quedarse con los activos privados y no ya los del Estado, que sufrieron un proceso distinto en el campo de la globalización.
Yo quiero señalar aquí que este cambio significa problemas que tenemos que tener en cuenta, como los contemplamos nosotros cuando me tocó el honor de dirigir la Nación como primer mandatario.
Eran los años 80. Se venía de un proceso militar. Los Estados Unidos teníaN necesidad de colocar los petrodólares en nuestros países de América latina, casi todas dictaduras en ese tiempo. Luego aparecen síntomas de inflación en los Estados Unidos y comienza a subir la tasa de interés. No sé si recuerdo bien, pero la tasa Libor, que ahora está más o menos en el 4 por ciento, creo que en mi gobierno llegó al 12 por ciento. De modo que se generó ese proceso de inflación en general en América latina, que aquí seguramente por fallas mías se traduce en una hiperinflación.
Después llegan los años 90 y se toma otra política. El presidente Menem --lo digo con todo respeto y sin ánimo de agraviar a nadie-- asume que lo que le había pasado a la Argentina en los tiempos de nuestro gobierno se debía a que de alguna manera confrontamos, que no nos poníamos de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cambió el gobierno en los Estados Unidos, se hizo cargo finalmente el presidente Clinton, pero lo que parecía una solución, como en su momento lo semejaba México, para los Estados Unidos en realidad no lo fue. En este sentido, yo les aseguro que Salinas era Dios en Washington hasta que se produce el fenómeno llamado "tequila", que tanto influencia tuvo sobre el resto de América latina.
Pero también es cierto que desde 1991 hasta 2001 el gasto nacional --no el de las provincias ni el de los municipios-- aumentó en 27.000 millones de dólares, es decir, un 87 por ciento. Se habían vendido las empresas públicas en 24.000 millones de pesos.
Sr. Pichetto. -- Dólares.
Sr. Alfonsín. -- Había siempre una respuesta neoliberal que decía que estaban bien todas las privatizaciones que se efectuaban, entre ellas la de Y.P.F. En fin, todos conocemos qué es lo que ha pasado.
Después vino nuestro gobierno, el de la Alianza. Las cosas no habían cambiado demasiado. Pero me consta, por conversaciones personales que he tenido, que el ministro de Economía no se atrevió a llevar adelante algunas medidas, porque veía que habíamos perdido gran capacidad de decisión nacional, por lo cual tenía un enorme temor a las repercusiones que esas medidas pudieran tener en el mercado.
Todos ustedes recordarán que cuando yo dije que la convertibilidad era una trampa --reconozco que sirvió en el primer tiempo para superar los problemas inflacionarios--, que era muy fácil entrar pero dificilísimo salir, tuve una reprimenda de mi propio gobierno. Y cuando dije que no se podía pagar la deuda, también hubo declaraciones del propio presidente, sobre quien tampoco quiero centrar la crítica, porque todos fuimos responsables de lo que sucedía entonces; y yo principalmente, como presidente del Comité Nacional de mi partido.
Luego llega este gobierno y se habla de la devaluación del gobierno del presidente Duhalde. Sin embargo, yo tengo la convicción de que no devaluó el presidente Duhalde. Ya se había devaluado con anterioridad; lo había hecho el mercado. Por eso fue necesario el "corralito". Desde el 1 de enero de 2001 hasta el 30 de diciembre de ese año, se habían ido del país 17 mil millones de dólares y habían bajado los depósitos 18 mil millones de dólares. Es decir que ya estaba efectuada esa devaluación.
Pero el Fondo Monetario Internacional también consideró que al modelo argentino, llevado adelante fundamentalmente por el ministro Cavallo, había que presentarlo como ejemplo, luego de los fracasos que tuvo en Asia, en Rusia y en Turquía. Dos meses antes de dejar el poder, el presidente Menem y el presidente Clinton son invitados a la Asamblea del Fondo Monetario Internacional, lo cual constituía una satisfacción para los argentinos. Se quería presentar a la Argentina como el ejemplo que debían seguir otros países. Hasta que se produce este efecto y, de pronto, todo aparece. Se corre el velo y, entonces, vemos que, al mismo tiempo que se habían hecho cosas positivas, también se estaba llevando a cabo una economía que atentaba contra las posibilidades de desarrollo del país, no porque lo quisiera el presidente Menem sino porque se daban circunstancias que ya estaban ligadas a una globalización no solidaria, que creaba más desigualdades entre las naciones e, incluso, más diferencias dentro de ellas. Y contra esto también se tuvo que luchar.
Y hoy lucha el presidente Duhalde. Entonces, creo que debemos tener en cuenta todas las situaciones que debe enfrentar. Aclaro, ante todo, que para mí, como radical --creo que lo sostiene todo mi partido--, la prioridad fundamental es que él cumpla su mandato, porque lo contrario sería un desastre. Por allí se habla de elecciones anticipadas. No sé cómo alguien que ande en política puede suponer que podemos tolerar en paz sesenta o noventa días de campaña electoral; vamos a tener que salir con una escafandra a hacer los discursos políticos en las tribunas. O se habla de una tercera Asamblea, o de algo peor. No seamos agoreros nosotros mismos.
Aquí vamos a hacer el esfuerzo necesario para que el presidente Duhalde cumpla su mandato. Esto no quiere decir, como bien lo ha señalado el señor senador por Jujuy, que estemos ante una gran gestión; de ninguna manera. Pero tenemos que ayudar con toda nuestra fuerza y voluntad a que se siga adelante con un proceso que ha de culminar en un mejoramiento de la situación actual.
¿Qué tiene el presidente Duhalde? Un desempleo del 24 por ciento, un 40 por ciento de gente por debajo del límite de pobreza, en la indigencia el 14 por ciento. Y se llega con estos pedidos y reclamos absurdos. ¿Qué tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional esta ley que se quiere derogar?
Me gustaría que, desde la bancada del oficialismo, porque es importante para la interpretación legítima de los jueces, se dijera con toda claridad que de ninguna manera se quiere realizar este cambio en la ley con el propósito de que haya algún tipo de impunidad para los que están procesados. Se tiene que decir esto con claridad absoluta.
Sr. Pichetto. -- ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Maqueda). -- Senador Alfonsín: el senador Pichetto le pide una interrupción.
Sr. Alfonsín. -- Con todo gusto, se la concedo.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Río Negro.
Sr. Pichetto. -- Muchas gracias, doctor Alfonsín. Esta interrupción tiene por finalidad ratificar algo que sostuve cuando informé este proyecto.
Esta modificación de ninguna manera genera impunidad. Por el contrario, califica con una pena más grave porque aumenta a nueve años el máximo de la condena. Sostuvimos claramente que el Ministerio Público puede solicitar la recalificación de los hechos en el marco de la propia normativa del derecho penal como también la continuidad de esta figura. Sostuvimos que hay un conjunto de figuras del Código Penal que van desde el artículo 173, de la estafa, hasta el vaciamiento, toda la gama de la defraudación, incluso la defraudación calificada, la quiebra fraudulenta, la asociación ilícita que va a impedir este supuesto de impunidad que muchos han expresado como una verdad revelada y que va a ocurrir inevitablemente.
Doctor Alfonsín: quería remarcar esto, porque fue parte de los fundamentos de nuestra posición.
Sr. Alfonsín. -- Muchas gracias, señor senador.
También coincido con lo expresado por el señor senador por Salta en cuanto a que la ley que se trataba de modificar establecía la posibilidad de cometer grandes arbitrariedades por parte de los jueces, pero yo digo --por eso es importante lo que acaba de señalar el senador por Río Negro-- que la modificación --en eso también coincido con la señora senadora por Santa Cruz-- da más posibilidades de incurrir en arbitrariedades a los magistrados, porque si quieren actuar lesionando la voluntad que aquí se expresa de que esto no se transforme en impunidad, lo pueden hacer por el solo hecho de que se haya modificado. Es decir, se aumenta la arbitrariedad y ésa es la decisión por la que nosotros no queremos que se modifique esta norma.
En una circunstancia tan difícil como esta, ¿qué es lo que nos piden? ¿Qué tiene que ver esto con la posibilidad del pago de la deuda o no? Al contrario, si están diciendo que quieren luchar contra la corrupción, deberían sostener una ley de esta naturaleza en este momento.
También tiene razón el senador Menem. En su momento, yo pedí la derogación de esta ley, porque era una mala norma y casi todos los aspectos estaban considerados en el propio Código Penal, fundamentalmente, a través de la figura de la administración fraudulenta. Pero por allí también había aparecido algún tema y entonces hablaron conmigo los diputados radicales y yo dije: "Tienen razón; dejen la parte esta porque nos van a decir que estamos queriendo defender a alguien.". Después se produjo lo de 1997 y pasó lo mismo. Y ahora se está produciendo también lo mismo pero es mucho más grave, porque se trata de miles de millones de dólares, de una cuestión gravísima desde el punto de vista económico y financiero.
Entiendo que no se trata de haber estudiado más. Todos nosotros estudiamos mucho esto y consultamos con muchos juristas. Algunos muy importantes nos decían que había que derogar la ley; incluso algunos de ellos estaban colocados ideológicamente a la izquierda. Pero sobre nosotros primó el criterio de que podíamos hacer más arbitraria la decisión judicial. También en una oportunidad se nos dijo que nos iban a tirar los presos en el Congreso de la Nación.
¿Qué sucede, señor presidente? Que también nos pasa algo a nosotros. Sabemos que estamos desprestigiados. Nosotros, que junto con la CGT, de alguna manera contenemos a los argentinos: peronistas, partidos provinciales, la Iglesia, quizás --pero apartémosla--, estamos desprestigiados. Entonces, tenemos también nuestra necesidad de tomar recaudos en cuanto a que la gente crea en que el sistema representativo sirve, porque de esa manera defendemos la democracia.
Este argumento no es baladí; es muy importante para que no ocurra lo que algunos piensan en el sentido de que estamos entrando en la última etapa de un desencuentro definitivo de los argentinos, lo cual nos puede conducir a un verdadero desastre.
Señor presidente: obsérvese lo que está ocurriendo ahora con la ley de quiebras. No sé si la está tratando en este momento la Cámara de Diputados de la Nación...
Sra. Fernández de Kirchner. -- No hubo sesión...
Sr. Alfonsín. -- Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué interés tiene el Fondo Monetario Internacional para no aceptar la excepción del cram down para el periodismo, para los medios masivos de difusión? ¿Cuál es el interés? Creo que se trata de intereses que quieren quedarse.
En todos los países del mundo o en casi todos --en los más importantes-- existe una legislación que impide que los extranjeros puedan apropiarse de los medios de difusión masiva. Por ejemplo, Estados Unidos cuenta con dicha ley, que habla de un 25 por ciento. Otros no lo aceptan en ningún caso. ¡Vaya usted a hacerlo en Brasil! Desconozco su legislación, pero debe ser muy difícil que vaya alguien de afuera a poner en marcha un medio masivo de difusión. Berlusconi, primer ministro de Italia, quiso hacerlo. En Alemania "lo sacaron cortito" en el Bundestag.
¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos firmado un contrato con los Estados Unidos, un tratado internacional por el cual ellos pueden venir aquí, instalarse y hacer lo que quieran, mientras que nosotros no podemos ir allí a instalarnos.
También han venido los españoles, a través de Telefónica, apelando a la concepción del país más favorecido. Así resultó que la Argentina es el único país del mundo en el que existe una cadena de televisión en manos de Telefónica, o sea, en manos de extranjeros. Entonces, no sólo se trata de los canales 9 y 11 de Buenos Aires sino de redes de canales en todo el país.
Otra cosa que quiero señalar es la siguiente: ¿por qué se pide esta sanción? Creo que a veces tenemos que obrar con más criterio. Recuerdo cuando el ex ministro Cavallo y el señor Pou decían que nuestro sistema financiero extranjerizado era uno de los más sólidos del mundo. También he escuchado decir que hay que exigir a los países que pongan el dinero de sus bancos. Lo tendrían que poner.
Pero resulta que no se trata de casas matrices, como se quiso hacer creer al pueblo desde el Ministerio de Economía y desde los propios bancos. En ese sentido, recuerdo la existencia de avisos publicitarios que instaban a la gente a defender sus depósitos y a buscar seguridad. Sin embargo, resulta que el Banco Francés no tiene ninguna responsabilidad con respecto al Banco de Bilbao Vizcaya y que el Banco Río tampoco la tiene sobre el Banco Santander, a pesar de que antes cambiaban todo el directorio y cualquier medida importante debían consultarla.
Aquí entra en juego el mismo tema del corrimiento del velo que se hizo en el caso "Deltec--Swift", aunque en aquel momento se trataba de un supuesto acreedor. Entonces, tenemos que resolver estas situaciones. Los radicales hemos presentado un proyecto para que la empresa controlante que hubiere manejado a esos bancos tenga que hacerse cargo de los depósitos de los argentinos. Sobre esas cosas tenemos que legislar. Tal vez ahora no haya un juez Losada, pero es evidente que han manejado esos bancos, que han cambiado los directorios, que han designado a sus gerentes y que era necesario efectuar las consultas del caso.
Entonces, sigamos con nuestra prioridad. No votemos una ley de esta naturaleza porque puede hacer más discrecional el problema. No digamos de entrada que fija impunidad porque para mí no lo hace. Los jueces deben hacer la interpretación legítima de esta ley, pero puede haber magistrados que utilizando el hecho de que se modifica la norma digan "Ya no tengo la ley" y, entonces, desproceso o pongo en libertad." Si es así, estarían actuando de mala fe.
Por esa razón es que quería decir estas palabras que son absolutamente la expresión de mi sinceridad total. ¡Todos somos culpables! Todos tenemos responsabilidades: las tengo yo, las tiene el presidente Menem y las tiene el presidente Duhalde. Las tenemos todos en la Argentina. Y las tuvo también el presidente de la Rúa. Yo como presidente del partido otra vez volví a tener responsabilidades. Pero procuremos que el pueblo sepa que todos nosotros --en una u otra bancada-- deseamos que la convivencia de los argentinos permita que se cumpla el mandato del presidente de la Nación y que de ninguna manera aceptemos ser tratados por ningún poderoso de la tierra como una republiqueta, a la cual se le puede imponer a gusto su criterio.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. -- Señor presidente: entro a este debate tan cargado de intensidad y de emotividad sin ningún tipo de prejuicios, sin ningún tipo de presión sobre mi conciencia. Vengo cumpliendo el mandato del pueblo de mi provincia, que en reiteradas oportunidades me confirió el honor de representarlo ante esta Honorable Cámara para ayudar al desarrollo del país, para defender los intereses de la provincia, para defender el Estado de derecho, la vigencia del orden jurídico y de los derechos humanos y todo lo que hace al bienestar del pueblo y a la grandeza de la Nación.
Quería hacer esta aclaración, porque esta noche se han dicho muchas cosas respecto de que estamos sentados aquí para sancionar una ley pedida por el Fondo Monetario Internacional, por otros organismos internacionales o por los banqueros. Realmente, debo confesar que a mí no me llega ni por asomo una imputación de esa naturaleza. Yo estoy aquí sentado por convicción y en virtud de una coherencia que vengo manteniendo hace muchos años desde que tuve el honor de ocupar estas bancas en el sentido de defender la legalidad, el orden jurídico y la Constitución.
Siempre he sostenido que teníamos que derogar totalmente esta ley de subversión económica, cuya vigencia está hoy en tela de juicio. Así, lo sostuve en 1984 cuando vino a este Senado en primera revisión la iniciativa enviada por el entonces presidente Alfonsín, el proyecto de ley de defensa de la democracia, que quería derogar todas las normas subversivas que existían en nuestro país.
En el proyecto del doctor Alfonsín, como recién lo recordaba, se derogaba totalmente la ley 20.840. En la Cámara de Diputados, como aquí se mencionó, los legisladores decidieron mantener la vigencia de los artículos 6, 7, 8, 9 y 13 --aun admitiendo su inconveniencia o su falta de adecuación al orden jurídico-- para impedir que quedaran impunes algunas acciones cometidas por empresarios y banqueros en ese momento --estamos hablando de 1984--.
Cuando se envió al Senado, este cuerpo --creo que el miembro informante en aquella oportunidad fue precisamente el doctor Fernando de la Rúa, que era el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales-- decidió sostener el proyecto del Poder Ejecutivo. Todos lo sostuvimos, porque creíamos que no era conveniente mantener en el ordenamiento jurídico disposiciones aisladas y sueltas de una ley de subversión que, realmente, estábamos repudiando y que era hija de la teoría de la seguridad nacional, que fuera tantas veces repudiada y atacada con razón en nuestro país. Entonces, reitero, no podíamos mantener dentro del orden jurídico argentino normas que eran hijas de la teoría de la seguridad nacional, que originó tantos males y dolores al pueblo argentino; y el Senado mantuvo esa posición.
De todos modos, cuando la norma vuelve a la Cámara de Diputados se insiste con su mantenimiento por los mismos argumentos. Y hoy el senador Pichetto recordó aquí, a través de su magnífico informe, las palabras de Vanossi y Cortese, que no defendieron la ley en sí sino que sostuvieron razones de oportunidad, con el fin de que no quedaran impunes algunas acciones.
Cuando vuelve la iniciativa al Senado --en ese tiempo teníamos primera y segunda revisión--, se decidió que no había otra alternativa que aprobarla tal cual como venía. Esto no lo hicimos porque estábamos de acuerdo con las modificaciones sino porque la Cámara de Diputados --que era la de origen-- la había sancionado por mayoría calificada, incluso no recuerdo si fue por unanimidad, y luego el Poder Ejecutivo la promulgó.
Por mi parte, no comparto lo que se ha dicho aquí respecto de que el doctor Alfonsín no la vetó porque estaba de acuerdo. No es así; no la vetó porque todos queríamos, cuanto antes, la vigencia de la ley de defensa de la democracia y porque vetarla hubiera sido inncesario frente al pronunciamiento --por mayoría calificada-- de ambas Cámaras del Congreso. Lo que acabo de señalar es la historia de la ley.
En 1997, recordando aquello y siempre teniendo en cuenta la necesidad de sacar de nuestro ordenamiento jurídico esta legislación anacrónica, tan contraria al orden jurídico, presenté el proyecto de ley al que se hizo referencia, que fuera votado por este Senado de la Nación y que, cuando fue enviado a la Cámara de Diputados, directamente no fue tratado y caducó. Por lo tanto, volví a presentar nuevamente el proyecto como ha ocurrido en tantas otras oportunidades.
Durante su tratamiento en la Cámara de Senadores se produjo un muy rico debate. En esa oportunidad se volvió a utilizar el remanido argumento de que con esta ley se querían dejar impunes los delitos de empresarios y banqueros que estaban siendo juzgados con esta norma.
También recuerdo la indignada reacción del senador por Catamarca, Villarroel, quien sostenía que no estaba votando esta ley para dejar impune a nadie, sino porque es contraria al orden jurídico; y dio muy buenas razones para ello.
Yo pediría a mis colegas que no lo han hecho, que lean el Diario de Sesiones correspondiente a ese debate, porque fue muy interesante.
De hecho, hoy se vuelve a reeditar la discusión sobre esta ley en otro marco distinto. Hoy estamos aquí por un mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. A esta altura, solicito a la Presidencia que también tenga en cuenta mi proyecto para ser incorporado a este debate y el derecho que me asiste en virtud de ser miembro informante de mi iniciativa en cuanto al uso de la palabra.
Ahora bien, ¿por qué nosotros sostuvimos que era conveniente derogar esta ley, esta rémora, esta ley 20.840? Porque realmente era contraria al orden jurídico e, inclusive, a la Constitución, aun cuando no ha sido declarara inconstitucional.
Yo no encontré absolutamente ningún autor que defendiera esta ley; a ningún jurista de nota que dijera: "Esta ley está bien; esta ley hay que mantenerla". La razón de quienes sostuvieron que había que mantenerla siempre fue de carácter político, nunca jurídico. Por eso algunos dijeron: "No nos vamos a poner en académicos. Acá no somos profesores de Derecho. Somos políticos que nos sentamos en estas bancas; y no vamos a debatir la parte jurídica." ¡Claro, qué van a debatir la parte jurídica si es indefendible desde todo punto de vista! Y si citamos la mejor doctrina veremos que nos da la razón.
Nosotros invocamos mucho la Constitución Nacional, especialmente sus artículos 18 y 19, pero debemos recodar un principio fundamental: el de nullum crimen nulla pena sine lege. Ese principio no implica sólo que no se puede penar a nadie en virtud de una ley ex post facto --debe ser en función de una norma anterior--, sino que tiene que ser una ley que tipifique debidamente la conducta que se quiere reprimir.
Desde 1906, cuando Ihering elabora la teoría de los tipos penales y de la tipicidad, quedó muy en claro que la principal garantía del ciudadano es que los tipos penales estén perfectamente descritos en la norma. Este es un principio de garantía. Esto hace a la seguridad jurídica. Es el mandato de certeza, como se ha llamado perfectamente. De hecho, esto está en contra de todo tipo penal abierto; de esos tipos penales donde queda al arbitrio del juez determinar cuándo se le ocurre que hay delito o que no lo hay. Esto es posible cuando están mal definidas las acciones; cuando no está específicamente determinado con claridad cuál es el bien jurídico protegido. No es el caso del homicidio -- el que matare-- o el del hurto --el que se apoderare de un bien ajeno. Esos tipos penales generales los recordaba muy bien el senador Pichetto al mencionar cuando el nacional socialismo definía como delito todo aquello que afectaba la salud del pueblo alemán, típico de los regímenes totalitarios.
Estamos defendiendo el principio de legalidad. Por eso sí quiero llevarlo al plano jurídico. Después lo vamos a llevar también al plano político, pero antes que nada tenemos que defender el orden legal. Tengo miles de citas para hacer, pero puedo mencionar lo que decían autores como Ramos Mejía, cuando manifestaba que los delitos incorporados a esta ley configuran tipos suficientemente previsto en el Código Penal y que carece de sentido hablar de subversión. Por su parte, Baigún indica que se trata en verdad de un pequeño y heterogéneo ordenamiento paralelo al Código y a algunas leyes especiales, superpuesto en algunas partes, colisionante en otras y, por sobre todas las cosas, contrario a principios harto sabidos de la Constitución Nacional.
La ley recoge componentes de disposiciones anteriores ya derogadas o flexibiliza rigurosamente tipos penales existentes criticados en su oportunidad.
Recuerdo una cita de Carrera que hacía el senador Villarroel, que decía "Esta ley introduce el caos jurídico y conspira contra el prestigio que debe tener la ley penal para ser eficaz". Es decir, desde cualquier ángulo que se la mire del ordenamiento jurídico esta ley carece de razón de ser mantenida en nuestro plexo normativo, por el marco en que fue sancionada, la época histórica en que tuvo origen y porque contraría el orden legal. Y además, y esto no se ha dicho, hay que recordar que el artículo 1 de la ley 20.840 define el concepto de lo que era subversión y es lo que marca teleológicamente el contenido de la ley.
Ese artículo 1 define el dolo que se requería para que se configuraran los delitos y dice que consistía en que el autor debía estar motivado para lograr la finalidad de sus postulados ideológicos.
¿Ustedes quieren cosas más claras para definir cuál era el sentido de la ley, de las normas de la subversión económica, cuando habla de mantener los postulados ideológicos? ¿Y nosotros hoy, veintiocho años después, vamos a decir que debemos mantener esta ley en nuestro ordenamiento jurídico?
Señor presidente: no admite la más mínima razonabilidad defender esta ley desde el punto de vista jurídico. Como no la tenía en 1984 ni en 1997, tampoco la tiene ahora. Por eso es que toda la jurisprudencia tuvo que hacer milagros para poder encuadrar esta ley y poder aplicarla, tratando de limitarla, restringirla, interpretarla, haciendo grandes esfuerzos. Realmente no tiene un bien jurídicamente protegido, perfectamente definido como tiene que ser y las sanciones son vagas y confusas. Y hasta pueden poner como delito al que con afán de lucro compromete injustificadamente el patrimonio de su empresa. ¿Y a dónde está el riesgo empresario? Empresas filantrópicas únicamente no podrían caer en esta ley.
Entonces, para razonar seriamente, digo: no creo que haya ningún autor o jurista que pueda defender esta ley desde el punto de vista jurídico. Pero, por supuesto, siempre se ha dicho que hay causas políticas.
Aquí se ha dicho que presiona el Fondo Monetario Internacional. A mí no me importa lo que quiera el Fondo. Felizmente sostuve esta posición mucho antes de que surgiera esto de que el Fondo Monetario Internacional la pide. Y se dice que este organismo la solicita porque quiere garantizar la impunidad. Yo digo, con toda responsabilidad, que esto es absolutamente falso. Con la derogación de la ley 20.840 no se genera ninguna impunidad. Si algún juez lo hiciera lo llevaría a cabo no porque se deroga esta norma sino porque lo quiere hacer bajo su exclusiva responsabilidad. Porque como decía muy bien la mayoría de la doctrina, los tipos penales que están en el Código Penal atrapan perfectamente todos los comportamientos que aquí se han dicho que abarca esta figura y que quedarían impunes.
Aquí se habló del caso de los bancos que han girado al exterior, fugado las divisas y estafado a los ahorristas.
Pero desde que fui a la facultad me han enseñado que eso es administración fraudulenta. Siempre lo ha sido.
¿Quieren una descripción más perfecta de esta conducta que la que tiene el artículo 173, inciso 7) del Código Penal, que define perfectamente qué es administración fraudulenta? Dice la norma: "El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos;" Esta es la administración fraudulenta.
Han recibido dinero y lo han dispuesto. Acá también está la cuestión del lucro, que a algunos les preocupa, y lo del lucro indebido y, sin embargo, no devuelven el dinero. Este es un caso típico de administración fraudulenta.
También algunos podrían pensar que se les puede aplicar lo tipificado en el artículo 173, inciso 2), que determina: "El que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver;"
También está la figura del desbaratamiento de derechos, contemplado en el artículo 173, inciso 11), la quiebra fraudulenta y el artículo 178 sobre el vaciamiento de empresas.
Es decir que hay toda una gama de tipos penales que perfectamente se les pueden aplicar a estos señores sin necesidad de recurrir a la ley de subversión económica, que es totalmente imprecisa, vaga y que puede dar lugar a muchas arbitrariedades.
Aquí se ha dicho que los jueces van a despenalizar. Pero no lo pueden hacer.
Ayer se proponía en nuestro bloque que el proyecto estableciera que el procurador tiene que instruir a los fiscales para que recalifiquen las causas. Pero no hace falta. Lo deben hacer de oficio.
Si hay algún procesado por subversión económica y se llegara a derogar la ley --es mi posición y no la del bloque, que sostiene que hay que modificarla, pero por disciplina partidaria votaré afirmativamente aunque aclarando que estoy por la derogación--, lo que debe hacer el fiscal es solicitar la recalificación del hecho y pedir el procesamiento por administración fraudulenta, desbaratamiento de derechos o cualquiera de los tipos que están en el Código Penal. Y no es cierto que vaya a tener una menor pena. Es al revés.
Sostengo, y lo digo con toda responsabilidad, que para un buen juez un banquero que haya estafado a cientos de ahorristas enviando dinero al exterior, incurre en administración fraudulenta en concurso real por cada uno de los hechos y puede tener penas de hasta 25 años de prisión, mucho mayores de las que le puede corresponder por esta aberración o adefesio que es la ley de subversión económica.
O no saben algunos que cuando hubo un banco en Córdoba involucrado en un caso de este tipo y se lo denunció por administración fraudulenta, los abogados defensores solicitaron la aplicación de la ley de subversión económica y no la tipificación de administración fraudulenta ya que era más fácil eludir el concurso real en la primera que en la segunda que, además, castigaba con más años de prisión.
Entonces, señor presidente, quiero negar la afirmación de que aquellos que estamos por la derogación queremos la impunidad. Eso es una mentira.
-- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador Marcelo López Arias.
Sr. Menem. -- Creo que se los sancionará más duramente si se aplican los artículos 173, inciso 7), 174 y otros artículos del Código Penal, en concurso real, que pueden implicar penas de hasta veinticinco años de cárcel
Pero acá se ha tejido todo un marco político hablando de la impunidad.
Se han difundido listas de varias causas, algunas sí eran por subversión económica, y otras no. Se engrosó la lista con causas que se referían a administración fraudulenta, o con exhortos de un mismo juicio. En consecuencia, aparecía una lista inmensa de causas.
Pero la política criminal de un país, ¿se puede guiar de esta forma? ¿Se puede aplicar una política criminal en base a unas pocas causas de tal naturaleza, cuando por otra parte uno está seguro de que no van a quedar impunes los delitos, porque pueden aplicarse perfectamente otras normas del Código Penal?
Y vuelvo al principio. No tengo ningún prejuicio ni me siento presionado por nadie para aprobar la modificación de esta ley. Voy a votar la modificación, tal como lo propuso mi bloque.
Considero que la modificación que se propone circunscribe más el tipo penal, y mejora técnicamente la norma, ya que define mejor la conducta. Pero creo que es innecesario mantener la ley tal como está, es decir, continuar con esa rémora de la ley 20.840, aun modificada.
Pienso que las normas del Código Penal resultan harto suficientes. Y si se quiere modificar el Código Penal agravando las penas, hagámoslo, pero en la conciencia de que se aplicará para el futuro y no para casos anteriores. Al estar vigente el actual Código Penal, cualquier modificación que se le haga será para casos futuros, por el principio de la ley ex post facto.
Para finalizar, lamento que se haya retirado el doctor Alfonsín, porque quería hacer algunas breves referencias respecto de manifestaciones que hizo, no para polemizar ni para contestarle.
El doctor Alfonsín citó un aumento de 27 mil millones en el gasto público en la década del 90. Pero podríamos recordar muchas cosas. Por ejemplo, que se pagaron 13 mil millones de dólares de deudas de jubilados que venían de antes.
Dice que se vendieron empresas por 24 mil millones. Pero quiero recordar que cuando asumió el doctor de la Rúa, había 33 mil millones de dólares de reserva.
Quisiera que alguna vez entremos a fondo en este debate...
Sr. Mayans. -- Había 34 mil millones.
Sr. Menem. -- Poseíamos 34 mil millones, y había 10 mil millones de circulante, o sea que la proporción era de 1 a 3. En consecuencia, si tenemos que discutir este tema, digamos las cosas como son y no parcialmente.
Tampoco comparto --esto lo digo con toda honestidad intelectual-- que sea el mercado el que haya devaluado. La devaluación ha sido una decisión política del gobierno. En su momento dije que era un error, y lamentablemente los hechos me están dando la razón. No creo que haya devaluado el mercado.
Además, escuché a algún miembro de la Alianza hablar en contra de la convertibilidad. ¿Se han olvidado que de la Rúa, en la campaña electoral de 1999, habló del "uno a uno"? ¿O qué programa sometió a votación de la Rúa en 1999? ¿No decía "un peso, un dólar"? ¿No decía que iba a mantener la convertibilidad?
Por lo tanto, no pueden ahora venir a decir que la causa de los males era la convertibilidad. Eso es lo que hicieron votar al pueblo. Al igual que en 1995 la gente votó a favor del programa económico que había hasta entonces, y legitimó las privatizaciones y las reformas económica y del Estado.
Estamos en una democracia, y las acciones se legitiman a través del voto de la gente y del plebiscito al que se someten cada vez que se hace una elección.
Por ello, pareciera que a veces nos falla un poco la memoria. Yo no quiero confrontar con el doctor Alfonsín, porque todo el mundo sabe el gran respeto que le tengo. De cualquier manera, no quería dejar de hacer estas reflexiones sobre los gastos y sobre la convertibilidad.
Asimismo, les recuerdo que quien en 1999 propuso el cambio de modelo fue el candidato de nuestro partido. El doctor Duhalde propuso el cambio de este modelo y decía que se había agotado por exitoso. Pero la gente votó otra cosa: concretamente, la gente votó la propuesta que hizo la Alianza, que fue mantener la convertibilidad. Igualmente, después no la pudieron mantener; las cosas se les fueron de las manos. La Alianza se dispersó, atravesó una crisis interna como producto de la cual renunció el vicepresidente, se perdió el liderazgo, la conducción política y la confianza, se empezaron a fugar capitales, se comenzó a atacar la convertibilidad con esto de "meter" al euro y la mano en el Banco Central, etcétera. Esto lo sabemos todos porque es historia reciente. Sabemos por qué se empezó a perder confianza, por qué se empezaron a ir los capitales, por qué desaparecieron los cien mil millones de pesos que había en el sistema financiero en 1999. Fue por la falta de confianza y por la falta de conducción política en el entonces gobierno de la Alianza, que terminó como todos sabemos.
En definitiva, señor presidente, voy a votar favorablemente este proyecto de ley totalmente convencido y con la más absoluta tranquilidad de conciencia de saber que estoy votando de acuerdo con mis propias convicciones. Nadie me indicó cómo debo votar. Nunca he aceptado que me lo digan. Muchas veces voto por disciplina partidaria, como lo voy a hacer ahora en el caso de esta modificación, aún cuando considero que deberíamos derogar la ley en cuestión. Pero nadie va a torcer mis convicciones en el sentido de votar en uno u otro sentido por intereses que no tienen nada que ver con los intereses nacionales. Este es el sentido de mi voto, dejando a salvo mi posición de proponer alguna ligera reforma cuando llegue el tratamiento en particular del proyecto de ley que propone mi bloque.
Sr. Presidente (López Arias). -- Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. -- Indudablemente, el debate se va acalorando. Me ha dejado realmente sorprendida el señor senador Menem. Comparto este recinto con él desde 2001 y nunca lo había visto realizar tan magnífico alegato y, además, con tanto acaloramiento.
Aunque respeto absolutamente sus argumentos --sobre todo por su posición histórica con respecto a esta ley--, no comparto la posición jurídica que ha vertido con relación a los efectos que producirá esta modificación sobre el sistema vigente y sobre las causas en trámite.
Parto de la base de que, desde ya, todos tenemos buena fe cuando hacemos los distintos planteos. No admito alguna cuestión de mala fe, como se dijo por ahí. Por el contrario, creo que quienes sostenemos una u otra posición partimos de una verdadera buena fe en el tratamiento de la cuestión. Pero como lo dije ayer en mi bloque, no voy a acompañar una norma si tengo la más mínima duda de que hoy, en la Argentina, va a desincriminar a quienes creemos que son los responsables del vaciamiento de nuestra querida República.
Más allá de la necesidad de modificar esta ley y de la veracidad y profundidad de los argumentos jurídicos que se han vertido con relación a la existencia de estos tipos en el Código Penal, hoy tenemos una realidad que es la que nos lleva a que en esta circunstancia y en este momento estemos discutiendo este proyecto de ley, y que aquellos que fueron responsables del vaciamiento de este país, del saqueo a los ahorristas argentinos están procesados, investigados, indagados en virtud de la ley de subversión económica y no por administración fraudulenta.
Se nos dice que es una imposición del Fondo. En realidad, nos lo dice el Fondo directamente. Los distintos legisladores, el miembro informante de nuestro bloque y quienes se han opuesto han hecho la historia de esta ley. Desde el año 74 hasta ahora nuestro país hizo innumerables negociaciones con los organismos multilaterales por créditos y refinanciaciones. La evolución de la deuda externa en ese lapso es una prueba palmaria de ello. Sin embargo, la vigencia de esta ley no impidió que estos órganos acordaran, refinanciaran y entregaran nuevos créditos y ayudas financieras a la República Argentina.
Entonces, que se plantee en este momento y en este lugar --repito que reconozco los argumentos que dicen que el Código Penal tiene previsto estas figuras-- se debe a que esta ley indudablemente tiene nombre y apellido y destinatarios.
Lo mismo le habría querido decir al senador Alfonsín, si hubiera estado presente, con relación al cram down, al que se refirió. Desde el año 95 hasta enero de este año el cram down estuvo vigente y no hubo extranjerización de empresas argentinas a través de ese instituto. Reconocemos que la doctrina ha calificado a esta ley como un rosario de desaciertos legislativos. Indudablemente, lo que hoy queda de esa norma es el núcleo, el famoso artículo 6. También reconocemos que ha sido botín político de algunos jueces inescrupulosos, pero entendemos que este no es el momento para tratar la derogación o una modificación de la ley. A nuestro criterio --siempre, repito, partiendo de la base de la buena fe de todos los que sostenemos una u otra posición--, esta ley desincrimina a aquellos que están involucrados en procesos penales en virtud del artículo 6.
Esta modificación que se propone tiene tres características, que se han reiterado en este recinto, pero se hace necesario sintetizarlas para llegar a una conclusión.
La primera cuestión que plantea es la modificación del ánimo de lucro o malicia por una conducta fraudulenta. El ánimo de lucro es una decisión económica, un impacto económico de determinadas conductas que hoy son punibles. El fraude exige un dolo especial, exige una intención especial, que es mucho más difícil probar que el ánimo de lucro.
La segunda cuestión es que produce un agravante de carácter absolutamente objetivo. Los agravantes de la pena que están en el artículo 6 hoy están incorporados a la modificación dentro del tipo penal. O sea, lo que antes agravaba simplemente la pena ahora es necesario desplegarlo para quedar incurso en ese delito. Pero no solamente es necesario desplegarlo sino que, además, se lo propone como hecho condicionante. El artículo dice que será reprimido el que fraudulentamente con riesgo para el normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación de bienes o servicios dañare, hiciere desaparecer, ocultare o disminuyere el valor de materias primas, productos, máquinas, equipos y otros bienes de capital o comprometiere injustificadamente su patrimonio, cuando el hecho.... Dice: "cuando el hecho". Entonces, describe la exigencia de fraude frente a la hipótesis de "poner en riesgo". Pero es punible siempre que este hecho afectare el suministro, circulación o abastecimiento...
Esto quiere decir que lo que era agravante en la ley vigente pasa a ser, con esta modificación, un hecho condicionante, un requisito más para tipificar la figura.
En tercer término, produce un aumento de la pena, por supuesto, que equivale a la figura agravada en la ley vigente. ¿Por qué decimos que realmente esta modificación va a provocar la desincriminación de aquellos que están involucrados en estos procesos?
Si me lo permite, señor presidente, voy a citar tres renglones solamente del maestro Soler, porque no quisiera poner en su boca palabras que no ha utilizado. El maestro Soler, en su obra "Derecho Penal Argentino", Tomo I, publicada en 1988, página 246 y siguientes, hace una referencia y habla de distintas hipótesis de solución de leyes.
Al variar la ley, las diferencias posibles se concretan en cuatro casos. Y voy a mencionar lo que, a mi entender, se refiere al presente. Dice que la ley nueva establece condiciones más gravosas, ya sea en los elementos de la figura delictiva --acá hay condiciones más gravosas en los elementos de la figura delictiva porque lo que era un agravamiento en el texto vigente, pasa a ser una condición objetiva en la reforma--, ya en la sanción --que por supuesto hay--, ya en las condiciones de aplicabilidad de ésta, es decir, en la condena, carácter de la pena, prescripción de la acción, etcétera.
Consecuentemente, nos queda absolutamente claro que esta figura es agravada para los hechos cometidos o las conductas desplegadas a partir de la vigencia de la nueva ley. Pero, retroactivamente, provoca una desincriminación de aquellos que, por malicia o por ánimo de lucro, desplegaron la conducta prevista en la primera parte de la norma y en el tipo agravado. En consecuencia, todos esos procesos, por lo menos en virtud de la ley de subversión económica, no podrán continuar.
Decía Platón, en "La República", que es natural a los hombres --él hablaba de los comerciantes, del Estado-- el apetito de lucro. Y, por lo tanto, desde el Estado se debía cultivar la virtud de la templanza. De esa manera, el Estado tenía las herramientas para tomar las riendas de estos apetitos desordenados.
También Pío XII nos hablaba del poder internacional del dinero y de la subyugación que provocaba el mismo en las personas.
Reconocemos la necesidad de avanzar en la incorporación de este tipo de figuras en el Código Penal, de tener en cuenta el bien jurídico protegido, aunque Jacobs dice que esa es una teoría perimida --la del bien jurídico protegido-- y que se debe hablar de la protección de las normas, en una obra recientemente publicada por Ediciones Jurídicas Año 2000, llamada "¿Qué protege el Derecho Penal: bienes jurídicos o la vigencia de las normas?" Pero entendemos que éste es el momento de dejar la cuestión en manos del Poder Judicial, para que naturalmente juzgue, concluya y fenezca estas causas.
Se ha dicho acá --lo acabo de reconocer-- que esto ha servido de botín político --lo dije yo-- y también se ha dicho que ha habido jueces inescrupulosos.
Pues bien, juzguemos a los jueces. Si hay violaciones al orden jurídico por parte de los magistrados --en esto quiero hacer un breve interregno porque creo que no es verdad lo que algún magistrado federal expresó ayer y lo que publicaron los cables en el sentido de que incurrirían en delitos de traición a la patria quienes votaran esto--, de ninguna manera lo podemos dejar pasar. Pero entonces este tipo de arbitrariedades y estos magistrados inescrupulosos deben ser juzgados de conformidad a las normas que la propia Constitución establece. Juzguemos a los jueces que violan la seguridad jurídica, que fallan en contra de la ley o que utilizan las normativas y herramientas legales para determinadas "vendettas" pero no sancionemos hoy, cuando todavía no logramos darle una herramienta legal a los ahorristas para obligar a que los bancos le garanticen sus depósitos, una norma que dista objetivamente de los hechos; de hacerlo, quienes hoy están procesados, indagados y con prisión preventiva, sin duda alguna van a quedar desincriminados.
Finalmente, dado que se ha hablado de la necesidad de asumir los costos políticos y de diferencias existentes entre los gobernadores y los senadores, quiero dejar constancia de que la gobernadora de San Luis no firmó el acuerdo donde se obligaba a comprometer el voto para derogar la ley de subversión económica.
Sr. Presidente (López Arias). -- Tiene la palabra la señora senadora Sapag.
Sra. Sapag. -- Señor presidente: hoy estamos convocados para tratar un proyecto de modificación de una ley que, se dice, atenta contra la seguridad jurídica.
El 17 de abril el Poder Ejecutivo nacional envió un proyecto de derogación de la ley 20.840 y en algunos de sus fundamentos decía textualmente que la derogación de esta norma no implicaba impunidad por cuanto las conductas mencionadas también se encuentran reprimidas en distintas normas del Código Penal de la Nación que siguen vigentes y que además tipifican cada uno de los actos previstos en el artículo 6 de la ley en consideración.
También se dice que la amplitud y la falta de precisión de los conceptos de esta ley hicieron que no tuviera una aplicación práctica, que no se utilizara en la praxis jurídica.
Por otro lado, también se afirma en esos fundamentos que esta ley fue sancionada en un contexto histórico que no se condice con las circunstancias actuales.
Ahora no se habla de una derogación, sino de una modificación. Parece que vamos a cambiar "gato por liebre". Modificación que en realidad tiene el mismo apellido que la derogación, que no es otro --a pesar de una elaborada arquitectura jurídica-- que propender a la impunidad de los que están procesados por los denominados delitos de subversión económica. Lamentablemente, nosotros no hemos tenido una comunicación fluida con el Poder Ejecutivo nacional. Por lo menos, esto no ha pasado desde mi bloque y hemos tenido que consultar a diferentes fuentes calificadas y discutir con distintos senadores acerca de este tema. Les puedo asegurar que nosotros no coincidimos con los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivos nacional y por algunos senadores en este recinto. Muy por el contrario, consideramos que tanta manipulación es la que genera esta inseguridad jurídica.
Por otra parte, es notable que hasta hace una semana el Fondo Monetario nos sugería y recomendaba la derogación de esta ley argumentando la garantía que tendrían los inversores en nuestro territorio si nosotros admitíamos tal solicitud. Es decir que tendrían esta seguridad jurídica de la que tanto se habla.
Ahora ya no nos recomienda el Fondo Monetario, nos conmina, nos advierte, nos dice: "Señores, tienen que derogar esta ley porque, de lo contrario, nosotros no vamos a acordar ningún tipo de plan con el gobierno argentino".
Me pregunto --son preguntas que hace la gente porque en realidad uno trata de transmitir o de traer a este recinto lo que el pueblo piensa y se pregunta--, si las cosas están tan claras, ¿por qué la exigencia de derogar esta ley o de modificarla justo en este momento? ¿Por qué en este contexto el Fondo Monetario Internacional exige la modificación de esta norma?
Creo que ya no va a ser más "América para los americanos" sino "América para los norteamericanos".
No quiero ser agorera, pero creo que el Fondo Monetario no va a acordar ningún plan con la Argentina porque ellos están hablando de un plan económico sustentable. Yo me pregunto --y que alguien me explique-- si este gobierno tiene un plan económico sustentable.
Les voy a dar un sólo ejemplo de las normas, las actitudes o las medidas que se han llevado adelante y de las que no se han llevado adelante. Hoy mi provincia, como varias provincias patagónicas, está sufriendo --es un tema que ya lo hemos mencionado-- la falta de gas. En nuestra provincia están parando una cantidad de empresas y de usinas porque el Estado nacional no sólo no ha pagado su deuda sino que no ha instrumentado el artículo 75 de la ley 25.565 que nosotros habíamos aprobado para tener el fondo fiduciario, pagarles a las empresas de gas y no sufrir lo que sufre hoy la Patagonia. No solamente por la falta de gas y lo que significa eso sino porque las empresa que van cayendo una a una dejan un tendal de desocupados.
Respecto de si tenemos o no un plan económico sustentable, yo creo que no lo tenemos.
Por otro lado, creo que los argumentos de quienes pretenden convencernos con los beneficios de la derogación o modificación de esta ley no se condicen con la realidad sino que chocan con ella porque esta ley es una de las pocas herramientas que tiene la Justicia para juzgar a aquellos organismo o personas que están sospechados de haber incurrido en delitos de subversión económica. Se trata de individuos que han causado altísimos perjuicios al país y han dejado sumido al pueblo argentino en la desesperanza y en el descreimiento de todos los políticos.
Concretamente, el delito de subversión se puede aplicar a las autoridades nacionales y a los bancos que hicieron posible la fuga de capitales, a aquellos responsables del megacanje, a los responsables de las privatizaciones irregulares, a los responsables del vaciamiento y del endeudamiento de las empresas, a los responsables de haber malversado fondos y a los responsables del corralito financiero. Así podría seguir con una larga lista de lo que ha significado en este contexto la cantidad de acciones que han postrado a nuestro país.
Como senadora nacional asumí con profunda convicción el legislar para el bien común. Por lo tanto, nuevamente hoy siento una frustración en esta Cámara, porque pareciera que los senadores sólo legislamos para certificar decisiones del Poder Ejecutivo.
Entiendo que los tiempos apuran y que estamos en un momento muy difícil, pero también sé que no podemos delegar nuestro deber de debatir, elaborar, analizar y profundizar leyes que tiendan a una salida gradual y sólida de nuestro país.
Creo que nosotros no podemos seguir legislando bajo la presión de la emergencia. No podemos continuar cometiendo errores tan graves como el poner en vigencia una ley para después derogarla, como está ocurriendo con la ley de quiebras. Realmente esto es lo que genera inseguridad jurídica. Pero tampoco podemos legislar bajo las exigencias de organismos internacionales.
Y dado que estamos hablando de inseguridad jurídica, me pregunto si no la genera en mayor medida esta permanente dubitación. Además, creo que la inseguridad jurídica está dada por las exigencias de estos organismos internacionales que no solamente la generan sino que también atentan contra nuestra soberanía.
Estoy absolutamente convencida de que la modificación de la ley 20.840 implicaría asegurar la impunidad de todos los responsables que han provocado esta terrible crisis social y económica en el país.
Por las razones expuestas, señor presidente, mi voto va a ser negativo. Además, insisto en que la seguridad jurídica va a estar dada en la medida en que este cuerpo sancione leyes que apunten a la construcción y desarrollo de una nación menos dependiente de los interesados criterios internacionales.
Sr. Presidente (López Arias). -- Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno.-- Señor presidente: el 8 de marzo de este año presenté un proyecto que, actualmente, está en estudio de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a través del cual propongo que todo proyecto de ley debe votarse, tanto en general como en particular, por medios electromecánicos que permitan registrar la forma en que ha votado cada senador y senadora.
Los medios electromecánicos existen, los tenemos acá --en las bancas-- y están operativos. Creo que este sistema permitiría a los ciudadanos verificar si sus representantes cumplen con sus compromisos electorales o no, evaluar la congruencia o incongruencia mostrada por cada legisladorr, detectar los casos en los cuales algunos de nosotros se desdice --al momento de votar-- de lo afirmado durante el debate y medir el grado de libertad o disciplina de los distintos bloques.
Señalo todo esto ahora, porque ante el pedido de la senadora por la Capital, la Cámara negó el voto nominal lo cual no permite --salvo en el caso de aquellos que hacemos uso de la palabra-- determinar, durante el tratamiento de proyectos de esta envergadura y trascendencia, cómo han votado y quiénes son los senadores que lo han hecho.
Creo que todos estamos simulando un debate. Estamos fingiendo que aquí se discute un tipo penal: el vaciamiento. Estamos simulando que discutimos si hay redundancia penal, porque ese tipo ya está contemplado en el Código; si corresponde que una conducta sea incriminada por una ley especial; qué pasaría si la incorporáramos al Código; cuál sería la proporción entre las penas previstas para este delito y para otros delitos similares contemplados por el Código; si el tipo penal tiene una ambigüedad que puede dar lugar a la discrecionalidad. En los próximos días vamos a discutir la ley de quiebras y vamos a simular que estamos debatiendo sobre el pro y el contra del cram down. Pero, ¿por qué estamos discutiendo hoy la ley 20.840 y nos disponemos a hacerlo con la ley de quiebras? Ha sido dicho por algunos senadores y senadoras: hemos sido intimados. Nos ha intimado el Fondo Monetario Internacional. La iniciativa legislativa, en este caso, tiene su origen en el número 700 de la calle Noroeste de Washington, que es el cuartel general del Fondo Monetario Internacional.
Entonces, había una opción que era suprimir la ley 20.840, y una alternativa, que es modificar la norma para que, como lo ha dicho el miembro informante señor senador por Río Negro, el ministerio público o los jueces puedan recalificar las conductas de quienes están procesados.
Aunque esto ha flotado en el ambiente durante todo el debate, no sólo hemos fingido que estábamos discutiendo una cosa que no es la que estamos discutiendo, sino que hemos evitado cuidadosamente los nombres propios: esta ley está dedicada al Banco General de Negocios. Si Carlos Rohm no hubiese sido arrestado el 23 de enero, nosotros hoy no estaríamos aquí discutiendo la ley 20.840. No estarían discutiendo ni siquiera aquellos que, como el senador Menem, han sostenido congruentemente su oposición a esta ley.
Se dice que esta ley o que, incluso, este uso judicial de la ley, crea inseguridad jurídica y agrava la inestabilidad que existe en el país. Se dice que es el propio sector financiero el que lo reclama. También, que es posible que allá, en el Fondo Monetario, haya habido un lobby fuerte del sector financiero para que, a su vez, ese organismo impusiera esta condición. Pero yo creo que hay una razón política que excede incluso la del interés de los propios banqueros. Digo esto porque el 24 de enero José Rohm fue a Zurich a solicitar de los tres bancos internacionales socios del Banco General de Negocios 260 millones de francos suizos para cubrir el faltante. Esto le fue denegado y el J. P. Morgan Chase denunció a las autoridades argentinas esta situación. El 12 de marzo de 2002, en una declaración formal, Lucas (Mülleman), en la sede del Crédit Suisse en Zurich, dijo textualmente: Nunca hemos tenido evidencias de actividades irregulares y, por supuesto, de haberlas tenido, nos habríamos retirado inmediatamente del Banco General de Negocios. Luego de la reunión de directores del banco del 24 de enero de 2002 obtuvimos información que nos movió a tomar contacto con las autoridades competentes tan pronto como fue posible. La confianza de los accionistas en la gerencia del Banco General de Negocios ha quedado resentida, aunque sólo el resultado final de la investigación judicial en curso revelará si ha habido alguna conducta indebida. Los representantes de los bancos extranjeros inmediatamente presentamos nuestras renuncias al directorio. Mirando retrospectivamente lamentamos nuestra vinculación con el Banco General de Negocios y nuestra representación en el directorio."
Sin embargo, hay una razón política que puede ser muy importante. La ley puede alcanzar a figuras cuya connotación preocupa no sólo al sector financiero. En efecto, uno de los directores del Banco General de Negocios era David Mullford, ex secretario del Tesoro.
Por otra parte, no podemos ignorar cuál es el antecedente de esta presión. Raúl Moneta fue procesado por esta ley y estuvo prófugo hasta que se cambió la carátula, es decir, hasta que dejó de imputársele violación a la ley antisubversión económica. Recién entonces reapareció y fue puesto en libertad. Antes de eso, y por las implicancias que esto podría tener para el CEI y para el HMTF, el grupo de Tom Hicks, vinculado al CEI, era dueño de medios de comunicación en la Argentina y fue uno de los principales financistas de la campaña de George W. Bush.
En noviembre de 1999 el ex presidente George Bush, padre del actual presidente de los Estados Unidos, vino a la Argentina y mantuvo una reunión con el presidente Menem y el entonces presidente electo de la Rúa. Esa reunión se realizó en la casa de Juan Rohm y allí se planteó la preocupación de los Estados Unidos por la posibilidad de que prominentes figuras de trascendencia política para la administración norteamericana pudieran ser alcanzadas por esta ley.
Por lo tanto, creo que más que ante un problema de inseguridad jurídica derivado de un tipo penal abierto, estamos frente a un problema político serio. Porque el vaciamiento de un banco de las características del Banco General de Negocios puede rozar a figuras que tienen que ver con la administración de Washington.
Con criterio pragmático alguien podría decirme que esa es una razón más para aceptar esto. Porque si es atrevido resistir una exigencia del Fondo Monetario, esta sería una actitud aún más osada. No se puede ocupar las Malvinas y creer que después no van a venir la Task Force.
Sr. Presidente (López Arias). -- Discúlpeme, señor senador.
En las galerías están hablando permanentemente y no dejan escuchar correctamente.
Por favor, respeten al orador en el uso de la palabra.
Continúe, señor senador.
Sr. Terragno. -- Gracias, señor presidente.
Decía que nunca la parte más débil saca fuerzas de la obsecuencia. Cuando uno está en situación de debilidad debe recordar siempre que la aquiescencia no aplaca sino que ceba. Cuando se está en situación de debilidad hay que ganar, ante todo, el respeto del más fuerte y sólo se gana el respeto cuando uno se respeta a sí mismo.
No se respeta a sí mismo un Estado ni un Congreso que, para satisfacer al Fondo Monetario Internacional, un día vota una reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, otro día vota una ley de presupuesto y otro día vota una modificación a la ley penal, de la manera en que lo hacemos nosotros, sobre tablas, sin el análisis debido, con un cuchillo en la garganta.
Si fuera cierto que el problema presentado por la ley 20.840 es la ambigüedad del tipo penal, la inseguridad jurídica que puede crear una interpretación arbitraria de parte de los jueces, y la afectación que de eso se derivaría para el funcionamiento normal de la actividad industrial y financiera, pienso que deberíamos hacer lo que a continuación voy a explicar. Primero, estudiar el perfeccionamiento de la ley convocando a académicos, abogados, jueces y representantes del sector privado; segundo, elaborar un proyecto y someterlo a la consideración de las comisiones respectivas del Senado y de la Cámara de Diputados; tercero, debatirlo en ambas cámaras sobre la base de los respectivos despachos de comisión; y, cuarto, establecer la fecha a partir de la cual comenzará a regir la nueva ley, permitiendo la conclusión de los procesos en curso conforme la ley vigente.
La agenda de discusión con el Fondo, si somos serios y si lo es el Fondo, tiene que estar limitada al déficit fiscal consolidado, al régimen cambiario y a la reestructuración de la deuda pública. Fuera de eso, creo que tenemos que ser muy firmes en la defensa de la soberanía del Estado, que incluye a los tres poderes. Y no porque no debamos ser firmes en la defensa de nuestros derechos en los puntos de la agenda, sino porque en los otros puntos no hay la menor posibilidad --o no debería haberla-- de que aceptáramos que se inmiscuya nadie.
En cuanto a la seguridad jurídica, me parece que la real inseguridad jurídica proviene de estas leyes express que sancionamos en forma constante y, sobre todo, de esta terrible dualidad que se da cuando los más débiles tienen indefensión y los más poderosos tienen impunidad. Y que no se me diga que no va a haber impunidad porque esto no es el discurso de un senador. Nadie que proponga una ley para sancionar la impunidad va a decir que el propósito es la impunidad. Lo que importa no es lo que diga sino el efecto querido, el efecto buscado.
Cuando el señor miembro informante dice que corresponderá al Ministerio Público o a los jueces recalificar las conductas de los procesados o no, cuando dice que eso no será responsabilidad del Congreso, creo que nos está anticipando cuál es el propósito y cuál el efecto.
Estamos cambiando el reglamento para que los jueces tengan el instrumento que se le está exigiendo al país.
Entonces, podrán decir --al revés de lo que dice el senador Menem-- por ejemplo, que hay administración fraudulenta cuando aquel que tiene a su cargo un patrimonio ajeno se aprovecha de él, o lo disminuye u oculta. Pero el vaciamiento no se da cuando se administra un patrimonio ajeno sino propio, y se lo reduce en perjuicio --en el caso de una empresa-- de los acreedores que tienen en dicho patrimonio su prenda común.
Se pueden alegar muchas cosas. Sobre la base de lo que aleguen los jueces, después podrá haber apelaciones o discusiones teóricas. Y se logrará el efecto buscado: el desprocesamiento de aquellos que hoy están procesados, por la imposibilidad de continuar la investigación a que ha dado lugar el juicio iniciado contra los responsables del Banco General de Negocios. Ese desprocesamiento sí va a agravar la inseguridad jurídica. Por lo tanto, debemos dejar en claro dicho agravamiento de la inseguridad jurídica.
Si se sanciona esta iniciativa, la impunidad no será responsabilidad del Fondo que la exigió, sino del Poder Ejecutivo que la propuso y de la mayoría del Congreso que la aprobó.
Sr. Presidente (López Arias). -- Tiene la palabra el señor senador Ochoa.
Sr. Ochoa. -- Señor presidente, señores senadores: adelanto mi voto negativo respecto de este proyecto de ley porque considero que con su aprobación no legislamos en pos de la solución definitiva de los problemas que soportamos los argentinos.
Considero que legislar en esa dirección es hacerlo en beneficio de unos pocos y poderosos, y no para los que realmente necesitan y claman la urgente solución de sus problemas, lo cual debe hacerse a través del gobierno y de las leyes que se sancionen desde el Congreso Nacional.
Por todo lo expuesto, solicito autorización para insertar los fundamentos de mi oposición a la aprobación de este proyecto de ley.
Sr. Presidente (López Arias). -- Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. -- Señor presidente: tal como anticipáramos al votarse el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley, vamos a votar en contra de esta iniciativa.
Además, reitero que hemos votado en forma negativa la habilitación del tratamiento sobre tablas, porque consideramos que en nuestro país --en forma sistemática, organizada y sin solución de continuidad a través del tiempo-- en los últimos veinticinco años se produjeron vaciamientos de empresas y de entidades financieras, y estafas a ahorristas por miles de millones de pesos. Estamos hablando de entidades financieras o de sociedades de objeto lícito pero de actividades ilícitas que atentaron contra derechos plurales, contra el interés general, contra el bien común y contra el orden público económico, que es una figura que no está contenida en nuestro Código Penal y sí en el derecho penal de países del primer mundo, como lo son los de Europa continental.
Aquí está la importancia de tratar este proyecto de ley en este momento ante una presión desembozada del Fondo Monetario Internacional que, en un nuevo movimiento de pinzas sobre la Argentina, pone a este Congreso ante el rol de tener que...
Si el señor presidente me escucha, voy a seguir hablando.
Sr. Presidente (López Arias). -- Le pido disculpas, señora senadora. Un señor senador me estaba haciendo una consulta y, por lo tanto, tenía que ser descortés con él o con usted. La sigo escuchando.
Sra. Colombo. -- Decía que el Fondo Monetario Internacional nos pide, en un nuevo movimiento de pinzas sobre la Argentina, el tratamiento sobre tablas de una ley de estas características en un escenario de crisis financiera que ha herido de muerte la confianza de los ahorristas argentinos en el sistema financiero. En caso de prosperar la modificación de esta ley --cuyo tratamiento se efectúa sobre tablas y sin la merituación suficiente que merece una cuestión tan compleja--, la Argentina estará ante el riesgo cierto de quedarse sin sistema financiero para la eternidad. Porque este va a ser el tiro de gracia que va a determinar que los ahorristas, que han sido víctimas de estos delitos, tengan aún mayor desconfianza por el hecho de que desde este Congreso se modifique o se derogue una ley que es la única que ha permitido durante los últimos veinticinco años que el propio Banco Central de la República Argentina iniciara querellas contra entidades financieras por vaciamiento de empresa.
El Banco Central de la República Argentina, en numerosas causas, ha presentado querellas o denuncias en contra de estas entidades por actividades ilícitas que desnaturalizaron el objeto social para el cual fueron creadas.
Las razones por las que el Banco Central --en definitiva, el Estado argentino-- se ha presentado como querellante en estas causas se encuadran --sobre todo, en casi todos los casos más resonantes-- en las disposiciones de esta ley que hoy, justamente hoy, después del reciente procesamiento de los hermanos Rohm, se dice que debe ser derogada por anacrónica, por carecer de rigor técnico, por redundante y por tipificar delitos que están contemplados en el Código Penal. Lo cierto es que si estos delitos estuviesen contemplados en el Código Penal, el propio Banco Central de la República Argentina tendría que haber enmarcado las denuncias en los artículos de dicho Código; en vez de hacerlo de esta manera, enmarcó estas denuncias en violaciones a la ley de subversión económica.
Creo que esta son las diferencias que nos separan del Primer Mundo. En el Primer Mundo se protege el orden público económico. En el Primer Mundo hay tipificados delitos considerados como criminalidad organizada. En el Primer Mundo se considera que los delitos penales tradicionales son insuficientes para alcanzar estos ilícitos. Si los consideran insuficientes para alcanzar o para penalizar los delitos societarios, con más razón son considerados, por muchos estudiosos, como insuficientes para alcanzar este tipo de delito.
Se hizo mención al debate del año 97 en oportunidad del tratamiento por parte del Senado de la Nación del proyecto de ley de derogación de la ley de subversión económica presentado por el senador Eduardo Menem. El senador por la provincia de La Rioja citó a un prestigioso jurista, ex senador de la Nación, digno representante de la provincia de Catamarca, el doctor Pedro Villarroel. Efectivamente, este digno representante de nuestra provincia sostuvo acá una posición contraria a la derogación de la ley de subversión económica. Sin perjuicio de reconocer el carácter y la erudición del doctor Villarroel sobre estos temas, creo que la realidad nos demuestra que la evolución de los delitos económicos en nuestro país hace imprescindible que nos opongamos a derogar justamente esta ley, que es la que ha permitido considerar como sujeto pasivo exclusivo, pero no excluyente, a la empresa o a la persona jurídica.
Vuelvo a señalar que las causas, las querellas iniciadas por el Banco Central de la República Argentina se han basado en la violación a la ley de subversión económica porque el artículo 6 de esta ley no penaliza una actitud de defraudación o actitudes infieles, sino que permite alcanzar estos delitos que atentan contra el orden económico y social de nuestro país porque son producidos por empresas o por entidades financieras que tienen características especiales --no son cualquier sociedad ni cualquier tipo de empresas--, se trata de empresas o sociedades que brindan servicios públicos o de interés público o que reciben subvenciones públicas. Si analizamos lo que ha sucedido en estos últimos años, veremos que en la década del 80 han quebrado más de doscientas entidades financieras en nuestro país, lo cual ha generado un perjuicio económico por varias decenas de miles de millones de pesos.
En la década de los 90 alrededor de cincuenta o sesenta entidades financieras quebraron con la excusa del efecto "tequila", cuando en realidad la verdadera razón de la debacle no fue ni el efecto "tequila" ni el efecto "caipirinha" ni la crisis asiática, sino las actividades ilícitas que desde el seno de esas mismas empresas llevaron adelante banqueros, que con autopréstamos o préstamos a testaferros sin capacidad de repago de esos créditos, produjeron el vaciamiento de estas empresas. Por ejemplo, en el caso del Banco Mayo, de los 300 millones de pesos que en concepto de redescuentos recibiera esa entidad, la mayor parte de esa suma fue transferida por vía clandestina a mesas de dinero en el exterior de los propietarios de esta entidad financiera.
En el caso "Moneta", de acuerdo con los informes de la Comisión Bicameral, surge que los bancos de propiedad de ese grupo tenían multas que pagar por un monto de 60 millones de pesos por violación a las normas financieras. Y, a la par de no pagarlas, recibían redescuentos por 80 millones de pesos, lo que llevó a la Comisión Bicameral a concluir que las normas contra el lavado de dinero del Banco Central de la República Argentina parecían haber sido elaboradas pour la galerie.
En definitiva, reconozco que nosotros, senadores de la Nación, actuamos conforme a nuestras convicciones. Así como lo escuché decir esto, aquí, al senador por La Rioja, yo también voto no desde una posición dogmática sino siendo honesta con mis convicciones. Nosotros, desde el Frente Cívico y Social de Catamarca hemos apoyado muchas iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo nacional. Pero nuestros límites al consenso están fijados por nuestras propias convicciones. Nuestra predisposición al consenso no puede ir más lejos de los límites que establecen nuestras propias convicciones. Y estamos convencidos de que, hoy, con esta ley como marco, el Banco Central de la República Argentina, el Estado argentino, ha denunciado a estas entidades financieras. Si nosotros la derogamos, habremos dado el tiro de gracia, como dije hace un momento, al sistema financiero argentino, porque por generaciones los argentinos no volverán a confiar en él cuando, a la par de haber sido estafados en sus ahorros, perdidos o incautados en los bancos, vean que se tiende un manto de impunidad, que se abre un proceso de amnistía, de exculpación o desincriminación para estos banqueros.
Creo, como dijo hace un momento el senador por la Capital, que lo correcto, en el afán de hacer una propuesta, es que este Congreso conforme un grupo, una comisión, que convoque a expertos, que consulte a los organismos que tienen competencia sobre la materia, que consulte al Banco Central de la República Argentina, a la UFICO, a la Procuraduría General del Tesoro, a la Oficina Anticorrupción, a expertos en la materia, a las facultades de Derecho de mejor nivel académico de nuestro país, que abra un proceso de debate de cara a la sociedad sobre los alcances de esta norma y que, en un plazo breve, proceda a analizarla en profundidad y a proponer las modificaciones pertinentes porque, sin lugar a dudas, es una norma perfectible. Pero lo que no podemos hacer --acá no ha habido nadie que, con honestidad, pueda sostener que no lo vamos a hacer-- es abrir una posibilidad para que algún juez considere que pueden quedar sin efecto causas que tienen el valor de cosa juzgada, que son sentencias firmes y que han sido dictadas por violaciones a la ley de subversión económica.
Pienso que el Fondo Monetario Internacional no puede ver con malos ojos que este país quiera asimilar su derecho penal al de los países del Primer Mundo. Pero creo también que los argentinos tenemos derecho a adecuar nuestra legislación penal a la de estos países. Sin embargo, lo que más debemos resguardar es nuestro carácter de Nación. Y Nación implica compartir valores; compartir un pasado, un presente y un destino común.
En honor a nuestro pasado, a nuestros próceres, a quienes construyeron esta Nación, a los Estados provinciales que representamos, pienso que no podemos silenciar en este recinto nuestro repudio y nuestro rechazo más enérgico a lo que ya es una intromisión desembozada e irrespetuosa de funcionarios del Fondo Monetario Internacional, que es culpable de la situación por la que atraviesa la Argentina, que ha sido cómplice, en muchas circunstancias, de estos procesos que han socavado la credibilidad de los argentinos en sus instituciones y que han llevado al país a la insolvencia económica. Entonces, el Fondo Monetario Internacional --del que nosotros también formamos parte como país-- no tiene derecho alguno a no hacer una autocrítica y a pretender imponerle a la Nación Argentina salir de la recesión con más ajuste.
Creo con toda sinceridad que ha llegado la hora de decir basta, nuestro país no admite un solo agravio más. El pueblo ha demostrado ser paciente pero esa paciencia no es infinita y realmente el Congreso no puede darse el lujo, aun partiendo de las más profundas convicciones y de la mejor buena fe de sus integrantes, de dejar ningún resquicio, ni el más mínimo, en este escenario de crisis terminal de credibilidad en el sistema financiero argentino, de que esos ahorristas que han sido víctimas de delitos deban ver que son ciudadanos de segunda porque los banqueros que lo han estafado pueden llegar a ser amnistiados o exculpados por la derogación de esta ley.
Por esas razones, voy a votar en contra de este proyecto.
Sr. Presidente (López Arias). -- Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. -- Señor presidente: voy a tratar de ser lo más breve posible, sin repetir argumentos que se han vertido de manera por demás consecuente. Lo voy a hacer de manera prudente porque realmente considero que este proyecto en tratamiento, de traducirse en ley, se va a proyectar sobre los procesos y, obviamente, sobre las investigaciones en curso.
Adelanto que lo hago con el pleno convencimiento de que luego de meditado el sustento de mi voto lo voy a hacer por la negativa. No voy a acompañar este proyecto de ley. Trataré de verter mis consideraciones de la manera más prudente posible para que no pese sobre los jueces que van a tener que defender procesos e investigaciones en curso.
En realidad una de las reflexiones tiene que ver con los cambios de criterios de los legisladores en materia penal. ¿Por qué los legisladores van cambiando los criterios en materia penal y los adaptan a la nueva legislación? En realidad, porque hay una conciencia penal colectiva que se sustenta, seguramente, en lo que es y lo que tiene esta sociedad como andamiaje que le da sustento a la posibilidad real de reproche penal de un tipo delictivo --en este caso con una ley que se va a modificar-- y cómo asume nuestra sociedad esta situación. Esto ha pasado, por ejemplo, con el tipo penal del adulterio. El adulterio pasó a ser una antigualla --no se aplicaba-- y se cayó en virtud de que realmente había una lectura generalizada en nuestra sociedad de un tipo penal que no tenía aplicación práctica. Pero esto no es lo que está pasando hoy con la ley 20.840 ni con los tipos penales que tipifica.
Por el contrario, creo que hay un ánimo general --que expresan inclusive los legisladores en este recinto-- de investigar y de llegar al reproche de aquellos que han tenido conductas que han lesionado severamente la economía nacional y el interés individual de muchos argentinos. Todas estas actitudes o conductas encuadran o podrían encuadrar en los tipos delictivos previstos en la ley 20.840.
En realidad, el clamor no es hoy la derogación de un tipo penal ni la modificación, aún para agravarlo, si podría haber la más mínima duda de que esto en realidad va a entorpecer, enturbiar o desbaratar investigaciones o procesos en curso; y esta es una cuestión no menor para el Parlamento argentino. La modificación de una la ley penal es un gran tema; no menor. Aunque defectuosamente, la ley 20.840 desde el punto de vista técnico pretende sancionar conductas que evidentemente no están adecuadamente previstas en los tipos penales tradicionales clásicos, por ejemplo, en el artículo 173 inciso 7°.
La señora senadora preopinante decía bien hoy y traía a relación sociedades de objeto lícito con actividades ilícitas. En realidad, el parangón surge más claro cuando se vincula el tipo penal con el artículo 18 y 19 de la Ley de Sociedades que prevé ese tipo de sociedades, o con el artículo 13 y concordantes de la Ley de Entidades Financieras.
Las complejas relaciones que se han materializado entre entidades financieras extranjeras con filiales locales; entidades que operan aquí y en otros lugares del mundo pero no con filiales; entidades financieras que tienen en nuestro país --o han tenido-- una virtual representación pero que no tenían autorización para funcionar como entidades financieras; y la razón por la que ha recobrado tremenda virtualidad esta ley 20.840 --los artículos que han quedado vigentes-- no es por casualidad, sino por decisión de este propio Parlamento. Evidentemente, porque se ha puesto la mano en la investigación acerca de la salida dudosa de fuertes sumas de dinero. Concretamente, es lo que se ha dado en llamar el doing business indirecto y está vinculado con estas representaciones aludidas de entidades financieras que hoy están siendo investigadas por los jueces de la Nación.
La técnica de la modificación puede llevar realmente a la despenalización. En realidad, lo que la modificación está proponiendo avanza en el cambio de contenido de la figura penal, avanza en la eliminación del tipo culposo y avanza en algo que no es menor: la omisión de denuncias previsto en el artículo 9° de la ley actual.
Con la modificación existe un elemento subjetivo que va a tener mayor rigor. Pero esto va a ser que investigadores y juzgadores obviamente deban acumular mayores pruebas para acreditar la existencia del delito. Y se trata también de algo que, por más que parezca engorroso, debe explicarse que tiene que ven con la sucesión de leyes penales en el tiempo. El principio penal que impera es aquel según el cual, producido el hecho, se juzga con la ley del acto, pero instantáneamente surge la primera limitación que es el de la ley más benigna, aún cuando fuera sancionada con posterioridad al hecho que se va a juzgar. En realidad, este es un principio que está alcanzado y sustentado en las garantías constitucionales que hacen específicamente a la libertad y que en forma inderogable se encuentran consagrados de manera positiva en el Código Penal, a través de sus artículos 2 y 3.
En realidad, la cuestión se complica mucho más con la modificación, porque si uno tiene un tipo penal que ha sido derogado como, por ejemplo, el tipo penal del adulterio, los hechos no alcanzados en su juzgamiento no van a poder ser perseguidos por la acción del Estado. Pero cuando se modifica, si la formulación del tipo penal es idéntica al anterior y se agrava la pena, el hecho va a ser alcanzado por el tipo penal más benigno, pero cuando es modificado debe evaluarse in totum el sentido de la ley; es decir, si se cambian principios generales, eximentes, atenuantes, tentativa, complicidad; si se modifica el contenido del delito o bien sus consecuencias. En los casos señalados debe aplicarse la pena más severa o más benigna.
En este caso concreto, se está modificando claramente el tipo penal al quitar la malicia y el ánimo de lucro, que la Corte había tipificado bien en sus pronunciamientos, indicando que era el tipo o el ánimo de lucro desmedido el que atentaba contra el interés general.
En las modificaciones que se proponen se está incluyendo la palabra "fraudulentamente" que no es una cuestión menor porque en materia penal no son términos intercambiables. Este cambio de criterio de legislador, dicho otra vez con la mayor prudencia posible, es para no entorpecer la labor de los jueces que van a tener que mantener investigaciones en curso y tipificar delitos. Ellos no van a poder aplicar la nueva ley porque, obviamente, tiene una mayor severidad en la pena y no puede aplicarse con efecto retroactivo, pero, al menos, introduce una clara proyección sobre la ley penal vigente porque ha dejado de ser considerada por el legislador.
Por ello asumo con absoluta responsabilidad y plena convicción el no acompañamiento de este proyecto de ley que está en consideración. Estoy convencido que, al menos, va a tener proyección en las investigaciones y procesos en curso y que va a materializar, sin ninguna duda, defensas que van a oponerse en juicio, por lo que va a tener que obrar una tremenda convicción y responsabilidad de parte de los jueces para evitar la despenalización de los tipos penales que están siendo investigados.
Es por eso que, reitero, con absoluta responsabilidad y convicción sostengo que no voy a acompañar ningún proyecto de ley que tenga el atisbo de desbaratar una investigación en curso. En realidad, son múltiples las expectativas que se han generado sobre las investigaciones que se están realizando. Coincido con algo que he escuchado, respecto de que si durante estos meses o período de tiempo ha habido algún juez que se ha excedido abusando de sus facultades, debe ser puesto en orden por los procedimientos que marcan los mecanismos legales y constitucionales vigentes, pero en realidad, las investigaciones sobre este tipo de delitos económicos, deben seguir asegurando lo que estimo que también es el clamor de este recinto: la determinación de la responsabilidad y el castigo a quienes, evidentemente, tuvieron actitudes que han vaciado nuestro sistema financiero y bancario, que han tipificado delitos en la ley penal vigente y que, por lo tanto, deben ser investigados en profundidad.
Hay instituciones financieras no sólo extranjeras sino públicas que deben ser evaluadas en su responsabilidad penal. Esto es lo que debe conseguirse también de instituciones que han desbaratado y que han sido devastadas. Hablo también del caso de las provincias, donde las instituciones bancarias propiedad de los Estados provinciales, a veces como accionista mayoritario, han sido devastadas por el accionar irresponsable de quienes fueron designados por Ejecutivos provinciales en su caso, nacionales en el otro, y que contaron obviamente con el accionar de quienes han medrado con esa conducta, al menos cómplice, con grupos que han devastado la economía nacional así como instituciones que en algunos casos hacen a las economías provinciales. Lo dicho, contestes con lo que ha sido coherente con posiciones que asumimos antes de hoy: el hecho de que tiene que ser una investigación a fondo y tendiente a asegurar que no haya no digo ya impunidad, sino ni siquiera atisbo de posible desbaratamiento de investigación, de procesos o de causas judiciales en trámite.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). -- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra la señora senadora Seguí.
Sra. Seguí. -- Señor presidente, señores senadores: no acostumbro hablar en este recinto porque sé escuchar y disfruto haciéndolo. Incluso, a veces he creído que mis palabras iban a sobreabundar o podrían reiterarse con las de otros señores senadores, pero en esta ocasión siento la responsabilidad de explicar públicamente las razones que me llevan a acompañar el proyecto de la mayoría del bloque justicialista, que no tengo dudas de que va a ser el de la mayoría de la Cámara en esta sesión.
Como presidenta de la Comisión Investigadora de Entidades Financieras, me siento aun más constreñida a dar razones de por qué este proyecto debe apoyarse tal como está siendo sometido a consideración. Yo no puedo venir a decir, como han hecho otros, que tengo una verdad revelada; una verdad de la que no existe ninguna manera de apartarme; una verdad respecto de la cual no existe ninguna duda. Yo solamente puedo decir, como lo hizo algún otro senador, que vengo a votar en absoluta libertad y que quiero colaborar en la hora quizás más difícil de la Argentina con un voto de confianza a la resolución del grave problema de desencuentro nacional, así como también a la resolución del grave problema de encuentro de los argentinos con nuestro destino, sobre todo en el punto económico y social en el que estamos inmersos.
Creo que vale la pena recordar que la Argentina de hace casi tres décadas viene teniendo en su sistema financiero unas características que han hecho que alguien defina a la economía argentina como un modelo capitalista financiero de endeudamiento.
Vale la pena recordar cuál ha sido el volumen, la magnitud que el negocio financiero ha tenido en la economía argentina. Vale la pena recordar cuáles han sido las políticas del Estado en estos últimos años. Vale la pena recordar que, de alguna manera, el Estado ha desertado de algunas responsabilidades claves en esta materia. Vale la pena recordar que tenemos una legislación vigente en materia financiera, en materia bancaria, que ha hecho posible esto que hoy nos lamentamos: no solo la quiebra del sistema financiero sino también la fuga de capitales, quizá direccionada, quizá intencionada, en la Argentina.
Vale la pena recordar que cuando algunos queremos desenmarañar el problema inquietante del sistema financiero en la Argentina nos encontramos con el principal obstáculo de la legalidad en la que se han movido estos intereses. No sólo han estado autorizados a ganar enormes y suculentas rentas sino también han estado permitidos, autorizados por las reglamentaciones vigentes a retirarse de diversas formas del país. Eso se ha hecho con la anuencia de las entidades de control. Y eso se ha hecho a pesar de los controles, que eran responsabilidad de este Senado sobre su Banco Central. Y desgraciadamente sigue ocurriendo, de alguna manera, o por lo menos no poniéndose en evidencia.
Como presidenta de la Comisión Investigadora de Entidades Financieras me ha tocado encontrarme, ya en esta gestión de gobierno, con la falta de colaboración, en algún sentido, del Banco Central de la República Argentina, que no ha respondido, amparándose en el secreto bancario, a algunas preguntas que le ha hecho la comisión.
Fíjense que el Banco Central se ha tomado yo diría el atrevimiento de decir al Congreso que las leyes que aquí se sancionan, habiendo dispuesto oportunamente el secreto bancario, le son oponibles al mismo Congreso cuando luego investiga sobre el sistema financiero. Y eso se hace en una apariencia de absoluta legitimidad y legalidad.
--Ocupa la presidencia el señor vicepresidente 1 del H. Senado, senador Raúl Baglini.
Sra. Seguí. -- Entonces, en un país donde el Código Penal completo tiene figuras que podrían incriminar, que podrían aplicarse y podrían permitir la condena de quienes violentaran esas conductas, donde todos sabemos que la justicia está cuestionada no solo en su eficiencia sino en la idoneidad y la conducta de algunos de sus miembros, me pregunto cómo es posible que a nosotros, a pesar de que esas normas están vigentes, no nos preocupe tanto que sean aplicadas eficientemente por los jueces.
Cómo es posible que nosotros, que no estamos pudiendo dar a los ahorristas una solución efectiva y no sólo normas sino soluciones económico financieras que les den la posibilidad de tener alguna vez la devolución de sus ahorros le queramos decir a la comunidad que, manteniendo un tipo amplio en el Código Penal, daremos alguna satisfacción si el daño ya se ha producido al amparo de la normativa vigente.
¿Qué Estado es el que va a permitir tener un tipo penal abierto, como el de la supuesta subversión económica, para que algún juez arriesgado la aplique de manera amplia a banqueros que en todo el proceso, mientras debían ser controlados por el Estado, no lo fueron en virtud de que las normativas permitían que esas conductas, que pretendemos que un juez considere ilícitas, fueran tenidas por absolutamente lícitas y legítimas, apreciadas por la comunidad y por la apariencia que da el ser bancos de un sistema financiero autorizado por el Banco Central de la República Argentina?
El engaño y el daño, en todo caso, ya se han producido. Prácticamente, ya se está reconociendo que los ahorros de los depositantes, en gran medida, deberán ser garantizados y devueltos por el Estado. Ojalá que el ministro de Economía logre, como parece en las últimas horas, que los bancos respondan también en gran medida por esos ahorros. Pero la quiebra del sistema financiero prácticamente ya se ha producido. Los responsables políticos de esta quiebra tienen que responder. Dejemos de engañar a la comunidad con la posibilidad de que algún juez arriesgado, como he dicho, reiterando normas del Código Penal, que tiene a mano y puede aplicar a otros procesos, vaya a utilizar una figura amplia del tipo que se considera. Dejemos de prometer a la gente cosas que no le resuelven su situación.
Es muy difícil acompañar al gobierno en esta ocasión. Hubiera sido más fácil distinguir entre probos y réprobos, distinguir entre quienes no tenemos ninguna responsabilidad con los hechos de la Argentina durante las últimas décadas; en este momento quizás hubiera sido más fácil tomar una posición de apartamiento y de no acompañamiento a un presidente que, a todas luces, es frágil.
Pero les aseguro que hago esto con absoluta responsabilidad. Creo que no es sincero permitir que los crímenes se cometan y ofrecer a la gente cosas que no le implican soluciones.
La sanción que va a producirse en el día de la fecha estoy segura que no despenaliza. Simplemente, en lo central ha acogido lo que es la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando ha exigido, sobre el bien jurídico tutelado, que el perjuicio que se haya ocasionado afecte los intereses generales de la Nación.
Al incluir al tipo penal del artículo 6 una exigencia de resultado, estoy convencida de que centralmente lo que se ha recogido es aquélla opinión y que el tipo penal no ha cambiado sustancialmente, solamente se ha precisado.
En el único punto en el que sí hay una exigencia adicional, es aquel en el que se exige que haya fraude, lo que debe ser entendido en perjuicio y como maniobra con el fin de engañar. Y en todos esos casos, les aseguro que hay maniobras tendientes a engañar y hay actos en perjuicio de la Nación, delitos que deberán ser probados por los jueces. Los que estamos con responsabilidades públicas tendremos que dedicarnos a legislar para que estas cosas dejen de ocurrir en la Argentina, sobre todo en el sistema financiero que, a mi criterio, exigirá profundas reformas.
Sr. Presidente (Baglini). -- Tiene la palabra la señora senadora Bar.
Sra. Bar. -- Señor presidente: durante esta extensa jornada hemos escuchado alegatos de parte de senadoras y senadores que han tenido una larga trayectoria en este recinto.
Pero también hemos escuchado dos versiones o interpretaciones. Los libros de Derecho siempre nos dicen que toda norma puede ser interpretada de diferentes maneras, según la óptica desde que uno la mire.
Con el mayor de los respetos hacia las ponencias de mis colegas, interpreto que si la ley 20.840 ha tratado de ser modificada --o derogada-- en dos oportunidades, y sólo se la ha podido modificar una vez, cuando el presidente de la Nación era Raúl Alfonsín, tengo la sensación de que no es fácil decir "la cambiamos o la derogamos, y que queden todos libres, sin cargo ni culpa".
Interpreto que la derogación o modificación traerá consecuencias nefastas en los casos en que haya gente procesada por esta ley.
Por eso, no creo conveniente en este momento de falta de credibilidad por parte de la sociedad y de espera de una mayor justicia --como dijo la senadora preopinante, se han evadido capitales y nada ha pasado, no hay ningún detenido por esta causa--, modificar o derogar algunos artículos, ya que no estarían tipificadas las figuras de lucro, malicia, culpa, imprudencia, negligencia, y hasta la posibilidad de denunciar el conocimiento.
Considero que no es oportuno tratar hoy este proyecto de ley. La sociedad espera medidas que le resuelvan los problemas cotidianos: la desocupación, el trabajo, los planes sociales y la alimentación.
Voto a conciencia; por primera vez, en contra de lo dispuesto por mi bloque. Voy a votar por la negativa con total tranquilidad --de acuerdo con mi formación--, y sin ningún tipo de presión.
Me molestó recibir ayer una nota, en donde la diputada nacional Carrió manifiesta que prácticamente planteará una denuncia si votamos afirmativamente esta ley.
Creo que cada uno de los que estamos sentados en las bancas es responsable, y que siempre que levanta la mano lo hace a conciencia. Por eso repudio estas intimidaciones. Estamos en plena vigencia de la democracia, y cada uno sabe cómo debe votar.
Quisiera que en nuestro país los culpables sean sancionados. Y leeré una publicación de hace unos días, en donde figuran empresas que liquidaron activos y dividendos, y que se llevaron a España más de 5 mil millones de dólares.
Repsol--YPF el 29 de noviembre pasado, dos días antes de la instauración del "corralito", se aprobó un dividendo anticipado de 787 millones de dólares.
La segunda empresa que más ha reducido el riesgo en la Argentina es Telefónica de Argentina. El año pasado distribuyó 300 millones de dólares en dividendos.
Y hay un ránking de desinversión. Endesa ocupa el tercer lugar con la venta de su capital en Edenor. Dicha operación ascendió a 834 millones de euros, es decir, 741 millones de dólares.
El Banco Santander Central Hispano recurrió al camino de los dividendos para recuperar fondos de su filial, el Banco Río. Se refería expresamente a la repatriación al grupo de 300 millones de euros, es decir, 267 millones de pesos en el ejercicio 2001.
Otro banco, directo competidor del anterior, también aumentó los dividendos que venían de la Argentina. Se distribuyó 73,37 millones de dólares en el 2001, un 75 por ciento más que el año anterior.
Una empresa de gas se limitó a elevar un 19 por ciento su dividendo en el 2001.
Fíjense que aun estando vigente la ley 20.840, hemos observado con estupor esta evasión; y si, además, queremos modificar o derogar el ánimo de lucro, la malicia y la imprudencia, ¿cuáles serían hoy las conclusiones en nuestro país?
Inclusive, nuestro país ha sido tildado por funcionarios de Estados Unidos de corrupción. Yo creo que es hora también de dar muestras de que no queremos la impunidad, la amnistía encubierta y sí queremos estar en un mundo globalizado. Nadie quiere romper con el Fondo Monetario Internacional.
Dentro de los catorce puntos que fueron suscriptos por los señores gobernadores con el señor presidente de la Nación figura la derogación de la ley de subversión económica, pero también allí hay otros puntos que son de interés para la sociedad, como el de coparticipación federal de impuestos; garantizar las acciones que restablezcan en forma inmediata un sistema financiero sólido y confiable; propiciar una reforma impositiva integral, moderna y simplificada que aliente y estimule la inversión de capital e impida la evasión y el contrabando; propiciar la repatriación de capitales argentinos destinados, principalmente, a proyectos productivos con demanda de mano de obra. ¿Por qué, entonces, tanta urgencia en tratar uno de esos catorce puntos? Así, tal vez, quedará la sensación en la sociedad de que los senadores estamos asegurando o propiciando que habrá impunidad en nuestro país.
Fíjense que el Fondo Monetario Internacional pide que se derogue esta ley, pero también a través de versiones periodísticas tomamos conocimiento de que el Fondo solicita que las provincias no emitan más bonos. Yo provengo de la provincia de Entre Ríos, donde la semana pasada el Poder Ejecutivo provincial pidió que se apruebe la emisión de 112 millones de bonos, anunciando que próximamente va a solicitar la emisión de otros 100 millones para pagar salarios. Cabe señalar que los salarios son pagados íntegramente en bonos, que no son aceptados por empresas privadas y comerciantes. Esto ha producido un gran caos social y económico en la provincia de Entre Ríos, como es de dominio público. Entonces, con mucho respeto y con conciencia, voy a votar por la negativa el proyecto de modificación de algunos artículos de la ley 20.840, porque quiero un país donde no haya una amnistía encubierta, donde no haya impunidad y donde podamos trabajar en forma libre y autónoma para que los culpables sean realmente sancionados por la ley que corresponda.
Sr. Presidente (Baglini). -- Tiene la palabra la señora senadora por Jujuy.
Sra. Arancio de Beller. -- Señor presidente: a ninguno de los que estamos aquí escapa la profundidad de la crisis que vive el país y creo que a nadie le debe escapar, cuando analicemos sus causas, que en este país se han aplicado las recetas que los poderosos del mundo han diseñado y nos han propuesto aplicar.
Durante todos los años que venimos cumpliendo con las recetas del Fondo no hemos visto propuestas que impliquen reactivación económica, que planteen una legislación tributaria progresista o que exijan un shock redistributivo equitativo. Muy por el contrario, las medidas que hemos ido tomando a propuesta de los organismos financieros acreedores han significado consagrar un país de desiguales.
En definitiva, hemos venido siendo el país en el que se intentaba mostrar una serie de recetas que, simplemente, sirvieron para empobrecernos y hacernos más dependientes. Por ello, yo creo que no es arbitrario decir que del fracaso también deben hacerse cargo los que ahora quieren soltarnos la mano, los que ahora nos quieren decir en qué sentido deben ser nuestras leyes y cuáles deben ser nuestras urgencias.
Han avanzado tanto en lo que es el agravio al pueblo y al gobierno argentinos que no sólo los representantes de estos organismos acreedores se atreven a hacernos propuestas. Se ha llegado al caso de que el economista Dornbusch, asesor de los bancos de inversión, nos ha venido a decir que somos incapaces de gobernarnos, que tenemos que terminar de entender eso y que lo que nos conviene es que nuestra política monetaria, cambiaria y de control de gestión esté en manos de funcionarios extranjeros. Han llegado las apreciaciones internacionales a descalificar a nuestra Nación planteándonos como mendigos de préstamos. No sé si esto ha sucedido porque no hemos dado muestras claras de que por el hambre no significa que estemos dispuestos a perder nuestra dignidad.
Las apreciaciones vienen de todos lados y de funcionarios de distinto rango. Ese Fondo Monetario, el que como bien dijeron en este recinto, nos mostraba como ejemplo de lo que se debe hacer, es el mismo que hoy a partir de su presidente nos está diciendo que debemos seguir haciendo los esfuerzos y mostrando voluntad para recibir ayuda financiera. Es la vicedirectora de esta institución internacional la que nos dice que va a diseñar un plan sustentable para nuestro país. Yo me pregunto: ¿sustentable y beneficioso para quiénes? Porque hace años que aplicamos las políticas que ellos nos están proponiendo, pero cada día hay más pobres y no vino la solución para el trabajador ni para la salud ni para ninguno de tantos niños que tenemos en la calle.
Digo también que no podemos creer nosotros que vaya a venir ayuda de este organismo porque la propuesta más avanzada que tienen es destrabar 9.000 millones de pesos para pagarse a ellos mismos, es decir, no va a venir un peso. Como bien se dijo, va a ser un asiento contable para arreglar sus acreencias. Nos siguen pidiendo sacrificios. El presidente Bush dijo que tenemos que hacer los ajustes, por más drásticos que sean, para que el Fondo confíe en nosotros. Pero me parece que ya no hay margen para seguir haciendo ajustes. No sé cuánto les interesa. También hemos escuchado al titular de la Reserva Federal diciendo que como la crisis argentina no va a producir un efecto contagio, no hay en realidad mucho de qué preocuparse. De manera que no termino de entender cuán importante puede ser que nosotros terminemos dando solución a los temas que son urgentes para estos acreedores extranjeros pero no lo son para solucionar los temas de nuestro país.
¿Desde dónde se paran estos señores especialistas en números para fundir naciones, para venir a proponerle al gobierno argentino y al Parlamento nacional qué es lo que deben hacer? Me pregunto desde dónde se paran estos señores y qué compromiso tienen con nuestras cosas, qué compromiso tienen con los sectores y con los gobiernos, estos especialistas en intervenir en guerras ajenas, en sembrar hambre en naciones pobres, en someter países débiles y en derribar democracias cuando las dictaduras les han sido funcionales. Por ello es que no entiendo cuáles son los beneficios de que hoy tratemos una ley, que puede ser urgente para el Fondo pero que, por años, ha regido en este país sin que aparentemente haya traído ninguna complicación judicial grave que mereciera por el bien de los argentinos alguna modificación.
Estos señores son los mismos que tienen la responsabilidad de los 300 millones de pobres que hay en América latina. Esto nos va pintando que, en realidad, todo lo que se pueda hacer apunta a tener un país que dependa más de ellos. Esa ha sido la política de todos estos años: que hoy tengamos que estar sancionando leyes nada más que para que nos habiliten un préstamo para autopagarse.
El presidente de mi bloque bien ha manifestado que no participamos nosotros en la idea de la derogación ni de la modificación de la ley. Y en este recinto, así como también en las consultas que se pueden haber hecho a especialistas en derecho vemos que hay dos bibliotecas: hay quienes dicen que no afecta la cuestión del procesamiento de los ya procesados o condenados, como tampoco la de los que podrían procesarse en lo inmediato. Y hay otros juristas y señores senadores que, en este mismo recinto, han manifestado la posición contraria. Este es otro argumento más para decir que, ante la duda y la posibilidad de que un juez interprete esto, por qué nosotros que queremos un país justo, que podemos poner presos a los chicos que roban algo para comer, vamos a correr el riesgo de dejar afuera a aquellos que han vaciado el sistema financiero argentino.
Particularmente, opino que los que están apurados por encontrar su amnistía, a partir de lo que aquí pueda resolverse, tienen que empezar a ver que, para que este país sea distinto, desde las instituciones podemos ir demostrando que nuestro primer compromiso es aquí, adentro, con nuestra gente y, luego, cuando lo nuestro esté solucionado, honrar los compromisos y cumplir hacia afuera.
No creo que, si esta ley no sale, se produzca el caos, algo que estamos acostumbrados a escuchar. Sí creo que puede producirse el caos si no solucionamos el cierre de los comedores infantiles, la desocupación, el problema de los hospitales con médicos que ya no pueden salvar vidas, etcétera. Ese es nuestro problema urgente y de fondo. No creo que por esta cuestión, que hoy podrá sancionar esta Honorable Cámara o no, vayamos a poner en peligro al país ni al gobierno.
El país está en peligro porque hay cinco millones de chicos que no comen. Ese es nuestro dilema. La cuestión no pasa por seguir manejándonos con una agenda que no tiene en cuenta la prioridad del pueblo argentino, sino la de aquellos que tienen la intención de seguir sometiéndolo. Por ello es que comparto lo que ya se ha dicho, la postura de mi bloque, y no voy a apoyar ningún tipo de modificación a este instrumento que, hasta hoy, ha sido la garantía para que no gocen de impunidad aquellos que cometieron delito.
Sr. Presidente (Baglini). -- Tiene la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. -- Señor presidente: han sido muy variadas las opiniones que se han vertido en este debate pero, sin embargo, hay una conclusión que creo todos vamos a compartir. Esta no es una ley pacífica. Ha dividido el bloque oficial, el de la oposición y el de los provinciales, por decirlo de alguna manera. Yo me he puesto a pensar por qué esas divisiones, estos encontronazos tan severos como los que estamos teniendo esta noche acá. Y me dije: bueno, puede ser el conflicto que alguna vez también referí entre la ética de las responsabilidades y la ética de las convicciones, el famoso teorema de Max Weber de fines de siglo XIX que --a mi juicio-- fue enriquecido y obtuvo mucho más peso, y no precisamente físico, por el teorema de Baglini. De manera que algún día alguien tendrá que hacer una síntesis entre Max Weber y Baglini, porque Baglini, el ilustre presidente que hoy tenemos, es el autor de la teoría de que las opiniones cambian según las cercanías del poder.
También me lo solía decir Frondizi. ¿Se acuerdan? Decía: "El gobierno es como el violin: se toma con la izquierda pero se toca con la derecha". Entonces, yo me dije: será que esta es una cosa maléfica que rodea las opiniones políticas.
Hoy escuché otra tesis de mi distinguida colega y amiga, que sabe cuanto la aprecio y la admiro por su bravura, porque pareciera ser que las opiniones cambian según las circunstancias históricas. Entonces, un día uno puede estar a favor de una cosa pero si las circunstancias históricas cambian, uno está en algo diametralmente opuesto, y eso es...
Sra. Fernández de Kirchner. -- Evolución del pensamiento.
Sr. Cafiero. -- Claro que sí. Eso es muy peronista, compañera; muy típico del gobierno de Perón, quien tenía sobre esto su propia interpretación. El decía que la virtud del estadista o del político es tratar de cambiar la realidad para acercarla a su ideal y revisar ese ideal para acercarlo a la realidad. Entonces, eso es lo que de alguna manera justifica la tarea del político en la sociedad. Somos los que estamos encargados de producir esas transformaciones. Claro que después de este debate van a quedar muchas dudas sobre si estamos realmente en el buen camino. Porque los que nos movemos por la ética de la convicción --y todos somos de una manera u otra miembros o militantes de partidos de raigambre nacional y popular, digámoslo de una vez--, hoy quisiéramos ver en la política argentina reivindicados los principios económicos del keynesianismo, tal como se definieron y utilizaron en los años de la inmediata posguerra y más o menos hasta la década del 70. Algunos pueden pensar: estos se quedan en el pasado. Hoy, a las 17 y 44, para ser más específico, he encontrado declaraciones de Joseph Stiglitz, profesor de Economía en la Universidad de Columbia, premio Nobel de Economía y vicepresidente del Banco Mundial. El dice que los déficit que tanto nos preocupan no son el único y ni siquiera el más importante factor que determina la confianza de los inversionistas. Un país en recesión o en depresión no inspira confianza. El primer efecto de los recortes del gasto es una mayor caída del ingreso y con ello una caída de la rentabilidad de la inversión.
Dice Stiglitz: "Entre 1999 y 2001 el gobierno central de la Argentina había hecho un trabajo impresionante al recortar el gasto en un 10 por ciento. ¿Qué hubiera pasado si los gobernadores provinciales de la Argentina hubieran también sido milagrosamente convertidos a la mezquina lógica del Fondo como fue requerido? Creo que la caída habría llegado antes y hubiese sido más precipitada."
Es decir, Stiglitz sostiene que la teoría muy difundida del Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que hay que restringir el gasto público como una forma de salir de la recesión, olvida las enseñanzas del pensamiento keynesiano que precisamente sostuvo lo inverso en un momento muy grave de la historia del mundo como fue después o durante la Segunda Guerra Mundial.
En una palabra, si me dejo llevar por la ética de la convicción --y creo que casi todos los que estamos en estas bancas lo convendríamos así-- desempolvaría el keynesianismo. Agregaría a los argumentos que aquí se han vertido sobre el sistema financiero algo que no se ha dicho. El sistema financiero le ha costado a los depositantes 20 mil o 30 mil millones de dólares y al Estado argentino otros 30 mil millones de dólares. Porque si hacemos la suma de todos los default que han habido en los bancos en los últimos 30 años, veremos que el Estado ha tenido que hacerse cargo de las pérdidas del sistema bancario --no ya por ser depositante sino simplemente por la responsabilidad pública que le corresponde-- por otros 20 o 30 mil millones de dólares.
Días pasados estaba meditando sobre quiénes se tienen que ir de este país. ¡Que se vayan todos y los políticos en primer lugar! Al respecto no hay ninguna discusión. Después pensé, se tienen que ir los economistas por la causal de mala praxis; sobre todo aquellos que han estudiado en universidades del exterior. En efecto, todos los políticos hemos aplicado las recetas que nos han vendido los economistas, empezando por los del Fondo Monetario Internacional. La mala praxis es lo que ha llevado en gran medida a esta crisis que estamos padeciendo.
Y conste que no soy de los que creen que la culpa la tienen sólo los de afuera. Yo creo que nosotros aportamos a nuestras culpas una gran dosis de nacionalismo, de creación propia. En eso los argentinos siempre hemos sido muy creativos. Tan así es que ustedes saben que el mundo se divide en tres tipos de países; los que se han desarrollado, los que no se han desarrollado y otros como la Argentina, que debiera ser un país desarrollado pero que nadie se explica porqué no lo es. Según algunos, es un caso único en la historia de la Economía mundial.
Y también incluí a los abogados entre los que se tienen que ir; y discúlpenme mis colegas senadores. Hoy hemos visto esta discusión entre abogados, donde un sector hace uso de la mitad de la biblioteca y el otro sector, con el mismo empeño, seguridad y énfasis, hace uso de la otra mitad. Y esto llega a tal punto que después de haber escuchado todas las opiniones de este debate si me preguntan si lo que vamos a votar despenaliza o no, no les podría contestar; estoy absolutamente a ciegas. ¡No sé!
Me convenció mucho el señor senador Menem, pero no puedo menos que escuchar también otros alegatos como los de la señora senadora Negre de Alonso. Estoy en la duda; no sé.
Claro que en esta duda tengo que hacer prevalecer la opinión política; y creo que la opinión política de este cuerpo es que si se vota esta ley --tal como lo expresó el doctor Alfonsín-- la intención del legislador es que no haya impunidad, que no se despenalice a persona alguna; que los jueces tengan en cuenta este criterio de quienes hacen la ley y que fijen jurisprudencia sobre esto. Eso me tranquiliza, pero no va a alcanzar como argumento para convencer a los que creen que esto lo estamos haciendo en beneficio de los banqueros.
En esta época mediática donde lo que es cierto es lo que dicen los medios y no lo que sucede en la realidad, estoy seguro de que mañana muchos de los que estamos acá vamos a ser escrachados porque hicimos una ley para liberar a los banqueros.
Esto es lo que, de alguna manera, me lleva a decir que entre los que se tienen que ir también están los abogados; y que me disculpen mis colegas. Entonces, un país sin políticos, economistas ni abogados puede ser feliz (Risas.)
Sr. Alfonsín.-- Y sin dentistas. (Risas.)
Sr. Cafiero.-- Ahora bien, despojándonos de toda hipocresía, quiero decir que esto del "Plan B", de un "Plan Keynesiano" que ponga en marcha acelerada la economía del país, es una opción que había sido analizada por el gobierno, que en definitiva ha tomado o definido otra política. Me refiero a que, acompañado por catorce gobernadores, ha optado por la política de los catorce puntos.
En este sentido, el Poder Ejecutivo comienza esos catorce puntos diciéndole al país --en su punto 1--, que se deben respetar los acuerdos internacionales de la Nación y reafirmar la vocación de integrar la Argentina al resto del mundo. Esto es muy claro.
Ahora bien, ¿qué quiere decir con integrar a la Argentina al resto del mundo? Significa que se debe aceptar la existencia de una cantidad de organismos internacionales que fijan en esta época de la globalización las políticas más dispares y dispersas que ustedes se puedan imaginar, ya sea desde lo económico-financiero, pasando por lo social, hasta los derechos humanos. Y uno de estos organismos es el Fondo Monetario Internacional; es el que más importancia tiene para este estado actual del país. Entonces, ¿qué hacemos?
Recién se decía aquí cómo podíamos modificar una ley que no obstaculizó la llegada de la inversión extranjera a nuestro país. Lo que ocurre, señores senadores, es que la Argentina nunca declaró abiertamente el default; es más, incurrió en las tres "D" ominosas: devaluó, llegó al default y expropió o congeló los depósitos. Esto ha generado, debemos admitirlo porque sino nunca vamos a ver la luz, un estado de inseguridad jurídica que ha sido visto desde el exterior.
Respecto del tema de la devaluación, yo fui uno de los que creí --y lo sigo sosteniendo-- que ella ya estaba dada, como se dijo acá; pero también es cierto que las asimetrías con las que se ha trabajado la devaluación han puesto en evidencia un estado de inseguridad jurídica total. Esta es la realidad para los que nos miran desde adentro y desde afuera.
Entonces, si decidimos que el primer punto de nuestro "programa argentino" es la inserción en el mundo, no nos equivoquemos y admitamos que significa la existencia del Fondo Monetario Internacional y todo lo que ello acarrea para la vida económica y financiera de nuestro país.
Es cierto que pudimos haber escogido otro camino; incluso hubo algunos que lo proponían. Y estoy seguro de que si hago un análisis en función de las éticas de convicción, el 90 por ciento de los que estamos aquí vamos a querer una cosa distinta. Pero la ética de la responsabilidad nos dice que intentar un camino abierto o fuera del Fondo Monetario Internacional, nos deja en la compañía de Albania, Camboya y no sé que otro país africano, lo que sería el aislamiento total de la Argentina.
Incluso, uno podría decir "Vivamos con lo nuestro". Pero, ¿qué quiere decir "vivamos con lo nuestro"?
-- Ocupa la Presidencia, el señor presidente provisional del H. Senado, senador Juan Carlos Maqueda.
Sr. Cafiero. -- Estamos viviendo con lo nuestro.
Entonces, mi reflexión es la siguiente. De hecho, no están dadas las condiciones políticas, económicas ni sociales. Porque si tuviéramos una situación social relativamente equilibrada, bueno; podríamos hablar de otra manera. Si tuviéramos un empresariado sano o semi sano, bueno; las cosas podrían ser distintas. Y si tuviéramos un Estado distinto --eficiente--, que se nivele a sí mismo, que esté en condiciones de promover actividades, y no como ahora, que lo único que hace es reducir cada vez más su espacio de actuación, entonces sería posible intentar un plan de vivir con lo nuestro; pero estas condiciones básicas no están dadas. El gobierno lo estudió y decidió que esa no era hoy la mejor política.
De todos modos, yo no renuncio a esa posibilidad, porque forma parte de mis convicciones, pero no de mis responsabilidades. En consecuencia, yo voy a votar este proyecto, pero no porque esté convencido de la iniciativa en sí misma sino porque creo que esta forma parte de un programa que ha dado el presidente de la República con sus catorce gobernadores, que está apoyado por las conducciones de los bloques de ambas Cámaras y que, por lo menos, crea un tejido, una suerte de rumbo sobre el cual ir elaborando la reconstrucción del país.
Ahora bien, yo soy de los que pienso que esto no debe significar que no expresemos un profundo rechazo a los agravios que venimos recibiendo. Una cosa es admitir una realidad que se nos impone por su propia presencia, otra es admitirla sin reparos y otra distinta es admitirla con agravios. Y me voy a permitir, de alguna manera, reforzar o argumentar este concepto ante ustedes.
El señor Paul O'Neill es secretario de Estado de la potencia líder del mundo occidental; de la potencia líder que es admirable por muchos motivos, pero que nunca ha alcanzado a ejercer un liderazgo fundado en valores. En efecto, el liderazgo norteamericano, lamentablemente, está más forjado en la tecnología, en el poder militar y en la fuerza económica que en los valores. Y esto no lo digo yo; lo sostienen los propios estudiosos de la realidad norteamericana. Uno de los hombres más prominentes en el gobierno norteamericano es Paul O'Neill, el que precisamente acaba de decir hace tres o cuatro días que el mundo está listo para ayudar a los argentinos; y agrega, "Cuando hayan llegado al fondo de lo soportable". ¡Fíjense lo perverso de esta afirmación! ¿O'Neill no sabe de los millones de desocupados que la Argentina ya ha generado en esta crisis que lleva más de cuatro años? ¿El señor O'Neill desconoce el grado de indigencia, de marginación y de exclusión social que vivimos los argentinos? ¿Cuál es el fondo de lo soportable? ¿Cuánto más tiene que caer el producto bruto nacional? ¿Cuántos millones más de desocupados tiene que haber? ¿Cuánto más tiene que aumentar la cantidad de indigentes, de pobres y de excluidos para que diga: "Bueno; ahora que llegaron al fondo de lo soportable les vamos a dar la ayuda"? Este es el aspecto vicioso del sistema internacional y del sistema de poder que existe en el mundo.
Vuelvo a decir: el Fondo Monetario Internacional es una institución que ha sido creada por las potencias más fuertes del mundo; ahí está y uno tiene que tratar de ver cómo negociar con él. ¡Pero esto, no! ¡Este tipo de expresiones, no! Esto forma parte de una mentalidad perversa: el fondo de lo soportable. ¿Qué será para O'Neill el fondo de lo soportable?¿Argentina como Biafra? ¿Cuál es el fondo de lo soportable? Esta frase es de una perversidad inaudita. Por eso creo que estas son las cosas donde la ética de la convicción no alcanza a emparejar las exigencias de la ética de la responsabilidad.
Más de la mitad de las exportaciones argentinas al mercado norteamericano están afectadas por barreras no arancelarias. Se trata de más de 2.100 barreras no arancelarias, restricciones que se concentran en los rubros agroindustriales donde existe la mayor competitividad argentina: lácteos, carne, azúcar, frutas, pescado, etcétera.
Los Estados Unidos subsidian a sus agricultores con alrededor de 100 mil millones de dólares anuales. Ese subsidio se traduce en una baja proporcional del precio de las exportaciones argentinas. Para colmo, los legisladores norteamericanos en la Cámara de Representantes acaban de aprobar un proyecto por el cual van a aumentar los subsidios en un 70 por ciento en los próximos seis años, a pesar de que el gobierno norteamericano tiene firmado en la última ronda de las negociaciones de la OMC un convenio por el que se compromete a bajar sus subsidios agrícolas.
Entonces, si queremos reinsertarnos en el mundo debemos reconocer la existencia del Fondo Monetario Internacional. Esto si queremos vivir en el mundo occidental, porque si lo deseamos hacer en un mundo hipotético, entonces no negociemos.
Así como admito eso, también rechazo estos agravios, estas manifestaciones que de alguna manera develan una enorme incapacidad para entender los problemas no sólo de la Argentina sino del mundo en desarrollo.
A las expresiones del señor O'Neill ahora se han agregado las del señor Colin Powell, con acusaciones indiscriminadas de corrupción. Yo digo que se transmita al señor Colin Powell que nos diga concreta y precisamente cuáles son los actos de corrupción que según él se están produciendo en la Argentina de hoy.
Qué curioso esto. Según el mismo secretario de Estado norteamericano, la Argentina es un país amigo, leal y confiable. ¡Menos mal! Porque aun siendo amigos, leales y confiables tenemos el mismo tratamiento financiero que la Cuba de Fidel Castro, las mismas amenazas que el Irak de Sadam Hussein y creo que estamos esperando que llegue lo insoportable, como seguramente le está pasando a Bin Laden. Estas son las contradicciones del mundo moderno.
Por eso digo que este debate tan rico tendría que tener otro final. Creo que como nunca se pone de relieve que los argentinos necesitamos cohesionar nuestra unión nacional. Sin eso vamos a tener que seguir soportando a los Powell, los O'Neill, y también las exigencias, a veces demasiado forzadas e injustas, del Fondo Monetario Internacional.
Así como creo que a la Argentina, que ha elegido el camino de reinsertarse en el mundo, no le queda otro remedio que reconocer las existencias de los organismos internacionales que regulan la vida del mundo en la época de la globalización, también pienso que debemos tener la suficiente madurez como para rechazar todo tipo de excesos. Y excesos son los agravios, el oportunismo desmedido --aquí cabe una crítica a nuestra clase dirigente política que mira mucho más a la cámara de televisión que lo que realmente corresponde-- y los oportunismos que nos amenazan con sanciones, aun de tipo penal, si es que votamos afirmativamente el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo.
En los años cincuenta y pico me tocó ser testigo de una amenaza similar. Esa amenaza parecida la hicieron a los legisladores peronistas, antes de la Revolución Libertadora y durante ella, por haber votado el segundo plan quinquenal de gobierno. Todos la tomamos a risa porque estábamos presos y no teníamos muchos motivos para reírnos. Nos parecía que era una acusación que tenía como objetivo intimidarnos y que no prosperaría en la Justicia. Sin embargo, hubo un juez que procesó a todos los legisladores por asociación ilícita al haber votado el segundo plan quinquenal y el promedio de cárcel de los legisladores de aquel entonces fue de tres años. Si bien luego fueron saliendo en forma escalonada, igualmente pasaron un largo período en prisión.
Ese recuerdo me viene a la memoria cuando comienzo a ver que para intimidar nuestro libre albedrío se vuelven a utilizar nuevamente estas expresiones gorilas de la sociedad, que quisiera ver extirpadas para siempre entre nosotros.
Recojo lo que dijo mi querido amigo y colega Eduardo Menem: algún día tenemos que hacer un fuerte debate sobre por qué estamos así. Debemos reconocer con la sinceridad que lo dijo el doctor Alfonsín que muchos de los que estamos acá tenemos una enorme cuota de responsabilidad y que, a través de un libre debate, debemos hacer la historia de lo que nos ha ocurrido.
Por ejemplo, sé que Rodolfo Terragno es un estudioso y, seguramente, nos enriquecería a todos con su visión de por qué estamos en estas condiciones. La culpa no es solamente del doctor Alfonsín. Por supuesto que aquella también le cabe al gobierno militar. Además, desde luego que los peronistas hemos cometido muchos errores.
Con el señor senador Menem tengo una correspondencia amistosa que nunca nos permitió abordar definitivamente el tema. Pero he dicho que el gobierno de Menem fue exitoso en su primera gestión y dejó de serlo en la segunda y quizá por razones que podrían haberse evitado. Sin embargo, el saldo que dejó a los argentinos fue netamente positivo. Ese es mi pensamiento. No me quiero referir al gobierno de de la Rúa porque, tal vez, ustedes tienen un juicio mucho más certero que el mío.
Finalmente, respecto del gobierno actual, como bien se ha dicho, imaginar su sustitución es un ejercicio imaginativo aceptable, pero cuando se lo lleva al terreno de la realidad, a mi modesto modo de ver, se convierte en una trampa feroz en la que podríamos caer los argentinos.
No imagino al país, inmerso en una gran crisis, frente a una campaña electoral.
Creo que si este gobierno de transición --que termina en setiembre del año que viene con la convocatoria a elecciones--, logra normalizar el 50 por ciento de lo que está desnormalizado en la actualidad, ya habrá ocupado un lugar en la historia junto con todos aquellos que lo estamos acompañando, aun con el sacrificio de algunas convicciones.
Hacemos una gradación de responsabilidades porque creemos que hay que salvaguardar lo esencial y que en la política no se puede jugar el todo por el todo. No creemos en la frase de Carlos Marx que decía que todo lo sólido se desvanece en el aire.
No podemos lanzar al país a una aventura sin final. Por eso creo que nuestra responsabilidad --por lo menos así lo he interpretado-- es reforzar y afianzar a un gobierno de transición que ha fijado claramente su intención de llamar a elecciones en setiembre del año que viene; y que además está haciendo todo lo que humanamente se le puede pedir a un gobernante que hereda una crisis como lo hizo el gobierno del doctor Duhalde.
Tal vez esto nunca se inventarió en la forma en que debería haberse hecho. Pero yo sustituiría ese inventario con una franca discusión acerca de por qué estamos así los argentinos, y por qué esta crisis, a pesar de todo, es remontable.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra la señora senadora Raso.
Sra. Raso. -- Señor presidente: brevemente fundamentaré mi voto negativo al proyecto de ley en tratamiento.
Deseo remarcar con claridad mi absoluta conciencia acerca de la gravedad de la situación que está viviendo el país, de la agudeza de la crisis y de las enormes presiones que se reciben de los centros de poder financieros, tanto del ámbito internacional como local.
Desde que ocupo esta banca en representación del Chubut, he trabajado y actuado en pos de la preservación de las instituciones de la República, haciéndome cargo del pasado reciente como quizás muchos --o algunos-- lo deberían hacer de años anteriores, con la respectiva autocrítica.
He acompañado y acompaño junto con mi bloque al gobierno del presidente Duhalde, anteponiendo las necesidades del Estado a los intereses y pensamientos partidarios y personales en pos de lograr el bienestar general y la paz social.
Pero este momento requiere de mucha prudencia. Tal como lo han manifestado varios senadores en este recinto, este no es el momento para introducir modificaciones que amparen a quienes han sido capaces de vaciar los bancos del país, de apoderarse del ahorro nacional y de producirnos un grave daño que nos costará mucho reparar.
El hecho de que notables financistas estén presos o de que empresas como Repsol estén investigadas, nos inhibe moralmente ante la ciudadanía de introducir modificaciones a las leyes gracias a las cuales están siendo investigados.
A pesar de los argumentos de mejoras técnicas a la norma, no quiero ni debemos ser responsables de infundir aún más dudas, incertidumbre y desasosiego al pueblo argentino.
Es por ello que votaré negativamente este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. -- Señor presidente: por lo extenso del debate trataré de ser breve. Además, la hora en que nos encontramos nos obliga a ser concisos.
El señor senador Cafiero, con una larga y dilatada experiencia política, utilizó a las éticas de la convicción y de la responsabilidad como cuestiones fundamentales en el tratamiento en este debate. En ese sentido, creo que mi bloque --a través de las expresiones de su presidente y de las que yo daré a conocer ahora-- está ejerciendo concomitantemente ambas éticas. Creo haber ejercido la ética de la convicción cuando permití la habilitación del tratamiento de este tema, circunstancia que no se ha dado en aquellos que se negaron a dar el debate y luego lo aprovecharon para decir lo que sentían.
Yo quiero destacar y rescatar las sensatas expresiones del vocero informante del bloque mayoritario, porque con él compartí la comisión bicameral que trató los dos proyectos de ley que el señor presidente de la Nación envió al Congreso para su discusión. Y recuerdo haber dicho, sin ningún tipo de especulación, que yo no iba a votar la derogación o la modificación de esta ley, no obstante lo cual es una obligación ética y moral coadyuvar a este gobierno --que entre todos hemos puesto a gobernar-- para que pueda dar tratamiento a estas dos iniciativas y, de esa manera, permitir la viabilidad seria, firme y fuerte de las instituciones del país.
Decía que rescato las expresiones del señor senador por Río Negro porque son sensatas. Él ha dicho una gran verdad desde el punto de vista sustantivo acerca de lo que pasa con esta ley. Es cierto que se trata de una ley omnicomprensiva de numerosas situaciones fácticas, muchas veces sujetas a la apreciación, al voluntarismo o a la discrecionalidad de algún juez.
Creo que el señor senador por Río Negro también dijo que tenía alguna duda con respecto a la oportunidad del tratamiento de esta iniciativa --si no fue así, pido que me rectifique--. Acá está la cuestión: desde el punto de vista legislativo, la ley es técnicamente mala y, además, es abarcativa de circunstancias que obedecieron a otros momentos difíciles del país, a punto tal que diversos gobiernos que transitaron durante ese período no pudieron lograr su derogación total. Entonces, ante esta grave crisis que vive hoy el país, de la que todos somos parte --como bien decía el señor senador, algunos más y otros menos--, todos somos responsables de encontrar el camino que nos permita salir adelante.
No sólo he dado la posibilidad de habilitar el tratamiento de este tema, sino que también he venido aquí a decir lo que pienso y lo que siento. Hemos votado otras leyes aún cuando muchos miembros del bloque mayoritario no lo hicieron. Lo hicimos convencidos de que debíamos defender la salud de la República y consolidar al presidente, a nuestro presidente, que fue puesto por este propio Congreso. Pero eso no significa que debamos votar absolutamente todo lo que manda el Poder Ejecutivo al Parlamento, en particular a este Senado.
Todos nosotros sentimos hoy dos tipos de presiones. Una externa, que nos viene de muy lejos, tal vez de 8.000 ó 10.000 kilómetros, que es muy fuerte, avasallante, preocupante. Realmente habría que estar en la persona del presidente para saber cuán fuerte y difícil de sortear es esa presión. Además de esa presión, que seguramente debe ser menor a la que tiene hoy el presidente de la Nación, nosotros tenemos una presión muy fuerte, que es la de nuestro vecino, la del carnicero, la del verdulero, la del pequeño o mediano comerciante, del asalariado que todavía tiene alguna posibilidad de ahorro en el país, que nos ve la cara todos los días y nos echa la culpa a nosotros. Está convencido de que somos nosotros los culpables --aunque no es cierto-- de que a él le hayan quitado su dinero que legítimamente ahorró. Entonces, además de que ese vecino cree equivocadamente que nosotros le hemos sacado el dinero, nos va a decir a partir de mañana que no solamente le sacamos el dinero sino que hemos contribuido a darle impunidad a los que nosotros decimos que le sacaron el dinero.
Los que hemos ejercido la profesión, fundamentalmente en materia penal, sabemos bien --en mi caso siempre he estado en la defensa de los imputados-- que cualquier resquicio que nos da la ley sustantiva o formal lo utilizamos, porque nuestra obligación es defender a nuestro cliente por el principio del derecho de defensa que contiene nuestra Constitución Nacional.
Reconozco las expresiones del senador Menem, que tal vez por su experiencia --además porque esta discusión se ha dado en este recinto mucho antes de ahora--, tienen mucho de razón. Pero si en esta sociedad descreída, sobre todo con nosotros, con razón o sin ella, votamos este proyecto de ley, estoy absolutamente seguro de que puede haber más de un juez que utilizando esta normativa habilite algún recurso de revisión que interponga un abogado defensor. Esto es así porque ha ocurrido algo: se ha sancionado una ley más benigna --creo que esta no lo es-- o se ha producido un hecho nuevo, que evidentemente obliga al juez de la causa a revisar una sentencia firme, lo que provoca sin lugar a dudas una alteración y una modificación en un juicio ya terminado. Ni hablemos de aquellos que están en proceso de investigación --en algunos casos con procesamiento y prisión preventiva-- y otros que todavía no están en esa instancia. Pero con la ley vigente serán procesados, se les dictará la prisión preventiva y seguramente resultarán condenados.
Esto es lo que palpa la sociedad. Esto es lo que la sociedad dice. No es un invento mío por haber ejercido el derecho y ser abogado. Es lo que me dice mi vecino, el de al lado y el de enfrente.
Vuelvo a las expresiones del senador Cafiero, que decía que los abogados tenemos la mitad de la biblioteca para argumentar una posición, y la otra mitad para sostener la contraria. Es cierto. A lo mejor los que utilizaron la mitad de la biblioteca para procesar y, eventualmente, condenar con esta ley, que es una ley imprecisa, también utilizarán ahora esta nueva ley que modifica esa mala ley para precisamente desprocesarlos y, lo que sería mucho más grave, modificar sentencias firmes dictadas en la República.
Con esto fundamento, señor presidente, mi voto negativo al proyecto.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.
-- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Maqueda). -- El senador Moro es miembro informante de su bancada, por lo tanto puede tener otra intervención.
Sr. Moro. -- Señor presidente: a lo largo del debate ha habido numerosas referencias a al acuerdo celebrado entre el señor presidente y los gobernadores. Y el punto en tratamiento es uno de los que se involucra en ese acuerdo, por lo que es absolutamente pertinente al caso, por las referencias y por el tema, hacer algunas manifestaciones.
Deseo decir, señor presidente, que ese acuerdo fue celebrado por el presidente de la República y la mayor parte de los gobernadores argentinos, de todos los partidos políticos. Además el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, que si no recuerdo mal, estuvo presente en la ocasión, ha refrendado la realización del acto.
El objeto de ese acuerdo fue hacer un aporte institucional sumamente importante y necesario para afianzar y nivelar las dificultades de un gobierno que estaba débil, y procurar posicionarlo de la mejor manera posible. Significó, también, la procura del relanzamiento de ese gobierno con la presentación de un nuevo ministro de Economía que, sin menoscabo del desempeño del anterior, expresó manifestaciones muy alentadoras para el desarrollo de las políticas económicas nacionales.
Este acto recibió, además,
la expresión solidaria, vertida en el momento, de los gobernadores
integrantes de los dos grandes partidos políticos de la Argentina,
que concentran el mayor número de representaciones parlamentarias.
Hablaron en la ocasión los gobernadores Verani y Marín. Como
consecuencia de todo esto, se dieron a conocer los lineamientos de un consenso
básico que tenía esta atmósfera fundamental. Se inscribe
entonces, como un acto de voluntad política eminente y para acometer
temas importantes, una metodología a la que, en cada una de las
emergencias que tuvo el país en los últimos años,
con varios gobiernos, se ha debido recurrir. Y no se advierte el motivo
para que se produzca el rubor político o competencial de ninguna
autoridad democrática, para que el presidente de la República
se reúna con los gobernadores argentinos, juntos efectúen
manifestaciones que hacen al destino de la patria y establezcan una agenda
que es nada más que eso.
No sé si los gobernadores firmaron un documento, en todo caso no sé si lo firmaron todos. Eso no viene al caso, porque no fue lo principal sino lo que vengo relatando como un impacto en una realidad herida para procurar recuperarla.
En esa agenda no estuvo solamente el tema que hoy estamos tratando legislativamente; estuvieron muchos otros temas. Voy a enumerar algunos: el cumplimiento de los acuerdos bilaterales, el cumplimiento de la nueva ley de coparticipación federal, concertar esfuerzos para evitar la suba de precios y controlar la estabilidad cambiaria, organizar las políticas públicas nacionales para hacer más previsible el sistema financiero y hacerlo sólido y estable, buscar acuerdos fiscales sustentables, avanzar en reformas impositivas que sirvan para estimular la inversión, procurar la repatriación de capitales para destinarlos a la recuperación productiva de la Nación, promover las inversiones, los planes de empleo y aprovechamiento productivo y la reforma política.
Cuando en este recinto tuvimos que tratar aquel documento que también firmó el presidente con los gobernadores dije algo parecido, que hoy reitero. Sería de una superficialidad extrema suponer que estas jerarquías democráticas efectúan aproximaciones de consenso de rumbo, desconociendo las naturales competencias de cada uno de los destinatarios. Jamás los gobernadores pretendieron --el mío, al menos, absolutamente jamás-- avanzar sobre las atribuciones legislativas que tiene el Congreso de la Nación, las provincias o los municipios en el orden de estos consensos de orientación. Jamás se recibió siquiera una indicación o sugerencia sobre el modo que debía votarse cada uno de estos puntos. Es una agenda temática para habilitar su tratamiento y discutir en libertad la profundidad de las determinaciones que, si son coincidentes con el final y las valoraciones de cada uno de los intervinientes, se concluye celebrando; y si no lo son, se las rechaza. La mejor prueba de esto, para desmentir ese absurdo de que los gobernadores argentinos o el presidente se comprometieron enfáticamente a cualquier costo a derogar --como se dio en decir-- la ley 20.840, es que hoy la bancada de la Unión Cívica Radical vota en contra de la reforma y la derogación, y que el bloque justicialista tampoco deroga la ley sino que la reforma.
Señor presidente: quería consignar esto porque me parece que hace a la sanidad y al respecto que nos debemos los miembros de la comunidad democrática del país y porque es la interpretación cabal que sitúa y valora el acuerdo entre el presidente y los gobernadores en su justo lugar.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Antes de darle la palabra al senador Baglini anuncio que quedan solamente tres oradores. Por lo tanto, pido a los auxiliares de los bloques que vayan buscando a los senadores para votar.
Sr. Baglini. -- Señor presidente: entro a este debate con una carga anímica muy particular. En cada oportunidad en que esta ley de subversión económica se ha debatido en el Congreso, los mendocinos hemos tenido un particular rol originariamente intentando impedir la sanción de la ley a través de la voz, fundamentalmente, de Alberto Day, en la Cámara de Diputados, y de Amadeo Frúgoli, en esta Cámara de Senadores.
En 1984, en la reunión del bloque de la Unión Cívica Radical, le tocó al que habla advertir que la derogación lisa y llana de la totalidad de la ley podía comprometer la solución o el avance de procesos judiciales de alta repercusión en la provincia de Mendoza, como lo era en ese momento el proceso llevado a cabo por acusación y querella del Banco Central contra el denominado "Grupo Greco", un affaire que se llevó dos mil millones de dólares de la economía mendocina y que le costó al Estado nacional adelantar casi 500 para comprar anticipadamente créditos de viñateros que en la provincia de San Juan y de Mendoza habían vendido su uva y se veían imposibilitados de recuperar el producto de un año de esfuerzos.
Luego, en 1997 --en el debate al que varios oradores se han referido aquí-- el entonces presidente de la Unión Cívica Radical, José Genoud, y nuestro actual embajador en Chile, el doctor Carlos de la Rosa, ocuparon partes sustantivas de ese debate.
Digo "una carga anímica muy especial" porque a mí me ha tocado hacer penal al comienzo de mi ejercicio profesional, durante más de cinco años. Esos cinco años comprenden justamente el año de la sanción de la ley: 1974.
Siempre he creído que esta es una mala ley y es uno de los tantos datos curiosos de este debate. Una mala ley juzgada como tal por la gran mayoría de la doctrina. Es muy difícil sopesar las opiniones jurídicas, pero si uno pudiera asignar un ranking a los autores que han defendido la utilidad de la ley y criticado la laxitud de su concepto y la falta de precisión técnica, la balanza está absolutamente desequilibrada en favor de quienes han dicho que ésta es una mala ley.
Para no cansar la atención de la Cámara, voy a pedir la inserción de 25 artículos que he escogido --que no están citados en los debates anteriores-- y de 11 fallos judiciales que tampoco pertenecen a los casos famosos, en los cuales los propios tribunales de justicia y esa doctrina mayoritaria han reclamado insistentemente durante décadas una reforma de la ley.
Ese es otro de los detalles curiosos, porque habiendo ocurrido esto, las discusiones se frustraron en los siete debates que insumió en ambas Cámaras de este parlamento --este es el octavo-- y una cuestión de oportunidad amenaza con frustrar por octava vez la posibilidad de reformar la ley, una oportunidad que por lo tanto no ha aparecido en dos décadas. Desde 1983 o 1984 --ya son casi dos décadas-- estamos discutiendo alrededor de este tema.
Aquel fue un debate curioso porque quienes se opusieron a su sanción --aquí se citó al senador Díaz Bialet y yo mencioné a los senadores Alberto Day y Amadeo Frúgoli--, posteriormente aparecieron oponiéndose a la derogación. Fue un debate curioso porque los que hoy proponen el sostenimiento de la ley, presentaban hace días, semanas o muy pocos meses --no me refiero años-- iniciativas que tendían a su derogación. Incluso, algunas de las voces más enfáticas que hoy se han escuchado participaron en el dictamen de 1997 que propiciaba la derogación total de esta ley.
Es más, he podido apreciar parte del debate por el circuito cerrado de televisión, y haciendo zapping encontré a uno de nuestros destacados colegas en esta Cámara deleitando al conductor de un programa que se ha especializado en denostarlo durante cinco o seis años.
También es un debate curioso porque aquí hay banqueros que presionan con la esperanza de encontrar algún recoveco por el cual filtrarse. Incluso, hay jueces que amenazan --como dijo Alfonsín-- y organismos que exigen cosas que no le piden a sus miembros principales. Por ejemplo, hace un par de semanas, la delegación parlamentaria que asistió a una reunión en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos frente al número tres de ese organismo hizo una afirmación respecto de que los Estados Unidos no era el dueño del Fondo Monetario. Efectivamente, es así porque, como ha dicho el senador Cafiero, somos muchos los países miembros de esa institución, aunque hay algunos --como decíamos en esa ocasión-- que como en la vieja propaganda de RCA Víctor donde aparece el perro junto al gramófono, son his master voice --la voz del amo-- como decía aquella publicidad en las dos versiones en que fue hecha.
Es un debate curioso, señor presidente, porque formamos parte de una clase política que se hace la distraída frente a la extraordinaria debilidad negociadora que tiene un país sin reservas, sin moneda, sin crédito, sin producción, sin sistema financiero y hasta con la amenaza de aplicación judicial de una ley que no prestigia la historia legislativa ni internacional de los Estados Unidos como lo hace la Helmes Burton Law que fue dictada, como conocen los señores senadores, para imponer el bloqueo a Cuba, pero que contiene cláusulas que funcionan en forma independiente respecto de las decisiones del Poder Ejecutivo, mediante las cuales cualquier ciudadano, firma o empresa de los Estados Unidos que pueda sentir que su propiedad ha sido confiscada en cualquier punto del Globo, puede exigir la imposición de represalias comerciales y la cesación de todo tipo de ayuda o colaboración con el país en que esto se produzca. Esto no constituye una posibilidad hipotética; lo evalúan todos los días los abogados de la República Argentina en los Estados Unidos, que tienen la misión de preservar los intereses de la Nación.
Creo, señor presidente, que este es un fenómeno de un país con esta extraordinaria debilidad que, además, no tiene por sí solo la fuerza suficiente como para imponer las reglas de una globalización que deviene impuesta por una sumatoria de voluntades en las cuales tenemos escasa capacidad de influir.
A esto hay que sumar una sociedad que está azorada de la crisis, asqueada de la insensibilidad de banqueros y hasta de organismos como el Fondo Monetario; una sociedad que no puede asimilar el costo de reconstruir el sistema financiero, que no es lo mismo que darle plata a los banqueros. No hay sistema capitalista que funcione sin sistema financiero y va a ser, señor presidente, la más pesada carga --y probablemente un fracaso, como ha sido en casi todos los países que han atravesado por la necesidad de reconstruir el mecanismo del sistema financiero-- el explicitar a la gente que el costo de tener un mecanismo vital para el funcionamiento de una economía dentro del esquema capitalista no es simplemente darle plata a banqueros inescrupulosos.
Hablo, señor presidente, de una sociedad con un default que se prolonga y que va cercenando día a día las posibilidades de aprovechar lo que todos, tengamos nociones de economía o no, atisbamos en cualquier devaluación: que los días o los meses en los cuales puede aprovecharse el efecto de un tipo de cambio superior son cortos, sobre todo cuando comienza la espiral de movimiento de los precios, de las tarifas, de los salarios y esto va carcomiendo la ventaja de un tipo de cambio que pudiera colocarnos en mejor situación para competir, para exportar, para producir, para generar trabajo, para mejorar la recaudación y para poner un poco de equidad.
Yo creo, señor presidente, que este debate con estas curiosidades es el retrato de una Argentina que, lamentablemente, padecemos como sociedad --y aquí lo ha dicho, creo que bien, el senador Cafiero--; de una mínima dirección común de sus fuerzas políticas, sociales y económicas; de una Argentina donde pareciera que cada poder del Estado y cada plano de los poderes del Estado --el plano federal, el plano provincial y el plano municipal-- recorren avenidas distintas o recorren las mismas avenidas, pero en sentido contrario, o colisionando entre sí en una situación de crisis de emergencia. Esa es para mi criterio, señor presidente, la razón por la cual los gobernadores, movidos por la desesperación y la angustia de cada uno de sus estados provinciales, suscribieron el acta de los catorce puntos.
Señor presidente: este es un debate curioso, pero no por eso deja de enfrentarnos a la necesidad de tomar decisiones. Se han vertido durante el debate algunas expresiones con respecto a un virtual endiosamiento de la 20.840, que yo no comparto. Creo que esta ley tuvo escasa capacidad o eficiencia para detener o penalizar adecuadamente no los escándalos modernos del sistema financiero; los que nos legó Martínez de Hoz, diríamos, como primera época de esos escándalos. Esos escándalos que protagonizaron los casos del BIR, del Banco de los Andes, del Oddone y de las primeras entidades financieras liquidadas, hicieron que en la Argentina hubiera que rescatar la frase de Bertold Brecht en el sentido de que mucho mejor que robar un banco era tener un banco. Y, efectivamente, desde allí, el sistema financiero se mueve alrededor de conductas irregulares que están profusamente descriptas en el Código Penal y en una serie de leyes especiales.
En realidad me cuesta definir si en todos los casos es mera comodidad del juez, de echar mano a una ley, que en términos campestres es como disparar con una escopeta de caño recortado: el disparo abarca una superficie tan amplia que garantiza que por lo menos algún perdigón entra por ahí, pero, por supuesto, no garantiza que se inmovilice la presa que se pretende capturar. Para eso hacen falta un disparo más preciso y un calibre más alto, sobre todo cuando el animal que se quiere detener es alguno de los grandes y poderosos animales que requieren calibres superiores para detenerlos, que son los que normalmente circulan en las irregularidades del sector financiero.
Entonces, no creo que haya que endiosar la ley ni soslayar el riesgo de su modificación. No hay que endiosarla porque, efectivamente, en algún caso es la comodidad del juez; en otro, es una estructura de justicia carente absolutamente de especialización, que tiene que atender, en el caso de los jueces federales, desde problemas de ciudadanía y naturalización, las infracciones cambiarias y aduaneras, en algún caso la Secretaría Electoral, todas las leyes penales especiales y, además de eso, por ahí le viene como peludo de regalo algún proceso de envergadura de subversión económica.
Son jueces que no están, en principio, obligados a conocer del sistema financiero, más allá de lo que elementalmente se enseña en una Facultad de Derecho de Derecho Comercial. Y ni siquiera tenemos en nuestras facultades una materia independiente que esté a la altura de los tiempos como podría ser Derecho Bancario y Financiero.
Es una justicia que no tiene auxiliares, que padece decisiones políticas que se toman pensando que las estructuras económicas que se modifican durante determinada orientación de política económica son eternas. Entonces, desaparece, por ejemplo, la Dirección de Asuntos Penales del Banco Central, que sería un auxilio invalorable para jueces que tienen que asistir a una carga masiva de procesos derivados de irregularidades en el sector financiero. O para jueces que padecen las restricciones presupuestarias que el Poder Judicial tiene por muchos lados. Entonces, no se hace uso de eso.
Voy a hacer una brevísima reseña. Generalmente, cuando ocurre un megafraude en el sector financiero, está involucrada la mitad del Código Penal, sin necesidad de entrar en las leyes especiales. Dejo aparte leyes de gran importancia que han sido citadas por el senador Moro, entre las cuales está la 13.985, de atentados contra la seguridad de la Nación y la ley penal cambiaria 19.359. Al respecto recuerdo en este instante que vino el ex presidente del Banco Central, doctor Pou, a una comisión del Congreso a decir que esta ley estaba derogada, cuando en realidad lo que sucedía era que estaba suspendida en su aplicación porque el mecanismo de la convertibilidad
implicaba que no había control cambiario durante ese tiempo. Esa ley está citada en los vistos del primer decreto que estableció el "corralito" --Decreto 1570/01--. Es decir que presupone la existencia de la ley penal cambiaria. También cabe la aplicación del Código Aduanero, que permite incriminar cualquier exportación indebida de capitales. Y, como bien lo ha dicho el señor senador Menem, que en este aspecto hay que reconocer la coherencia de defensa de una posición y la solidez jurídica con que lo ha hecho en todas sus intervenciones en este Senado, la administración fraudulenta, artículo 173, inciso 7) del Código Penal, es otra de las figuras de las más omnicomprensivas incorporadas por aquél cuando comenzó a receptar la sanción de los delitos económicos.
Uno puede pensar qué pasa en un megafraude bancario. Por ejemplo, se "truchan" carpetas de crédito y no se registran en la contabilidad certificados de plazo fijo. ¿Qué sucede entonces? Ahí hay falsificación ideológica de instrumento, artículos 293 y 297 del Código Penal. Por ese medio puede llegarse a la quiebra fraudulenta: artículos 176 y 178. Hay defraudación por contrato simulado y falsos recibos, artículo 173, inciso 6); administración fraudulenta, artículo 173, inciso 7); desbaratamiento de los derechos acordados, artículo 173, inciso 11). Se viola el encaje bancario. No hay megafraude donde no se violen las disposiciones del Banco Central sobre relaciones técnicas. Hay falsificación ideológica de instrumentos en la mayor parte de los casos, artículos 293 y 297 del Código Penal. Todo ello termina en quiebra fraudulenta: artículos 176 y 178; administración fraudulenta, artículo 173, inciso 7) del Código Penal. Se abultan los pasivos o los activos bancarios: falsificación ideológica de instrumento, quiebra fraudulenta y administración fraudulenta. Se defrauda a través del mecanismo de los fideicomisos o de los fondos comunes de inversiones de leasing, que tienen una ley propia --la 24.441--, artículo 173, inciso 12) del Código Penal. Se retiene dinero, títulos o acciones que no corresponden: defraudación por retención indebida, artículo 173), inciso 2) del Código Penal. Se lava dinero mediante la simulación de deudas utilizando empresas en paralelo con una entidad financiera: falsificación ideológica de instrumento, artículos 293 y 297; quiebra fraudulenta; defraudación por contratos simulados y falsos recibos, artículo 173, inciso 6); administración fraudulenta; desbaratamiento de derechos acordados. Se usan cartas de crédito sobrevaluadas para remesar fondos encubiertos: falsificación ideológica de documentos, artículos 293 y 297; ley penal tributaria 24.769, de la cual, desgraciadamente, la mayoría de los jueces penales casi no tienen noticia de su existencia. Cheques sin fondos y estafas mediante cheques: artículos 302 y 175, inciso 4) del Código Penal. Entrega de cheques por intimidación o violencia: extorsión, artículos 168 y 169. Cheques certificados falsos: falsificación ideológica de instrumento, desbaratamiento de derecho acordado.
Señor presidente: no quiero seguir porque podríamos revisar cuántas de estas maniobras pueden darse en forma aislada en un megafraude y llegaríamos a la conclusión de que, en general, en un megafraude financiero o empresario todas las operaciones se dan en conjunto porque, además, es una espiral que recorre la entidad financiera que empieza a entrar en problemas o que tiene "preordenada" su actividad hacia la comisión de hechos delictivos, como el lavado de dinero o la transferencia de capitales al exterior, con lo cual es absolutamente difícil que no recorra todo este itinerario.
Quiero aclarar algunas cosas que me parecen importantes. No es cierto, como se ha dicho aquí, que esta sea la primera vez que un organismo internacional venga a exigir la derogación de leyes que establecen responsabilidades penales. Eso es inexacto.
En el stand by de 1987 y en el de 1995, está establecida como cláusula comprometida por la Nación Argentina la indemnidad del presidente, de los demás funcionarios del Directorio y de los funcionarios inferiores del Banco Central de la República Argentina, con la obligación de incorporar y darle estado parlamentario a una ley que así lo determine.
Esto está establecido y altamente analizado. No quiero cansar a este Cuerpo, pero abarca todo un capítulo de veintisiete hojas. Se trata del Capítulo IV del dictamen de la comisión creada por el artículo 9 de la Carta Orgánica del Banco Central, que juzgó la conducta del doctor Pou.
Como esto es público --ya que está incorporado al expediente administrativo en el cual se dictó el decreto--, voy a solicitar la inserción de la parte pertinente, donde está claramente establecido que incluso la propia autoridad monetaria, es decir, el Banco Central, colaboró en el intento de establecimiento de una norma que en principio repugna al esquema de responsabilidad de los funcionarios argentinos, el cual deriva de legislaciones como la francesa y es totalmente distinto al de los funcionarios sajones.
Además, no es exacto decir que porque desaparezca el ánimo de lucro desmedido --atípico en relación al desarrollo normal de los negocios--, va a quedar sin sanción la operatoria en la que puede haber incurrido un banco en la transferencia de divisas al exterior, en el período final del año pasado.
Respecto de esta cuestión haré una acotación de carácter técnico y político. El señor senador Yoma ha dicho que no fue casual que se eligiera el 30 de noviembre para establecer el "corralito", ya que ese día terminaba el período de sesiones del Congreso.
Ese día hubo una corrida descomunal. Y quienes están absolutamente al tanto de cómo se movieron las cosas, saben perfectamente que varios gobernadores --entre ellos el de la provincia de Buenos Aires-- llamaron aterrorizados por el impacto de la "corrida" sobre sus bancos. Incluso pidieron que el monto de retiro de depósitos a autorizar hacia adelante se restringiera, a los efectos de preservar la posibilidad de subsistencia de los bancos.
Por lo tanto, no se trató de una conspiración especial hecha el 30 de noviembre para impedirle al Congreso tratar este tema. Por otra parte, lo consideró, derogó y luego tuvo que restablecerlo, para recordar algunos de los corsi e recorsi que hemos tenido que recorrer en el penoso trajinar de estos meses.
Además, más allá de que creo que es absolutamente equivocada esa concepción jurídica, lo grave es que puedan existir jueces que hagan la construcción jurídica formulada por el senador Yoma y otros señores senadores, en el sentido de que queda una brecha de impunidad.
Estoy seguro de que respecto de esto sobra el Código Penal. Pero de lo que no estoy seguro es de la conducta de los jueces.
No estoy seguro de eso porque a la jurisprudencia le ha costado un camino tortuoso acotar el término "subversión económica" de la ley 20.840. Y es peligroso tener que reiniciar el camino tortuoso de redefinirlo.
Uno de los grandes presidentes que tuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, el doctor Repetto, dijo --en el Primer Congreso de Derecho Civil en Córdoba en 1935, siendo él el presidente de la Corte--, frente a una propuesta que partía de las cátedras cordobesas de aumentar la discrecionalidad o el poder discrecional de decisión del juez, que no había que darle a los jueces más poderes discrecionales hasta que estuvieran en absolutas condiciones, capacitación, tuvieran elementos técnicos y posibilidades de usarlos.
Entonces, si ya en 1935, con una justicia altamente prestigiada --como lo estaba en esa época--, esa era la concepción de uno de los grandes presidentes de la Corte, qué podríamos decir ahora, donde todos conocemos no sólo las dificultades que he descripto en cuanto al funcionamiento de la justicia, sino también las sospechas que hay, lamentablemente, en algunos casos --y que no abarcan a todos los magistrados-- sobre las condiciones morales, la idoneidad y la conducta de los jueces.
En consecuencia, la pregunta que surge es la siguiente: ¿nunca vamos a estar en condiciones de derogar una ley defectuosa? Esa es, señor presidente, una pregunta central. Yo creo que sí, no por el procedimiento que aquí se ha sugerido: de reunir las cátedras y de consultar a los especialistas, porque esta debe ser una de las leyes que más ríos de tinta ha generado en el país. Ha pasado ocho veces por las Cámaras del Congreso, donde las posiciones están altamente definidas y donde, desgraciadamente, la conclusión final, luego de darle vueltas al mate tratando de encontrar otro agujero, es que el problema es siempre una cuestión de oportunidad.
No hay garantía absoluta, por más ciencia jurídica que le pongamos alrededor, por lo menos en este estado del arte y de la materia judicial, de la economía y del sistema financiero, de que no ocurra un episodio que pueda poner a salvo --vuelvo aquí a las expresiones que vertía el señor senador Genoud en el debate de 1997-- a los cuerpos legislativos del descrédito que le imputaría la población si esto ocurre, que pueda poner a los propios imputados que resultaran eximidos por una brecha legal a salvo de la mancha que significa no obtener una absolución por métodos regulares, que no pueda poner al sistema legal argentino frente al intríngulis de cómo y a qué velocidad se resuelve una actitud de un juez en relación a esa desconfianza que muestra la gente.
De cualquier manera, creo que se puede resolver porque están el mecanismo del juicio político y de la apelación ante una Cámara, pero el problema aquí son los tiempos.
Entonces, creo que algún día tendremos que estar en condiciones de derogar esta ley -- admito que la respuesta no me satisface integralmente--, con una justicia más especializada, con un Banco Central donde estén absolutamente activos los mecanismos de detección y corroboración de ilícitos financieros para poder prestarle un servicio a la justicia, con una economía un poco más estable y con un sistema financiero reconstruido.
Lo que para mí también está claro es que no lo vamos a poder instrumentar por la vía de hacer "microbiología" con cada uno de los procesos judiciales. Eso no se va a poder hacer. Revisar cada uno de los procesos judiciales para determinar en qué hipótesis podría encuadrar una modificación es cumplir, precisamente, lo que no debe hacer el legislador, que debe establecer normas de carácter general. No puede operar como juez, bajando al caso concreto para identificar con nombre y apellido cuál es la solución que beneficia o desmerece la situación de un ciudadano determinado. No lo podemos hacer ni siquiera con los impuestos. Esto lo ha declarado muchas veces inconstitucional la Corte Suprema.
Antes de terminar mi exposición, quisiera preguntar --o hacerme la pregunta y contestarla-- sobre un tema que me resulta increíble que no se haya dicho desde el oficialismo: ¿cuál es el motivo por el cual hay que tratar esta ley ya? ¿Cuál es el motivo, diríamos, de la presión brutal del Poder Ejecutivo para sacar esta ley ya? El motivo es sencillo, señor presidente. El día 15 de mayo vencen 800 millones de dólares que le debemos al Banco Mundial, no al Fondo. El Banco Mundial es el financista de muchos de nuestros programas sociales: del FOPAR, que es el Fondo de Participación para la Inversión Social; cofinancia con el BID los programas de inundaciones; es un componente vital de los programas de asistencia indígena en los pueblos del Norte financia los proyectos de biodiversidad que se aplican en Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Neuquén; programas como el de mejoramiento barrial; el programa Jefas de Hogar, que fue un ensayo que he permitido montar hoy los programas sociales nuevos que están en funcionamiento; el programa de asistencia al menor y otros programas más que están allí.
Es cierto que haciendo otra vez una bicicleta contable de esas que tienen patas cortas, que complican la vida, que ponen a los funcionarios del Banco Central al borde del incumplimiento de la Carta Orgánica, en una de esas uno inventa un mecanismo y saca un pago provisorio. Pero es ese y no otro el motivo de estar presionando con la urgencia. Me resulta increíble --lo digo nuevamente-- que esto no se haya dicho, habiendo aquí en la Cámara personas que han formado parte del Poder Ejecutivo nacional.
Termino diciendo que el motivo por el cual sostenemos el voto negativo al proyecto es el extraordinario riesgo que hemos intentado acotar durante el debate para la interpretación auténtica, que no está absolutamente clausurado, de que una aviesa interpretación judicial abra la puerta para que se escape algún procesado. Frente a ello, el criterio de oportunidad hace una vez más que en este debate curioso, con todas las tonalidades que ha tenido, con una mala ley, con la necesidad de corregirla, no podamos arribar a una conclusión favorable.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Chiappe.
Sr. Chiappe. -- Señor presidente: al inicio de esta sesión, cuando tuvo que votarse la moción de sobre tablas que habilitara el tratamiento de este proyecto, por las razones que allí expresara, adelanté mi intención de pedir oportunamente autorización a este Cuerpo para abstenerme de votar. Pero debo confesar que el reacomodamiento que estoy advirtiendo en ambos bloques mayoritarios de este Cuerpo en el posicionamiento frente a este tema me trae la intranquilidad de pensar que sea mi abstención o mi voto el que en definitiva pueda sellar la suerte de este proyecto, y no quisiera que fuera la abstención.
Creo que debo decidir firmemente mi posición en uno o en otro sentido. Debo confesar que este debate me reconforta porque he escuchado aquí verdaderas piezas oratorias, algunas de ellas muy enjundiosas en favor de la derogación que se propone de esta ley, de los artículos remanentes de la ley 20.840, como por ejemplo las de los doctores Pichetto y Menem, que --insisto-- han impactado realmente por su enjundia.
También hemos escuchado otras no menos enjundiosas y profundas, que han impactado fuertemente en mi espíritu para tomar decisión.
Los argumentos en favor de la derogación de estos artículos remanentes de la ley 20.840 transitan, fundamentalmente, por el aspecto doctrinario-jurídico. Los que abogaron por el rechazo de esta iniciativa, además de los argumentos de orden jurídico, que no voy a repetir porque fueron suficientemente explícitos y esclarecedores, han traído otras argumentaciones de orden político y pragmático que creo que, en definitiva, son decisivos. Porque ante la disyuntiva de tener que decidir simplemente entre el aspecto doctrinario-jurídico por el que, en principio, creía inclinarme y el otro argumento político y pragmático de la circunstancia y el contexto que nos rodea, en el que vamos a tomar esta decisión, yo diría que estoy decidido. Y voy a votar --adelanto-- negativamente la derogación que se propone en el proyecto que nos ocupa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.
Sr. Capitanich. -- Señor presidente: el tratamiento de este proyecto legislativo está enmarcado en una negociación que el Poder Ejecutivo nacional está llevando adelante con los organismos multilaterales de crédito, principalmente con el Fondo Monetario Internacional. Por consiguiente, es indispensable contextualizar este debate y esta ley, en virtud de que se tratan condiciones previas para un eventual acuerdo que permita a la Argentina regularizar el cumplimiento de sus obligaciones de carácter internacional con esos organismos multilaterales de crédito y también, por supuesto, tener en cuenta la necesidad de que nuestro país quede absolutamente reinserto en el circuito internacional, luego de la declaración y suspensión unilateral del cumplimiento de sus obligaciones de carácter financiero.
Pero es preciso también remarcar que la República Argentina atraviesa en forma sistemática crisis de carácter económico y, principalmente, financiero. Podemos contabilizarlas, desde 1980 hasta la fecha. Por lo menos se trata de crisis recurrentes desde el punto de vista del sistema financiero, que tienen lugar cada diez años. Hemos tenido una crisis en 1980, 1983, de 1989 a 1992 y, en la actualidad, desde 1999/2000 a 2002. Esto implica claramente un proceso en el que se produce una fuga o retiro de depósitos en virtud de una crisis de confianza que, indudablemente, afecta el funcionamiento del sistema financiero. Cuando se producen retiros de depósitos en forma sistemática y reiterada...
-- Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Perdón, senador.
Por favor, silencio.
Sr. Capitanich. -- Cuando se producen estas crisis de retiros sistemáticos de depósitos, existe un proceso de iliquidez generalizada en el sistema, que puede afectar la solvencia de las entidades financieras. Consiguientemente, esto afecta al funcionamiento del sistema económico y por supuesto se cae en procesos sistemáticos de recesión, de caída en el nivel de actividad económica, de aumento de la tasa de desempleo y de una caída estrepitosa en el comportamiento del producto interno bruto.
Uno puede visualizar cómo ha evolucionado el sistema económico en la Argentina y percibe claramente que en el año 89, por ejemplo, hemos tenido un volumen total de depósitos equivalente a 500 millones de dólares. El proceso de recuperación gradual de la confianza en el sistema financiero de la Argentina, luego de una crisis profunda que llevó a la implementación de un programa de reprogramación absoluta de pasivos con el Plan Bonex, originó que, efectivamente, previo proceso de crisis con el efecto Tequila en 1995-1996, el sistema financiero llegó a casi 84 mil millones de pesos y dólares y esto ha tenido una caída estrepitosa hasta llegar prácticamente ahora a 64 mil millones de pesos, producto de una crisis de confianza que minó la credibilidad del sistema y que genera, obviamente, una protesta generalizada de los ahorristas porque hoy no pueden recuperar, efectivamente, sus depósitos.
Pero una entidad financiera tiene definitivamente un proceso en el que capta, por un lado, depósitos del público y presta, a través de créditos de carácter personal, prendario o hipotecario. Este es un proceso donde previamente existe una deducción vinculada al sistema de encaje y también a un sistema de multiplicación de los recursos del sistema bancario producto de la aplicación del multiplicador bancario.
Esto es lo que ocurre en la Argentina cuando existen procesos o crisis de confianza. La crisis de confianza produce un retiro masivo de depósitos, lo cual genera iliquidez y hay un problema serio de descalces o asimetría financiera de corto plazo entre activos y pasivos.
Entonces, es muy importante tener en consideración lo que significa una crisis sistémica del sistema financiero y lo que significan tipificaciones de conductas penales que pueden hacer punibles a los banqueros, respecto a sus eventuales responsabilidades en el comportamiento del sistema.
Por lo tanto, es muy importante también no solamente remarcar los aspectos jurídicos de una normativa que sea clara y transparente, que permita a los jueces aplicar normas que penalicen comportamientos o conductas penales que estén reñidos con normas aceptables, sino también verificar las formas de prevención de estos delitos. Porque muchas veces cuando estos delitos son consumados el problema para los ahorristas pasa a ser cómo se resuelven los problemas que definitivamente deben resolverse.
Me parece que es muy importante destacar en este contexto una solución estructural al problema jurídico pero también al problema financiero, pero nosotros tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como legisladores y que tiene el Congreso de la Nación para brindarle al presidente de la Nación las herramientas legales, los instrumentos jurídicos necesarios para que pueda finalizar una negociación que permita a la Argentina acceder al financiamiento internacional y a regularizar los compromisos y las obligaciones internacionales.
Ese es, realmente, el punto de inflexión que tiene la Argentina: o permanece con una inserción clara y adecuada a nivel internacional o queda excluida de los parámetros de funcionamiento del sistema político, económico, financiero y social en el orden internacional.
Esta es la discusión clave y ahí es donde nosotros tenemos que ser capaces de asumir la responsabilidad que nos cabe en esta disyuntiva. Es la misma responsabilidad que nosotros, como legisladores, tuvimos en la Asamblea Legislativa del 21 de diciembre, donde pudimos no aceptar la renuncia del entonces presidente de la Rúa para que pudiera continuar la viabilidad constitucional del país. Sin embargo, asumimos responsablemente las condiciones objetivas en las cuales estaba el país, nos hicimos cargo de esta situación y creo que es absolutamente necesario que nos hagamos cargo todos, porque es imprescindible que cuando existe un problema serio de funcionamiento de las instituciones de la República es preciso que todos asumamos esta responsabilidad.
Por lo tanto, quiero decir que es extremadamente importante visualizar la crisis sistémica del aparato financiero. Los sistemas financieros entran en crisis en países emergentes como el nuestro. Le ha tocado a Turquía y a otros países como Suecia, Finlandia y Noruega sufrir crisis similares. Por su parte, Rusia y Ecuador también han tenido crisis con sus sistemas financieros. Esto es producto de un problema de carácter sistémico en donde las entidades financieras muchas veces financian al Estado vía la adquisición de determinados tipos de títulos públicos.
--Murmullos en el recinto.
Sr. Capitanich. -- Señor presidente: creo que es importante que hagamos silencio porque no se puede hablar.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Por favor, les pido silencio a los señores senadores, porque no podemos escuchar al expositor.
Sr. Capitanich. -- Muchas gracias, señor presidente.
Lo que quiero decir es que muchos países han sufrido las consecuencias de una crisis de carácter sistémico del sistema financiero y esto es producto muchas veces también de la situación de carácter fiscal, monetario y cambiario que tiene un país. En efecto, cuando se tiene una crisis de carácter fiscal en muchos casos tanto el mercado de capitales como el sistema financiero financian el déficit del sector público. Y ese déficit del sector público se financia vía la emisión por parte del Estado de títulos de deuda pública. A su vez, estos títulos de deuda pública tienen una creciente depreciación en el tiempo, producto efectivamente de la hipótesis que tienen cada uno de los tenedores respecto de la capacidad de pago del país de que se trate.
Entonces, la tenencia por parte del sistema financiero y de las entidades bancarias de títulos en cartera que se deprecian fuertemente produce una crisis de liquidez que, a su vez, se transforma en una crisis de solvencia que dificulta el cumplimiento de las obligaciones de los bancos en el corto plazo respecto de las obligaciones que tienen con sus ahorristas.
Creo que es absolutamente importante...
--Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Por favor, silencio. Escuchemos al orador.
Sr. Capitanich. -- Creo que es absolutamente indispensable tener en cuenta cómo los problemas derivados de crisis sistémicas de esta naturaleza afectan al sistema financiero, a cada una de las entidades bancarias en particular y a las responsabilidades imputables a quienes administran específicamente estas entidades.
Me parece que aquí se han vertido muchos conceptos y una de las cuestiones que se planteó es que no había tiempo suficiente para procesar o analizar esta norma. Quiero decir al respecto que el Poder Ejecutivo envió este proyecto el 17 de abril. Se ha tenido un tiempo razonable y suficiente de debate. Y como bien decían muchos senadores preopinantes, existe también una amplia discusión respecto de esta ley desde el momento de su sanción, porque está vigente desde el 2 de octubre de 1974. Además, esta norma ha tenido un largo tratamiento por parte de la doctrina, la jurisprudencia.
Por lo tanto, es una ley que definitivamente ha tenido un largo debate que permite tomar una decisión desde el punto de vista de su calidad jurídica y también tener en cuenta la capacidad de esta norma para producir efectos respecto del uso que los jueces efectivamente puedan hacer de ella.
También es necesario que la Argentina tenga una perspectiva muy clara y sólida respecto de la construcción de una agenda legislativa, porque muchos se cuestionan las iniciativas del Poder Ejecutivo respecto al tiempo de procesamiento de un proyecto de ley. Pero es muy importante que tengamos...
--Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Perdóneme, señor senador, pero así no podemos seguir. Les pido por favor que guardemos el lugar que nos corresponde.
Sr. Capitanich. -- Es muy importante que la Argentina tenga la capacidad de un diseño autónomo de proyecto nacional. Porque definitivamente nosotros vamos a poder prescindir del Fondo Monetario Internacional en la medida en que tengamos independencia económica y autonomía en las decisiones. Y vamos a tener autonomía en las decisiones en la medida en que no tengamos ningún tipo de requerimiento de carácter financiero.
No vamos a tener requerimientos financieros cuando la Argentina tenga instituciones económicas y políticas que funcionen razonable y eficazmente y organismos sociales que tiendan a la equidad.
En este sentido, tener instituciones económicas que funcionen razonablemente implica tener órganos de carácter fiscal, monetario y cambiario. Pero en la Argentina no hemos podido construir estas instituciones para que perduren a través del tiempo.
Por lo tanto, es absolutamente indispensable construir una agenda legislativa para que la Argentina pueda trabajar en forma simultánea, y planificar instituciones fiscales --con una reforma tributaria de carácter estructural-- con vigencia en el largo plazo, que tengan estabilidad en cuanto a las normas, métodos y procedimientos, así como con relación a las alícuotas, bases y hechos imponibles que definitivamente garanticen seguridad jurídica y previsibilidad en el tiempo.
Asimismo, es necesario que todo esto sea concomitante con una ley de coparticipación federal que también planteé relaciones sustantivas entre la Nación y las provincias y que tienda a la equidad en la distribución espacial del ingreso. A su vez, se necesita que todo esto sea compatible con una ley de responsabilidad fiscal que abarque a todos los niveles de gobierno, pero que tenga sustentabilidad desde el punto de vista fiscal y que también sea compatible con el presupuesto 2003 para que la Argentina, sinceramente, tenga capacidad para generar las condiciones necesarias a fin de lograr el equilibrio y superávit fiscal con la capacidad efectiva del cumplimiento de sus obligaciones financieras.
Si esto no ocurre, nosotros vamos a tener un discurso de protesta contra la presión, sugerencias o recomendaciones de los organismos multilaterales de crédito, pero finalmente siempre vamos a terminar dependiendo de auxilios financieros a los que cada vez se hace más difícil de acceder y que generan más condiciones que en muchos casos no estamos dispuestos a tolerar.
Entonces, hay que tener la seriedad que esto necesita. Reitero que debemos construir instituciones fiscales sostenibles y sustentables en el tiempo para tener una mayor autonomía y prescindir de organismos que finalmente establecen condiciones, porque son los que generan el préstamo correspondiente para que nosotros podamos funcionar razonablemente en el corto plazo.
Asimismo, la institucionalidad monetaria del país obviamente es un requisito esencial. Por eso, debemos ser capaces de crear un Banco Central de la República Argentina autónomo, independiente, claramente vinculado a una operatoria que funciona en los países modernos del mundo. El Banco Central al estilo Bundesbank alemán debe ser el objetivo que persiga la Argentina y, por lo tanto, eso implica una autoridad monetaria con capacidad efectiva para preservar el valor de la moneda en la Argentina y, del mismo modo, construir instituciones --desde el punto de vista cambiario-- que permitan lograr la estabilidad en el tipo de cambio, a fin de evitar estas fluctuaciones que afectan el nivel de precios y de ingresos de la familia.
Esto es lo que la Argentina requiere para poder construir un modelo que sea aceptable, creíble, que tenga autonomía y que construya efectivamente un proyecto nacional que sobre la base...
--Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Maqueda).-- Por favor, silencio señores senadores.
Continúe señor senador.
Sr. Capitanich.-- ...de estas medidas e instituciones nos garanticen el sostenimiento en el tiempo.
Quisiera, señor presidente, remarcar varias cuestiones. En primer lugar, que la ley 20.840 fue una iniciativa del Poder Ejecutivo dentro de un contexto de alto nivel de conflictividad política en la Argentina, donde ocurrían hechos y episodios de violencia que estaban ligados a lo que, en ese entonces, se determinaba como el impacto permanente de la subversión política, económica e inclusive laboral.
La subversión, tal cual se planteó en el contexto general del proyecto --esto es en setiembre de 1974--, se estableció en base a los delitos contra el orden institucional y la paz social.
Han existido innumerables normas modificatorias, como las leyes 21.459 y 23.077, de 1984. Es decir, tenemos una ley que inicialmente fue enviada por el Poder Ejecutivo al ámbito del Poder Legislativo, que en 1974 tuvo la oportunidad de debatir con mucha profundidad.
La finalidad esencial del proyecto del Poder Ejecutivo era, inclusive, reprimir toda clase de adoctrinamiento, propagación o difusión de actividades subversivas. Había una tipificación específica en los artículos.
El proyecto tenía catorce artículos. El artículo 1 penaba con prisión de tres a ocho años la alteración o supresión del orden institucional. El artículo 2 preveía prisión de dos a seis años por hacer apología del delito previsto en el artículo 1° o violar una estación de telecomunicaciones y transmitir imágenes. El artículo 3 de esta ley tenía penalizaciones de dos a cinco años de prisión para aquel que posea insignias vinculadas con las conductas previstas por el artículo 1° , así como también para aquel que propague esas conductas en los medios de comunicación. Por su parte, el artículo 4 planteaba que el juez podía tener la facultad...
--Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Por favor, señores senadores...
Sr. Capitanich. -- ...de la clausura preventiva de locales.
El artículo 5fijaba una pena de prisión de uno a tres años para quienes luego de declarada la ilegalidad de un paro promovieran su continuidad. Efectivamente, existía una penalización que estaba perfectamente incorporada en este artículo.
En fin, los catorce artículos tenían una explicitación muy clara respecto de las sanciones penales correspondientes. Reitero que el artículo 5 establece que se reprimía la instigación a desconocer las resoluciones legalmente adoptadas con motivo del conflicto y también otro tipo de cuestiones o consideraciones de carácter particular.
Con relación al debate que tuvo lugar en aquel entonces, es importante destacar la opinión de un calificado jurista como Daniel Carrera --profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba--, quien hizo algunas consideraciones vinculadas a lo que se denominó la fundamentación de Díaz Bialet.
Cuando se le manifestó al miembro informante en el Senado que esos artículos iban a provocar superposiciones y que se iba a crear una especie de caos jurídico en el país, el señor miembro informante Díaz Bialet dijo que estos delitos del artículo 6 al 9° iban a funcionar siempre que el propósito de los autores fuera destruir los valores esenciales de la Nación; o sea, un término absolutamente vago y que nada dice.
Entonces, Daniel Carrera dijo que muchos ahorristas quedarían perjudicados; y que eso se reconoce en doctrina como fraudes colectivos, lo que no tiene nada que ver con delitos subversivos propiamente dichos. Se ha aplicado la ley a entes financieros, porque por la manera en que se les ha reprochado haber procedido, han quebrantado las disposiciones del Banco Central que regulan la forma de operar de los entes en el país. También se les ha aplicado porque el quebranto, tratándose de entes financieros, tiene que ser absorbido por el Banco Central, con lo cual se perjudica la economía nacional.
Es decir, hay múltiples tratadistas como Baigún, Aftalión, Ramos Mejía y Caballero que han opinado respecto de las características de esta ley en el sentido de que, obviamente, no presenta la consistencia necesaria para que pueda regir adecuadamente.
Creo que es absolutamente ocioso seguir debatiendo los aspectos jurídicos que aquí han sido esgrimidos con absoluta solvencia por otros senadores preopinantes. Yo simplemente quisiera decir que todas las modificaciones que se proponen por parte de este proyecto que estamos analizando tienden a satisfacer un criterio básico, que es establecer una tipificación de penalidades que efectivamente pueda garantizar que un juez pueda proseguir con el proceso y generar la evaluación de estas conductas de carácter penal.
Por lo tanto, no existe de parte de todos aquellos senadores que propiciamos apoyar la iniciativa de este proyecto la idea de crear impunidad para persona alguna sino, por el contrario, generar las condiciones para que los magistrados cuenten con los instrumentos jurídicos necesarios y adecuados para que puedan juzgar satisfactoriamente. Porque entendemos que en el Código Penal de la Nación existe un conjunto de normas que, efectivamente, pueden garantizar la tipificación de los delitos y la perspectiva de que un juez pueda definitivamente aplicar estas penas.
Dada la extensa argumentación que ha habido en la materia, simplemente voy a decir que es absolutamente indispensable, dado el contexto político y económico que vive el país, así como también el estado que presentan las negociaciones de carácter internacional, que nosotros apoyemos este proyecto que se está considerando sobre tablas, para que este cuerpo pueda aprobarlo y generar el instrumento adecuado con el que el Poder Ejecutivo encauce las negociaciones y, así, llegar a un feliz término.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Maestro.
Sr. Gioja. -- ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente (Maqueda). -- Señor senador: el senador Gioja le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Maestro. -- Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. -- Señor presidente: en función de que estamos consensuando con los compañeros de nuestro bloque y estamos acercando algunas posiciones, dado que había algunas disidencias en la propia bancada, vamos a pedir al cuerpo un cuarto intermedio de unos veinte minutos para tratar de consensuar una redacción final del despacho que estamos proponiendo. En consecuencia, teniendo en cuenta que sólo quedan dos oradores, los senadores Maestro y López Arias, pedimos ahora este cuarto intermedio.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Se va a votar la moción de cuarto intermedio.
Sr. Maestro. -- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Maestro.
Sr. Maestro. -- Señor presidente: como me encontraba en uso de la palabra creo que corresponde que, previo a la consideración del cuarto intermedio, continúe y finalice mi exposición.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Muy bien, continúe.
Sr. Maestro. -- Señor presidente: cuando comenzó a hablar el querido correligionario Raúl Alfonsín manifestaba, hace unas horas en este recinto, que iba a expresarse con el corazón. Y yo también voy a hablar con el corazón.
Debo expresar que me embarga una profunda tristeza, porque hoy ha quedado evidenciado, en esta sesión, ya de trasnochada, la verdaderamente trágica deslegitimación que tiene la política en la Argentina, en el conjunto de la sociedad. La falta de confianza en las instituciones y en los hombres que la encarnan y el descrédito también profundo que sufre este propio Parlamento argentino tienen su patética evidencia en lo que hoy nos está convocando en esta reunión.
En efecto, estamos tratando una cuestión que creo que muy pocos argentinos, contados con los dedos de una mano, deben comprender la necesidad del trato prioritario que le estamos dando.
La Nación Argentina vive la más profunda crisis política, institucional, económica, social y hasta cultural de toda su historia. Un pueblo argentino empobrecido, angustiado, una sociedad descreída de todo, espera de los hombres y mujeres que los representan en este Parlamento que, al menos, se aboquen con prontitud e inmediatez a los graves problemas que aquejan a la República.
Hoy, antes del tratamiento de este proyecto de ley, que es una clara imposición del Fondo Monetario Internacional, ni siquiera hemos dado prioridad al tratamiento de la derogación del CER, que es un tema que mantiene en vilo a más de un millón de familias argentinas.
No hemos considerado en este Parlamento una cuestión fundamental que agobia a millones de hombres y mujeres de la Argentina, como es la profunda crisis social que hoy viven vastos sectores de nuestro pueblo.
Asimismo, todavía no hemos considerado en este Congreso la política social.
No hemos considerado el plan Jefas y Jefes de Hogar que intenta implementar el Poder Ejecutivo nacional; un programa que consideramos absolutamente inconsistente y que requiere el tratamiento del Parlamento para fijar una profusa y profunda regulación a fin de que sea un plan que satisfaga las expectativas de la gente.
Por otro lado, tampoco hemos considerado una reforma tributaria, que es absolutamente necesaria y que el país reclama desde hace mucho tiempo; una reforma tributaria que termine con la inequidad y con la distribución regresiva del ingreso que hoy asiste a esta Nación, donde sectores de privilegio continúan usufructuando la situación creada por la falta de respuesta de su clase política.
Este Parlamento viene dilatando a través de los años el tratamiento de una ley de coparticipación federal de impuestos que, en primer lugar, permita una justa distribución entre la Nación y las provincias y también un adecuado tratamiento igualitario entre el conjunto de los distritos para que, de una vez y para siempre, se pueda establecer un desarrollo armónico de nuestro querido país.
No hemos considerado las consecuencias motivadas por el decreto 214/02 del Poder Ejecutivo nacional que, en una asimétrica pesificación, ha causado una escandalosa diferencia a favor del ingreso de las grandes empresas.
No hemos considerado una reforma previsional que todos reconocemos que debe ser resuelta rápidamente por el Parlamento, para terminar con la difusa legislación actual, donde conviven un sistema de reparto y de capitalización, que ha sumido en la destrucción casi absoluta a nuestro sistema previsional.
Por su parte, no le estamos dando prioridad en este Congreso a una ley de entidades financieras y a una nueva Carta Orgánica del Banco Central que responda a lo que con mucha razón expresaba el señor senador Capitanich, que es absolutamente necesario para regular el sistema bancario del país, hoy totalmente desquiciado y con las consecuencias que debe soportar el conjunto del pueblo argentino.
Tampoco hemos trabajado en este Parlamento para dar una respuesta a este verdadero drama que se ha generado con la incautación de fondos a través del "corralito".
No le hemos dado prioridad a un reclamo del conjunto de la sociedad, que es terminar de una buena vez con las jubilaciones de privilegio, que avergüenzan a todo hombre y mujer con un poco de sentido común.
No hemos considerado lo que nosotros mismos nos hemos comprometido tantas veces a concretar: una profunda reforma de nuestro sistema político.
Tampoco hemos tomado en consideración la necesidad de resolver cuestiones estratégicas para el país, como es una ley nacional de hidrocarburos.
Sin embargo, le damos absoluta prioridad al tratamiento del proyecto de ley en consideración, que es una demanda explícita del Fondo Monetario Internacional.
Creo que aquí queda patentizado en forma clarísima la debilidad extrema que hoy tiene el gobierno nacional, que es consecuencia de la situación de anemia del conjunto del cuerpo nacional, que no tiene capacidad de decisión autonómica.
La Nación Argentina no tiene en su gobierno la expresión de un país soberano, porque estamos absolutamente supeditados a las decisiones que puedan adoptarse en los grandes centros financieros internacionales, a las directivas del Fondo Monetario Internacional y también a las del propio gobierno de los Estados Unidos de América.
Creemos que estas exigencias descaradas del Fondo Monetario Internacional deben ser rechazadas por este Parlamento.
He escuchado con atención las palabras del distinguido señor senador Cafiero, quien manifestaba que lo que se buscaba simplemente era la seguridad jurídica. Ahora bien, con todo respeto le debo decir que seguramente él y otros señores senadores que apoyan el proyecto en consideración creerán de buena fe que ese es el sentido de esta exigencia.
Pero les puedo asegurar que el conjunto del pueblo argentino, y por supuesto nosotros --los que nos oponemos en este recinto--, no creemos que en absoluto sea ese el sentido del reclamo de esta exigencia que consideramos absolutamente descomedida.
¿Por qué lo decimos? Porque surge de las propias situaciones que se han dado en el país en los últimos meses.
El senador Baglini decía, con razón, que no es la primera vez que el Fondo Monetario Internacional reclama...
Sr. Cafiero. -- ¿Me permite una interrupción, señor senador
Sr. Maestro. -- Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. -- Señor presidente: simplemente me he limitado a decir que el argumento que da el Fondo Monetario Internacional para pedir la derogación de esta ley, es la seguridad jurídica.
Obviamente, somos nosotros los que tenemos que decidir si el argumento es válido. No es el argumento nuestro; por lo menos no es el mío.
Claramente dije que la aprobación de esta ley es una forma de ratificar el rumbo que el país inició con los catorce puntos firmados por el presidente de la República y casi todos los gobernadores. Considero que ese rumbo es esencial para la paz de la República y para lograr la recuperación.
Además, le aclaro al señor presidente del bloque de la Alianza que ha hecho una larga enumeración de cuestiones que según él, este Parlamento no trata.
Quisiera saber cuáles de esas medidas tienen algún pronunciamiento en firme de su bloque, y si existe algún proyecto concreto que permita dar cumplimiento a la agenda pendiente que el senador tan minuciosamente ha detallado.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Continúa en el uso de la palabra el señor senador Maestro.
Sr. Maestro. -- Señor presidente: en primer lugar, le agradezco la aclaración al señor senador Cafiero.
De sus palabras había inferido que utilizaba eso como un argumento. Pero ha hecho una aclaración que me satisface, en el sentido de que es un argumento del Fondo Monetario Internacional.
También le puedo decir al señor senador Cafiero que estamos impulsando una serie de medidas que se corresponden con los enunciados que manifesté.
En materia de reforma tributaria hemos impulsado --y el senador Cafiero ha apoyado fervientemente-- un proyecto de reforma al régimen de impuestos a los bienes personales.
Introdujimos un proyecto muy claro relacionado con la forma de regular la pesificación de las grandes empresas, Se trata de una iniciativa presentada por el senador Baglini, que no fue considerada por esta Cámara.
Presentamos además proyectos referidos a otras cuestiones también trascendentes, como la regulación del funcionamiento de los bancos extranjeros en la Argentina, iniciativa que elaboré junto con los señores senadores Alfonsín y Moro.
Son muchos proyectos que hemos presentado en esta Cámara y en la de Diputados.
Sr. Cafiero. -- No me doy por satisfecho.
Sr. Maestro. -- Señor presidente: nos encontramos hoy con la necesidad de analizar la motivación del Fondo Monetario Internacional.
Ya en otras oportunidades reclamó la derogación, lo que no fue aceptado por el Parlamento. No pasó nada, y las relaciones con los organismos financieros internacionales continuaron normalmente.
Sr. Cafiero. -- ¡Usted sabe que no es lo mismo!
Sr. Presidente (Maqueda). -- No interrumpa al orador, señor senador Cafiero.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Maestro.
Sr. Maestro. -- Señor presidente: se ha producido un hecho nuevo.
En el transcurso de este año, un escandaloso caso que todos conocemos --el del Banco General de Negocios de los hermanos Rohm--, hizo que se investigara a más de un centenar de empresas, y a numerosos y poderosos banqueros nacionales y del exterior.
Sin ninguna duda, la influencia de estos personajes importantes del sistema financiero internacional, hace que ahora el Fondo Monetario --con una actitud muy temeraria-- exija en forma lisa y llana que la continuación de las negociaciones de la Nación Argentina con el organismo, requieran del previo y especial pronunciamiento acerca de esta cuestión.
Seguramente, también es la muy sana intención de los senadores del justicialismo --no de todos, pero sí de la mayoría-- que en forma solidaria van a acompañar esta petición del presidente de la República. Nosotros debemos decir, con la misma sinceridad y lealtad, que entendemos que no le hacemos ningún favor al señor presidente de la Nación si acompañamos esta iniciativa. Por el contrario, creemos que una ley que todos reconocen que no votarán a gusto sino por una exigencia no hará más que reforzar la convicción en el Fondo Monetario Internacional y en los Estados Unidos de que actuamos con una actitud hipócrita, que simplemente le estamos tratando de esquivar el cuerpo a las responsabilidades para demostrar que estamos dispuestos a hacer buena letra. Seguramente, esa será la lectura que hará el Fondo Monetario Internacional; una lectura que, además, se corresponde con lo que ha sido el transcurso de muchos hechos y circunstancias que en los últimos años han motivado un grado de conflictividad cada vez mayor con ese organismo.
Nosotros marcamos nuestra discrepancia absoluta con lo que se quiere impulsar en esta noche. Creemos que se trata de una gran equivocación y que se está transitando un camino que está llegando a su fin. Más allá del resultado de esta votación, este camino está agotado porque está llevando a la desesperanza absoluta al pueblo argentino y a la falta concreta de solución de nuestros problemas. Por el contrario, existe un camino distinto que debe emprender el señor presidente de la Nación y que todos vamos a acompañar fervorosamente. Ese camino parte de la autoestima, de comprender que debemos comportarnos como un país soberano, un país que, por supuesto, trata de llevar adelante una política absolutamente racional y responsable. En la medida en que nosotros vayamos desarrollando y cumplimentando un programa de gobierno, con la participación del Parlamento y a través del cual le podamos ir dando respuesta a este y a muchos otros problemas trascendentes que hoy tiene la Argentina, entonces sí nos vamos a ganar la consideración y el respeto del Fondo Monetario Internacional, de todos los centros económicos y de los países centrales. Porque en la medida en que así lo hagamos también le estaremos dando una digna respuesta a esos funcionarios de los Estados Unidos que todos los días nos contestan --seguramente, también con hipocresía-- que la solución de los problemas de los argentinos depende de los argentinos. Claro que es así y nosotros vamos a llevar adelante ese camino de autodeterminación, tratando de comportarnos como una nación digna.
Entonces, creo que hoy no es el momento de tratar este proyecto de ley. Aquí algunos de nuestros senadores han expresado, con total propiedad, que se trata de una ley que no nos satisface. Pero no están dadas las condiciones --precisamente porque no hay confianza acerca de lo que puede suceder con nuestros jueces-- para que hoy deroguemos o modifiquemos, como se pretende, la ley 20.840. Por el contrario, el día que recuperemos la confianza del pueblo argentino sobre la base de legitimar con nuestros actos una conducta que responda a los intereses de la Nación, entonces sí, cuando hayamos transitado ese camino con evidencias concretas de que estamos por la vía de la recuperación y de la dignidad, habrá llegado el momento de que podamos abocarnos sin mayores problemas a la modificación o derogación de la ley 20.840. En ese momento, habrá mucha más fuerza en la política argentina para que ningún juez incurra en la inconducta o en la temeridad de ampararse en la modificación de la ley para dar una respuesta favorable a un banquero inescrupuloso. Ese será el momento en que nosotros podremos llevar adelante el tratamiento de la modificación de esta ley. Si pese a todo ello algún juez hace lo que no debe hacer, estarán los mecanismos institucionales para corregir esa conducta. Pero, además, el pueblo argentino, que hoy nos va a repudiar si aprobamos esta iniciativa o que lo va a tomar como un acto pleno de ejercicio de una voluntad de plantear la impunidad de banqueros y de sectores poderosos de la Argentina y de sectores financieros. Ese mismo pueblo argentino que hoy ve realmente con mucho dolor que no le solucionamos los problemas gravísimos que lo afectan, cuando hagamos esas cosas seguramente también comprenderá y aceptará nuestra sincera opinión de que con esta ley no pretendíamos perjudicar a la Nación ni la impunidad de nadie.
Por eso, con todo respeto, venimos a ratificar que no estamos poniéndole piedras en el camino al presidente Duhalde. Por el contrario, le estamos marcando con responsabilidad cuál es el camino que debe emprender él, el conjunto del cuerpo nacional y la clase política argentina para recuperar nuestra dignidad de Nación y para emprender, entonces sí, un camino de recuperación efectiva de nuestro pueblo.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Ahora sí, en consideración...
Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. -- Señor presidente: ya que continuó con el debate el senador Maestro, vamos a desistir de nuestro pedido de pase a cuarto intermedio. Voy a hacer uso de la palabra y luego veremos cómo termina esta sesión.
Como decía el senador Baglini hace un rato, realmente es un extrañísimo debate éste que estamos viviendo ahora, en el que todos los que estamos de acuerdo en derogar la ley desde hace tiempo y aquellos que se oponen ferozmente a cualquier tipo de derogación, corrección o lo que sea, sostenemos y estamos de acuerdo que la ley 20.840 es antijurídica, inconstitucional y que tiene un tipo penal abierto, lo cual es totalmente contrario al sistema jurídico de nuestro país. Los que se oponen a la derogación o a las modificaciones invocan sobre todo razones de oportunidad para fundar el mantenimiento de esta ley tal como está.
Como decía un fundamento muy coherente que hiciera en su momento el senador por San Luis, Bernardo Quinzio, cuando fundara la derogación de la ley 20.840, sostener el sentido de oportunidad para mantener normas que consideramos que no son correctas es un contrasentido total. O las conductas constituyen delitos graves que deben ser castigados y, entonces, están comprendidas en numerosos capítulos del Código Penal, o no tienen esta entidad, por lo que no deben ser juzgadas o sancionadas sencillamente por un sentido de oportunidad. Esto no es un problema académico.
Disculpen que me distraiga un poco porque hay tantos rumores a mi alrededor que cuesta hilar el discurso.
Como decía, esto no es un problema académico. Uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad argentina --justamente hace poco tiempo leí un libro divertido, de fácil lectura, de Aguinis, llamado El atroz encanto de ser argentino-- es que básicamente tenemos un problema cultural muy profundo. Nos hemos acostumbrado a no vivir y a no tomar en serio la ley y las normas de convivencia entre nosotros... (murmullos). Me resulta muy difícil...
Sr. Presidente (Maqueda). -- Por favor, les pido que hagan silencio y tomen asiento. De lo contrario, ningún expositor podrá hablar.
Sr. López Arias. -- Tratar de revertir esta situación de no poder tomar en serio las normas de convivencia, de tomar todo un poco a la ligera, es algo de profunda política y no solamente académico. Con este criterio, el tratar de fortalecer las instituciones argentinas y nuestro sistema jurídico es esencial para empezar a avanzar en las posibilidades de resolver nuestros problemas de fondo.
En ese sentido, las leyes penales son las normas que deben tener el mayor resguardo en todos los aspectos, y no pueden ser sostenidas o votadas solamente por razones de oportunidad. O las leyes son buenas en todo momento, más allá de que hayan perseguido a alguien en alguna época o se esté investigando a otros en este momento, o son malas y deben ser derogadas y modificadas.
Tengo un trabajo, que me hizo llegar gente insospechada de tener cualquier tipo de afinidad con los bancos o con el justicialismo, en el que se hacía todo un enunciado de la cantidad de normas jurídicas que pueden penar las conductas que se están investigando, la falsificación ideológica de instrumentos, la quiebra fraudulenta, la defraudación por contrato simulado y falso recibo, la administración fraudulenta, el desbaratamiento de derechos acordados, las leyes especiales como las que mencionaba el senador Baglini hace un rato, las leyes penales cambiarias y tributarias. Es decir, son innumerables las normas comunes que penan determinado tipo de conductas sin acudir a otras normas excepcionales, como la que analizamos en este momento.
Estoy absolutamente convencido, señor presidente --y esto, reitero, lo digo con toda la fuerza y la convicción--, de que derogar o modificar esta ley no significa desde ningún punto de vista asegurar impunidad para nadie. Creo que acá, con mucha ligereza, se hacen afirmaciones que no se fundamentan en hechos concretos. Por ejemplo, decir que corremos el riesgo de que los 17 ó los 20 mil millones de dólares que salieron de la Argentina en los últimos meses puedan dejar de ser investigados porque se modifique esta ley, realmente no tiene ningún sustento. En primer lugar, porque si la intención fue sacar divisas al exterior, por más que haya sido un disvalor social en todo sentido, no va a ser punible si esa conducta no tienen un contenido realmente doloso, en el sentido de que se está consiguiendo un beneficio indebido o perjudicando a terceros.
Y si existe esa figura dolosa, va a ser punible ya sea con las modificaciones de la ley 20.840 o con las normas comunes del Código Penal, sin necesidad de forzar ningún otro tipo de interpretación.
Pero, además, señor presidente, digámoslo también, de todas las causas que se están investigando --y hemos estado viendo el inventario de causas que en este momento se tramitan como subversión económica y consultado con uno de los más reconocidos juristas de nuestro medio, que fue camarista federal, de quien no quiero dar el nombre porque no es de nuestra posición política y no quiero comprometerlo-- ninguna de ellas quedaría impune si se modifica o deroga la ley de subversión económica, porque todas comprenden otro tipo de conducta punible y pueden ser sancionadas por la ley común, incluso --como bien decía el senador Menem-- con mayor severidad que por la ley de subversión económica.
Pero, además, señor presidente, extremando el análisis y aunque no soy partidario de hacer leyes con nombre y apellido, como acá se dijo no sólo que iban a quedar impunes conductas --que, reitero, no van a ser juzgadas con esta norma si no existe el dolo específico de esta conducta-- , sino también que que esto tenía nombre y apellido, que era una causa que se estaba tramitando actualmente y que tiene que ver con el Banco General de Negocios, quiero hacer una observación. En primer lugar, en el auto de procesamiento se dice que la conducta que se está calificando excede a la mera administración fraudulenta por lo cual se le aplica subsidiariamente la figura de la subversión económica. Excede, es decir que reúne todos los tipos de la administración fraudulenta, pero se le aplica aquella otra porque teóricamente tendría mayor gravedad.
Los únicos detenidos por esto --no hay otros-- son estas personas que figuran en la causa, que además están privados de su libertad porque se los incluye en la tipificación de asociación ilícita, que no es excarcelable. Y digámoslo también, señor presidente: la subversión económica es un delito excarcelable. La figura base es un delito excarcelable. El delito que no es excarcelable es el de asociación ilícita, que es lo que en este momento hace que estas personas estén detenidas por esta causa.
Pero avanzando más en el análisis --como lo reconocía el propio senador Terragno-- en el caso de estas causas que se están investigando no hay solamente una denuncia de acción pública promovida por subversión económica, sino que hay denuncias penales cruzadas con los propios socios de quienes están detenidos, que los acusan por estafas, defraudaciones y delitos comunes de todo tipo.
Por lo tanto, desde ningún punto de vista puede pensarse que porque se modifique o derogue esta ley vaya a haber impunidad en esta causa. Uno no descarta --como decía el senador Baglini-- que a algún juez se le ocurra, por cualquier razón, tomar decisiones contrarias a lo que jurídicamente debería hacerse. Pero esto no será problema de ley sino de la Justicia.
Recién hablaba en forma privada con uno de los senadores que con más pasión criticó la modificación o la derogación de esta norma y comentábamos que en esta causa hay una apelación que, en este momento, está en trámite ante la Cámara. Y él mismo me comentaba que había posibilidades serias de que esta gente termine contando con algún tipo de resolución que mejore su situación. Si esto ocurre va a ser absolutamente independiente de que se modifique o no la ley de subversión económica. Tendrá que ver con el funcionamiento de la Justicia y con las imputaciones que actualmente existen y no con la modificación o lo que podamos hacer en el Congreso con esta ley.
No me quiero extender demasiado porque considero que los discursos tan enjundiosos de los senadores Menem, Pichetto...
Sr. Presidente (Maqueda). -- Señor senador: la senadora Curletti le pide una interrupción.
Sr. López Arias. -- Señor presidente: nos hemos escuchado todos y ya es hora de que esto se vaya cerrando. Le pido disculpas, senadora.
El propio senador Baglini, en su discurso, daba todos los argumentos a favor de la derogación o modificación de esta norma. Su duda se limitaba al funcionamiento de la Justicia, y eso lo llevaba a tener una opinión contraria. Pero sus argumentos fueron suficientemente contundentes para dejar absolutamente en claro que esta ley puede ser modificada o derogada y que no va a haber amnistía para nadie si realmente se aplica la ley penal como debe ser aplicada.
En ese sentido quisiera tomar la propuesta que hizo en nuestro bloque el señor senador Yoma cuando planteó la aprobación de un proyecto de resolución acompañando cualquier decisión que se tome. En este caso pidiéndole, con el debido respeto, al Poder Judicial y a los señores fiscales que actúen con toda la rapidez del caso para lograr la recalificación de las causas frente a este cambio de legislación que se estaría planteando y que --reitero-- no tiene que significar impunidad para nadie.
No quiero insistir más en esas argumentaciones jurídicas porque quienes me precedieron en el uso de la palabra fueron suficientemente contundentes. Pero sí quiero hacer algunas reflexiones que me salen del corazón para fundar realmente lo que es mi posición respecto de esta ley.
En primer lugar me considero un hombre de derecho; alguna vez en mi vida me tocó ser juez penal. He vivido bregando por la defensa de los derechos humanos. He sido abogado de todos los organismos de derechos humanos de mi provincia en la época más dura y siempre he pensado que esta ley es absolutamente inconstitucional. Por coherencia con mi pensamiento debo decir que si una ley que no se adecua al sistema jurídico, más allá de que hoy pueda perjudicar o beneficiar a alguien, debe ser derogada para adaptarla al sistema legal general; de lo contrario, no estaría tranquilo con mi conciencia.
Digo además que todos los senadores estamos actuando bajo una profunda presión en este caso. Pero esa presión no se debe a lo que puedan decir los funcionarios del Fondo Monetario, ni a los reclamos que puedan hacer los banqueros. La presión que yo siento profundamente es que estamos viviendo en un país desquiciado, que no hemos logrado reordenar y poner en marcha nuevamente.
Y en esto creo que debemos tener la autocrítica de reconocer que en estos meses que han pasado realmente hemos tenido tantas idas y venidas, se han tomado tantas decisiones contradictorias y muchas veces se han hecho parches sobre decisiones ya tomadas que la Argentina tuvo la sensación de una pérdida de rumbo y de objetivo que en gran medida fue la base sobre la cual surgieron muchos de los problemas que hoy tenemos, hasta el de la inflación, ese drama que nos está comiendo a todos y que está angustiando a la familia argentina en gran medida ha sido el problema del aumento de precios "por si acaso", dado que muchas veces la falta de certidumbre hacía que mucha gente optara por esperar lo peor y terminara aumentando los precios, creando esta sensación de zozobra que estamos viviendo en todos los órdenes.
Sinceramente, señor presidente, hace dos semanas yo creía que habíamos perdido el rumbo definitivamente y que esta Argentina se nos caía y todo lo que avizoraba como panorama para adelante era más negro todavía de lo que habíamos tenido hasta ahora.
¿Por qué digo esto? Porque en caso de un derrumbe institucional la única salida que nos quedaría sería una convocatoria a elecciones urgente. Y esto digámoslo, señor presidente: sumar una competencia electoral al estado de crisis social y económica en el cual vivimos realmente sería agravar todos los problemas hasta el límite de los humanamente admisible.
Sinceramente, no quiero que entremos en un caos inmediato donde realmente nos encontremos todos metidos en una lucha y terminemos perdiendo la visión de la necesidad de ordenar mínimamente el país y empezar, por lo menos, a encaminar los problemas antes de encontrar cualquier otro tipo de solución.
Más allá de las autocríticas o de los errores que haya que reconocer y marcar, no me cabe ninguna duda de que nuestro deber es poner todo el esfuerzo para sostener, encauzar y ayudar a que este gobierno salga adelante. No digo esto por un problema mezquino, partidista o electoral, sino porque estoy convencido de que la única forma en que nuestro pueblo pueda optar válidamente y elegir la solución definitiva es que primero ordenemos mínimamente la situación en la cual estamos, antes de ir a una opción electoral para que le gente pueda expresarse libremente.
En medio de esta angustia que vivíamos hace diez días surgió una luz de esperanza, que nos puede gustar o no. Todos aquellos que tienen poder político en nuestro país y una representación genuina ganada por el voto se juntaron un día llevados a lo mejor --como decía Borges-- por el espanto, y elaboraron catorce puntos para ayudar a marcar un rumbo para nuestro país.
Digámoslo sin ningún tipo de hipocresía: también los representantes de los bloques parlamentarios tuvieron mucho que ver, aunque más no sea acompañando estas decisiones que se estaban tomando. Somos muchos los que nos vimos cuando se discutía o cuando se hablaba de este tema; gente de distintos partidos llevados por la misma angustia y por la misma buena fe, tratando de ayudar a que se encuentre este rumbo. Cuando se firmó este documento suspiramos con alivio y dijimos "Bueno, por lo menos tenemos un rumbo y un objetivo", que nos puede gustar o no. Habíamos fijado un marco institucional que realmente significaba una luz, un rumbo o un camino por el cual podíamos empezar a marchar.
Pero ese documento es a su vez un compromiso. Hoy uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad es la falta de credibilidad y la falta de fe. Si este documento que ha sido firmado por quienes tienen el más alto nivel de representatividad política, que asumieron compromisos de hacer determinadas cosas, se frustra; o si desde el Parlamento empezamos después a dudar de si vamos o que no vamos, si empezamos de nuevo en este camino de que sí, pero no tanto y que vamos para el otro lado, entonces, realmente creo que la Argentina se nos cae en la cabeza y vamos a vivir momentos mucho más triste que los actuales.
Esto lo digo con toda mi convicción. Así como hemos valorado actitudes francas de poner el hombro sin especulaciones por parte de sectores políticos que inclusive llegaron a viajar a los Estados Unidos acompañando a funcionarios de nuestro gobierno para decirles "Señores: estamos dispuestos a actuar con toda la seriedad. Tomar nuestras decisiones sin que nos la impongan, pero tomarlas con seriedad y haciéndolo creíble." Valoramos y acompañamos estas actitudes, que deben seguir poniéndose de manifiesto ahora, porque si no todos vamos a ser corresponsables de esta nueva frustración que vive nuestro país.
Señor presidente, este documento o acuerdo tiene que ser ejecutado punto por punto, debemos hacer las cosas para demostrar que ya no son meras palabras, sino hechos concretos que demuestran la voluntad de hacer cosas. Por lo tanto, este debe ser nuestro proyecto y plan de gobierno sustentable, que no depende de imposiciones que vienen de afuera sino de una clara conciencia de los límites que nos impone la realidad para tratar de avanzar hacia lo que es una luz de esperanza para todos.
Además, quiero decir --para ir redondeando y poniendo cierre a este discurso-- con la mano en el corazón que si nosotros modificamos o derogamos esta ley no va a haber impunidad para nadie; para nadie tiene que existir impunidad. Pero si algún juez, bajo la interpretación que sea, incluso contraviniendo lo que debiera ser en derecho, resuelve poner a alguien en libertad yo, señor presidente, prefiero que me acusen de ser responsable de que alguien quedó libre, aunque sea por una mala actuación judicial, y no que me hagan responsable de frustrar la esperanza que empezaba a gestarse en la Argentina.
Yo sé que lo que estamos votando no se debe a la imposición o reto de algún funcionario de un organismo internacional, sino que es un compromiso que asumieron nuestros gobernadores y el presidente; es decir, el conjunto de la fuerza política y que, en este momento, debemos concretar.
Ese documento fue un compromiso asumido, que mostramos ante el mundo y ante nuestra propia sociedad. Por lo tanto, ahora tenemos que demostrar que en esta oportunidad no nos vamos a quedar en palabras, sino que vamos a hacer lo que hemos prometido. Hoy ha llegado el momento en que debemos mostrar esa vocación de que vamos a ser coherentes con nosotros mismos.
Para terminar, quisiera decir algo que hemos estado consultando con nuestro bloque. En este momento se encuentran para la consideración varios proyectos que han sido sometidos a discusión. Lo que nosotros vamos a pedir, por tener mucha coherencia con todas las argumentaciones que hemos venido sosteniendo y con el criterio que predomina en nuestra bancada, es que se vote en primer lugar el proyecto S. 643/02, cuyos autores son los señores senadores Gómez Diez y Walter, que expresa lo que en este momento es el sentimiento del conjunto de nuestro bloque.
En síntesis, señor presidente, estamos pidiendo --al encontrarse en consideración varios proyectos-- un cambio de orden para que primero se vote el proyecto que he mencionado anteriormente y, luego, en caso de resultar negativo pasemos a la consideración de todos los demás.
Sr. Presidente (Maqueda).-- A continuación corresponde votar los pedidos de inserción.
Sra. Ibarra.-- Pido la palabra.
Sra. Fernández de Kirchner.-- Pido la palabra.
Sr. Passo.-- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Maqueda).-- En este momento nos encontramos en una votación.
Sr. Fernández de Kirchner.-- ¡Pido la palabra, señor presidente!
Sr. Presidente (Maqueda).-- Si la duda se refiere a lo que hay que votar, esta Presidencia les aclara a ustedes...
Sr. Passo.-- Señor presidente: como no va a ser la duda, si el bloque oficialista...
Sr. Presidente (Maqueda).-- Por favor, señor senador.
Esta Presidencia va a proceder a aclarar.
-- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Maqueda).--Lo que en su momento había sido puesto en consideración era el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se deroga la ley 20.840, sobre subversión económica y sus modificatorias, y por el que se modifica el Código Penal. (P.E. 87/02)
El señor senador Marcelo López Arias ha dicho que el justicialismo va a sustituir el proyecto que venía apoyando y que era modificatorio del que fuera enviado por el Poder Ejecutivo y que se encuentra contenido en el expediente S. 643/02, cuya autoría corresponde a los señores senadores Gómez Diez y Walter, y que se refiere a un proyecto de ley por el que se deroga la ley 20.840 de subversión económica y de modificación del Código Penal, que quedó habilitado en Labor Parlamentaria y en la votación del Plan de Labor.
Por lo tanto, quedó muy claro lo que se va a votar.
Sra. Fernández de Kirchner. -- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Ahora sí le doy la palabra.
Sr. Pichetto. -- Yo también pido la palabra.
Sr. Mayans. -- ¡Hay que votar, señor presidente!
-- Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Por Secretaría serán anotados.
-- Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Me están pidiendo la palabra para hacer aclaraciones. La van a tener.
Sra. Fernández de Kirchner. -- Mire, yo no sé si es para una aclaración o para una cuestión de privilegio a esta altura, porque realmente que a las tres de la mañana se venga a plantear ...
Es cierto lo que usted dice: fue incluido a moción del señor senador Gómez Diez en el plan de labor parlamentaria el proyecto presentado por ellos sobre esta cuestión.
Me parece que a nadie le escapa, señor presidente, que es evidente que no han podido juntar los votos...
Sra. Müller. -- ¿Y cuál es el problema?
Sra. Fernández de Kirchner. -- Pida que por favor me permitan el uso de la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Yo pensé que era por una aclaración.
Sra. Fernández de Kirchner. -- No, no, no; no...
Sr. Presidente (Maqueda). -- Usted no tiene el uso de la palabra de nuevo. No tiene nadie más el uso de la palabra.
Sra. Fernández de Kirchner. -- Señor presidente: nosotros vamos a plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración la propuesta...
Sra. Fernández de Kirchner. -- ¿Si planteo una cuestión de privilegio tampoco...
Sr. Presidente (Maqueda). -- Por favor, señora senadora.
En consideración la propuesta que voy a hacer de votar las inserciones que se han solicitado. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-- La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Aprobadas.
Tiene la palabra, que me la pidió con anterioridad, el senador Terragno para proponer la forma de votación.
Sr. Terragno. -- Propongo, señor presidente, que la votación sea nominal, conforme los términos del artículo 205, inciso 1), del Reglamento. Como esta moción tendrá que ser sometida a votación por signos, solicito que la Presidencia indique el resultado exacto de esa votación por signos.
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración la moción del senador Terragno.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-- La votación resulta negativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Negativa.
Sr. Menem. -- Pido la palabra para una aclaración.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Para una aclaración, senador.
Sr. Passo. -- ¿Cuál es el resultado de la votación?
Sr. Menem. -- Que quede constancia, señor...
Sr. Presidente (Maqueda). -- El resultado de la votación es negativo.
Sr. Menem. -- Señor presidente: también está en consideración, porque cuando se habilita sobre tablas se habilita el tema...
Sr. Presidente (Maqueda). -- Sí señor.
Sr. Menem. -- Están habilitados el proyecto del Ejecutivo, el proyecto del senador Gómez Diez, el proyecto del suscripto y creo que también hay un proyecto del senador Pichetto.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Del senador Pichetto y del senador Busti. Están todos.
Sr. Menem. -- Entonces, nuestra bancada pide que en primer término se trate el proyecto del senador Gómez Diez --está en su legítimo derecho--, que en su primer artículo coincide con mi proyecto.
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración el proyecto propuesto por la bancada del bloque justicialista.
Sra. Colombo. -- Señor presidente...
Sr. Presidente (Maqueda). -- Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-- La votación resulta afirmativa.
Sr. Mayans. -- Aprobado.
Sra. Colombo. -- Yo había pedido el uso de la palabra para una aclaración.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Aprobado en general.
En consideración en particular.
-- Se enuncia el artículo 1.
Sra. Colombo. -- Señor presidente...
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración el artículo 1.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-- La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Aprobado.
Sra. Colombo. -- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Muy bien.
Tiene el uso de la palabra para el artículo 1.
Sra. Colombo. -- No es para referirme al artículo 1, sino para una aclaración que solicité antes...
Sr. Presidente (Maqueda). -- No, señora senadora. Ya se ha votado en general.
Sra. Colombo. -- Quiero saber solamente si el Poder Ejecutivo Nacional retira el proyecto que ingresara en esta Cámara, solicitando la derogación o modificación de la ley de subversión económica.
-- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Colombo. -- Esa es la aclaración que solicito que se me formule.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Sí, senador Maestro.
Sr. Maestro. -- Señor presidente: como usted no ha precisado el número de votos que hubo en esta votación, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical quiero dejar constancia de que la totalidad de los senadores de mi partido ha votado por la negativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Sí, señor senador: así se hará.
En consideración el artículo 1. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-- La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Aprobado.
-- Se enuncia el artículo 2.
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración.
Senador Yoma.
Sr. Yoma. -- Primero, señor presidente, para dejar constancia de mi voto negativo en general.
Segundo, respecto de este artículo 2, por lo menos para manifestar el desacuerdo con el hecho de que quedan sin penalizar las conductas previstas en el artículo 1 del proyecto originario que se sometió a consideración, relativas a aquellas que afecten la economía nacional, el normal suministro de bienes o servicios o produzcan la quiebra de la empresa o explotación.
Esos tres supuestos que constituyen el agravante de las conductas quedan sin penalizar por este artículo. Por eso, yo manifiesto mi voto negativo en este artículo. Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. -- Señor presidente: con relación a los autos "Banco General de Negocios"y de acuerdo con lo que expresa la jueza María Servini de Cubría deseo señalar que quedaría sin penalidad por lo expuesto. Considero que la conducta descripta en autos no encuadra en el tipo previsto en el artículo 173, inciso 7) del Código Penal, excediendo el mismo y correspondiendo aplicar en virtud del principio de subsidiariedad el artículo 6° con su agravante del inciso a), ley 20.840, tal como adelantara en la presente. De manera que queda la impunidad.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. -- Señor presidente: solicito que se deje constancia de mi voto negativo en general.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. -- Para dejar constancia de mi voto negativo en general.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.
Sr. Guinle. -- Señor presidente: que quede constancia de mi voto negativo en general y en particular.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra la señora senadora Sapag.
Sra. Sapag. -- Que quede constancia de mi voto negativo en general y en particular.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Busti.
Sr. Busti. -- Señor presidente: en el mismo sentido, deseo dejar constancia de mi voto negativo en general y en particular.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra la señora senadora Bar.
Sra. Bar. -- Que quede constancia de mi voto negativo en general y en particular.
Sra. Fernández de Kirchner. -- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración...
Sra. Fernández de Kirchner. -- ¡Pido la palabra, señor presidente!
Sr. Presidente (Maqueda). -- En consideración el artículo 2°.
Sra. Fernández de Kirchner. -- ¡¿Me permite dejar constancia de mi voto?!
Sr. Presidente (Maqueda). -- Sí, lo que pasa es que recién no se refirió a eso, señora senadora.
Sra. Fernández de Kirchner. -- ¿Me va a dar la palabra?
Sr. Presidente (Maqueda). -- Sí, se la estoy dando.
Sra. Fernández de Kirchner. -- Para dejar constancia de mi voto negativo en general y en particular, señor presidente.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. -- Solicito que quede constancia de mi voto negativo tanto en general como en particular respecto del proyecto que se ha puesto en consideración recientemente.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Ochoa.
Sr. Ochoa. -- Que quede constancia de mi voto negativo en general y en particular.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Se va a votar el artículo 2°. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
Sr. Chiappe. -- Señor presidente: yo también quiero dejar constancia...
Sr. Presidente (Maqueda). -- Usted ya lo hizo, señor; lo expresó claramente.
En consideración el artículo 2°. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-- La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Aprobado.
Artículo 3°.
Sr. Chiappe. -- (Puesto de pie) ¡Señor presidente!
Sr. Presidente (Maqueda). -- ¡Pero por favor: tome asiento, señor senador!
Sr. Chiappe. -- (Puesto de pie) ¡Señor presidente: quiero hacer uso de la palabra!
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tome asiento, señor senador. A usted nadie le negó el uso de la palabra. Usted se expresó.
Sr. Chiappe. -- (Puesto de pie) ¡Me quiero expresar!
Sr. Mayans. -- Ya se expresó treinta veces.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Así no le voy a dar el uso de la palabra.
Sr. Chiappe. -- (Puesto de pie) ¡Pido que se me respete en el uso de la palabra!
Sr. Presidente (Maqueda). -- Usted siéntese, porque así no le voy a dar el uso de la palabra.
Sr. Chiappe. -- (Puesto de pie) ¡Usted está faltando a la verdad!
Sr. Presidente (Maqueda). -- No, la Presidencia no falta a la verdad.
Sr. Chiappe. -- (Puesto de pie) ¡Sí!
Sr. Presidente (Maqueda). -- La Presidencia no falta a la verdad. Usted ya expresó que iba a votar en contra...
Sr. Chiappe. -- (Puesto de pie) ...del otro proyecto.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tome asiento y exprésese.
Sr. Chiappe. -- Dejo constancia de que voto en contra.
Sr. Mayans. -- Usted nunca vota a favor de nada, senador.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Por favor, silencio.
Sr. Chiappe. -- Es elemental que se conceda la palabra y no se pongan mordazas en este Congreso.
Sr. Presidente (Maqueda). -- No he puesto mordazas.
Tiene la palabra el señor senador Brizuela del Moral.
Sr. Brizuela del Moral. -- Que quede constancia en actas del voto negativo del Frente Cívico y Social, tanto en general como en particular.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. -- En el mismo sentido, porque se trata de un nuevo proyecto.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Así se hará.
En consideración el artículo 3°. Los que estén por la afirmativa...
Sr. Yoma. -- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. -- En el artículo 3°, en lo poco que pude leer --porque se me fue la copia que tenía-- pude observar que se restituye la figura de la culpa que se había eliminado en el proyecto originario. Evidentemente es un giro importante en el pensamiento de la Cámara, pero de todos modos... Me indican que esta cuestión corresponde al artículo 4°.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Se va a votar el artículo 3°. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
--La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Aprobado.
En consideración el artículo 4°.
Tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. -- En este artículo se restituye la culpa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Se va a votar el artículo 4°.
Sr. Passo. -- ¿Qué dice el artículo 4°?
Sr. Presidente (Maqueda). -- Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
--La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Aprobado.
En consideración el artículo 5°. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
--La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Aprobado.
Sr. Secretario (Oyarzún). -- El artículo 6° es de forma.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Aprobado en general y en particular. Queda sancionado el proyecto de ley.
Sr. Passo. -- Se ha votado un proyecto fantasma, señor presidente.
Sr. Presidente (Maqueda). -- No, señor senador. No se trata de ningún proyecto fantasma. Se le dio entrada en la reunión de labor parlamentaria.
Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados para su consideración.
Queda levantada la sesión.
-- Son las 3 y 40 del jueves 9 de mayo de 2002.
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Rubén A. Marino
Director del
Cuerpo de Taquígrafos
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